La carrera policial de Javier Enrique Soto ha ido en ascenso a pesar de que es señalado por la Fiscalía de no impedir los asesinatos de siete civiles desarmados en El Tandil, Tumaco. La Policía lo ascendió y felicitó después de los hechos, aunque hay testigos que lo señalan de dispararle a un civil.
2 de octubre de 2022
Por: Nicolás Sánchez Arévalo / Ilustración: Angie Pik

El próximo 5 de octubre se cumplen cinco años de la masacre de El Tandil, zona rural de Tumaco (Nariño), en la que fueron asesinadas siete personas. Los familiares de las víctimas van perdiendo la agotadora batalla contra la impunidad. Mientras tanto, el mayor de la Policía Javier Enrique Soto García fue ascendido y recibió varios reconocimientos de esa institución, a pesar de que es señalado por testigos de haberle disparado a una persona y de que la Fiscalía lo imputó por no impedir la matanza.  

El 5 de octubre de 2017 Soto, para ese momento capitán, comandaba el núcleo Delta de la Policía que erradicaba cultivos de hoja de coca de manera forzada en la vereda El Tandil. Ese día, campesinos e indígenas protestaban contra los erradicadores cuando varios policías de la unidad de Soto habrían disparado. Aparte de los siete asesinatos, 20 personas resultaron heridas, entre los cuales había dos menores de edad.

En los hechos perdieron la vida Diego Escobar Dorado, Nelson Chagüendo Calambas, Janier Usperto Cortés, Jaimen Guanga Pai, Alfonso Taicus Taicus, Aldemar Gil Guachetá e Iván Darío Muñoz Echavarría.

En un primer momento el Ministerio de Defensa y el entonces presidente Juan Manuel Santos aseguraron que los hechos habían ocurrido en medio de un hostigamiento de una disidencia de las Farc contra la Fuerza Pública. Sin embargo, los pobladores de la región fueron enfáticos en denunciar que la matanza fue cometida por la Policía y desmintieron el supuesto ataque guerrillero. Su versión encontró acogida en las entidades luego de que la Defensoría del Pueblo afirmó que había una presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los hechos.  

Soto y Luis Fernando González, comandante del pelotón de la Quinta División Delta 2 del Ejército, fueron imputados el 24 de enero de 2019 por homicidio a título de dolo por omisión y por tentativa de homicidio de las personas que quedaron heridas. “Omitieron el deber jurídico de impedir que ese día, por parte de los miembros de las dos fuerzas, se presentara un ataque con armas de fuego dotadas por el Estado colombiano, en contra de la población civil aprovechándose de su condición de indefensión”, señaló la Fiscalía en el escrito de acusación que conoció este medio.

A pesar de eso la Policía ascendió a Soto y le hizo por lo menos cuatro reconocimientos después de la masacre, consignados en la hoja de vida del oficial, a la que Vorágine tuvo acceso. Al mayor lo condecoraron dos veces después de la matanza: una mención honorífica le fue otorgada el 16 de agosto de 2018 y le entregaron el Escudo Departamento de Policía de Valle, el 24 de febrero de 2019.

En la sección “Felicitaciones” de la hoja de vida aparecen consignadas dos, con fechas posteriores a los hechos en El Tandil. La primera, una felicitación pública colectiva, del 27 de julio de 2018, justificada “por su responsabilidad y compromiso”, y la otra una felicitación especial, del 8 de octubre de 2018, por “buen desempeño laboral”.

En 2019, Soto fue ascendido a mayor y en diciembre de ese año se desempeñaba como jefe de Prevención y Educación ciudadana en la Policía Metropolitana de Cali. Entre las funciones de ese cargo se encontraba, por ejemplo, asistir a mesas que tenían como finalidad “la identificación, priorización y focalización de los riesgos sociales, los comportamientos contrarios a la convivencia y los delitos”, según documentos de la institución.

