Álvaro Uribe no ha declarado todas las propiedades a su nombre

¿Cuántas propiedades posee el hombre más poderoso de Colombia? Según su última declaración de bienes y rentas, presentada el 3 de enero de 2020, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es dueño de 10 lotes rurales ubicados en los municipios de Montería y San Carlos, en el departamento de Córdoba, avaluados en casi 9.100 millones de pesos. 

Ese dato no es nuevo. Fue ampliamente reseñado por distintos medios de comunicación, desde Forbes hasta La Silla Vacía, que describieron lo que el exmandatario juramentó tener hasta entonces: unos ingresos anuales que sumaban 466 millones de pesos, diez lotes rurales, dos cuentas bancarias (una en el Itaú de Colombia, con 348 millones de pesos, y otra en el J.P. Morgan de Estados Unidos, con 50.200 dólares) y cuatro créditos hipotecarios (por una suma cercana a los 3.820 millones de pesos). La declaración se cerraba con la descripción de un potencial conflicto de interés por sus actividades previas en el sector de la ganadería, y por dos actividades de sus hijos relacionadas con la propiedad raíz y los residuos industriales. 

La pregunta que faltaba por responder es si los bienes que dijo poseer hace dos años coinciden con los que realmente tenía en ese momento, cuando se vio en la obligación de presentar el documento por ser “servidor público electo mediante voto popular”.

Hace dos semanas, Vorágine publicó la primera parte de #LasTierrasDeLosUribe, una investigación que encontró por lo menos 72 propiedades registradas a nombre de Uribe Vélez, su esposa y sus dos hijos. El problema es que según esa información, el hoy exsenador es dueño de 14 bienes y no de 10, como dice la declaración que presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Por qué la diferencia? ¿Dónde están las tierras que faltan? ¿Qué historia hay detrás de esas propiedades?

Según el listado de 14 matrículas inmobiliarias a las que tuvo acceso Vorágine, en las que el expresidente aparece como dueño de bienes, las dos primeras compras a su nombre las hizo en 1978 en Maceo (Antioquia) y la última se realizó en febrero de 2001 en la vereda Las Tinas de San Carlos (Córdoba), un año y medio antes de convertirse en presidente. Los once bienes restantes son ocho lotes en Montería y tres lotes en San Carlos. Estos datos son relevantes en esta historia porque demuestran que Uribe tampoco declaró todo lo que tenía en 2014, cuando presentó su primera declaración de bienes y rentas por haber llegado al Senado de la República y dijo que solo tenía cuatro propiedades, una en Montería (El Ubérrimo) y tres en San Carlos. La declaración, manuscrita, se hizo pública cuatro años después por una investigación de Cuestión Pública. 

Un pasado salpicado de violencia

De acuerdo con los documentos en poder de Vorágine, el 10 de abril de 1978 Uribe le compró al señor Carlos Emilio Tirado Vélez dos inmuebles rurales en Maceo, en el noreste de Antioquia, conocidos en la región como La Mundial y San Cipriano. El futuro hombre más poderoso de Colombia tenía solo 25 años. 

La historia de las 1.046 hectáreas que componen esos dos terrenos tiene bastantes oscuros y unos pocos claros. De guiarse solamente por las matrículas inmobiliarias, la última anotación que aparece es la de la venta, por parte de Tirado Vélez, de dos lotes de 217 y 829 hectáreas a dos compradores: Álvaro Uribe y la Sociedad Inversiones Uribe Vélez Limitada, entonces representada por Alberto Uribe Sierra. El futuro presidente y la empresa de su padre pagaron 3 millones de pesos de la época, unos 670 millones de hoy. 

Carlos Emilio Tirado Vélez, el vendedor de las tierras de Maceo que luego conformaron la hacienda La Mundial-San Cipriano, fue uno de los trabajadores que en octubre de 1971 fundaron el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (Sintraagrícola), que llegó a agrupar a 150 campesinos dedicados a cortar caña, sacar guarapo y hacer panela, como lo contó el periodista Gustavo Gallo Machado en un artículo titulado “Del emporio de La Mundial solo quedan los recuerdos”, publicado en el diario El Colombiano en 2017. 

