América Latina: periodistas bajo acecho

El asesinato de cuatro comunicadores en el primer mes del año en México ha vuelto a poner de presente una tragedia repetida sin cesar en la región. Pero más allá de la violencia, el acoso social y judicial y el espionaje a profesionales de la información cercenan la libertad de prensa (y la democracia) en el continente.

11 de febrero de 2022

Por Carlos Gutiérrez
Miembro de la mesa editorial de CONNECTAS

Esa mañana de 2019, ella se presentó en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hablando fuerte y claro, le pidió ayuda al mandatario porque se sentía amenazada por un exgobernador. Y como presagiaba, en enero de 2022 Lourdes Maldonado recibió un balazo, afuera de su casa. Su muerte llenó de indignación al gremio periodístico, que salió a las calles a manifestar con dolor, coraje… y miedo.

El homicidio de Maldonado puso en evidencia el desdén del gobierno por las agresiones que sufren los periodistas mexicanos y se unió a los de José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Roberto Toledo, también perpetrados el primer mes del año. Se suman a los 145 crímenes de profesionales de la información cometidos en México entre 2000 y 2021 con un “posible vínculo por su labor”, según la organización Artículo 19. De estos homicidios, 29 han ocurrido en los tres años de la administración actual.

Para el periodista y académico Darwin Franco la situación no solo es “grave” sino que se trata de un tipo de violencia constante e, incluso, sistemática. “​​Lo que se busca mediante una agresión, un asesinato o la desaparición de un periodista es acallar aquella verdad que se quiere dar a conocer y, por lo tanto, impedir que las personas sepan. La agresión o la muerte de un periodista tiene una consecuencia de carácter social porque las personas no pueden saber lo que este periodista sabía o estaba investigando”.

Ya lo había planteado António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, en noviembre de 2020: “Cuando se ataca a un periodista, toda la sociedad paga el precio. Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada. Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa contra la pandemia de información errónea y desinformación que se ha extendido por internet”.

Y lo peor, la delicada situación del ejercicio periodístico en México no es un caso aislado, pues hay agresiones a periodistas en casi toda la región latinoamericana. En Nicaragua, por ejemplo, solo entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2020 el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa recibió la denuncia de violaciones a los derechos humanos de 66 periodistas. Gran parte de las agresiones fueron cometidas por policías, paramilitares y partidarios fanáticos del gobierno. Además, el Observatorio reporta que “aumentaron las denuncias de amenazas en redes sociales, de hostigamiento, persecuciones y tortura psicológica para intentar persuadirles de no seguir informando. Igualmente, se documentó que ser periodista profesional de la comunicación o defensora de derechos humanos es motivo de censura, interrogatorios y detenciones arbitrarias en sitios públicos y en casas de habitación”.

Por su parte, el diario La Prensa –que ha sufrido particularmente la persecución del régimen de Daniel Ortega– dio a conocer su Informe de violaciones a la libertad de prensa 2021, en el que contabiliza 702 incidentes de abuso del poder estatal en Nicaragua, durante ese año, similar a lo sucedido en 2018, cuando se contabilizaron 712 casos.

En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó, únicamente de abril a julio de 2021, 181 agresiones a periodistas cometidas por la fuerza pública y 79 agresiones de particulares. Para Jonathan Bock, director ejecutivo de la organización, ese año marcó un punto de inflexión frente al trabajo periodístico y las garantías en Colombia.

Ese clima de violencia tuvo que ver principalmente, según Bock, con los esfuerzos de ciertos funcionarios por evitar que salieran a la luz los videos de las manifestaciones masivas desatadas por la reforma tributaria. Recuerda que más de 45 personas murieron durante las protestas. “Era fundamental garantizar el trabajo de la prensa y eso no sucedió”, denuncia.

Para Bock, en Colombia el gobierno transmitió un mensaje estigmatizante sobre el contenido de redes sociales. Eso desató una política de cyber patrullaje o monitoreo de los mensajes y del contenido de las redes para determinar lo que el gobierno calificaba como “fake news”. Una política que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó durante una visita a ese país.

En la región latinoamericana existen problemas antiguos y nuevos “que nos obligan a mantenernos en un estado de alerta”, le dijo a CONNECTAS Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú. Entre los primeros ubica los asesinatos a periodistas cometidos por el crimen organizado; se refiere específicamente al caso mexicano. También menciona lo ocurrido en estados autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde los periodistas son sistemáticamente perseguidos y encarcelados.

En cuanto a los problemas nuevos, Uceda señala situaciones en las que líderes populistas, más allá de sus tendencias ideológicas, mantienen o alientan un clima de agresión contra los medios porque los fiscalizan, los molestan, los critican. Por ello, pronuncian discursos que pueden incitar a la violencia contra los periodistas. Menciona a El Salvador, Brasil e, incluso, México.