Pero las buenas noticias para Soto no se detuvieron ahí. La oficina de prensa de la Policía le confirmó a Vorágine que el mayor es hoy el Subcomandante seccional de Policía de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca. Incluso, en un video subido en Facebook del 1 de julio de 2022, se evidencia que fungió como Jefe Encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Nariño.

Las menciones a Soto en la Justicia Penal Militar

La Fiscalía no es la única entidad que señala a Soto por su presunta responsabilidad en la masacre. Vorágine conoció un documento de la Justicia Penal Militar, fechado el 18 de marzo de 2021, en el cual cuestionan la actuación del mayor en los hechos: “No entendiendo el despacho por qué motivos se abre fuego a sabiendas de que había gran cantidad de personas que estaban presentes, se trataba de una multitud, quienes asistían enardecidos a reclamar se cese en el exterminio de las plantas de hoja de coca; sin que en ese instante se impartiera órdenes claras y concretas a sus subalternos de no disparar, o en su defecto utilizar los medios de comunicación con los que contaba para que se cese el fuego; es más, se ha dicho por algunos de sus pupilos que ni siquiera se impartió instrucción sobre la prohibición de efectuar disparos”. En el oficio se citan varios testimonios de subalternos que aseguran que Soto no dio la orden de cesar el fuego.

“Su comportamiento no puede excusarse, pues las calidades del alto oficial le permitían superar la apreciación de sus deberes en la situación concreta, y es más, posiblemente también utilizó su arma de fuego”, enfatizó el tribunal militar.

En el documento reposan dos declaraciones de testigos que señalan a Soto de haber disparado su arma de dotación en contra de una persona. Edison Tobar Sanabria estaba en el lugar de los hechos cuando se dio la masacre y relató:  “Nosotros estábamos ubicados donde estaban los policías, los soldados y los antimotines, en ese momento empezaron los antimotines a tirar gases, entonces nosotros empezamos a hacer bulla para que se fueran, yo estaba hablando con el capitán Soto, un compañero estaba alegando con él y el capitán Soto sacó la pistola y le dispara al compañero, pero cuando él saca la pistola yo lo empujé y es cuando me impacta en la mano el disparo del capitán Soto, en ese momento todos empezaron a disparar y yo salí corriendo a esconderme detrás de un palo”.

Ese testimonio es respaldado por el de Benjamín Rodríguez Martínez, quien habría sido la persona a la que Tobar empujó para impedir que la bala lo impactara. “Más o menos a las 10:30 horas ellos empezaron a tirar gases y un policía era un capitán, él era capitán porque yo le vi las insignias que tenían tres barras, él era bajito, mono, barbado, blanco, cuando yo empecé a sentir que en otro lado estaban haciendo disparos, yo me di la vuelta y me disparó, detrás mío estaba mi amigo Edison Tobar y él me empujó y evitó que me pegara un tiro”, aseguró el testigo.

El tribunal militar aclaró que los hechos todavía son materia de investigación. En la misma providencia el juez penal militar, Carlos Martín Enriquez Muñoz, admitió que había indicios graves de la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones personales por parte de Soto y otros agentes presentes el día de la masacre, pero se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento argumentando que, “atendiendo la personalidad de los procesados, su carencia de antecedentes y para algunos de ellos, su condición de miembros de la Policía Nacional en servicio activo, permiten inferir fundada y razonablemente que no representan un peligro para la comunidad, ni para la administración pública, que cuando se les ha requerido han comparecido de manera voluntaria a la investigación”.

Otros agentes vinculados en ese proceso y que, presuntamente, habrían disparado ese día, son el intendente Jair Alberto Molina Duque; los patrulleros Andrés Camilo Rodríguez Montes, Sergio Villamizar Maldonado, Pedro José Reina Castillo, Pastor Garavito Quiroga, Jedilson Armando Novoa Ariza, Edwin Javier Torres Serrato, Brayan Felipe Perdomo Vargas, y los auxiliares de Policía Fernando Martínez Núñez, José Alejandro García Palacios, Jhon Alejandro Castro Machado, Yeison Andrés Tamayo Vásquez, José Yeferson Sánchez Gutiérrez, Junior Camilo Albarracín Duque, Luis Norberto Álvarez Rodríguez, Adner Duvan Vargas Restrepo y Michael Alejandro Rivera Garzón.

