Cuando hay agua para las plantas de gaseosa y no para las comunidades

Sesquilé es un pueblo de campesinos que parece un pesebre empotrado en las alturas. Hay cordillera y agua por donde se le mire. Muy cerca está el Páramo de Guacheneque, un macizo montañoso que adoraban los muiscas y donde nace el río Bogotá.

Es un ecosistema privilegiado a casi 50 kilómetros al norte de la capital del país. Además de estar cercado por agua, Sesquilé es un municipio verde, habitado por unas 15 mil personas, que trabajan la tierra y suelen vestir de ruana porque casi siempre hace frío. 

Pero allí, en ese escenario cercano al paraíso donde brota el agua, ocurre algo paradójico. 

En el municipio hay espacio para una enorme planta cervecera, que ocupa 52 hectáreas y que, para producir 300 millones de litros de cerveza anuales, usaría hasta 1.500 millones de litros de agua. En contraste, varias veces al mes los habitantes no tienen acceso al agua potable: llega turbia y amarilla a los hogares. 

Según la legislación colombiana, el agua es un bien público del Estado y cuando se otorgan permisos para usarla la prioridad debe ser siempre el consumo humano. Solo después de que eso está garantizado se pueden entregar concesiones para utilizar el agua en actividades agropecuarias, industriales, mineras, turísticas o de generación de energía.  

Sin embargo, hay varios casos en los que grandes empresas gozan de permisos para usar agua, extraerla de pozos subterráneos y hacer vertimientos en cuencas hidrográficas, sin que el Estado garantice que las comunidades de la zona tengan acceso permanente a agua potable y cuenten con un buen servicio de acueducto y alcantarillado.  

Vorágine encontró que, por ejemplo, donde están ubicadas al menos 2 de las 26 plantas que Postobón tiene en Colombia, el consumo del agua no parece estar garantizado para los ciudadanos.

La concentración del agua en pocas manos

En Colombia, el 1,3% de los que en la práctica son los dueños del agua (es decir, de los que tienen permisos de uso y manejo del agua otorgados por el Estado) concentran el 59% del volumen total del agua concesionada.

Estas cifras hacen parte de una investigación realizada en 2015 por María Cecilia Roa-García y Sandra Brown, profesoras de universidades en Alemania y Canadá, respectivamente, que durante años se han especializado en el tema. Su estudio, titulado “Equidad y sostenibilidad en la asignación de concesiones de agua en Colombia”, revisó la información de las 28.104 concesiones que el Estado tenía otorgadas en ese momento, a través de Corporaciones Autónomas Regionales o de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y concluyó algo alarmante: las concesiones para usar agua se han convertido, en muchos casos, en mecanismos de exclusión y de profundización de la desigualdad en Colombia.

Roa-García y Brown usaron el famoso coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en una escala que va de 0 a 1, y encontraron que más de la mitad de los 32 departamentos del país tienen un mayor índice de desigualdad en el agua que en la distribución de la tierra, en lo que tristemente ocupamos los primeros lugares en el mundo. Por ejemplo, el coeficiente para las concesiones de agua entregadas con fines agrícolas es de 0,90 (en ese índice el 1 indica la desigualdad máxima), mientras que el Gini de la tierra rural en el país es de 0,88. 

Las investigadoras también hallaron que para el 70% de los pequeños usuarios de agua en Colombia es muy difícil contar con una concesión por la cantidad de requerimientos que deben cumplir y los costos, y porque “las Corporaciones Autónomas Regionales pueden aprobar, renovar y cancelar las concesiones sin criterios claros”.

Y aquí es donde reside gran parte del problema. Asegura la investigación que “las características volumétricas y administrativas de las concesiones de agua en Colombia no tienen en cuenta los caudales ambientales ni las preocupaciones de los grupos marginados de la sociedad que tienen limitado acceso a este mecanismo”. Líneas más adelante se lee que “la asignación del agua es asumida como un asunto de especialistas, de limitada transparencia y aislada del escrutinio público” y eso “no contribuye a la solución de los crecientes conflictos en torno al agua”.

Según Diego Martínez, coordinador del área de agua de la ONG Censat Agua Viva, “el hecho de que sea administrado por el Estado no quiere decir que en Colombia no haya un esfuerzo grande de privatización del líquido, que en realidad ha sido entregado a privados para hacer negocio. Aunque nosotros utilizamos el concepto privatización también a partir de su etimología: privar a los seres humanos y a la propia naturaleza de la posibilidad de tener agua con cantidad y calidad suficientes. Y eso pasa cuando por la privatización de las fuentes se da una contaminación dentro de los territorios, que termina negándole el agua a las comunidades que viven allí y a futuro tiene consecuencias nefastas”. 

