El país que seremos según Rodolfo Hernández

El programa de gobierno del exalcalde de Bucaramanga y candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se llama “De Colombia para Colombia” y se divide en cinco capítulos: Colombia como un Estado social de derecho; Una Colombia a la altura del siglo 21; Un Estado de iguales ante la ley; Colombia, un país eficiente y moderno, y Una visión capital de territorio. Esos cinco capítulos, a su vez, están divididos en 35 ejes temáticos. 

Lo primero que uno lee cuando descarga el programa son las frases “No robar, no mentir, no traicionar”. Esa idea y la de que “donde nadie roba, la plata alcanza” atraviesan las 76 páginas del documento. Para Hernández, que además arranca el preámbulo con una frase ya conocida por los colombianos (los recursos públicos son sagrados), “llegó el momento de firmar un Nuevo Contrato Social con Colombia”.

La otra idea que repite, y mucho, es que habrá “un recorte a la burocracia, quitando privilegios de funcionarios y servidores públicos, que en la actualidad le son onerosos al pueblo”. Según él, lo ahorrado servirá para cumplir todo lo que promete, y aunque en el documento nunca explica qué recortes específicos hará ni en qué entidades o sectores, en distintas entrevistas ha dejado entrever por dónde iría la cosa, de llegar a la Casa de Nariño. “La corrupción es una enfermedad que solo puede curarse con cirugía y sin anestesia”, dice.

Otros detalles que llaman la atención del programa de gobierno de Hernández: se atreve a dar muy pocas cifras concretas; para explicar sus teorías sobre la corrupción habla mucho de la moral de los colombianos, pero no menciona ni una vez la palabra ética, y si bien recurre a algunas fuentes oficiales para hacer el diagnóstico de los problemas que promete solucionar, la mayoría de las veces sustenta el contexto de los mismos en artículos periodísticos de medios como Caracol Televisión, El Espectador, La Silla Vacía o Blu Radio. 

Tomando como base los cinco capítulos del programa, seleccionamos a continuación algunas de sus principales propuestas:

EDUCACIÓN

Su mayor promesa es que durante su gobierno, cada año el presupuesto más alto del PIB será para la educación. Además, se compromete a otorgar “subsidios directos de 20 mil pesos diarios a quienes vivan a más de 50 kilómetros” de donde estudien para disminuir la deserción. Dice que transformará el sistema de admisión a la educación superior pública para que cualquiera pueda entrar a cursar el primer semestre del programa que desee y los primeros meses apliquen, en la práctica, como un examen de ingreso. También, como el otro candidato, promete “condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el Icetex”.

Pero de todas las propuestas en este tema la más llamativa es la de “quitarle el manejo de las universidades a los políticos para entregárselo a los más reconocidos académicos, intelectuales y pensadores, de manera que tomen la reserva moral como principal arma y proyecten la transformación de la humanidad, sin ocuparse de responsabilidades administrativas”. Mejor dicho, Hernández creará el cargo de gerente en las universidades públicas, para que se ocupen de todo lo administrativo, “mientras los académicos se encargan de los programas, investigaciones y desarrollos curriculares”. 

SALUD 

Así como Petro, Hernández propone eliminar la intermediación de las EPS y los dos regímenes existentes (contributivo y subsidiado), además de recuperar “la red pública hospitalaria y aumentar el número de hospitales y centros de atención en salud”. Además, quiere implementar un modelo de medicina familiar por el que cada familia tendría asignado un médico.

La propuesta más criticada en este punto es la de “desarrollar un censo de adictos a sustancias alucinógenas y crear centros de atención” para proveérselas, “evitando con ello la condición de indigencia y los riesgos que corren al tratar de conseguir sus dosis en las llamadas ollas”. Según Hernández, se trata de un “aporte diferencial y novedoso en la lucha contra el narcotráfico” porque les “quita los consumidores a la droga y a las mafias del negocio”. Sin embargo, expertos aseguran que con ello demuestra un desconocimiento del tema y califican la propuesta de “inviable, ineficaz, peligrosa y hasta ingenua”, desde el punto de vista económico.

