Además de la precariedad derivada de la pandemia, Silvia Mina y Juana Franzual deben enfrentarse a dos tipos de violencia estructural: el racismo y la discriminación. Nueva historia de Vorágine en alianza con la Friedrich-Ebert-Stiftung (Fescol) en Colombia.
4 de noviembre de 2020
Por: Camilo Acosta Villada / Ilustración: Camila Santafé
Trabajadoras domésticas

El sonido del cauce del río, el trino de las aves y la sensación de respirar aire puro recibieron a Silvia Mina Cuenú tras once años de no pisar suelo caucano, de donde salió en 2008 hacia Bogotá. Ese año, Silvia, la única mujer y la menor de un grupo de seis hijos, decidió abandonar el municipio de Guapi, a 142 kilómetros de Popayán. Tenía 21 años y apremiaba el afán de huir de la violencia causada por los grupos armados ilegales.

“Uno su tierrita no la quiere dejar, pero me tocó con lágrimas en los ojos y pensando en la vida de uno, porque créame que allá si uno no se mete al combo, posiblemente puede terminar bajo tierra antes de lo previsto”, cuenta Silvia aclarando que cuando dice “combo” se refiere a la guerrilla.

En Bogotá la esperaba una prima, cuya casa fue el único ‘llegadero’ del que pudo echar mano para irse del pueblo en donde solo quedaron sus padres, quienes hoy en día son adultos mayores, y uno de sus hermanos. Fue un contraste de emociones: por un lado, unos padres quedaban tranquilos por saber que la mayoría de sus hijos emigraron de un lugar en el que mandaban los violentos y, por otro, unos hijos nerviosos llegaron a probar suerte en una ciudad desconocida y fría, la ciudad de la furia.

Es diciembre de 2019. En Guapi y toda Colombia la gente está pensando en celebrar las fiestas de fin de año; ignoran, como prácticamente el resto del mundo, que en los hospitales de una ciudad llamada Wuhan (China) están comenzando a enfrentarse a una enfermedad que va a alterarlo todo. 

A diferencia de las anteriores, esta temporada navideña la señora Cuenú y el señor Mina, pareja de esposos que se dedican a la agricultura, vuelven a tener en casa a su única hija y, de paso, a sus dos nietas. Sin embargo, para Silvia, ahora de 33 años, es un regreso agridulce, porque ve a su pueblo muy cambiado, solitario, lleno de maleza y como si hubiera envejecido, literalmente.

“Ya los que quedan allá son puros viejitos, personas mayores”, recuerda como quien cuenta una anécdota graciosa. Y llega a una conclusión tras ver que la soledad y el monte están tan presentes en las calles en las que creció y se crió: “Debido a ese nivel de guerra y violencia, todos tratan es de salir y de los que salen, son pocos los que regresan”.

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Bogotá y Soacha

Silvia Mina regresó al Cauca, pero de visita no más. A pesar de la nostalgia de volver a irse de su tierra, debía retomar su empleo como trabajadora doméstica en Bogotá, oficio al que se ha dedicado desde que salió de su Guapi natal.

Ese año bisiesto de 2008, siendo una joven veinteañera, encontró en una casa de familia un trabajo fijo en el que su empleadora le pagaba un sueldo de 300 mil pesos (676 mil pesos de hoy). Sabía que era un salario bajo, pero fue suficiente para que en esa época, sin esposo y sin hijos, pudiera sobrellevar los gastos de alimentación, transporte y arriendo. Tiempo después se mudaría a Soacha, municipio al sur de Bogotá, en donde el pago de servicios públicos, la renta y el costo de vida son más baratos.

Aunque no ganaba lo que que dicta ley -deben recibir al menos un salario mínimo- Silvia dice que en esa casa encontró una buena jefa y recuerda con cariño lo valorada que se sintió. “Era una señora muy amplia y muy humana, todavía me llama en fechas especiales y está pendiente de mis niñas”, recuerda.

Silvia es solo una de las 18 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, de las cuales el 93% son mujeres, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El peso de las mujeres es tan grande en este oficio que, dice el informe, el trabajo doméstico supone entre el 10,5% y el 14,3% del empleo de todas las mujeres en la región.

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Silvia, quien está afiliada a la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd), además de vivir los estragos económicos que la pandemia por el Covid-19 ha significado para sus 688 mil colegas, también ha experimentados los síntomas de otro mal que se propaga con tanta velocidad como el coronavirus: el de la discriminación.

Silvia Mina tuvo que estar en el típico cuarto de “la señora que colabora con el aseo” -que está al lado o detrás de la cocina, es pequeño como una caja de fósforos y no tiene ni una ventana- y escuchar órdenes que salían de la boca de sus empleadores con un tufo que huele a racismo: “usted debe comer acá apartada de todos”, “lo que usted puede comer es esto”, “la ropa suya y el uniforme suyo los lava usted a mano, no en la lavadora”.

—¿Como una discriminación por los laditos?

—Disimulada, pero está ahí.

—Pero de frente…

—Exactamente, dicen que porque uno no huele lo mismo que ellos, que siempre el humor de uno es más fuerte, todas esas cositas que se las dicen a uno maquillado—, dice Silvia mientras sonríe. 

—¿Cómo es “maquillado”?

Silvia lo explica: “su ropa aparte”, “este es el jabón de sus manos”, “en el comedor no se puede sentar” y “esta es la silla en la que se puede hacer”. Comportamientos que se han ido normalizando en el trato hacia las trabajadoras domésticas, cuyo trabajo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es fundamental para el sostenimiento del 5,6% de los hogares colombianos.

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