A ese fenómeno por el que el uso y manejo del agua se concentra en manos de muy pocas personas y empresas, varios expertos le llaman acaparamiento. 

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¿Agua para la cerveza y no para la gente? El caso Sesquilé

William Rodríguez es periodista y conocedor del tema ambiental en su pueblo. Según él, en la mayoría del casco urbano y en la periferia del municipio se toma la peor agua posible “porque no hay una planta de tratamiento digna”. En épocas de sequía, dice, la escasez es la regla y cuando llueve mucho, como ocurrió en octubre y en noviembre de 2020, “el agua llega bastante turbia a los hogares y no es apta para el consumo”. 

Según el Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano de 2017, que es el más reciente, la calidad del líquido que consumen los habitantes de Sesquilé tiene un riesgo del 17,1% y está calificado como medio, lo que significa que existe un 17,1% de posibilidad de que el agua les produzca enfermedades porque no cumple con las “características físicas, químicas y microbiológicas” que debe tener para que se pueda beber. 

El pueblo, además, solo tiene cobertura de alcantarillado en un 38,8% y de acueducto en un 77,2%. 

Dice Rodríguez que el panorama es muy complejo. “Más del 60% del agua que toma Sesquilé (más de 2.500 familias) sale de un canal llamado Achury, que es el canal de salida del embalse Tominé al río Bogotá”. El problema es que “en invierno el embalse succiona para evitar que se vaya por el río Bogotá y se inunden los municipios de Cajicá y Chía, pero cuando succiona, el agua comienza a llegar en muy malas condiciones a la comunidad. Y en tiempos de sequía, se cierran las compuertas y las motobombas chupan barro”.

Sin hablar de cuando se quedan sin energía eléctrica porque los filtros dejan de funcionar y comienzan a aparecer sedimentos y el agua se pone más turbia.

Daniel Antonio Roa Arévalo, gerente de la empresa de servicios públicos de Sesquilé (Acuases), reconoce que a la semana se pueden presentar uno o dos daños que los obligan cerrar las válvulas y, por ende, a cortar el servicio. Asegura que esto obedece a múltiples factores, imprevistos, accidentes. Nada estructural, según él. Desde el momento en que la gente se queda sin agua hay que contar el tiempo en que se demoren los técnicos en las reparaciones. Cuando deja de pasar agua por las tuberías, en las paredes se va formando una especie de costra que Roa llama biopelícula. Y esa es la razón, dice, de que el agua llegue turbia durante las primeras horas después de la reconexión.

En ese municipio, el 3 de mayo de 2019 el presidente Iván Duque asistió orgulloso a la inauguración de la que se anunció como la planta de producción de cerveza más moderna de América Latina, propiedad de una empresa colombiana y una chilena, en la que se invirtieron cerca de 400 millones de dólares. La empresa colombiana se llama Central Cervecera de Colombia (CCC) y pertenece a Postobón. La otra es la Compañía Cervecerías Unidas (CCU), del grupo Luksic/Heineken. 

Es “una de las inversiones más altas que conoce nuestro país en la industria de alimentos y bebidas, genera mil empleos y, además, brinda oportunidades de transformación económica a toda una región y a muchísimos municipios aledaños, y a jóvenes con esperanzas (…) Porque se hace historia cuando se piensa en grande, y esta fábrica ha sido lanzada porque se pensó en grande y porque va a llegar a todo el mercado de consumidores que trasciende también las fronteras de Colombia”, dijo Duque durante la inauguración. 

En la planta se produce la cerveza Andina, que fue lanzada para tratar de arañarle a Bavaria al menos un pedacito de la gigantesca torta de casi 25 billones de pesos que se calcula que los colombianos gastan cada año en cerveza, dominada en más de un 92% por esta última compañía.

La capacidad máxima de producción de la planta de Sesquilé es de 3 millones de hectolitros  de cerveza anuales (300 millones de litros), lo que dejaría a Postobón, según cifras de esa misma empresa, con el 13% del mercado de la cerveza en el país. Además, gracias a su alianza con la cervecera chilena, está en capacidad de producir marcas como Heineken, Tecate y Sol, entre otras. Todo un gigante de la bebida alcohólica más consumida en Colombia. 

Antes de que fuera decretada la cuarentena en Colombia por el coronavirus, según una entrevista al vicepresidente de mercadeo de la CCC, Carlos Alzate, publicada en El Tiempo, la planta ya iba por la producción de 1 millón de hectolitros anuales (100 millones de litros). 

Si por cada litro de cerveza se utilizan en promedio entre 3 y 5 litros de agua, al año se necesitarían entre 300 y 500 millones de litros.

