Encontramos que en el sur del departamento hay presentaciones de agua más caras que el Cifrut. Además, en centros estatales de atención para menores de cinco años dan galletas dulces y saladas, que han sido catalogadas por la Organización Panamericana de la Salud como productos con exceso de grasas, azúcares y sodio.
24 de junio de 2022
Por: Nicolás Sánchez / Ilustración: Camila Santafé

Un breve recorrido por el centro del municipio de Hatonuevo (al sur de La Guajira) nos permitió constatar que en algunas presentaciones el agua es más cara que las gaseosas. Una muy mala noticia, incluso, si usted es amante de esas bebidas azucaradas. 

Las calles del centro de Hatonuevo son ruidosas y acogen decenas de personas que intentan ganarse la vida en establecimientos de comercio con cuatro paredes o en pequeños puestos apenas protegidos del sol por un árbol.  Es un municipio caluroso, en un día con lluvia los termómetros pueden alcanzar 35 grados. Lo primero que usted verá al entrar a una tienda serán pacas de 24 gaseosas en el suelo. 

Preguntamos por el precio de las bebidas azucaradas para compararlos con el del agua embotellada. En algunas presentaciones es más barato comprar gaseosa que comprar agua: si usted va a adquirir una botella de 1 litro de agua le cuesta $2.000, es decir, cada mililitro (ml) sale a $2. Por su parte, 1.7 litros de Big Cola (gaseosa) están en $2.500, el ml tiene un valor de 1.47. Otro ejemplo es el Cifrut, 1.6 litros valen $2.500, a 1,56 el ml.

Es decir, el dinero de una familia rendiría más a la hora de hidratarse si compraran las bebidas azucaradas que si adquirieran el agua. Otro hecho llamó nuestra atención, en medio de la reportería visitamos tres restaurantes en Riohacha, pedimos agua y en ninguno había. Nos ofrecieron solamente soda.     

Esos hechos no son anecdóticos. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló que el 61.8% de los colombianos de dos o más años consumen bebidas azucaradas. Esta media es superada por los índices de consumo en La Guajira, donde alcanza el 67.3%.

El consumo de bebidas azucaradas puede ser incentivado por su precio competitivo frente al agua, con el agravante de que esos productos estarían relacionados con varias enfermedades. 

En octubre de 2016, el Ministerio de Salud emitió un boletín en el que da cuenta de los riesgos de consumir bebidas azucaradas. “En 2015, alrededor de 3.200 personas murieron de diabetes, enfermedad cardiovascular y algún tipo de cáncer atribuible al consumo de bebidas azucaradas. El 6,8% del total de muertes en Colombia está relacionada con enfermedades cerebro-vasculares y de esa cifra el 5,0% es atribuible a bebidas azucaradas”, se lee en el documento.

Han sido varios los intentos de organizaciones de la sociedad civil y de autoridades gubernamentales para gravar las bebidas azucaradas. Sin embargo, todos han fracasado. La oposición a estos impuestos ha encontrado voceros en personas de diferentes corrientes políticas como el senador de Dignidad (antes del Polo Democrático) Jorge Enrique Robledo, el presidente Iván Duque (del Centro Democrático) y el exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Juan Carlos Echeverry. La industria ha hecho un poderoso y efectivo lobby frente al legislativo, como lo denunció 070.

“Las políticas fiscales deben tender a aumentar los impuestos sobre los productos ultraprocesados”, es una de las recomendaciones contenidas en el informe ‘Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e implicaciones normativas’ de la Organización Panamericana de la Salud.

Gaseosa que desplaza la tradición    

“Cuando desaparezcan las costumbres ancestrales de consumo, el pueblo wayuú desaparece”, enfatizó casi con desesperación el profesor Jairo Rosado, investigador de la Universidad de La Guajira.