VIVIENDA

Hernández hizo la fortuna de la que alardea como empresario de la construcción y en su campaña a la Alcaldía de Bucaramanga prometió construir “20 mil hogares felices”, algo que no cumplió. Sin embargo, o tal vez por eso, en su programa de gobierno como presidente, Hernández no se compromete con ninguna cifra. El candidato promete “un programa nacional de vivienda rural que incluye la creación de aldeas rurales integrales, con servicios habitacionales completos, paneles solares, pozos sépticos y Centros de Acopio de Bienestar, que provean salud y educación”. Esas viviendas familiares tendrían un área mínima de 60 metros cuadrados, “con una estructura prefabricada para generar empleo desde la autoconstrucción”, dice. 

En las ciudades su programa de vivienda incluye “solucionar necesidades básicas” en lotes que van de 72 a 126 metros cuadrados, “dándole respuesta a la costumbre de integrar las nuevas familias bajo un mismo techo”. Sucede que, según Hernández, el hacinamiento “se debe a un factor cultural dentro de las clases menos favorecidas, pues mantienen la costumbre de incorporar a su núcleo familiar las nuevas parejas que se conforman, de tal suerte que en un mismo predio terminan viviendo hasta tres y cuatro familias, situación que normalmente se resuelve construyendo nuevos espacios en los pequeños lotes en donde han edificado la vivienda original”. 

MUJERES

Otro aspecto sobre el que están puestos todos los ojos en el programa de Rodolfo Hernández es este, que curiosamente titula “Mujeres y asuntos de género” (en el programa nunca aparece la expresión “equidad de género”, por ejemplo). El capítulo comienza así: “Son muchos los que manifiestan la importancia de reconocer el valor de la mujer y pagar la deuda social que se ha adquirido con ellas, pero pocas las acciones reales que se adelantan para cumplir con ese propósito”. Su principal promesa es “atacar la desigualdad de género con una política de empleo en la que por lo menos el 50 % de los cargos de todo orden dentro de la administración pública sea asignado a mujeres con igualdad salarial, tal como se hizo en la administración de Bucaramanga entre 2016 y 2019”.

También se compromete a “incrementar el acceso de la mujer al mercado laboral en igualdad de condiciones”; “definir e implementar estrategias en torno al trabajo doméstico y cuidados no remunerados que le permitan espacios laborales a la mujer” (para el feminismo los trabajos del hogar deben ser remunerados como cualquier otro trabajo), y “poner en marcha una política pública de prevención de la violencia contra la mujer que combata la impunidad en el maltrato intrafamiliar”.

Verifica aquí cuántas mentiras o verdades dice Hernández sobre igualdad y equidad de género

CAMPO

De acuerdo con Hernández, los “Tratados de Libre Comercio han puesto al campesino a competir con la agroindustria de países desarrollados que le inyectan al campo subsidios y eso les permite tener precios con los que nuestros pequeños productores no pueden competir”, razón por la cual revisará el cumplimiento de las condiciones de los TLC firmados por Colombia, para “no permitir la importación de productos cuando haya oferta interna suficiente en renglones específicos”.

Propone “modernizar y formalizar el campo partiendo de la perspectiva de que es motor del trabajo”; implementar el catastro multipropósito; entregar la “tierra titulada a la población rural para que sea productiva; hacer cumplir las normas de restitución y garantizar la presencia estatal para la protección de la vida del campesino”. También habla de impulsar “modelos asociativos o agroempresariales entre grandes, pequeños y medianos productores para la transformación de los productos agrícolas”, poniendo como ejemplo una “industria que intervenga en el proceso del cannabis medicinal, de la amapola y de la coca en aceite, así como otros derivados”.

