Crímenes del Paro Nacional: impunidad general

A la esposa de un agente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, la habría violado un grupo de policías de civil. Fue durante el Paro Nacional. Ella iba caminando para su casa y la sorprendieron en el tropel de quienes huían de los gases lacrimógenos lanzados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los criminales eran cuatro y la arrastraron hasta un vehículo estacionado en la calle. La mujer, de 42 años, dice que supo que eran policías porque escuchó sus radios de comunicación y los códigos de sus mensajes cifrados, que ella se sabía de memoria, habituada a escucharlos en su propia casa. Los violadores le escupieron que eso le pasaba por andar apoyando marihuaneros, malparida, malcomida.

Ocurrió en Pereira el 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, en los días más furibundos de las protestas del Paro Nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en junio supo de ese crimen. Los oficiales de mayor rango de la Policía que conocieron el caso se habrían mantenido en silencio para evitar que el escándalo de la esposa de un uniformado, al parecer violada por sus compañeros de institución, trascendiera a los medios de comunicación, justo en los días en que la represión policial era noticia en periódicos y noticieros internacionales. La mujer fue atendida de urgencia en la clínica Comfamiliar, en la avenida Circunvalar. Hasta ahora, ella guarda silencio, su esposo uniformado también.

Está documentado y ya no es noticia: siguiendo la orden suprema de reprimir las manifestaciones del Paro Nacional, algunos agentes de la Policía actuaron como delincuentes. Unos lo hicieron de uniforme, otros de civil, ocultos entre la multitud. Sus abusos están refrendados en decenas de videos, en cientos de fotografías, en miles de testimonios. ¿Se trató apenas de manzanas corrompidas, manzanas verdes podridas? José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, cree que no. En su opinión, los abusos cometidos por la policía no fueron incidentes aislados sino el resultado de fallas estructurales profundas. Y aunque el Gobierno colombiano niega ese señalamiento, las cifras de víctimas socavan cualquier discurso expiatorio.

Consulta aquí el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Entre el 28 de abril y el 15 junio, 1.790 personas fueron heridas durante las reprimendas policiales, decenas de ellas jóvenes lesionados en los globos oculares con balas de goma. Mucho tienen de simbólico esos disparos de los policías destripadores de ojos, justo contra quienes insisten en mirar al país de modos distintos, reclamando con vehemencia sus derechos. El caso de Leidy Natalia Cadena Torres, estudiante de último semestre de ciencias políticas en Bogotá, es uno entre tantos. El 28 de abril, primer día de las protestas del Paro Nacional, un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, apuntó certero y la hirió en el ojo derecho. Hasta ahora, cuatro meses después, nadie, salvo la Policía Nacional, sabe el nombre del uniformado agresor.

Desde el hospital, antes de ingresar a cirugía, Leidy Natalia les mandó un mensaje a sus compañeros de protesta: “Un abrazo grande a todos. Perdí mi ojo, pero les juro que siento que tengo diez mil allá afuera. Sigan en pie de lucha, que esto acá no acaba. Fuerza y cuídense mucho. No me alcanza la vida para agradecer a cada uno de ustedes. Me hacen sentir acompañada”, escribió ella valiente, generosa. Los disparos milimétricos de los policías destripadores de ojos no se detuvieron, se incrementaron. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante las movilizaciones sociales del Paro Nacional, entre abril y junio, 82 jóvenes sufrieron heridas en los globos oculares.

Pero el Estado colombiano parece haber visto algo distinto. En total, de acuerdo con las cifras oficiales recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante las protestas fueron heridos 1.253 policías y 1.147 civiles. Son números sorprendentes. ¿Más policías lesionados que civiles, aunque los uniformados iban a bordo de tanques de guerra, camiones blindados y helicópteros, y vestidos con corazas de protección y armados con lanzacohetes, granadas aturdidoras, gases lacrimógenos, armas de fuego? 