¿De dónde sale el agua que no solo se usa en la fabricación de la cerveza sino de las bebidas a base de malta y que también se destina a las labores de limpieza y mantenimiento de la planta? De la cuenca alta del río Bogotá, que tiene un caudal de 10 metros cúbicos por segundo (10.000 litros) y en donde, según estudios de expertos ambientalistas, ya no se pueden establecer empresas de este calibre por la alta contaminación de las aguas residuales y la degradación del ecosistema que compone la cuenca.

Para que la planta de Sesquilé pudiera ser inaugurada, unos años antes ocurrieron dos hechos relevantes e inusuales para un municipio tan pequeño, con vocación esencialmente agrícola y ganadera: primero, en 2012 se cambió el uso del suelo a la categoría de “suelo suburbano industrial de alto impacto” y después, gracias a esa modificación, se declaró al área donde se instalaría la moderna planta cervecera como “zona franca permanente”, con una vigencia de 30 años. Esto último, gracias a la Resolución 0542 del 28 de marzo de 2017, firmada por la entonces ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture. 

En esa resolución llama la atención un detalle: para aprobarla solo se le exigió al operador, Zona Franca El Dorado S.A.S., que creara al menos 5 empleos directos y 30 indirectos. 

La Secretaría de Planeación de Sesquilé certificó como “viable” el proyecto de zona franca en un concepto del 27 de agosto de 2015. La entidad se basó en que el proyecto se alineaba con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio, cuyo artículo 51 dice que el uso del suelo ahora es “suburbano industrial de alto impacto”, y en que la planta está por fuera de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. 

Las zonas francas ofrecen en Colombia varios beneficios tributarios y aduaneros, como la disminución del impuesto de renta al 20% para las empresas ubicadas allí, mientras que las demás empresas pagan el 34%, y la exención del IVA y aranceles sobre mercancías extranjeras, entre otros. 

El proyecto se estaba cocinando desde 2014, cuando Postobón adquirió, a través de Gaseosas Lux S.A., dos lotes llamados Los Pinos y Sanilia, ubicados en la vereda Boita del municipio de Sesquilé. Vorágine revisó las matrículas inmobiliarias y los certificados de tradición de ambos predios y Gaseosas Lux los adquirió a través de la figura del comodato, para luego constituir un fideicomiso llamado Sesquilé Parqueo, cuyo objeto es el funcionamiento de la que hoy es la zona franca.

Según la resolución del Ministerio que aprobó la zona franca, se trata de la primera “que se desarrolla en el municipio en donde se aprovecha la gran ventaja de la región como lo es la oferta abundante y calidad del recurso hídrico”. 

Cuando los inversionistas presentaron el informe de factibilidad de mercado ante el Ministerio, aseguraron que como “el comercio exterior en el municipio de Sesquilé es casi nulo, con el proyecto se evidencia una oportunidad para desarrollar una oferta exportable a través del clúster de bebidas y alimentos, dado que su empresa Central Cervecera de Colombia (CCC) proyecta realizar exportaciones no tradicionales por valor de 678 millones de dólares en 15 años representados en Cervezas Premium y Light, envases plásticos y servicios audiovisuales”. Sí, servicios audiovisuales. 

Para convertirse en zona franca también adjuntaron dos resoluciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (la 086 del 30 de julio de 2015 y la 1670 del 18 de agosto de 2015), en las que se le otorga a Gaseosas Lux S.A. un permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para tres pozos de una profundidad de hasta 150 metros por 18 meses, en los predios Los Pinos y Sanilia, y un permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial por 10 años, en el mismo terreno, con un caudal de extracción de 140 litros por segundo derivado del río Bogotá, que es una fuente hídrica de uso público.

Extraer 140 litros de agua por segundo equivale a extraer 4.415 millones de litros en un año, que llenarían algo así como 1.308 piscinas olímpicas, de una profundidad promedio. 

Otra forma de entenderlo es con el ejemplo de la Corporación Autónoma Regional del Bajo Magdalena, que en 2011 le dio a la empresa Triple Atlántico S.A. E.S.P. un permiso de aguas superficiales con un caudal de 200 litros por segundo (solo 60 más que el permiso de la Central Cervecera) para abastecer el acueducto de dos municipios en el Atlántico (Sabanalarga y Ponedera), que juntos suman casi 115.000 habitantes. 

La pregunta es, ¿por qué la CAR le dio un permiso tan amplio a Postobón, si la misma empresa dijo que su capacidad máxima (300 millones de litros al año) es casi 15 veces menor al volumen de la concesión de agua superficial que ahora tiene? A finales de 2020, Vorágine se comunicó con el actual director de la CAR, Luis Fernando Sanabria, quien aseguró que respondería este y otros interrogantes, pero en el momento de publicación de esta historia todavía no habíamos recibido su respuesta. 