“Tú les llevas a ellos un bombón, una galleta o un chito y ellos ven la luz divina con eso porque eso no lo ven con frecuencia y el sabor les fascina”, contó Nidia Barro, indígena wayuú que se encarga de una Unidad de Atención Comunitaria (UCA) en la comunidad Malawenka, zona rural de Riohacha. Las UCA son una modalidad de atención que buscan brindar el 70% del requerimiento nutricional de niños de cero a cinco años y mujeres gestantes. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con corte a abril de 2022, atienden a 78.344 personas en La Guajira. 

Barro aclaró que estos productos no han sustituido los que tradicionalmente consumen las comunidades wayuu a base de maíz.  Dijo que el consumo de ultraprocesados y gaseosas se da cuando llegan ‘alijunas’ (blancos) y llevan galletas o bebidas azucaradas para los niños.

Pero María Luz Gutiérrez, quien es dinamizadora de siete UCA en la comunidad de Urraichi, zona rural de Riohacha, admitió que en ciertos espacios la gaseosa ha reemplazado la chicha tradicional de su pueblo (una bebida no alcohólica a base de maíz). En su comunidad, cuentan con una cancha de fútbol donde se hacen torneos. “En ese en ese tipo de eventos, especialmente en el de fútbol, ya no se ve chicha”, relató. Además, algunas mujeres de la comunidad aprovechan esos encuentros para obtener algunos ingresos con la venta de gaseosas.

En otros eventos comunitarios no se ha dado ese desplazamiento total, pero sí se han empezado a ver las gaseosas. “Por ejemplo, si hay alguna reunión familiar, si hay algún pago de alguna dote o si hay una jonda, sí se ve la chicha, aunque llegan a vender las gaseosas, llegan a vender de pronto cerveza, pero la chicha siempre está”, aclaró Gutiérrez.

“Ellos se han venido acercando a los centros urbanos de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao y allí han aprendido de los alijunas. Se ha reemplazado todo el consumo de plantas nativas, hace 30 años, por el consumo de alimentos edulcorados y farináceos”, afirmó Rosado.

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El ICBF y las galletas que consumen los niños wayuú

Todos los años se conocen muertes por hambre de niños en La Guajira. Según el Instituto Nacional de Salud, en 2021 murieron 38 niñas y niños menores de cinco años por causas relacionadas con la desnutrición y la sed en ese departamento. Por eso, varias entidades del Estado han desplegado programas para suplir una parte de los alimentos que deben recibir los infantes. Sin embargo, algunas acciones estatales podrían ser como el popular refrán: un remedio peor que la enfermedad.

Vorágine estuvo en el departamento y constató que las minutas de las UCA incluyen alimentos poco saludables que han sido catalogados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como “ultraprocesados”. 

Los ultraprocesados son productos cuya elaboración es industrializada y para la cual se utilizan cinco o más ingredientes: “Están nutricionalmente desequilibrados. Tienen un elevado contenido en azúcares libres, grasa total, grasas saturadas y sodio, y un bajo contenido en proteína, fibra alimentaria, minerales y vitaminas, en comparación con los productos, platos y comidas sin procesar o mínimamente procesados”, precisa la OPS.

Vorágine conoció una minuta de las UCA, que aplica por lo menos para dos comunidades indígenas ubicadas en Riohacha (La Guajira), en la cual se incluían galletas dulces, saladas, de panadería y “tipo craker”. De los 21 días que contenía el calendario, 15 tenían agendados entregar como merienda galletas tipo panadería, de leche, de soda o tipo craker. Estos productos los reciben niños wayuús entre los dos y los cinco años.

El documento que conocimos tiene el logo del ICBF e incluye el nombre de una nutricionista dietista de esa entidad.

La OPS ha catalogado las galletas dentro de los alimentos ultraprocesados. El informe citado arriba da cuenta de que las galletas dulces y saladas contienen exceso de grasas saturadas. Por su parte, las galletas de leche contienen exceso de azúcares libres.

Diferentes estudios, citados en el mismo informe, dan cuenta de que el consumo de alimentos ultraprocesados se asocia al incremento de enfermedades como la obesidad y la hipertensión. Por eso, la OPS respalda medidas como la restricción de la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables para niños, la reglamentación de los programas de comida escolar, el uso de etiquetas que adviertan la composición nociva de algunos productos, políticas impositivas para desincentivar el consumo, entre otras.