Para José Manuel Vivanco la evidencia demuestra algo contrario: que la regla ha sido la impunidad y que la Policía, motivada por esa certeza, ha perpetrado graves y numerosas violaciones a los derechos humanos. ¿Cuántos abusos y agresiones sexuales cometieron los uniformados en la represión del Paro? La Defensoría del Pueblo, cuestionada por la tardanza de sus deberes de protección de los ciudadanos al comienzo de las protestas, ha tramitado 112 denuncias de violencia basada en género, presuntamente cometidas por agentes del ESMAD: 99 contra mujeres y 13 contra integrantes de la comunidad LGBTI. Esas denuncias incluyen 27 violaciones sexuales, 5 agresiones de acceso carnal violento y 22 tocamientos indebidos. El caso más conocido fue el de Alison Meléndez, de 17 años, quien se suicidó después de acusar a cuatro agentes antimotines de haberla manoseado, luego de retenerla al final de una noche de protestas, en Popayán. 

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Para un sector de la sociedad colombiana, el comportamiento criminal de ciertos policías reprimiendo la protesta social es explicable, e incluso justificado. ¿Qué hacían en las calles los jóvenes reclamando, gritando, marchando por sus derechos? ¡A quienes se quedan en su casa nada les pasa!, vociferan los que culpan a las víctimas y no a los victimarios. Sin embargo, Alison Meléndez ni siquiera hacía parte de las protestas, y era hija de un intendente de la Policía, lo que en principio debería haberle servido como recurso de urgencia para conjurar la ira ciega de los compañeros de su papá. Pero ni eso la salvó de ser ultrajada. En las redes sociales, cloacas donde rezuman prejuicios y odios, aún pueden leerse opiniones que la revictimizan con un desprecio que solo puede entenderse indolente, desesperanzador. 

¿Qué ha pasado con quienes, peor que un ojo, perdieron la vida durante los tres meses de movilizaciones sociales? El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de 73 personas asesinadas, 44 de ellas al parecer a manos de agentes de la fuerza pública. Casi todos esos muertos, incluso los más visibilizados por los medios de comunicación, corren el riesgo del abandono. Porque, aunque tienen nombres y apellidos, parecen N.N., difuntos desapercibidos. Sus madres, padres, hijos, hermanos, se declaran sin esperanza de hallar justicia, desamparados. Los antecedentes confirman su pesimismo: solo un policía ha sido condenado por el asesinato de Javier Ordóñez, cuyo crimen desató un incendio de protestas e indignación ciudadana en septiembre de 2020.

Las imágenes de brutalidad de los policías desvirtuaron cualquier intento de ocultamiento o de tergiversación. Vencido por la contundencia de las pruebas, el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillo aceptó los cargos de tortura y homicidio agravado, gracias a lo cual consiguió reducir su condena a 20 años de prisión. Su cómplice, el patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz, aún no ha sido condenado, tampoco ninguno de los uniformados investigados por los 13 homicidios cometidos después del crimen de Ordóñez, durante las protestas que se desataron en Bogotá y Soacha contra la brutalidad policial. Condenar a un policía asesino, incluso a pesar de la contundencia de las pruebas, puede tardar 16 años. 

Ese fue el tiempo que se tardó la justicia para hallar culpable a Néstor Julio Rodríguez Rúa, uniformado del ESMAD, que el primero de mayo de 2005, durante las movilizaciones del Día del Trabajo en el centro de Bogotá, disparó una bomba lacrimógena contra la cabeza de Nicolás Neira, de 15 años. El fallo condenatorio fue posible, a pesar de los intentos de manipulación y falsedad del capitán de la Policía Julio César Torrijos Devia, y del mayor de la Policía Fabián Mauricio Infante Pinzón, ambos condenados por encubrimiento. Justamente, ese fallo acaba de ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su estudio. El organismo ha señalado las gravísimas omisiones que se cometieron durante la investigación del asesinato del adolescente, en un intento por impedir el esclarecimiento de los hechos.

¿Tienen alguna esperanza de justicia las víctimas de la brutalidad policial, cometidas en las recientes movilizaciones sociales? Solo el pesimismo parece tan grande como el dolor por los abusos. Según Human Rights Watch, hay 116 investigaciones abiertas, pero apenas cinco juicios iniciados. Cinco.