Eso sí, cuando la CAR le dio el permiso de uso de aguas superficiales a Postobón, la obligó a la “compra y rehabilitación ecológica de predios de por lo menos 1.060 hectáreas” en la zona. 

A través de la Resolución 2559 de 2017, la CAR también le dio a Gaseosas Lux S.A. “un permiso de vertimientos y una autorización de construcción de obras hidráulicas para la ocupación del cauce” por una vigencia de 10 años, para descargar vertimientos tratados provenientes de la planta en el cauce alto del río Bogotá. Ese permiso los obliga a separar los contaminantes tóxicos de las aguas limpias, de manera que los vertimientos no contaminen aún más al río. Para ello, la empresa adquirió la obligación de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

Pero más allá de las compensaciones a las que obligan a Postobón, lo que sucede en Sesquilé denota una paradoja: 

“La Central Cervecera tuvo la facilidad de crear una planta enorme de tratamiento de agua, tanto de entrada como de salida porque vuelven a verterla al río Bogotá, pero en contraste el Estado no ha invertido recursos en construir una planta adecuada de tratamiento con filtros que pueda garantizar el servicio a toda la comunidad”, afirma el periodista William Rodríguez. 

El ambientalista y concejal de Sesquilé Sergio Sánchez (Alianza Verde), no entiende cómo en un municipio ubicado tan cerca del páramo y donde nacen varios afluentes de agua, el servicio para la comunidad es tan malo. Según él, justo en la vereda Boita, donde está ubicada la planta de Postobón, el agua llega a veces a las casas de un color amarillento. “Eso no es presentable de ninguna manera, consumir ese tipo de agua es dañino para la salud. Hay que hacerle un estudio a las plantas de tratamiento de agua potable. Cuando se va la electricidad, se dañan unas máquinas que son las que bombean el agua y eso hace que no pase por los filtros de cristalización del agua. La empresa de servicios públicos ha hecho esfuerzos pero no han ido al punto, solo pañitos de aguas tibias”.

Elizabeth Juan, docente de un colegio, asegura que los conflictos más grandes por el agua en Sesquilé se dan justamente en Boita. Esta es una zona que se ha ido poblando de manera vertiginosa por invasiones, y el acueducto estaba previsto para muchos menos usuarios. Por eso, las personas que viven más en la periferia terminan recibiendo muy poca agua y en malas condiciones. 

Y no es que no haya agua en las montañas que rodean a Sesquilé. La hay. Muchas veredas tienen acueductos propios que funcionan bien con sus fuentes o cuerpos de agua. El recurso, sin embargo, no será eterno. Y mientras los habitantes del municipio no cuenten con el derecho pleno que les garantiza la ley, Sesquilé seguirá siendo un pueblo de paradojas. 

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La gente protesta por la falta de agua: el caso Caloto

A diferencia de la planta de Sesquilé, que es la más reciente de Postobón, la de Caloto, en el Cauca, tiene más de 20 años. Allí la lucha por el agua se ha exacerbado con el paso del tiempo. La comunidad ha estado obligada desde hace varias décadas a lidiar con el impacto de la industria de la caña de azúcar, que es la que más usa agua en la categoría industrial en Colombia. 

De acuerdo con un informe del 2016 de la ONG ambientalista Grupo Semillas, “la dinámica de uso del agua en la región ha afectado el abastecimiento y la calidad, debido a la captación para el riego de los cultivos y a la contaminación asociada a la actividad agrícola convencional (herbicidas, abonos, vertimientos), la contaminación de los parques industriales y por las fuentes domésticas. Esto ha generado diversos conflictos ambientales y sociales por el control del agua y por la falta de regulación sobre los usos de este elemento vital al sector cañero, como gran contaminador y usuario”. 

Una situación que, además, no solo afecta a Caloto sino a otros municipios cercanos como Villa Rica, Puerto Tejada, Guachené y Padilla. 

Según Luis Alfredo Bonilla Balanta, representante del consejo de la comunidad negra de Yarumito, en Caloto, la existencia del parque industrial de Caloto solo ha traído problemas para la comunidad y para el medio ambiente: “Tenemos una gran problemática y la administración (municipal) tiene mucho que ver. Las grandes empresas, los grandes ingenios y plantas tienen ocupadas la mayor cantidad de tierras, y estas han ido afectando las cuencas hídricas, que en últimas es de donde se abastece el acueducto interveredal Asoalma. Porque ellos utilizan motobombas de gran presión. La cuenca de río Chiquito y río Grande está a punto de desaparecer, si hacemos un recorrido vamos a evidenciar que es por la gran cantidad de agua que necesitan estas grandes empresas y esa es una afectación directa a las comunidades”.

