El drama de un arrendatario de la copropiedad donde vive Claudia López

En plena pandemia, el comerciante dice haber acudido a la alcaldesa para que intercediera por él ante la administración del edificio para renegociar el canon de arrendamiento.

7 de octubre de 2020

Por: Vorágine

Una de las consecuencias más graves de la pandemia de covid-19 es sin duda el desempleo. Las últimas cifras del DANE así lo confirman: la tasa de desempleo pasó de 10.8% en agosto de 2019 a 16.8% en el mismo mes de 2020.

Sendy, Andrea, Zulena y Carolina perdieron sus empleos, por dar solo un ejemplo, porque el spa de uñas en el que trabajaban, en pleno Parque de los Hippies en Bogotá, tuvo que cerrar  debido a que  el consejo de administración del edificio Barú no quiso llegar a un acuerdo de pago con Jorge Romero, arrendatario del local.

Nails House apenas llevaba seis meses funcionando y ya estaba llegando a su punto de equilibrio. Pero llegó la pandemia y acabó con todo. El 19 de marzo Jorge cerró su local, como todos los comerciantes de la capital, por cuenta del simulacro de cuarentena obligatoria decretado por la alcaldesa Claudia López.

Romero tiene otro local en la misma cuadra, la barbería Don Manolo. Sin generar ingresos en los dos locales, les escribió a sus arrendadores pidiéndoles que no le cobraran el canon de arrendamiento pues no estaba produciendo un solo peso y dependía de los ingresos para mantener a flote sus negocios. Jorge pensó que tendría más problemas con la dueña del local donde funciona su barbería que con los dueños del spa de uñas. Se equivocó. Mientras la dueña de la barbería le dijo que solo le pagara el 20% del canon de arrendamiento de abril y mayo, los dueños del edificio donde funciona el spa de uñas se cerraron en que tenía que pagar el canon completo.

Entre apoyar a las cuatro empleadas del spa o cumplirle a su arrendador, Romero decidió lo primero, pero no descuidó lo segundo e hizo un esfuerzo y les consignó el 20% del canon de arrendamiento, tal y como lo hizo con la dueña de la barbería.

“Durante el primer mes yo tenía algo de colchón y como estábamos a la expectativa de que no durara tanto el encierro, les ayudamos con mercados a quienes trabajaban con nosotros, al menos cada 15 días por mes y medio más o menos, hasta que se me acabaron los recursos”, recuerda Jorge.

El spa de uñas estaba localizado en el primer piso del edificio Barú en el Parque de los Hippies, en Chapinero, y les pertenece a 11 copropietarios, entre ellos Claudia López, quien es la dueña de dos apartamentos: “Tengo un apartamento mío y otro compartido con Angélica. En el mío vivimos y el otro está arrendado”, le confirmó a Vorágine la alcaldesa López.

Agotando uno a uno los recursos que tenía a su disposición, Jorge le escribió a Sandra Santos, la administradora del edificio, pidiéndole que no le cobraran los meses en los que el local estuviera cerrado. Dice que, al igual que como lo hizo con la barbería, quería buscar un acuerdo justo que le permitiera seguir funcionando una vez las cosas se normalizaran; de ahí que, aunque le habían dicho que todo o nada, él les consignó el 20% del canon de arrendamiento de abril y mayo, pues ya había pagado marzo a pesar de haber cerrado desde el 19.

“Nos paga o se va, y nos paga completo”, dice Jorge que le respondieron de la copropiedad, sin aceptar ningún tipo de negociación, pues aunque en la carta pedía que lo exoneraran del pago del canon de arrendamiento, estaba dispuesto a negociar, a pagar lo que podía según sus posibilidades.

Ahogado con los recibos de pago y sin mucha capacidad de maniobra, Jorge buscó ayuda con quien podría tener influencia en el consejo de administración del edificio: “Tengo mayores probabilidades con la copropiedad de Claudia López, pues yo la he escuchado en noticias diciendo que nos ayudemos entre todos para salir de la crisis”.