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Ningún crimen ocurrido durante el Paro Nacional de 2021 fue más conocido que el de Lucas Villa, símbolo de la resistencia social para miles de colombianos. De su homicidio habló hasta el Presidente de la República, obligado a quebrantar la calculada indiferencia con que suele referirse a los asesinatos cometidos durante las movilizaciones en contra de su gobierno, al parecer para evitar que sumen notoriedad y repercusión mediática. “Condenamos lo sucedido en Pereira con el joven Lucas Villa y sus compañeros mientras marchaban pacíficamente en el viaducto. Director de la Policía Vargas, tenemos que dar con el paradero de los culpables y llevarlos ante la Justicia”, escribió Iván Duque en su cuenta oficial de Twitter en un tono decidido. ¿Qué ha pasado ciento y tantos días después? Nada, o muy poco. 

Sidssy Uribe, hermana de Lucas, dice que hasta ahora no hay acusados, solo indagaciones, pero sin avance alguno. Ella, que ha puesto la cara por su hermano y por su madre, suele recibir insultos y amenazas, salivazos de una repugnancia que no la sorprenden. La justicia es una pretensión dolorosa, y en este país muy peligrosa, dice ella al otro lado del teléfono, con canto de pájaros al fondo. Sidssy y sus hermanos se compartieron los enseres de Lucas, sus objetos más queridos, y algo de su ropa. A lo demás le prendieron fuego, en una pira cuyas llamas resplandecieron en los ojos que lloraban. Hace unos días, Nora, la mamá de Lucas, pidió que le llevaran flores a su tumba.

Al dolor de esa pérdida se suma, como una mordida de perro, el desaliento por la incompetencia de la justicia. A Carlos Alberto Maya López, el alcalde de Pereira que horas antes del crimen de Lucas propuso la creación de un frente común con los grupos de seguridad privada de la ciudad, justo en contra de quienes protestaban, aún no lo vinculan a la investigación. ¿Ese llamado del alcalde tuvo algo que ver con el crimen del líder universitario, alentó a los sicarios? La familia cree que sí, y lo cree sin dudas. De momento, los asesinos de Lucas pueden estar tranquilos: la orden del Presidente de la República no ha servido para nada, y las pesquisas de la Fiscalía aún no concretan ningún hallazgo significativo sobre los autores de ese crimen, ni de los siguientes. 

Una semana después de que Carlos Alberto Maya López propusiera la creación de ese frente común con los grupos de seguridad privada, otro joven que protestaba pacíficamente fue baleado en Pereira. Ocurrió sobre la avenida Las Américas, frente al Museo de Arte Moderno, como una obra macabra. Se llamaba Héctor Fabio Morales, tenía 24 años y estuvo ahí tirado, desangrándose, hasta que alguien al fin lo recogió. Su mamá, Yolanda Henao, llegó a la clínica Los Rosales y lo vio agonizar de pie y en silencio, frente a la camilla donde yacía bocarriba. Mi hijo estaba ahí pero ya no estaba ahí, recuerda ella. Un policía se le acercó bravucón y los acusó de apoyar a la Primera Línea, asistiendo a los jóvenes que protestaban. No solo eso. El policía le exigió que le entregara el celular del muchacho y la amenazó con allanar su casa si no lo hacía. Ella lo miró pálida de dolor y de rabia, pero se contuvo, apretó los puños y anudó la lengua. 

Mi hijo y yo éramos protestantes convencidos, ¡claro que sí!, pero protestábamos de modo pacífico, recuerda Yolanda por teléfono, con ladrido de perros al fondo. ¿Cómo la han tratado en la Fiscalía? Muy bien, responde ella, con respeto, serenidad y total ineptitud. Los investigadores son muy amables, dice, pero no han concretado ningún indicio. La mamá de Héctor Fabio siente que esos funcionarios hacen todo para no hacer nada. Hasta ahora no hay ningún rastro de los sicarios, ninguna imagen, a pesar de que la calle donde balearon a su hijo, y las calles aledañas, los puentes, las glorietas, permanecen vigiladas día y noche con cámaras de seguridad.

En un principio, los investigadores de la Fiscalía intentaron justificar la muerte del muchacho como un ataque personal, motivado por dinero, amores u odios. Quisieron escribir una telenovela para borrar cualquier vínculo con la represión oficial del Paro, dice Yolanda. Pero nada de eso fue posible. Héctor Fabio no tenía deudas, enemigos, o amores furtivos. Un par de veces al mes, la madre les escribe mensajes a los investigadores de la Fiscalía, tan amables con ella. Los saluda, los bendice, les desea que todo vaya bien en sus vidas, y a continuación les pregunta qué saben, qué han averiguado, si acaso le quieren contar algo. Yo sé que ninguno me dirá lo que sabe, que mantendrán los indicios ocultos, quién sabe para proteger a quién, o a quienes, dice.

