Ana, la justicia limpia, la inequidad ensucia

Gracias al trabajo doméstico, Ana Salamanca salió adelante con sus dos hijos, quienes ahora son profesionales. Hoy, es la presidenta de un importante sindicato de trabajadoras del hogar que lucha sin pausa por sus colegas. Con el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol).

2 de diciembre de 2020

Por: José A. Castaño Hoyos / Ilustraciones: Angie Pik

Si el carácter se midiera por tallas, lo mismo que los zapatos o la ropa, el suyo sería de los números más grandes, como calzar cincuenta. Ana Salamanca Álvarez es pequeña. Mide 1.55, lo mismo que una niña de diez años. Y aunque a veces tiene reuniones importantes, con funcionarios del Gobierno Nacional y congresistas y delegados del Distrito de Bogotá y de otras alcaldías, casi nunca usa tacones y prefiere los bluyines y peinarse con colas de caballo. A muchos los vence el prejuicio y la ven insignificante. Ella tiene cincuentaiséis años y es la presidenta de Sintrahin, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar e Independientes. Su voz al otro lado del teléfono se oye tan joven y entusiasta que no parece la de una líder obrera, curtida en bregas, porfías y escarmientos.

Todo comenzó poco tiempo después de que su esposo murió asesinado por una de tantas bombas que ordenó explotar Pablo Escobar, el narco encumbrado a los altares de la televisión y convertido en postal para turistas en la ciudad a la que le prendió fuego. Él era detective del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y ella madre de dos niños. Cuando quedó viuda, los vecinos del barrio accedieron a que les limpiara sus casas y ese, aunque se sentía muy humillada, fue el único trabajo que pudo conseguir. Pero qué importaba. Era preferible el sonrojo de la vergüenza y no la palidez del hambre.

Ahora admite entre risas que entonces lloraba y que mientras limpiaba baños, despercudía ropas y abrillantaba ventanas maldecía su suerte de viuda sin estudios de nada, apenas el bachillerato sin terminar. Algunos de sus vecinos, a pesar de que el estrato de sus servicios públicos era el mismo y sus hijos jugaban al fútbol y montaban bicicleta juntos, de pronto asumían un tipo de superioridad automática, le hablaban con impaciencia e incluso con grosería, como si su pequeñez física fuera además moral o intelectual. O ambas. A veces, en esas casas que no eran la suya se secó las lágrimas con el mismo paño de sacudir el polvo. La tristeza de aquellos días olía a desinfectante y a jabón para pisos. Ella, que pasaba horas yendo y viniendo, no se sentía trabajando sino mendigando. Llegó a sentir lástima de sí misma.

Su padre, un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, también había sido asesinado. Fue en la fuga de un preso célebre, que tenía el alias de Alacrán. Ese es uno de tantos apodos consuetudinarios de nuestras violencias inacabadas. Alacrán han sido guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, policías asesinos, militares homicidas. Para resarcir la precariedad en la que quedaba su familia, el Gobierno accedió a un trueque ahora inverosímil: que la madre viuda tomara la vacante del esposo muerto. Ella se llamaba Sildana y era todavía joven, así que accedió al puesto, hizo el curso de dragoneante y quedó presa del oficio del esposo asesinado. Pero tuvo más suerte y se jubiló después de veinticinco años de servicio. Mientras enjabonaba cocinas y planchaba ropas, Ana recordaba las fiestas infantiles a las que asistió en las cárceles, y fue entendiendo algo fundamental recordando a su madre: que el trabajo, indistintamente del lugar, es eso que hacemos para ganar la comida de un modo honrado. Entonces, dice que levantó la vista y se prometió no sentir más vergüenza. Limpiar casas no la ensuciaba de ningún modo. Al contrario. 

En esa muda de su pensar dice que fue crucial la Casa de la Mujer Trabajadora, de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Allí, entre muchos, recibió cursos de autoestima, una materia tan extraña entonces que algunas creían que aquello era cosa que se compraba, no que se cultivaba. Ana, tan pequeña, se reconoció grande y capaz, y a comienzos de 2000, en compañía de otras mujeres, organizó uno de los primeros sindicatos del gremio de las trabajadoras domésticas. Muchos se burlaban, incluso compañeros sindicalistas, para quienes el suyo no cabía en la denominación de trabajo formal. Pero de nuevo, dice Ana, el tiempo es el mejor limpiador, el desinfectante más eficiente. 