A pesar de esas sugerencias, el Estado colombiano iría en otro sentido al suministrar ultraprocesados. Una de las personas encargadas de una UCA nos envió una foto con las galletas de leche que les dan a los niños y las niñas: son marca Noel, la cual pertenece a Nutresa, una compañía del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Según se lee en la página web de esa empresa, sus ventas de galletas en Colombia aumentaron de 855 mil millones de pesos en 2016 a 1.081 en 2021.

“Lo que puede estar pasando en La Guajira es que hay niños que tienen deficiencias, por ejemplo, de vitamina A, hierro entre otras cosas por falta de ingesta de alimentos y puede haber niños que, por otro lado, que tengan consumo excesivo de grasas y azúcares”, explicó Adriana Torres, investigadora principal de la línea de Justicia Económica en DeJusticia, organización no gubernamental que ha apoyado iniciativas para desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas.  

Otra voz crítica con el papel que está jugando el Estado en la alimentación de los wayuú es la del profesor Rosado, que ha estudiado las prácticas ancestrales de ese pueblo indígena durante más de cinco años. El investigador identificó tres factores determinantes para que el hambre esté instalada en La Guajira: “las políticas equivocadas del gobierno, la variabilidad climática y los alimentos farináceos y procesados”.

“Aquí tenemos una UCA, ellos traen, por ejemplo, empaquetados y enlatados, traen el atún, traen las galletas, traen la avena. Nosotros los wayuú, y sobre todo las autoridades, en muchas reuniones hemos propuesto que dentro de las UCA se les dé chicha (bebida no alcohólica a base de maíz) a los niños. Muchas veces nos han dicho ‘sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer una minuta diferencial para los niños wuayú’, pero eso solamente queda en papeles”, precisó María Luz Gutiérrez, quien es dinamizadora de siete UCA.

“El ICBF no permite la inclusión de alimentos ultraprocesados en la complementación alimentaria y nutricional que entrega a los usuarios que pertenecen a sus modalidades y servicios”, nos respondió Yaneris Beatríz Cotes, directora de la regional La Guajira del ICBF. “Sin embargo, considerando que un alimento como las galletas hace parte de la tradición gastronómica del consumo para tiempos de comida como los refrigerios, se permite la entrega de los siguientes tipos de galletas: tipo casera empacada para almacenar, casera para consumo inmediato, tipo craker, tipo multicereal y tipo leche”, complementó la funcionaria.

“Por medio de concertaciones con las comunidades indígenas, estas piden la inclusión de alimentos como galletas”, enfatizó Cotes. Sin embargo, esa afirmación contrasta con las que hicieron Barro y Gutiérrez. Además, la funcionaria no allegó pruebas que sustentaran esa versión. 

Aunque la entidad niega que se permita incluir ultraprocesados en las minutas, las galletas podrían clasificar como ultraprocesadas si se tiene en cuenta la definición de este término que hace el propio ICBF: “son aquellos que contienen poco o ningún alimento entero y son formulaciones industriales con aditivos que les dan color, sabor, aroma y textura atrayentes. Entre los alimentos ultraprocesados están las golosinas, las gaseosas, los embutidos, los paquetes, comidas instantáneas, etc”.

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El pueblo wayuú explica por qué necesitan las asistencias alimentarias del Estado. “Me da mucha rabia cuando hoy en día los alijunas (blancos) dicen ‘es que los wayús son flojos’, pero es que no tenemos las condiciones para trabajar. ‘Es que los wayús quieren que el gobierno los mantenga’, nosotros hemos pervivido en el tiempo no con la ayuda del gobierno. La asistencia alimentaria se la inventaron hace unos años, pero a nosotros los wayuú el gobierno no nos ha mantenido durante todo el tiempo de nuestra existencia”, enfatizó Gutiérrez.