MEDIO AMBIENTE

Aunque Hernández no supo responder cuando le preguntaron por el Acuerdo de Escazú (el que lo salvó fue Federico Gutiérrez) en su programa dice que ratificará y dará cumplimiento “a los tratados internacionales suscritos por el país en protección ambiental”, como ese que lo corchó en un debate presidencial. El candidato insiste en que es válido “soñar con que Colombia pueda alcanzar su autonomía en materia energética sin depender de la extracción y el uso de combustibles fósiles”. Para llegar allá, se compromete a “diseñar una política amigable con el medio ambiente, responsable en el uso de los recursos no renovables, a través de alternativas energéticas (solar, eólica, undimotriz, vapor del magma) que en el largo plazo eliminen la dependencia de la industria extractiva fósil”. También ofrece “una renta básica a quienes trabajen en la protección de los bosques, para que esta actividad resulte más atractiva económicamente que la de deforestar”.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

El candidato afirma que las Alianzas Público-Privadas son hoy “las mejores alternativas para desarrollar obras de infraestructura” y para impulsarlas consolidará “un sistema de gobierno corporativo en entidades del sector como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías)”. ¿Qué es exactamente un gobierno corporativo? Nunca lo explica. Así como tampoco queda claro a qué se refiere con eso de que le prestará “la atención debida a las acciones de las corporaciones ambientales, en virtud de que no se imponga a los contratistas una medida injusta o desproporcionada que afecte la ejecución eficaz de la obra y evitar así presiones incorrectas que signifiquen corrupción”.

Este es uno de los pocos capítulos en los que se compromete con un número específico: construirá “14 mil kilómetros de vías terciarias con calidad, con mano de obra local”. Además, promete recuperar la navegabilidad del río Magdalena y “habilitar las vías férreas existentes adecuándolas a trocha ancha para trenes eléctricos con pendientes máximas del 3 %”. En cuanto al transporte aéreo Hernández no habla de aerolíneas estatales, como SATENA, sino que promete darles “subsidios por pasajero a aerolíneas privadas para que operen más regularmente las rutas de zonas apartadas”.

POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA

Este punto resulta contradictorio, pues comienza afirmando que “dada la situación medioambiental que atraviesa el mundo, considerar vivir de la explotación de petróleo, carbón y gas como fuente principal de ingresos no es la mejor de las alternativas” y por eso es necesario “planificar una transición” hacía la producción de otras formas de energía limpia, “energías alternativas ante la inminencia de la falta de petróleo y gas en la próxima década”. Sin embargo, unos párrafos más adelante promete lo siguiente: “Promover cambios proyectados a 2030 para alcanzar un autoabastecimiento energético, incrementando el nivel de reservas de petróleo y gas, mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones”.

TURISMO

Destacamos este tema porque llama la atención la siguiente propuesta: “Atraer inversión a gran escala en los lugares de mayor proyección turística, como hizo República Dominicana en Punta Cana, pero con acciones que incluyan curaduría arquitectónica. Tal esfuerzo para atraer inversión a gran escala debe apoyar las iniciativas turísticas de los municipios más pequeños, para que estos puedan intervenir su infraestructura con la estética del mundo contemporáneo, al tiempo que generan nuevas oportunidades de ingreso para sus habitantes”.

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Resaltan aquí varias propuestas. La primera es la de reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y mejorar la infraestructura carcelaria del país, lo que incluye construir una gran ciudad-cárcel o ‘Ciudad Resocializadora’, que estaría ubicada en el Vichada y permitiría “cambiar el concepto de las cárceles” porque serviría para “optimizar recursos y resocializar a los penados”. Luego, dice que le importa “asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos, incluidas sus garantías jurídicas” y para ello se propone “fortalecer el sistema de justicia de la fuerza pública y generar garantías que permitan la cabal aplicación de la JEP para sus miembros y la protección de sus integrantes”. Sobre la Policía Nacional, promete “revisarla y depurarla para que recupere la confianza ciudadana y se minimicen los abusos de autoridad”.

Respecto a la paz hace dos promesas específicas: “cumplir con el cronograma” del acuerdo firmado en 2016 y “brindar a los reincorporados el trato más digno, razón por la cual la fuerza pública se ocupará de defender a los firmantes que siguen con la voluntad de legalidad, sus vidas y sus negocios”. La segunda es abrir un proceso de acercamiento con el ELN para que se acoja al acuerdo firmado con las Farc, pues para Hernández “basta un otrosí en el que se incluya a esta organización como firmante”.