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De aquella primera experiencia asociativa, que sucumbió con las subsiguientes reformas pensionales y de salud promovidas por el Gobierno en beneficio del sistema financiero, le quedaron como regalo varias compañeras de vida y un aprendizaje que, sin título, la doctoró en persistencia, análisis de contexto y aprovechamiento de oportunidades. Las cifras son estas, en resumen: de las casi 700.000 empleadas domésticas que se calculan en Colombia, solo el 17% cotiza pensión, seguridad social y riesgos laborales. Es decir: el 83% restante trabaja en la informalidad, a pesar de las normas que exigen lo contrario. Ahora Ana, presidenta de su propio sindicato, insiste en que los derechos sean de obligatorio cumplimiento.

Y a la par de reuniones con funcionarios y congresistas, y delegados del Distrito de Bogotá y de otras alcaldías del país con los que discute maneras de inclusión y de reconocimiento de las trabajadoras domésticas, Ana dicta charlas sobre sus saberes aprendidos. Hay mucho por hacer, dice ella, mucha injusticia que limpiar, mucho machismo. La última Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane arrojó que el 95,9% del trabajo doméstico lo ejercen mujeres. Ningún otro rol ocupa a tantas de ellas, y de un modo más abusivo. Algo más es concluyente: las trabajadoras domésticas están envejeciendo. Su promedio de edad pasó de 38 años en 2010 a 42 años en 2016. A finales de 2022 superará los cincuenta años. Las noticias de la injusticia contra ellas son frecuentes, y siguen siendo motivo de burla, como si fueran graciosas. El caso de Glenis Baloyes Pérez, por ejemplo, es uno entre tantos.

Mientras abrillantaba los ventanales de un apartamento cayó al vacío desde el piso once. Ocurrió en Cartagena, en el exclusivo sector de Castillogrande, de frente al mar azul. Fue hace pocas semanas, el seis de agosto, día del Santísimo Salvador. La mujer, de cincuentaidós años se paró en un taburete contra el vacío del balcón, apurada por limpiar el salitre de los cristales. La policía anunció, como es frecuente, una investigación exhaustiva que hasta ahora no dice nada. ¿Quién puede morir limpiando una casa? Ana recuerda el caso de compañeras caídas de balcones y terrazas, y de otras quemadas por sartenes y ollas que volaron por los aires. Pero la agresión más frecuente es también la más silenciosa y en apariencia la más benigna: la del maltrato y la humillación, la del descaro y el abuso. Es irónico. 

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Porque el trabajo doméstico propicia una relación mayoritariamente entre mujeres, entre empleadoras y trabajadoras, y eso suele suponer un trato de poder y obediencia. Según Ana se trata de una distorsión en la correspondencia igualitaria entre mujeres, en razón de las diferencias económicas y sociales. La lógica patriarcal sigue predicando que los deberes de limpieza y mantenimiento del hogar son cosa femenina, en absoluto masculina, de manera que pagar por ellos es una suerte de lujo que, en todo caso, debería asumirse por debajo de lo que cobra, por ejemplo, un carpintero, o un conductor de bus, o un electricista.

Hay quienes insisten en que el trabajo doméstico es un tipo de servidumbre bienaventurada de la que se habla incluso en la Biblia y que obliga a las mujeres a un acatamiento de la potestad masculina. Eso es mentira, por supuesto. Porque si se aplicara la ley antigua que algunos citan ordenada por Dios, a los congresistas y funcionarios corruptos les tendrían que cortar las manos en vez de mandarlos presos a sus propias casas. Ana guarda silencio y respira hondo al otro lado del teléfono. En estos días del coronavirus, en que nueve  de cada diez empleadas domésticas ha perdido su trabajo, miles de hogares sufren hambre. Pero de eso apenas se escucha en los noticieros y se lee en los periódicos, se duele Ana. 

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La noticia en cambio, y contra toda lógica de supervivencia, fue la tercera jornada sin IVA y el adelanto de primas para funcionarios públicos. Los comerciantes están felices, por supuesto. La idea era que ese día, veintiuno de noviembre, se vendieran miles de televisores, celulares y computadores, en una suerte de Navidad adelantada. Sin embargo, según las cifras oficiales, para medio millón de empleadas domésticas ese sábado fue otro viernes santo, de Viacrucis a una semana de diciembre. La injusticia trastoca el calendario, impone inequidad. Ana, cuyos dos hijos fueron a la universidad y se graduaron, se queda callada y suspira al otro lado del teléfono. De todas, la injusticia es la peor suciedad, la mayor inmundicia, lo sabe ella.

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