La falta de alimentos se debe a que las lluvias que acompañaron durante siglos a los wayuú en las zonas desérticas y semidesérticas de La Guajira, se han hecho cada vez más escasas. “Tú echabas un balde de agua y mantenías fresca la tierra, ahora hay que echar 10. La tierra está como muerta”, explicó Nidia Barro.

Un paisaje plástico

A todo lo anterior se suma que La Guajira tiene problemas para la disposición final de los residuos, tan solo hay tres rellenos sanitarios para los 15 municipios del departamento. “Esto ha generado que en muchos puntos se generen quemas abiertas de material, las comunidades al ver que no pasan los carros o que están por fuera del sistema optan por la quema”, expuso Eliumat Maza Samper, coordinador del grupo de educación ambiental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Andar por las trochas de las áreas rurales de La Guajira es encontrar una gran cantidad de bolsas plásticas y otros residuos enredados en la vegetación que crece en medio de la arena. La gran mayoría de la zona rural del departamento no cuenta con servicio de recolección de basuras. Por eso la gente acude a soluciones que parecieran terminar con el problema de los plásticos voladores, pero se terminan generando nuevos problemas ante la falta de una solución de fondo por parte del Estado.

Tanto el funcionario como Gutiérrez y Barro, coincidieron en que ahora se ven muchos más residuos que hace algunos años en las comunidades. “Aquí en la comunidad de Urraichi se quema, pero siempre hay una que otra familia que no tiene esa costumbre de quemar o de enterrar”, dijo Gutiérrez.

“Los tirarán al aire porque yo lo veo por ahí botado. Les he dicho que lo entierren o que lo quemen para que eso no ensucie la tierra”, explicó Barro sobre lo que se hace en su comunidad con los residuos como las bolsas de los alimentos y las botellas plásticas.

La quema de plásticos puede tener efectos adversos para la salud, debido a que de este proceso se desprenden gases tóxicos que pueden generar cáncer.

Pero el plástico no es el único problema con los residuos. “Donde hay alta cantidad de aluminio, por ejemplo, producto del Tetra Pack, muy posiblemente con el tiempo vas a encontrar que la composición del suelo que está alrededor es diferente”, enfatizó Maza.  

El funcionario también afirmó que la educación ambiental es necesaria, pero insuficiente. “Eso también debe ir acompañado de un proceso de control y de política, o sea, la educación sola no hace milagros”. “Debe bajar de parte del Estado una política para ir disminuyendo el uso de estos empaques desde la industria”, enfatizó Maza, quien también señaló que parte de la responsabilidad está en los foráneos que visitan la región: “El turismo trae muchos de estos productos, como botellas plásticas”.

Lo cierto es que los empaques de alimentos ultraprocesados y los plásticos de un solo uso son parte del paisaje en La Guajira. “Los árboles parecen arbolitos de Navidad porque están decorados con mucho plástico”, ironizó Maza.

Comunidades en resistencia a los ultraprocesados

El pasado 7 de mayo se turbó el ambiente en medio de una reunión de autoridades indígenas wayuú con una empresa. El encuentro se desarrollaba en el colegio del resguardo Provincial, en el municipio de Barrancas (al sur de La Guajira). La conversación transcurría de una manera tranquila hasta que llegó el refrigerio.

La tarea le había sido encomendada a una mujer de la comunidad y ella llegó con unos jugos en caja. Cuando un profesor se percató de que ese producto haría parte del refrigerio se levantó con evidente molestia y dijo: “¡En esta comunidad no se toma eso, en esta comunidad no se consumen nada de cajas porque eso enferma! ¡Esto me indigna, los niños del colegio van a ver! ¡Yo les digo que no tomen ese jugo y ahora ustedes vienen con esto!”.

El docente se salió de la reunión y al ver su crispación, la autoridad indígena le pidió perdón y se ofreció a pagar una especie de multa por haber incumplido las normas de la comunidad. Aunque acordaron que no se tasaría una sanción económica, quedó claro que a Provincial no podían volver a llevar esos jugos.