Mauro Lectamo, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), asegura que la Asociación de Consejos Comunitarios Afros del Norte del Cauca (Aconc) ha tenido un problema histórico con el agua. “Hay un lío con el agua y los acueductos de Caloto. Es un tema de suministro. Eso ha desencadenado unas protestas y bloqueos de vías por parte de la comunidad afro en Caloto. Es un tema muy complejo”.  

Fundada en 1996, la empresa Colombiana de Bebidas y Envasados S.A. (Colbesa) está ubicada en un parque industrial donde también hay una zona franca y funcionan otras 32 compañías. A solo 16 kilómetros se encuentra el resguardo indígena de López Adentro, perteneciente a la comunidad Nasa. 

Al principio, en la planta solo se producían y embotellaban bebidas de PepsiCo y su filial Quacker en Colombia, entre ellas Lipton Ice Tea y el popular Gatorade, una de las bebidas hidratantes más vendidas del mundo. Pero desde 2015, con una polémica integración de PepsiCo con Postobón, aplazada durante 11 años por la Superintendencia de Industria y Comercio, esta última se convirtió en la empresa dominante en el mercado de los tés en Colombia. 

Colbesa comenzó a funcionar antes de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo declarara la Zona Franca del Cauca, en diciembre de 2009. En febrero de ese año la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) le dio un permiso a esa y otras empresas ubicadas en la zona, como Alpina, para hacer los vertimientos de las aguas tratadas y los residuos de sus procesos industriales en el río Palo, que hoy es uno de los más contaminados de la región. 

“Los desequilibrios en la demanda y en la oferta del agua que genera esta industria se ven reflejados en los caudales de los ríos circundantes, que tienden a generar desequilibrios en las épocas de invierno o de verano. Los municipios afectados son aquellos que en la parte plana no cuentan con un suministro constante de agua. A esto se suman las denuncias por la falta de gestión de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) con el fin de regular el acceso al agua como bien fundamental para la población”, dice la investigación de la ONG Grupo Semillas. 

La planta de Colbesa tiene un permiso de concesión de aguas subterráneas, otorgado por la CRC a través de la Resolución 0870 del 27 de noviembre de 1997. Después de varias modificaciones, en 2014 se estableció que la concesión para la embotelladora y envasadora y otras dos compañías con las que lo comparte duraría lo que dure el pozo para uso industrial. Hasta que se agote, mejor dicho. De ese pozo se extrae un promedio de 43 litros por segundo, lo que significan casi 1.356 millones de litros por año, perfectos para llenar unas 402 piscinas olímpicas. 

El fenómeno del acaparamiento de agua en Caloto tiene particularidades que lo diferencian de lo que puede pasar con industrias similares en otras regiones de Colombia. Por un lado, Colbesa se estableció muy fácilmente en el llamado Parque Industrial de Caloto gracias a la Ley 280 de 1995, más conocida como la ‘Ley Páez’, creada para ayudar en la reconstrucción de la zona tras el terremoto y la avalancha del río Páez, un año antes. La ley permitía que las empresas que llegaran a la región tuvieran grandes exenciones tributarias y luego, en 2009, extendió esos beneficios a la generación de zonas francas permanentes en Cauca, Putumayo, Huila, Caquetá y Nariño, mientras tuvieran una inversión mínima de 1,1 millones de dólares y generaran al menos 50 empleos. 

Sin embargo, el 24 de noviembre de 2000, una sentencia del Consejo de Estado condenó a la CRC y a Colbesa y cinco empresas más establecidas en el norte del Cauca, como Genfar S.A. y Termocauca. Según el fallo, la CRC omitió su “deber de gestión en el proceso de seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de los términos de las Licencias Ambientales concedidas a esas empresas” y eso “amenaza, agravia y/o vulnera la efectividad de los derechos e intereses colectivos de las comunidades del área de influencia de las cuencas y subcuencas de los ríos Palo y Quinamayó, relacionados con el goce a un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”. 

Además, dice la sentencia, para que se les otorgaran las licencias ambientales gracias a la ‘Ley Paéz’, esas empresas debían comprometerse a invertir el 1% de sus recursos en acciones para proteger las cuencas hidrográficas de los ríos Palo y Quinamayó y fomentar el desarrollo social de las comunidades de la zona, pero no habían cumplido con esa obligación. 