La Mundial y San Cipriano están muy cerca de la hacienda Guacharacas, donde varios testigos aseguran que nació el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y donde, el 14 de junio de 1983, las Farc asesinaron a Uribe Sierra. Guacharacas fue adquirida por Inversiones Uribe Vélez en noviembre de 1978. Eran 2.000 hectáreas partidas por la mitad tras el paso del río Nus. Geográficamente los dominios del margen izquierdo eran suelos del municipio de Yolombó, mientras que la otra extensión de tierra, donde quedaba la casa principal, estaba en el municipio de San Roque. La hacienda tenía como principal actividad la cría, levante y venta de ganado. En los setenta, los Uribe Vélez se habían dado a conocer por instalar varios negocios en la región del Nus, que abarcaba los municipios de Yolombó, San Roque, Santo Domingo y Maceo.

En una entrevista que le dio a Blu Radio en 2019, Uribe Vélez desnudó las inconformidades que tenía con los trabajadores de la hacienda: “Dejé de ir a esa región desde el año 79, cuando le entregué a un sindicato controlado por las Farc una tierra de caña, La Mundial-San Cipriano, que era en ese momento la mejor estancia panelera de Antioquia; el avalúo de las deudas laborales ascendía a 6 millones de pesos y la finca valía más de 20 millones de pesos. Preferí entregársela a un sindicato controlado por las Farc para no tener más problemas en esa región”.

Lo que no contó el entonces senador es que entre 1978 y 1979, un grupo de 68 trabajadores agremiados en Sintraagrícola protestó contra los Uribe Vélez porque esa familia había dejado de pagar sus salarios, los gastos y el mantenimiento del trapiche cañero. Para pagar su deuda con aquellos campesinos, Alberto Uribe Sierra y su hijo Álvaro se vieron en la obligación de entregarles el control de la finca, temporalmente.

En la historia que narró Gallo Machado en El Colombiano, Antonio Morales, uno de los trabajadores de la época dorada de La Mundial, recuerda que aquello “era un gran emporio económico, envidiado en toda la región debido a la cantidad de empleo y riqueza que generaba. Pero los trabajadores vivíamos en unas condiciones lamentables. No había turnos, la comida no era buena y se abusaba mucho”. El artículo complementa las palabras de Morales diciendo que “lo que pretendía Sintraagrícola era acabar con las intensas jornadas de trabajo y dotar a los campesinos de horas de descanso, vacaciones, salarios justos, buena alimentación y condiciones laborales adecuadas”.

En una columna publicada en El Espectador el 18 de agosto de 2019, Yohir Akerman retomó la historia de La Mundial-San Cipriano y contó cómo los Uribe les entregaron la hacienda “por un año a los trabajadores para que la administraran y se pagaran sus prestaciones vencidas, pero al devolverla, Uribe Vélez exigió que se la entregaran sin trabajadores, cosa que era ilegal. Eso obligó a la familia Uribe a salir de la finca el 4 de junio de 1979, dejándoles la producción a los trabajadores, pero conservando la propiedad”.

Años después, los trabajadores agremiados en Sintraagrícola, que siempre negaron estar relacionados con la guerrilla, denunciaron el asesinato y hostigamiento de varios de ellos, además del despojo de esas tierras por parte de grupos paramilitares que se habrían aliado con la Convivir El Cóndor, creada legalmente el 18 de noviembre de 1996 gracias a la personería jurídica que le otorgó Uribe, como gobernador de Antioquia. El representante legal de El Cóndor era Luis Alberto Villegas Uribe, paramilitar y narcotraficante que fue asesinado en 2004 por orden de Julián Bolívar, jefe del Bloque Central Bolívar.

De acuerdo con organizaciones campesinas de Antioquia, 12 personas relacionadas con La Mundial fueron asesinadas o desaparecidas entre 1985 y 1997. 