La indignación la compartió Luz Ángela Uriana, una lideresa social que estaba sentada junto al profesor. “Es un avance súper elegante prohibir ciertas cosas en el resguardo donde hay casi 1.000 personas, prohibir algo es difícil. Entonces, ver eso y pasar desapercibido es como decir que a la gente no le importa donde está viviendo”, explicó sobre el motivo de la molestia.

La resistencia frente a los alimentos ultraprocesados en los resguardos de Provincial y San Francisco no nació con ese incidente. Desde hace unos años las autoridades de ambos territorios decidieron que no se podían entrar esos productos. En un primer momento lo hicieron debido a que no había una manera satisfactoria de deshacerse de los desechos. “Eso se va al río”, repetían.

Pero hubo un hecho que reafirmó la decisión y la hizo todavía más inflexible. En 2019 la Liga contra el Silencio reveló que entre 2017 y 2018, Postobón hizo pruebas de laboratorio con niños y niñas wayuu haciéndolas pasar como parte de su programa de responsabilidad social empresarial.  Les suministraban bebidas azucaradas mientras medían los niveles de azúcar en la sangre.

Ese episodio indignó de tal manera a Uriana y a las autoridades de su resguardo que le dijeron nunca más a las bebidas azucaradas en el territorio. “¿Por qué van a hacer pruebas de esos jugos sabiendo el mundo entero y la humanidad que el jugo procesado es un veneno para la vida? Quisimos hacer un reclamo porque eso para la ley wayuú era una ofensa muy grande”, relató la lideresa. Ella hizo parte de comisiones que fueron a Bogotá a exponer el caso.

“Ofrecer una merienda empacada o un jugo procesado es una ofensa para los adultos, para las autoridades en el territorio”, concluyó Uriana. En las tiendas de San Francisco y de Provincial no se comercializan bebidas azucaradas ni alimentos ultraprocesados, no quieren contaminar la tierra ni perdonar a la industria de esos productos que cogió a sus hijos de conejillos de indias.

Otras organizaciones sociales trabajan para que se le dé cumplimiento a las recomendaciones de diversas instancias mundiales de salud. Por ejemplo, De Justicia radicó ante el Tribunal Superior de Cundinamarca una acción popular con la que busca que se restrinja la venta y la promoción en los entornos escolares de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. El recurso está encaminado a que el Ministerio de Salud tome acciones efectivas para desincentivar el consumo de esos productos.

Gutiérrez propone que se le dé asistencia técnica a los productores wayuu para que ellos puedan suplir con productos sin procesar los programas de alimentación que opera el Estado. También pide que les lleven agua a las comunidades para poder reanudar la siembra de los alimentos que los mantuvieron en pie durante siglos.

El profesor Rosado propone que se haga un uso agroindustrial del bosque de La Guajira con especies como el trupillo que son comercializadas en países como Perú. También espera que alguien escuche su planteamiento según el cual una solución para el hambre sería implementar tecnologías en centro etnoeducativos que permitan cultivar con muy poca agua. Cree que con eso los estudiantes podrán no solo suplir su dieta, sino llevar a su casa productos como la ahuyama, el maíz, el frijol y el millo. Según sus cálculos es un proyecto que costaría unos $1.500 millones y beneficiaría a 50.000 personas.

Otras expresiones de resistencia saltan a la vista, en una nevera destinada a gaseosas del barrio donde vive Uriana (a quien le tocó salir del resguardo por amenazas de muerte) vimos que envasan chicha en botellas de plástico reutilizadas.

La atención del Estado, por ahora, parece estar puesta y responder a los intereses de las grandes industrias. Mientras las comunidades, los académicos y los pequeños funcionarios esperan su turno para ser escuchados los ríos de plástico, de galletas y de botellas seguirán corriendo por La Guajira mientras poco a poco van desapareciendo los que surten de agua a los indígenas.

NOTA: Este reportaje se realizó con el apoyo de VITAL STRATEGIES.

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