Poco después de esa sentencia, en 2001, la Alcaldía de Caloto dio a conocer un Diagnóstico del Recurso Hídrico de la región en el que, entre otros, asegura que uno de los factores que mayor impacto causa en el río Palo es la contaminación por residuos industriales, particularmente por los excedentes de descargas de agua de las empresas Quimicauca, Sulfoquímica, Ingenio La Cabaña, Propal II y Colbesa, incluso aunque algunas tengan sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Caloto hace parte de la cuenca hidrográfica del Alto Cauca, conformada por numerosos ríos, quebradas y zanjones. El río Palo nace en el páramo de Santo Domingo y desemboca en el río Cauca (que abastece a gran parte del país) en el sector llamado Bocas del Palo, unos 100 kilómetros aguas abajo de la represa Salvajina, en jurisdicción del municipio de Suárez, en el sur del departamento. Pero antes de ello tiene influencia directa, además de Caloto, sobre Jambaló, Toribío, Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica. Todos los sistemas de acueducto de esos municipios, de hecho, son abastecidos por el río Palo. Uno de los más contaminados de la región. 

De acuerdo con la ONG Grupo Semillas, la cantidad y la mala gestión de los residuos industriales ha influido para hacer más fuerte la presión sobre la calidad del agua en la cuenca, y no solo ha contaminado al río Palo sino algunos de sus afluentes, como el Güengüé y La Paila. Hoy, sus aguas son turbias y en sus zonas ribereñas abundan las basuras y los escombros.

Dice Luis Alfredo Bonilla que es frustrante que los ingenios, haciendas, plantas y grandes cultivos tengan suficiente agua cuando hay comunidades que llevan décadas luchando por tener un servicio digno. “De eso nunca se habla. Estas empresas han deteriorado los ríos y aquí puede haber una sequía”, dice.

Y mientras a Colbesa y otras empresas se les otorgan permisos de uso de aguas superficiales o subterráneas para usar miles de millones de litros del líquido cada año, los casi 20 mil habitantes de Caloto, la mayoría de comunidades afrodescendientes e indígenas, han venido sufriendo por la intermitencia del servicio de agua potable y siguen sin contar con un buen servicio de acueducto y alcantarillado. 

El acueducto que originalmente abastecía a Caloto, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica era operado por la Empresa de Acueducto Regional del Río Palo (EARPA), en  liquidación por fallas en la infraestructura, planeación, administración y prestación del servicio. Hoy, la cobertura del acueducto en Caloto es del 70% y de alcantarillado solo llega al 26,6%.

La comunidad ha insistido en la necesidad de un verdadero sistema de acueducto y alcantarillado pero sigue sin saber qué es eso y, mientras tanto, Caloto estará endeudado en miles de millones de pesos quién sabe por cuánto tiempo por culpa de los engañosos “bonos de agua” o “bonos Carrasquilla”, que entre 2010 y 2011 llevaron al municipio a comprometer casi todos sus recursos a cambio de un acueducto y de plantas de tratamiento de aguas residuales que todavía no existen en la región o que, si existen, operan de forma deficiente. 

Según una tesis presentada por Silvia Milena Corrales para graduarse de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad del Valle en 2015, en ese momento Colbesa no cumplía con la Ley 373 de 1997, que obliga a que las empresas diseñen e implementen programas de uso eficiente del agua.

¿Por qué la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) no ejerció todos los controles y regulaciones que debería en este caso? Vorágine contactó a la entidad pero hasta el cierre de este reportaje no habían respondido nuestros mensajes y llamadas. 

La entrega de las concesiones

¿Con qué criterio otorgan las Corporaciones Autónomas Regionales los permisos de uso y manejo de agua en Colombia?

Para hacerlo deben realizar un exhaustivo estudio previo que tenga en cuenta, entre otras cosas, el caudal ecológico de la fuente hídrica, lo que significa que primero se debe garantizar agua para el mantenimiento de las especies y los ecosistemas que sostiene, además del consumo humano. Sin embargo, estas instituciones han sido muy cuestionadas a lo largo de los años por su limitada capacidad técnica y por varios hechos de corrupción. 

En 2015, por ejemplo, en una auditoría realizada por la Contraloría General se detectaron fallas en casi todas las Corporaciones Autónomas Regionales del país al momento de cumplir con las labores de seguimiento y monitoreo de las licencias y concesiones que entregan. La CRC del Cauca estaba incluida en ese grupo. 

En varias ocasiones, el experto y exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra ha dicho que las CAR son un blanco fácil de la corrupción y la negligencia por culpa, en buena medida, de las reglas impuestas desde su creación, pues al ser autónomas y recibir muy pocos recursos del Estado pero estar a cargo de cuestiones públicas (como administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables), deben hacer maromas de todo tipo para conseguir el dinero para su funcionamiento y eso las expone a que muchas veces grandes empresas o líderes políticos de las regiones donde están establecidas les den buenas sumas de dinero a cambio de permisos y concesiones. 

Además, a veces sobredimensionan las capacidades de las cuencas hídricas y eso hace que entreguen concesiones de uso de agua mayores de lo que el ecosistema podría resistir y de lo que incluso necesitan las empresas que las piden, como sucedería en el caso de la planta de Sesquilé, en Cundinamarca.