¿Qué conservo de mi hijo?: un profundo orgullo por su capacidad de trabajo, generosidad y compromiso, responde la madre, convencida de que el reconocimiento de los derechos sociales solo es posible si, en vez de mendigarlos, se exigen. En su opinión, la reprimenda oficial contra las protestas pacíficas, en uno de los países más corruptos e inequitativos del mundo, acrecentó el temor, la desconfianza y la ira de los más pobres, que son mayoría en Colombia. El incapaz Presidente de la República y su jefe supremo creen que el malestar social se aplaca con violencia, ¡pues están muy equivocados!, dice Yolanda. El hijo asesinado sigue vivo en la voz de la madre.

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La primera desaparición documentada durante las protestas del Paro Nacional ocurrió el 28 de abril, a manos de un grupo de policías de la estación de La Virginia, al mando del mayor Néstor Sanabria. Sucedió a orillas del río Cauca, bajo el puente Francisco Jaramillo Ochoa, que comunica la Zona Franca Internacional de Pereira con La Virginia, Risaralda. Los uniformados molieron a patadas, bastonazos y culatazos a los hermanos Otto y Brahian Rojas López, de 28 y 26 años. Otto logró escapar y salvar su vida, su hermano no. Seis días después, gracias a las pesquisas e insistencia de Vicky Thalía, hermana menor de ambos, el cadáver de Brahian fue hallado en Sabanalarga, municipio del departamento de Antioquia, a 330 kilómetros de distancia de La Virginia. 

Ella, sin estudios universitarios, recién graduada del bachillerato, impidió que el crimen de Brahian quedara sepultado bajo las aguas del río Cauca. Sin embargo, a pesar de toda su insistencia, y de que ella, no los investigadores, encontró un testigo presencial de los hechos, las pesquisas no arrojan ningún resultado. La Fiscalía ha desestimado al testigo que vio a los policías golpeando a ambos jóvenes debajo del puente, y que vio cuando uno de ellos le disparó en el pie a Brahian y lo obligó a lanzarse al río, en ese punto y a esas horas, profundo, turbulento y oscuro. A su hermano Otto, capaz de reconocer a los policías que los agredieron, no lo han querido llamar para que los identifique, para que los señale certero con el dedo. ¿Por qué? 

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El general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional, acaba de pedir perdón por las represiones violentas y los abusos cometidos por uniformados de esa institución. Dijo, vestido con su nuevo uniforme, azul y amarillo, con las cuatro estrellas de su máximo rango impresas en los hombros, sin relieve: “La Policía Nacional hoy y siempre va a lamentar, a pedirle disculpas, perdón, a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho en que un policía, de manera comprobada y con todo el debido proceso, ha cometido un acto contrario a la ley”. ¿Tienen mérito esas declaraciones? ¿Suponen algo en términos prácticos? 

Hace un año, el general de la Policía que pedía perdón era Gustavo Moreno, entonces director encargado de esa institución. Lo hizo por el asesinato de Javier Ordóñez, cometido por los patrulleros Juan Camilo Lloreda Cubillo y Harby Damián Rodríguez Díaz. Esto dijo Moreno el 11 de septiembre de 2020, de tapabocas, vestido con el uniforme de antes, verde militar: “Perdón a su familia, perdón a sus amigos, perdón a todos los ciudadanos, perdón a todos los colombianos, porque sabemos que este tipo de situaciones lesionan gravemente esa fe que deben tener los ciudadanos en su Policía”.

Entre la declaración de ambos generales, en apenas doce meses, las personas muertas a manos de agentes de la Policía Nacional suman decenas, los abusados cientos, los heridos miles. La pregunta es: ¿cuántos uniformados responderán ante un juez por los crímenes que cometieron durante las protestas sociales del reciente Paro Nacional? Lucas Villa contempla al país dibujado en puentes, en muros, en postes de la luz, en terrazas, en balcones, en calles convertidas en lonas de protesta. En la mayoría de esas imágenes, el líder universitario se ve bailando a colores, sonriendo, como cantando.