El agarrón en el Congreso por un homenaje al arzobispo de Medellín

León Fredy Muñoz Lópera, que fue elegido en 2018 como el único representante de la Alianza Verde en Antioquia, presentó un proyecto de ley en la Cámara, antes de terminar su periodo legislativo, para conmemorar y rendir homenaje público a Ituango, municipio del norte del departamento de Antioquia, con motivo de su aniversario número 175, desde que fue erigido en 1874.

El objeto de esa ley pretende que la nación haga “distintos reconocimientos de carácter histórico, material, cultural y ambiental, como contribución a la ciudad y sus habitantes por su aporte y compromiso durante estos ciento setenta y cinco años, a la identidad cultural e histórica de Colombia”. Entre las acciones específicas que se desprenden del proyecto de ley, se propone la declaración de un cerro como patrimonio ecológico local y nacional, la ejecución de varias obras de infraestructura, la producción de un documental sobre la historia de Ituango y el “reconocimiento histórico” de varios personajes.

Con la ley se busca “exaltar y enaltecer la noble misión” que cumplieron varias personas en Ituango, entre ellos se incluye a los precursores de su fundación y a personajes destacados nacidos en ese municipio como el defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el artista Ramón Vásquez. 

En la lista de quienes se proponen como personajes meritorios para ser homenajeados por el proyecto de ley número 28 de 2021, se incluye el nombre de monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, que también nació en Ituango. Tobón ha sido acusado de encubrir y proteger a decenas de sacerdotes denunciados por abuso sexual a menores de edad. Esa es la razón por la que Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia, presentó este 9 de agosto una proposición para que Tobón Restrepo fuera excluido de la lista de reconocimientos.

Las investigaciones a las que hace referencia el representante de la bancada Alianza Verde – Centro Esperanza han demostrado que, desde que es obispo, Ricardo Tobón ha encubierto de manera sistemática a sacerdotes pederastas. Gabriel Parrado Durán, representante del Pacto Histórico por el Meta, también tenía preparada una proposición con exactamente la misma modificación para excluir a Tobón del reconocimiento.

Las proposiciones fueron aprobadas por el ponente del proyecto de ley, que le correspondió a Mauricio Parodi, de Cambio Radical. Aunque en un primer momento parecía que no habría nadie en contra de que el reconocimiento se hiciera sin el nombre de Ricardo Tobón, el representante conservador por Antioquia Miguel Angel López fue el primero en pedir la palabra para defender al arzobispo de Medellín, y dijo que hay denuncias porque la iglesia es perseguida.

A López lo apoyaron con intervenciones Juan Fernando Espinal Ramírez, representante del Centro Democrático por Antioquia, y Alfredo Ape Cuello, representante conservador del Cesar, que dijo que lo que había en contra de Tobón era una “simple denuncia como muchas de las que está llena la iglesia, de falsas denuncias y de ataques”. 

Por otro lado, ante quienes defendieron a Tobón se manifestaron varios representantes para apoyar la proposición de Carvalho y Parrado. Luz María Múnera Medina, representante del Pacto Histórico por Antioquia, mencionó a varios de los sacerdotes denunciados por pederastia y protegidos por Ricardo Tobón.

Contactamos a León Fredy Múñoz, el exrepresentante que presentó el proyecto de ley no una sino dos veces, pero Vorágine no obtuvo respuesta de su parte. Sin embargo, Katherine Miranda Peña, representante de la Alianza Verde por Bogotá, intervino en la plenaria para decir que habló con Muñoz y que no tenía ningún reparo en excluir a Tobón de la lista de homenajeados. También se manifestó en contra de incluir al arzobispo en el reconocimiento.

El representante de Boyacá por el Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, y Juan Sebastián Vargas, representante de Caldas por el Nuevo Liberalismo, también se manifestaron a favor de la proposición de cambiar el proyecto de ley para no homenajear a Tobón. Esa modificación fue finalmente aprobada en una votación de 90 contra 49. Ahora el proyecto pasará al Senado para su aprobación.

Las denuncias contra Tobón

Desde su llegada a Medellín en 2010, Tobón protegió a Mario Castrillón, condenado por la Corte Suprema de Justicia por violar a dos niños, y lo volvió a nombrar párroco cuando salió de la cárcel. También protegió a Roberto Cadavid, suspendido por él mismo en mayo de 2012 por abusar de varios monaguillos y estudiantes, y sin embargo nombrado seis meses después para irse a trabajar a Brooklyn, Nueva York, con una carta suya de recomendación.

La lista es larga, pero agregamos otros ejemplos: Tobón encubrió al tres veces denunciado por pederastia y telepredicador antioqueño Carlos Yepes, suspendido directamente por el papa Francisco desde abril de 2020; a su vicario general, Óscar Augusto Álvarez Zea, quien silenció con 20 millones de pesos a un menor de edad con quien decía tener una relación amorosa; y a su abogado, Juan Diego Ruiz Arango, denunciado por emborrachar y abusar sexualmente de un menor de edad.

Tobón no es el único encubridor

Las investigaciones de Vorágine han demostrado que altos jerarcas de la Iglesia católica colombiana encubren a cientos de pederastas en todo el país. Los arzobispos de Cali y Bogotá y el obispo de Sonsón-Rionegro se rehúsan a abrir los archivos secretos, en los que  reposan las denuncias por pederastia contra sacerdotes. Por negarse a responder derechos de petición que preguntan por la trayectoria y las posibles denuncias por abuso sexual infantil contra sacerdotes, tres jueces de la República han fallado en contra de los arzobispos de Cali y Bogotá, y del obispo de Sonsón-Rionegro.