Vorágine intentó contactar al señor Tirado Vélez, fundador de Sintraagrícola que le vendió los predios a Uribe Vélez y tuvo que irse desplazado años después a Medellín, por la persecución sindical de la época, pero no fue posible encontrarlo.

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Las otras propiedades 

Según los certificados de tradición que encontró Vorágine, siete de los 14 bienes registrados a nombre de Álvaro Uribe Vélez están ubicados en el corregimiento El Sabanal de Montería y hacen parte de lo que hoy se conoce como El Ubérrimo, la gran hacienda de la familia, de casi 1.500 hectáreas. Todos esos lotes rurales fueron comprados el mismo día, 29 de diciembre de 1982, a seis miembros de una familia de apellidos López Peña y a una empresa llamada Inversiones La Victoria LTDA. Los negocios se formalizaron en la Notaría 1 de Montería y en la matrícula inmobiliaria de cada lote aparece que Uribe pagó 7 millones de pesos de la época, unos 646 millones de pesos de hoy.

La octava propiedad del expresidente en la capital de Córdoba es la que el 27 de julio de 1988 le compró a la señora Ninfa María Tanos de Gambin, por 150.000 pesos, unos 4,5 millones de pesos de hoy. En la matrícula inmobiliaria no hay datos del número de metros cuadrados o de hectáreas del terreno.

Los certificados que sí tienen datos interesantes son los de los lotes que Uribe posee en el municipio de San Carlos, ubicado a solo 40 kilómetros de Montería. 

Dos de ellos fueron comprados en 1983. El primero tiene 81 hectáreas y 2.300 metros cuadrados y fue vendido por el señor José Joaquín Ramos Navarro el 27 de julio de ese año, por un valor de 2.153.000 pesos. El segundo, de 23,5 hectáreas, fue vendido por Inversiones El Topacio LTDA el 16 de diciembre, por 1.510.000 pesos. 

Los otros dos fueron adquiridos por el hoy expresidente en 1990 y 2001, respectivamente, y coinciden en que las personas que le vendieron a Uribe Vélez eran beneficiarias de adjudicaciones de baldíos por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), hoy desaparecido. 

El 13 de junio de 1990, el entonces senador Uribe le compró un terreno de 3.750 metros cuadrados a Daniel Peinado Sánchez, por 150.000 pesos, equivalentes a 2,7 millones de hoy. La matrícula inmobiliaria revela que Peinado había adquirido esa tierra, ubicada en la vereda El Campano, por una “adjudicación de baldíos” decretada por el INCORA sede Montería, a través de la resolución 0773 del 29 de julio de 1986.

Hay que decir que los predios baldíos son de la Nación y, según la ley, estos solo podrían ser eventualmente adjudicados a comunidades campesinas, afros o indígenas cuyo patrimonio no sea superior a los 1.000 salarios mínimos, entre otras restricciones.

Once años después de la compra a Peinado, Uribe Vélez adquirió otro lote en San Carlos, esta vez en la vereda Las Tinas. La dueña era Ana Lucía Martínez Yáñez, a quien el INCORA le había adjudicado la tierra el 30 de diciembre de 1981. Aunque en el certificado de tradición no aparece la extensión del terreno, sí aparece que le costó al futuro presidente 4,2 millones de pesos el 17 de febrero de 2001, y que el 1 de abril de 2009 el predio resultó beneficiado por una valorización del INVÍAS. En ese momento, Uribe Vélez estaba en la Casa de Nariño.

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Los impuestos de la tierra 

Si se suman los avalúos que las Secretarías de Hacienda de Montería y de San Carlos hicieron de los 10 bienes declarados en 2020 por Uribe, sus propiedades tendrían un valor aproximado de 9.100 millones de pesos repartidos así: 8.595 millones por el predio de Montería que reúne los lotes comprados para formar El Ubérrimo; 128 millones y 96 millones por otros dos lotes en la capital de Córdoba, y 282 millones por todos los que tiene en San Carlos. 