Primero, quiso llegar a ella a través de su esposa, la senadora y también copropietaria Angélica Lozano, a quien se le acercó un día, según el relato de Jorge, cuando iba entrando al edificio, le contó la historia y le pidió que lo ayudara. Cuenta Romero que Lozano fue muy amable y le dijo que hablaría con la administradora: “Me dio una voz de aliento pero nada pasó porque la administración mantuvo la misma posición”.

Sin embargo, la senadora Lozano le negó esa versión a Vorágine: “No, ni idea”, advirtiendo que su tía tiene un poder para representarla desde hace 10 años: “Mi contacto con la administración ha sido para sacar una copia de la llave comunal”.

Diez minutos más tarde, la senadora recordó algo: “En algún saludo en medio de la pandemia me dijo que estaba pendiente de hablar con la administradora, no sé con qué palabra respondí: ojalá o que así sea, algo así”. Dice además que Jorge no le pidió ayuda. Insistió que ella no interviene en nada de la administración, ni hace parte del consejo, ni tiene rol para conocer o influir en el tema.

Con una carta del consejo de administración en sus manos, en la que le advertían que tenía que pagar el canon de arrendamiento completo, Jorge dice haber abordado a la alcaldesa a la entrada del edificio, luego de que atendiera a algunos medios de comunicación. Le explicó rápidamente la situación y le pidió que intercediera por él ante el consejo.

La respuesta de Claudia López, según Jorge, fue tajante: “Yo no me puedo meter en negocios de particulares, entiéndete con la administración”. Recuerda Jorge que la alcaldesa era su última esperanza antes de perder su negocio: “La señora ha salido por los medios diciendo que nos tenemos que ayudar, ella es la única ficha para que interceda por mí como copropietaria de ese local, pero cuando me dio la espalda, dije, ‘ya me tocó entregar, fue mi caída. En el momento en que siento ese desplante imagínate uno cómo se siente. No sé cómo se maneje la copropiedad pero en últimas ella es parte de los dueños de ese local”.

Consultada por Vorágine, López negó la historia de Romero: “A mí no me abordó nadie para hablar de ningún tema del edificio”. Agregó que apenas llega a dormir y no está al tanto de los temas de la administración: “Me apena reconocer que nunca voy al consejo de administración ni estoy al tanto de nada”.

Es destacable, según el relato de Jorge, que la alcaldesa no se meta en negocios de particulares, pero la situación de este comerciante era diferente, pues él se acercó a Claudia López -y a su esposa Angélica- no en calidad de alcaldesa, sino en calidad de propietaria de casi el 20% del local donde funcionaba el spa de uñas, pensando que por esta razón podría tener influencia, voz y voto en el consejo de administración.

El 18 de abril, cuando no se había cumplido ni el primer mes del encierro, Jorge recibió una carta firmada por la administradora Sandra Santos y por Luis Alarcón, presidente del consejo de administración. Le notificaron que no podían “aceptar el no pago de ese rubro ya que eso significaría la insolvencia de las obligaciones financieras del edificio, todas ellas para garantizar las condiciones de habitabilidad por parte de los copropietarios y arrendatarios del edificio Barú”. El arriendo no llegaba a los dos millones de pesos en un local de menos de 30 metros cuadrados que Jorge reformó completamente.

Le indicaron, además, que si no pagaba se iniciaba el proceso de cobro y cubrimiento por parte de la aseguradora: “Todo me imaginé menos que en esa copropiedad me tiraran la puerta en la cara y me echaran de una a la aseguradora”, dice Jorge cuando compara el trato que recibió de sus dos arrendadores: “La dueña del local donde funciona la barbería, avocada a las recomendaciones del Gobierno y del Distrito, nos ayudó mucho y nos sigue ayudando, porque entiende, pero con la copropiedad de ese edificio no se pudo”.

El ultimátum que recibió Romero en la carta terminó con palabras muy bonitas: “Entendemos la situación que usted describe en su carta. La sociedad entera, y en particular los pequeños y medianos empresarios enfrentan grandes retos y dificultades en la actual crisis sanitaria. Esperamos, por el bien de todos, que podamos superar rápidamente este escollo”.