Un camino de impunidad

Cinco años después de la masacre no hay ningún policía ni militar detenido. En un primer momento la investigación fue adelantada por un fiscal de la Unidad de Bandas Criminales de la Fiscalía, debido a las versiones de la Fuerza Pública y del gobierno Santos según las cuales una disidencia estaba involucrada. Las víctimas tuvieron que esperar un año y tres meses, hasta el 24 de enero de 2019, para que imputaran a Soto y a González.

Este avance de la justicia sufrió un revés luego de que el 22 de agosto de 2019 la Procuraduría pidiera  que el proceso lo adelantara la Justicia Penal Militar. La abogada de la familia de Janier Usperto Cortés, Lucía Aldana, asegura que no los citaron a la audiencia ni les notificaron la decisión. Solo se dieron cuenta tras interponer un derecho de petición.

La lucha jurídica para devolver el caso a la justicia ordinaria llegó a la Corte Constitucional en abril de 2021. El magistrado Antonio José Lizarazo se demoró un año y tres meses en decidir: el 14 de julio de 2022 devolvió el caso a manos de la Fiscalía. Aldana criticó la tardanza de ese alto tribunal para tomar la decisión, “eso lo que hace es alargar la impunidad para las víctimas”, enfatizó. Además, contó que no ha sido notificada y se dio cuenta de la existencia del fallo haciendo una búsqueda en Google.

Ahora están a la espera de la audiencia de acusación, pero el recuento que hacen tras un lustro de la masacre es desalentador. “Es un balance negativo para las víctimas, no solo por el hecho de que en general el proceso no ha avanzado hacia encontrar los hechos, sino que siento que ha habido cualquier cantidad de obstáculos para acceder a la justicia y para participar”, enfatizó Aldana, quien se desempeña como directora jurídica de la Corporación Yira Castro.

‘Desamparado por el Gobierno’

Diego Escobar fue asesinado en medio de la masacre cuando tenía 31 años y respondía por un hijo. Vorágine habló con su hermano Ronal quien aseguró que en términos de justicia no perciben avances. “Nosotros no hemos tenido, por ejemplo, una reparación ni noticia de que los hayan judicializado o los hayan bajado de cargo por lo que hicieron allá”, reprochó.

Al enterarse del ascenso, las condecoraciones y las felicitaciones que recibió Soto, Ronal dijo: “uno como familia se siente mal, desamparado por parte del Gobierno”. 

“Es una ofensa para las víctimas, creemos que definitivamente las acusaciones por este tipo de hechos que puedan ser considerados graves violaciones a los derechos humanos deberían generar un impedimento para que estas personas continúen teniendo ascensos y condecoraciones”, opinó Aldana. 

Un pequeño avance en términos de esclarecimiento se dio con la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, el pasado 28 de junio. En la página 263 del tomo de Hallazgos y recomendaciones se encuentra un fragmento en el que se menciona  “la masacre de siete campesinos cocaleros a manos de miembros de la fuerza pública en medio de una protesta contra las acciones de erradicación forzada en El Tandil, Tumaco, en el departamento de Nariño”.

Nos comunicamos con el mayor Soto para conocer su versión sobre los hechos expuestos en este artículo, pero prefirió no pronunciarse. Le enviamos preguntas a las oficinas de prensa de la Policía Nacional, de la Policía de Tránsito y del Ministerio de Defensa, pero al cierre de esta historia no habíamos recibido respuesta.

Las familias y las víctimas que lograron salir vivas de la masacre han visto sus casos enmarañados en un sistema judicial que hasta la fecha no les ha garantizado sus derechos. Además, han tenido problemas para rehacer sus vidas debido a las afectaciones psicológicas y a que varios quedaron con lesiones permanentes. Su realidad contrasta con la del mayor Soto, quien ha visto florecer su carrera con la venia de la Policía.

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