Sin embargo, según el excodirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, en la práctica esas tierras valen muchísimo más de lo que aparece en los registros oficiales. En una columna publicada el 24 de febrero de 2020 en El Espectador, el economista tomó el ejemplo de El Ubérrimo para mostrar, datos en mano, que el valor comercial de la hacienda de la familia Uribe Vélez está casi 18 veces por debajo del que debería tener.

“El valor catastral de esta propiedad es de $8.600 millones, lo que representaría unos $5,73 millones por hectárea. Busqué en las ofertas de tierras en las afueras de la ciudad y se piden entre $100 y $110 millones por hectárea, porque son urbanizables. Considerando que la finca de Uribe está dotada de riego y drenaje pagados por los contribuyentes, posiblemente valga más que un lote pelado. Allí hay entonces una subvaluación de más de 17 veces el valor comercial de la hacienda, que debería estar más bien alrededor de los $165.000 millones”, aseguró Kalmanovitz en el texto, publicado luego de que se hizo pública la declaración de renta del expresidente, el 17 de febrero de 2020. Sí, 165 mil millones de pesos podría costar esa propiedad y no 9 mil, si Kalmanovitz tiene la razón.

Según la esperada declaración de renta, todos los activos de Uribe Vélez suman de 12.351 millones de pesos, pero como reportó deudas por 2.937 millones de pesos, el patrimonio líquido real fue de 9.414 millones.

Como ese documento se hizo en 2019, para el año fiscal 2018, el total de impuestos pagados por Uribe Vélez fue de 208.447.727 pesos, divididos así: 83.761.000 pesos, que el expresidente canceló a través de anticipos y retenciones en la fuente; 94.149.000, por impuesto al patrimonio, y 30.537.727, por el impuesto predial.

“Si existiera reforma agraria en Colombia, la hacienda [El Ubérrimo] podría repartirse y albergar sin problemas a 300 familias campesinas, cada una con un lote de cinco hectáreas […] El índice de concentración Gini de tierras en Colombia es de 0,91, uno de los más altos del mundo, que se concreta en la gran propiedad que ostenta el exmandatario frente a los minifundios campesinos”, escribió Kalmanovitz en ese momento. 

Y continuó: “Los ingresos que deben generar las propiedades del expresidente los clasifica como “no constitutivos de renta”, que es la forma legal de eludir impuestos al fisco sin tener que declarar de dónde provienen. Dice generar $1.216 millones en este renglón que, si obedecen a los ingresos de sus haciendas, diría que su productividad es muy baja, arrojando un rendimiento de menos del 1 % anual de su valor de mercado […] Si el predial se pagara sobre el 60% del valor comercial de la propiedad y con una tasa del seis por mil, Uribe le hubiera debido pagar a Montería $594 millones (20 veces lo que pagó) y algo menos a San Carlos, lo que explica también la extrema pobreza de ese municipio colombiano, que no tiene recursos para construir vías terciarias, desarrollar obras de riego para todos ni mejorar la calidad de la educación que imparten sus colegios”.

En octubre de 2021, Álvaro Uribe Vélez le dijo a la periodista Vicky Dávila que siempre ha sido “un finquero con responsabilidad social”. Lo hizo para responder a la propuesta que en ese momento le hizo Gustavo Petro de venderle algunos de sus predios al Estado.

Pero en Colombia la mayoría de la tierra sigue en manos de muy pocas personas. Si se sumara la extensión de las 72 propiedades a nombre de la poderosa familia Uribe Vélez el resultado daría un total de 21 millones de metros cuadrados o 21 kilómetros cuadrados. Itagüí, uno de los municipios más densamente poblados del país, cuenta con 21,09 kilómetros cuadrados, tan solo unos cuantos metros cuadrados más que las tierras a nombre de Uribe, su esposa y sus dos hijos. La diferencia es que en el municipio del sur del Valle de Aburrá conviven 280.000 personas y no cuatro. 

* Para elaborar esta historia Vorágine trató de comunicarse con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no respondió nuestros mensajes.