La respuesta de Postobón

Según su Informe de Sostenibilidad 2019, Postobón logró disminuir el consumo de agua de 3,49 litros a 2,31 litros por cada litro de bebida producida, entre 2015 y 2019. La empresa, que tiene la mayor participación de mercado en la industria de bebidas no alcohólicas en Colombia, se ubica así entre el consumo de agua de Bavaria (2,8 litros) y el de Coca-Cola Femsa, (1,72 litros por cada litro de bebida producida).

Pero hubo un momento, hace 10 años, en que en la planta de Caloto se llegaron a consumir hasta 4,62 litros de agua por solo 1 litro de bebida que se produjera.

Y mientras su consumo de aguas superficiales y que provienen de acueductos municipales se ha reducido, el de aguas subterráneas ha aumentado, pasando de 1.464 millones de litros en 2017, a 1.491 millones de litros en 2019. 

Postobón asegura que uno de sus principales objetivos es “proteger las áreas de influencia hídrica” de sus operaciones, “contribuyendo a la resiliencia de las cuencas y las zonas de recarga de las fuentes subterráneas”. Para lograrlo dice que, por ejemplo, en el caso de Sesquilé ha protegido un total de 1.176 hectáreas, de un predio declarado como Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, muy cerca de donde se encuentra ubicada la planta de la CCC. 

Cuando Vorágine consultó a la empresa, afirmaron que “la planta de Central Cervecera de Colombia opera tecnología de punta para proteger al medio ambiente” y su planta de tratamiento de aguas residuales “es una de las más modernas del país”. Además, dijeron que en este momento los parámetros de la planta de tratamiento “están incluso por debajo de los niveles exigidos por las autoridades ambientales, lo cual demuestra el buen proceso que se realiza en la producción y en el vertimiento de las aguas residuales”. Postobón también implementó una metodología propia llamada Pensar el Agua, “para garantizar la optimización del uso del agua y la minimización de los impactos en el entorno”. 

“Al ser el agua nuestra materia prima principal, trabajamos para asegurar su disponibilidad sin crear conflictos con las comunidades aledañas a las operaciones. Igualmente, de forma voluntaria buscamos garantizar el acceso al recurso cuando se presentan emergencias, desabastecimientos o déficits en la infraestructura de servicio”, se lee en su Informe de Sostenibilidad. 

Gracias a ello, Postobón asegura que durante la pandemia, en 2020, entregó “1,8 millones de litros de agua y otras bebidas en hospitales y comunidades vulnerables de 26 departamentos” y que por intermedio de la Central Cervecera también dio en este periodo “147.000 litros de malta a comunidades vulnerables”. 

Las protestas por el agua

En contraste con el amplio acceso al agua que tienen las empresas gracias a los permisos otorgados por el Estado, en Caloto hay comunidades que tienen que salir a protestar a las calles para que les llegue una gota. Luis Alfredo Bonilla Balanta, el representante del consejo de la comunidad negra de Yarumito, asegura que tienen un inconveniente muy grande con ese acueducto comunitario llamado Asoalma. “Históricamente han sido aguas no potables, de un tiempo para acá el Ministerio de Vivienda inició la construcción de una planta para potabilizar el agua. Sin embargo, tuvimos que salir a protestar porque la obra no se había entregado, tuvo retrasos y varias comunidades llevan mucho tiempo sin una gota de agua debido a las obras”. 

Incluso las mismas empresas que han tenido el beneficio de poder operar en sus plantas con el agua que necesitan no pudieron ser ajenas a la problemática de Asoalma. Esto nos dijo Postobón al respecto: “Entendiendo las necesidades de la comunidad de Caloto, Cauca, que en los últimos días ha tenido problemas por desabastecimiento de agua, la planta, con el apoyo de Incauca, el ingenio Cosecha y la empresa Química Básica y el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cauca, viene entregando agua tratada y potable en cinco veredas de Caloto (El Alba, Marañón, Caicedo, San Nicolás y Santa Rosa) que conforman el Sistema interveredal del acueducto Asoalma, el cual beneficia a cerca de 4.000 habitantes. A estas comunidades se les están entregando cerca de 70.000 litros de agua”.

De las cinco veredas que son surtidas por el acueducto hay dos que son de comunidades indígenas (El Alba y Marañón) y tres que son afros (Santa Rosa, San Nicolás y Caicedo). 

“Dentro de la propuesta de la construcción de la planta asumimos la veeduría. El proyecto estaba a doce días de ser entregado e hicimos una protesta por vías de hecho. Nos tomamos la carretera que comunica a Caloto con Santander de Quilichao. A doce días de recibir la obra, las personas no tenían una gota de agua. Anteriormente el líquido, por turbio que estuviera, llegaba. Y ahora que la planta estaba próxima a entregarse no había nada. ¿No se supone que era para mejorar?”, se pregunta Luis Alfredo. Al 31 de diciembre de 2020 la planta no estaba aún en funcionamiento.