En ciertos casos, se han llevado a cabo procesos judiciales interpretados como formas de socavar el ejercicio periodístico. En Perú está la sentencia por difamación contra el periodista Christopher Acosta, por su libro Plata como cancha. De acuerdo con Uceda, el juez exigió estándares por fuera de toda legalidad para evaluar querellas por difamación, con lo que desestimó los recursos que tiene el periodismo para informar. En México, debido a investigaciones periodísticas sobre fosas clandestinas en el norte del país, las autoridades investigaron a Marcela Turati, a una abogada y una antropóloga, por secuestro y delincuencia organizada.

Otro caso es el de Santiago O’Donnell, en Argentina, a quien un juez le ha exigido entregar las grabaciones de las entrevistas que le hizo al hermano del expresidente Mauricio Macri para su libro Hermano. Este tipo de sentencias judiciales, explica Uceda, pueden estar alejadas de los “estándares adecuados para evaluar querellas o delitos contra el honor”.

Por su parte, Darwin Franco encuentra tres tipos de agresión contra los periodistas: 1) las que vienen de los agentes del Estado, que puede incluir querellas legales o penales y hasta  espionaje, como el caso Pegasus, el software especializado que Israel solo vende a gobiernos.  2) Las del crimen organizado, que crea “zonas de silencio donde los periodistas saben que no pueden hablar o decir algo porque está en juego su vida”. 3) Las violencias internas, generadas por los propios medios de comunicación, “por los compromisos que tienen los dueños con el capital o con el poder político”.

A finales de 2021, la revista Reflexiones publicó una charla dictada en 2019 en Francia por Alicia Gómez, la recién desaparecida periodista y exvicepresidenta de Reporteros sin Fronteras-España. En esa ocasión hizo un recuento del estado del periodismo latinoamericano en cuanto a la inseguridad. “Todos esos conflictos y también la situación política que atraviesan algunos países, es verdad que han convertido a Latinoamérica en un lugar, como mínimo, incómodo y muchas veces peligroso para ejercer el oficio”.

Gómez ubicaba a México como el lugar más riesgoso para ejercer la profesión. Ahí –apuntó–, corren la peor suerte los periodistas que trabajan para medios pequeños o regionales, informadores que casi pasan inadvertidos. “De todos nos hemos enterado de sus nombres, de sus apellidos o de si estaban casados o de si en ese momento llevaban a su hija al colegio, el día que los asesinan; el resto del tiempo son un nombre pequeño, a veces incluso unas iniciales con una tipografía mínima porque como que eso no es relevante. Pues esas personas que pertenecen a periódicos locales, son los periodistas locales mexicanos los que ponen los muertos; son los periódicos locales, pequeñitos y sin grandes medios, los que ponen los muertos por ser periodistas en México”.  Una reflexión aplicable a muchos otros países de la región, como Colombia.

Comúnmente se piensa que quienes cubren temas de política o seguridad son los más expuestos a este tipo de violencias, pero no todos cubren estas fuentes. Es el caso de “compañeros que hacen trabajos en medio ambiente y que después han muerto asesinados o desaparecidos por denunciar una extracción ilegal de hidrocarburos o minerales o de recursos como madera. El crimen organizado y los intereses económicos vinculados a ello están tan imbricados en diversos escenarios que uno podría señalar que no hay un área del periodismo que esté cien por ciento segura”, puntualiza Darwin Franco.

Los actos de violencia contra los periodistas tienen un triple efecto, de acuerdo con la CIDH. Primero, vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. Segundo, generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y, tercero, violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información de cualquier tipo. Esta Corte también insiste en que es “una obligación estatal” garantizar la seguridad de los periodistas. La resume en tres palabras: prevenir, proteger y procurar justicia.

El Estado no debe limitarse a tomar medidas cuando ya el periodista ha sido agredido o asesinado. Hay acciones de prevención dirigidas a “atacar algunas de las causas profundas de la violencia” contra los comunicadores y contra la misma impunidad, dice la CIDH. Algunas de estas medidas consisten en “adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo”. Además, se debe reconocer públicamente el valor de la labor periodística, aunque esta resulte “crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

La CIDH también recomienda instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo de los periodistas y adoptar mecanismos de prevención “adecuados” que permitan evitar la violencia contra ellos. Se debe respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información y sancionar penalmente la violencia contra ellos. Asimismo, considera que el Estado debe “producir datos de calidad, compilar y mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas”, porque eso permitirá evaluar políticas públicas efectivas para prevenir la violencia contra los comunicadores, protegerlos y juzgar a los responsables.

La violencia contra los periodistas latinoamericanos provoca una percepción de terror que daña aún más la de por sí ya pauperizada democracia de los países. Lo hace porque busca ocultar la verdad, silenciar las voces críticas, preservar la corrupción. Toca a las sociedades levantar la voz, y al Estado garantizar la seguridad de los comunicadores, así como investigar y hacer justicia para los que han terminado convertidos en mártires de la democracia.

* Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si te interesa leer más información como esta puedes ingresar a este enlace. 

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