Una abogada de la aseguradora del contrato de arrendamiento se puso en contacto con Jorge y le prometió que mediaría ante la administración del edificio. Le explicó que la mayoría de edificios estaban llegando a acuerdos de pago, que eran muy pocos los que estaban sacando a los arrendatarios. Con ese parte de tranquilidad, Jorge esperó unos días, hasta que la abogada le confirmó que el consejo de administración del edificio no cedió y exigió que Jorge desocupara el inmueble si no podía pagar el canon completo.

Sandra Santos, administradora del edificio, le dijo a Vorágine que la abogada estaba jugando a dos bandos, pues a ella le decía que había que presionar para que el arrendatario pagara el canon completo y a Jorge le decía que iba a hacer todo lo posible para que la administración del edificio conciliara. Afirma Santos que fue decisión de la aseguradora pedirle el local a Jorge porque el contrato no podía seguir si no se pagaba el canon completo: “Estamos a punto de declararnos en quiebra en el edificio, no tenemos con qué pagar los servicios públicos”, argumentó la administradora, señalando que el canon de arrendamiento del local representa el 70% de los gastos de funcionamiento del edificio, razón por la cual no podían aceptar la petición de Romero de “no pago hasta enero”, según la versión de Santos.

El 16 de junio, en medio de lágrimas y una decepción profunda, Romero desmontó en un día lo que le costó montar en 15. También tuvo que llegar a un acuerdo de pago del otro 80% del canon de arrendamiento de abril y mayo que debía, aunque el local haya estado cerrado esos meses. “Yo trato de olvidarme de las cosas malas. Fue un día muy triste. Es doloroso”. La administradora del edificio dice por su parte que la salida de Jorge del local fue en su beneficio, pues no le cobraron moras o multas por desocupar antes del vencimiento del contrato y firmaron con él a un acuerdo de terminación de contrato de arrendamiento. Asegura también que Romero fue un gran arrendatario con quien nunca tuvieron algún problema.

El local quedó desocupado tres meses: julio, agosto y septiembre. Al cierre de esta historia ya tenía un nuevo arrendatario: la heladería Sofía -café, helado y vinos-. Un negocio que comienza desde cero, así como hubiera comenzado Jorge con su Nails House. Así como comenzaron los pequeños y medianos empresarios que se atrevieron a empezar desde cero tras seis meses de pérdidas millonarias.

Jorge, quien además es ingeniero químico y tiene otro pequeño negocio desde hace 12 años relacionado con su profesión, sigue adelante con su barbería, la cual tiene ahora muy pocos clientes, solo el 40% de los que tenía antes de la pandemia. Mientras mantiene a Don Manolo a flote, con el pago cumplido y completo del arrendamiento, como lo hubiera hecho con el spa de uñas, y el pago a tres barberos y una recepcionista, paga, a 6 meses, el 80% que quedó debiendo del arrendamiento de abril y mayo del Nails House. También está buscando qué hacer con el mobiliario y las herramientas de trabajo, ahora arrumadas en el cuarto de su otro negocio. Más de 20 millones de pesos perdidos, según sus cuentas.

“Es un discurso de doble moral de todos los actores del gobierno, pues todas las ayudas que promulgó el gobierno fueron para mí una completa mentira. Yo quise ir a los bancos a pedir préstamos y las respuestas de los bancos siempre fueron absurdas. Las ayudas del gobierno fueron para las grandes empresas, los auxilios del gobierno son una completa mentira”, agregó Jorge a la historia del cierre de su negocio.  

La alcaldesa les escribió una carta a los bogotanos en agosto en la que aseguró que la historia dirá que Bogotá “mostró su mejor cara, la más solidaria, la más educada, la más considerada y colectiva”. ¿Podrá decir eso la historia de los copropietarios del edificio Barú, quienes no le dieron la posibilidad a un pequeño empresario de continuar con un negocio que les daba de comer a cuatro familias?

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