En los dos primeros casos se trata de los arzobispos Darío de Jesús Monsalve Mejía y Luis José Rueda Aparicio, quienes dicen defender los derechos humanos y son de una línea más progresista dentro de la jerarquía de la Iglesia católica. El tercer caso es el de monseñor Fidel León Cadavid Marín, quien decidió contratar al mismo abogado que contrató el arzobispo de Medellín y que hoy en día lo tiene, de nuevo, respondiendo ante la Corte Constitucional.

Y es que todo parte de una sentencia de la Corte Constitucional, la T/091-20, que obligó a monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, a responder todos los derechos de petición, de cualquier ciudadano o ciudadana y no solo de periodistas, que pregunten por datos semiprivados de sacerdotes, como sus trayectorias y las denuncias que haya recibido la Iglesia católica contra ellos por pederastia. Hasta el momento, 25 de 105 sacerdotes por los que la Arquidiócesis de Medellín ha respondido, han sido denunciados por abuso sexual infantil.

Tobón Restrepo tendrá que responder un nuevo derecho de petición que indaga por otros 915 sacerdotes. La Corte Constitucional emitió, el 2 de junio de este año, la Sentencia SU 191-22, la cual aún no ha sido notificada. El arzobispo de Medellín ha metido en bastantes aprietos a la Iglesia católica, no solo por los hechos comprobados de encubrimiento a decenas de sacerdotes pederastas, de los que ha salido impune con el apoyo del papa Francisco, quien lo mantiene en la capital de Antioquia, sino también porque abrió un boquete en la Corte Constitucional que hoy tiene a los altos jerarcas respondiendo ante los jueces de la República. Los arzobispos de Cali, Bogotá y el obispo de Sonsón-Rionegro decidieron seguir su ejemplo. 

El primero fue el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, quien se negó a responder un derecho de petición que preguntaba por 627 curas, porque, según él, Vorágine no es un medio serio u objetivo. La jueza 13 Civil del Circuito de Cali le dio 48 horas al arzobispo Monsalve para que respondiera, pero no lo quiso hacer. Tampoco impugnó la sentencia. Han pasado casi seis meses y Monsalve Mejía sigue sin cumplir la ley.

Luego fue el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien se negó a responder un derecho de petición que preguntaba por 927 sacerdotes. Muy convenientemente, monseñor Rueda entregó los nombres de los seis sacerdotes que la Arquidiócesis de Bogotá ha suspendido o expulsado en los últimos meses para evitar responder sobre todos los sacerdotes que han tenido relación con esa jurisdicción eclesiástica. 

Pero no solo eso, el arzobispo dijo en la respuesta al derecho de petición que en Bogotá no existe un archivo secreto, en el que reposen las denuncias por pederastia contra sacerdotes. Como la Iglesia católica sigue el derecho canónico a rajatabla y este ordena tener un archivo sobre cada sacerdote, surgen entonces dos hipótesis: o el arzobispo más importante de Colombia está mintiendo o ya destruyó el archivo secreto, como lo hicieron los obispos en Alemania. Ambas hipótesis constituyen un delito dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Puedes leer: Iglesia se niega a entregar todos los expedientes de curas pederastas a la Fiscalía

En primera instancia, el Juzgado 33 Civil de Bogotá le ordenó al arzobispo Rueda Aparicio responder el derecho de petición en 48 horas, pero en las consideraciones, dejó la puerta abierta para que el arzobispo solo complemente la información que entregó de los seis curas pederastas. Rueda Aparicio, un “hombre de paz” como lo llamó Gustavo Petro en su posesión, es también un encubridor de pederastas que se niega a cumplir una sentencia judicial.

El presidente de la Conferencia Episcopal no está solo. Monseñor Rueda Aparicio contrató a la prestigiosa firma DG&A Abogados para el trámite de esta acción de tutela. Al igual que los arzobispos de Medellín y Villavicencio, el de Bogotá estaría gastando millonarios recursos de las limosnas y los diezmos de los feligreses para pagar costosos bufetes de abogados y evitar responder por los curas pederastas.

Finalmente, el obispo de Sonsón-Rionegro, quien también contrató al mismo abogado que defiende a los arzobispos de Medellín y Villavicencio, se negó a responder por 485 sacerdotes. Según monseñor Fidel León Cadavid Marín, él no tiene porqué acatar una sentencia de la Corte Constitucional que solo obliga a responder a la Arquidiócesis de Medellín. Una acción de tutela fallada en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal de Rionegro le ordenó a monseñor Cadavid responder el derecho de petición en un plazo de dos meses. Cadavid no ha respondido y el juez, al igual que los anteriores, no quiere iniciar un incidente de desacato.

Para la Iglesia católica el derecho canónico está por encima del derecho ordinario. Lo citan como fuente de derecho en las acciones constitucionales que enfrentan. Los altos jerarcas parecen estar por encima de la Constitución y la ley. Bien decía monseñor Mauricio Vélez García, obispo auxiliar de Medellín, que los jueces que condenan a la Iglesia son ignorantes: “Para mí es un acto de profunda ignorancia cuando un periodista o cuando un juez o cuando alguien enmarcado en la ley dice: se condena a la Iglesia. ¡Por Dios! Eso es pura ignorancia, porque la Iglesia es divina. Y lo que es divino no puede ser juzgado por los hombres”.