Por un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para atender desastres naturales en Manizales, Mario Castaño recibió mil millones de pesos. Andrés Grisales, gerente de Previsora Seguros, también está involucrado.
9 de agosto de 2022
Por: Vorágine, #BajoReserva

El 28 de mayo de 2020 la alcaldía de Manizales inscribió un proyecto ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD) para realizar obras en varios sectores donde se presentaron deslizamientos de tierra. Entre otros, el objetivo era hacer remoción de tierra, destaponamiento y corrección de cauces, retiro de escombros, control de caídas de rocas y control de inundaciones.

El 11 de julio de 2020, la UNGRD otorgó viabilidad técnica al proyecto por un valor de $18.975.419.353 y se fijó el 19 de noviembre de 2020 como fecha límite para que los invitados presentaran sus respectivas propuestas. Los invitados eran John Jairo Giraldo Salazar, Wentzer Mauricio León Torres y John Alexander García Giraldo. Solo el consorcio San Miguel, representado por John Jairo Giraldo Salazar, presentó una oferta que fue verificada técnica, financiera y jurídicamente. Giraldo Salazar hoy está capturado por hacer parte de ‘las marionetas’ que integran la red de corrupción del senador Mario Castaño, también en la cárcel.

El 25 de mayo de 2021 se suscribió el contrato de obra entre la Fiduprevisora, en representación legal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y el consorcio San Miguel. Ese consorcio fue conformado el 16 de noviembre de 2020 por John Jairo Giraldo Salazar, Arturo Jurado Alvarán y Juan Manuel Salazar Toro. Sin embargo, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, este contrato estuvo “bajo el control del grupo criminal [de Mario Castaño] y se manipuló su adjudicación en la entidad pública, pues quien realmente estaba a cargo del contrato era John Alexander Sánchez, alias ‘Pato’”.

John Alexander Sánchez, alias ‘Pato’, capturado, hacía parte de la estructura de corrupción de Castaño. En una llamada entre Juan Carlos Martínez, prófugo de la justicia, y el capturado Alejandro Noreña, hablan sobre un proyecto que le salió al ‘Pato’ por 17 mil millones de pesos y la relación de Mario Castaño con esa gestión, por la que recibirá un porcentaje.

El 23 de marzo de 2021 Santiago Castaño, otra de las ‘marionetas’ capturadas, le cuenta a Juan Carlos Martínez que en su restaurante estuvo John Jairo, “el socio del ‘Pato’ en el consorcio”. Según la Corte Suprema, John Jairo Giraldo Salazar prestó su nombre para la ejecución del contrato, pero el verdadero ejecutor sería el ‘Pato’. Giraldo Salazar es un megacontratista del Estado. Entre 2015 y 2022 le han sido adjudicados 23 contratos que suman más de 5.400 millones de pesos, la mayoría con el departamento de Caldas. 

Durante el trámite para la adjudicación del contrato, las ‘marionetas’ encontraron inconvenientes para constituir la póliza de garantía porque uno de los integrantes del consorcio no tenía la capacidad financiera requerida. En una conversación entre Juan Carlos Martínez y Andrés Mauricio Grisales, este le explica a Martínez sobre esa dificultad.

El nombre de quien conversa con la mano derecha de Castaño coincide con el de Andrés Mauricio Grisales Florez, gerente de Previsora Seguros. También fue gerente del Instituto de Financiamiento de Manizales (Infimanizales) cuando Octavio Cardona, que fue fórmula a la Cámara de Mario Castaño, fue alcalde de esa ciudad.

En abril de 2021 conversaron John Alexander Sánchez, ‘el Pato’, y una persona conocida como Ibarra, a quien la Corte Suprema identificó como un funcionario de la Policía Nacional asignado al esquema de Mario Castaño. En esa llamada, ‘el Pato’ le cuenta a Ibarra que “ahora el hombre lo llamó y le dijo hasta de qué se iba a morir”, haciendo referencia a Mario Castaño. Le dice, además, que con Juan Carlos Martínez encontraron un codeudor con un patrimonio de más de $6.000.000.000. Ibarra le aconseja a Sánchez no decirle nada a Castaño porque está estresado y “depende de este contrato y necesita este contrato”.

De acuerdo con la Corte, cuando se dan cuenta de que John Alexander Sánchez “no podía cumplirles porque quienes figuraban como proponentes no tenían cómo obtener la póliza de garantía del negocio jurídico, la directriz del líder de la estructura de corrupción no fue desistir del plan sino buscar con apuro otra empresa para hacer «esa vuelta»”. Otra de las conversaciones interceptadas da cuenta de que el contrato fue “cedido” a Santiago Castaño Morales.

La “cesión” a Santiago Castaño no se realizó de manera formal sino que fue un acuerdo para que Santiago garantizara el pago de las comisiones a los miembros del consorcio por prestar su nombre, además, y principalmente, a Mario Castaño. En otra conversación entre Juan Carlos Martínez y Alejandro Noreña se habla del porcentaje que esperaba recibir Mario Castaño por esa gestión. 

Para hacer la cesión informal del contrato era necesario acordar dicho pacto con Arturo Jurado, que tenía el 70% de la participación. En una conversación entre Juan Carlos Martínez y Santiago Castaño se revela cómo hicieron esa gestión con Jurado. Arturo Jurado Alvarán es otro megacontratista del Estado. Ha participado de 46 contratos entre 2007 y 2022, que suman más de 17 mil ochocientos millones de pesos.

De acuerdo con la información que le dio Santiago Castaño a la Fiscalía, Juan Carlos Martínez fue quien lo buscó para esa gestión y fue él quien dio la instrucción de entregarle un porcentaje a Mario Castaño. “Cuando llega el anticipo de San Miguel con al (sic), Juan Carlos Martínez me dice que toca dar el primer abono por mil millones ($1.000.000.000) que eran para entregárselo al senador Mario Castaño, doscientos sesenta millones ($260.000.000) para Alexander alias ‘el Pato’ que eran para el pago de unos gastos entre los que estaba el reembolso del pago de las pólizas y trescientos millones ($300.000.000) más que Juan Carlos Martínez me pidió para él, en ese momento la UNGRD giró un poco más de 3.000 millones”.

Santiago Castaño explicó que parte de los dineros transferidos al consorcio San Miguel, en junio de 2021, fueron invertidos en la construcción de un edificio de dos pisos, en el barrio Bengala de Manizales. Para esa obra se suscribió un contrato entre Santiago Castaño Morales, como representante legal de la empresa Top Ingeniería S.A.S., y Manuel Felipe Castaño Betancourt, hijo del senador Castaño, como representante legal de la empresa INGROUP S.A.S.

Otra parte de los recursos se invirtieron en las obras para la construcción de un edificio de cuatro pisos, en el sector de la 24, en Manizales. Castaño Morales indicó que llegó a ese acuerdo con Juan Carlos Martínez y el senador Mario Castaño Pérez, con quienes se reunió en su apartamento en Bogotá en dos oportunidades. 

La versión de Mario Castaño

En su defensa, el senador liberal le dijo a la Corte Suprema que no conoce nada sobre la participación de John Alexander Sánchez, Juan Carlos Martínez o Santiago Castaño en un consorcio al que se le adjudicó una obra de mitigación de riesgo de desastres en Manizales. Dijo que tampoco recibió la comisión de mil millones de pesos y que no tuvo nada que ver con el proceso de contratación. Destacó, además, que los recursos para esa contratación fueron gestionados por el alcalde de Manizales Carlos Mario Marín, “quien es precisamente su contradictor político”.

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