RELACIONES EXTERIORES

Hernández ha amenazado públicamente con que el día siguiente a posesionarse como presidente firmará un decreto para cerrar al menos 60 embajadas y consulados. Esa idea coincide con su programa de gobierno, aunque en su propuesta escrita no se atreve a decir claramente en dónde haría los recortes ni a dar un número. Este capítulo arranca afirmando que a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 2022 se restablecerán las “relaciones consulares” con Venezuela y “con todos los demás países con los cuales se han roto los lazos diplomáticos en los últimos años”. Luego, asegura que como la Cancillería se ha vuelto “un centro de corrupción donde se nombran amigos y cuotas políticas”, realizará “un gran recorte a la burocracia diplomática, por considerar este un gasto particularmente oneroso”. Hernández no aclara en qué aspectos haría ese recorte, pero sí insiste en que el dinero ahorrado de esa manera “se destinará a cumplir los objetivos trazados en otras áreas como el deporte competitivo, y los programas sociales en educación y salud”.

El otro punto que llama la atención es que si bien dice que “respetará” la carrera diplomática, propone “ocupar la mayor cantidad posible de cargos diplomáticos y consulares con los mismos colombianos que viven en el exterior”, para ahorrar en “primas de viajes, instalación, arrendamientos y pago de servicios públicos”, entre otros. Y queda la duda de cómo cumplirá sus promesas de “incrementar el apoyo a los connacionales en el exterior” y “mejorar nuestra relación con África, Asia y Oceanía, para fortalecer la presencia de empresas colombianas, la exportación de productos y el desarrollo del turismo”, si se eliminan embajadas y consulados en países ubicados en esos continentes. Para Sandra Borda, politóloga y experta en relaciones internacionales, prometer esto último es extremadamente populista y “le haría un daño igual o peor al que le ha hecho la actual administración a nuestra política exterior”.

JUSTICIA

En este tema Hernández promete una “reforma constitucional”, pues según él solo así se podrá “transformar completamente el aparato judicial, de arriba a abajo”. La reforma del candidato incluye que sea la academia, “en cabeza de las mejores universidades, la que lidere el proceso de proveer los cargos en la administración de justicia, bajo un estricto sistema meritocrático”. También promete reformar la Fiscalía y que, a mediano plazo, la elección del fiscal general sea “a través de un mecanismo que no involucre al Ejecutivo ni a los políticos”. Una opción, dice, es que sea elegido popularmente. 

Otra de las promesas nace de que, como “el vencimiento de términos es un aliado de los bandidos y los corruptos”, hará “un seguimiento estricto a las actuaciones de los jueces para que cumplan los términos”, lo que incluye sancionarlos. Hernández también es consciente de la congestión de los juzgados y por eso promete entregarles las “pequeñas causas a los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas, para que sean resueltas por los estudiantes de últimos semestres de derecho, quienes tendrán remuneración por ese trabajo”. Y para luchar contra la corrupción, eje principal de su programa, promete “crear un fondo de recompensas” para pagar el 20 % de la plata recuperada “a los ciudadanos que denuncien a los corruptos”.

POLÍTICA TRIBUTARIA

Hernández insiste en que “hay que hacer tan práctico el pago del IVA que los contribuyentes no dispongan de mecanismos para evadir el compromiso con la Nación” y por eso propone “aplicar una tarifa general de IVA del 10 %, que mantenga la canasta familiar libre del impuesto y reclasifique los demás bienes y servicios excluidos”. La medida es calificada de “responsable e innovadora” en el programa, pero expertos como Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, aseguran que tendría el efecto contrario y significaría una mayor carga tributaria para los consumidores. Según el candidato, “60 días después de lograr la aprobación de la propuesta anterior”, eliminará el impuesto del 4 x 1000.

POLÍTICA LABORAL Y PENSIONAL

Tras afirmar que ambos campos requieren una “reforma” urgente, el candidato repite aquí propuestas de otros capítulos, como impulsar iniciativas como “la autoconstrucción de aldeas integrales y de vías terciarias por parte de la población rural”. También promete que, por ley, se otorgará una pensión a todos los adultos mayores, “sin importar que hayan o no cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en la forma de una renta básica, además de un apoyo para cubrir temas de salud”. Y dice que reformará Colpensiones “para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones”.