Luis Alfredo dice además que el proyecto, a cargo de Aguas Nacionales (EPM), tuvo un sinnúmero de modificaciones y que no fueron socializadas debidamente con la comunidad. “Esta planta debió haber sido entregada el año pasado. Iniciamos el proceso de veeduría. La firma constructora anterior hizo muchas modificaciones y ya no tuvo la plata para terminar la obra. Otra empresa concursó y reanudó la construcción. Y la planta debió haberse entregado en septiembre y no se hizo. Estamos hablando de un recurso que es un derecho fundamental, el agua”.

¿Cuánto tiempo llevan sin agua potable en esas comunidades de Caloto? Bonilla dice que llevan un año esperando desde que comenzó a construirse la planta. “Pero el lío del agua como tal es un tema histórico, las comunidades siempre han estado relegadas en cuanto a este recurso”.

Esto decía Luis Alfredo cuando llevaban una semana protestando por las vías de hecho, producto de la desesperación de las comunidades. “Estuvimos prestos a conversar con EPM, el Ministerio de Vivienda (constructor de la planta), el municipio, instaurando mesas de diálogo y concertación, que favorezcan también a la institucionalidad. Cuando nos sentamos en la mesa técnica, la comunidad dijo ‘sí, que eso quede por escrito y empezamos a trabajar’. La Alcaldía ofreció 250 millones de pesos y la gobernación comprometió 1.500 millones para inyectarle al fortalecimiento de las redes de acueducto. Pero cuando pedimos que quedara firmado el Alcalde de Caloto (se refiere a Gonzalo Ramírez) se disgustó y abandonó la mesa de diálogo. Hace siete meses estamos en conversaciones y no hemos podido. No hay ese documento”.

Frente a las denuncias de los habitantes afros e indígenas de las veredas que estaban sin agua, el secretario de gobierno de Caloto, Joaquín Castañeda, respondió que las comunidades son las dueñas de su propio acueducto, refiriéndose a Asoalma, el acueducto veredal. “Ellos son autosostenibles, cada persona paga su factura y hacen su sostenibilidad propia”. 

El Ministerio de Vivienda, agrega, constituyó un proyecto para construir una planta de potabilización para ese acueducto, ejecutado por Aguas Nacionales (EPM). “La obra está en más del 90%. Y se entregará a inicios de diciembre”. Pero en enero de 2021, los habitantes seguían esperando. 

Castañeda reconoce que se han presentado problemas en la tubería del acueducto, sobre todo en algunos sectores de la vereda Santa Rosa. “Ahí está la mayor dificultad. Pero tenga en cuenta que es la comunidad la que responde por el funcionamiento de esa tubería y tienen que hacer los arreglos”.

¿Por qué están protestando entonces? Castañeda dice que la Alcaldía no tiene responsabilidad en las peticiones de las comunidades. “Con la administración hicimos presencia. Comenzamos a dialogar. Ofrecimos agua por carrotanques y no quisieron. Al final todo rodó en contra de la Alcaldía”.

Dice que Empocaloto, una empresa descentralizada, adscrita a la Alcaldía, es la entidad que maneja todo el tema técnico de los acueductos en el municipio. Pese a que se comprometió a hacernos el puente para hablar con la gerente de esta empresa, finalmente no lo hizo.

Respecto a Asoalma agrega que la alcaldía se está comprometiendo con 250 millones del Sistema General de Participaciones para ayudar con la modernización de redes de tubería de ese acueducto veredal. “Esa tubería tiene muchos años y hay que cambiarla”, dice.

También le preguntamos a Castañeda por el parque industrial, la planta de Postobón y cuánta agua tiene el municipio.

El funcionario dijo no tener a disposición “todo el tema técnico” por cuanto no es de su responsabilidad. “Eso lo maneja Empocaloto. Le puedo decir que está el acueducto municipal y varios veredales, cada uno tiene su fuente. Asoalma, por ejemplo, toma de río Chiquito, el acueducto municipal toma de río Grande, las demás toman del río Palo y otros del río de la quebrada”.

Sesquilé y Caloto están a más de 360 kilómetros de distancia. Se trata de dos regiones diametralmente opuestas en cuanto a cultura, geografía, costumbres, paisajes. Si acaso cargan con un rasgo común: allí el agua no le llega a la gente como debería, si es que no la cortan. Y eso, con las ricas fuentes de agua que poseen, resulta toda una contradicción. El agua cotiza al alza.

* Este reportaje se realizó con el apoyo de VITAL STRATEGIES y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

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