UNA POLÍTICA PARA LA TRANSPARENCIA

Aunque la lucha contra corrupción atraviesa todo el programa de gobierno, aquí promete en concreto que los corruptos irán a la cárcel, que toda la contratación aplicará “mecanismos como el SECOP II, y en todos los sectores implementarán los Pliegos Tipo”. También repite que creará “un instituto virtual que les devuelva a los colombianos el dinero robado” pues todas las denuncias ciudadanas se recompensarán hasta con el 20 % de lo recuperado. Pero lo más llamativo es que jura ‘boletear’ a los funcionarios corruptos “a través de ejercicios de magistratura moral”, aunque no explica en ningún momento a qué se refiere con eso. “Con nosotros los corruptos quedarán al descubierto, mostraremos, sin pena, todos sus actos”, afirma. Una de las fórmulas para lograrlo será a través de “conferencias de prensa matutinas, cada semana”. 

PROPUESTAS QUE NO APARECEN EN EL PROGRAMA

1. Llevar al mar a todos los colombianos

Aunque luego lo borró de sus redes sociales, en Internet sigue dando vueltas el video en el que Rodolfo Hernández aseguraba, antes de la primera vuelta, que todo el mundo tiene derecho a conocer el mar. “Toda familia colombiana tiene derecho a conocer el mar al menos una vez en su vida. En mi gobierno trabajaré para que ese derecho se haga realidad”, afirmó en esa pieza. Cuando en W Radio le preguntaron cómo lo lograría, dijo que el precio de la gasolina y los peajes se rebajará a la mitad durante las temporadas altas (como Semana Santa y Navidad).

2. Decretar el estado de conmoción interior

Una de las propuestas de Hernández que más preocupación generan, aunque no aparece en ningún lugar de su programa escrito, es que si llega a la Casa de Nariño lo primero que hará es decretar el estado de conmoción interior, contemplado en el artículo 213 de la Constitución para situaciones absolutamente excepcionales: “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”. ¿Cuál es la justificación de Hernández para decir que el país requiere hoy de una medida de ese tipo? Según él, serviría “para conjurar las causas que atentan gravemente contra la estabilidad institucional y hacen peligrar la convivencia ciudadana originadas en la endemia en que se ha convertido la corrupción como un mal que socava los cimientos de la nacionalidad” (sic). El problema, de acuerdo con el abogado e investigador Rodrigo Uprimny, es que “si permitimos que los gobiernos usen los poderes de excepción también para los problemas estructurales, con el argumento de que son graves y requieren medidas urgentes, volveríamos a vivir en un estado de excepción permanente, con una profunda erosión de la separación de poderes y la democracia”.

Cuando se decreta el estado de conmoción interior, que solo puede durar 90 días, el presidente adquiere facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley saltándose al Congreso. Aunque el artículo es claro al indicar que esas medidas solo pueden estar relacionadas con los eventos que causan la gran perturbación de orden público que originó la declaratoria, el riesgo es que sirva para que el presidente tome decisiones autoritarias. Y a pesar de que ese decreto tiene que pasar el examen de la Corte Constitucional, mientras esta lo revisa, el presidente podría hacer y deshacer a su antojo. En una entrevista con la Revista Semana, de hecho, Hernández le envió un mensaje desafiante a la Corte: “Queda en firme mientras que lo tumba, si es capaz de tumbarlo la Corte. Vamos a ver”.

3. Fusionar los ministerios de Cultura y Medio Ambiente

En la propuesta escrita no aparece, por ninguna parte, la creación o eliminación de ministerios concretos. Sin embargo, ha trascendido que Hernández fusionaría los de Cultura y Medio Ambiente, algo que luego confirmó su jefe de debate, el novelista y ensayista William Ospina. El escritor defendió la medida diciendo que “la lucha contra el cambio climático es un tema fundamentalmente cultural y es un error pensar que, porque administrativamente los temas están divididos, significa que están separados en la realidad”. Los críticos de la idea no solo se preguntan por qué juntar esos dos temas en una sola cartera (aunque es claro que deben trabajar de forma coordinada en varios momentos), sino que muestran preocupación por las consecuencias que ello pueda traer, como un recorte en los ya exiguos presupuestos de ambos sectores.