El robo de tierras por el que denuncian al próximo presidente del Senado

El proceso judicial abierto desde hace 17 años por invasión de tierras en Bello se suma a una denuncia por estafa en contra del congresista conservador Juan Diego Gómez Jiménez, uno de los barones electorales de más rápido ascenso en Antioquia durante la última década.

31 de mayo de 2021

Por: Equipo Vorágine

Una de las estrellas en ascenso del Partido Conservador es el senador antioqueño Juan Diego Gómez Jiménez, quien el próximo 20 de julio asumirá la presidencia del Senado de la República, si los pactos entre partidos se cumplen.

De 45 años, Gómez Jiménez es abogado de la Universidad de Medellín. Comenzó en la política ayudándole a pegar afiches a su tío, el excongresista conservador Pedro Antonio Jiménez Salazar. Luego fue diputado de Antioquia dos veces (2004-2010); representante a la Cámara de 2010 a 2014, y senador de la República en los últimos dos periodos. Entre 2010 y 2018, el congresista ha doblado su votación y los 74 mil votos que sacó en la última elección lo posicionan como uno de los barones electorales de Antioquia que más rápido ha escalado posiciones.

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Hoy, la familia del senador pelea por unas tierras que invadieron hace 17 años, según una denuncia de la Cooperativa Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas, ubicado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello.

Coincidencialmente, el padre del senador, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias ‘La Ballena’, fue condenado en 2012 a ocho años por la Corte Suprema de Justicia, por apropiarse ilegalmente de tierras en Niquía, también en Bello. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel, pero sumido en un pleito desde 2004 con Coogranada por hechos similares a los que lo llevaron a su condena.

Tras su muerte, el senador Gómez y su familia retomaron la pelea que había emprendido su padre por las tierras que había invadido. Un proceso judicial que ya cumple 17 años, y que se suma a otra denuncia por estafa contra el senador antioqueño.

El 21 de diciembre de 2013, Noticias Uno presentó la denuncia de Margarita Sosa, a quien el entonces diputado de Antioquia Juan Diego Gómez le vendió en 2007 dos lotes en el barrio Laureles de Medellín que no le pertenecían o que tenían problemas en la matrícula inmobiliaria. A pesar de que el noticiero mostró el documento firmado por el diputado, al ser consultado, Gómez Jiménez dijo que él no firmó nada y que no hizo negocios con la mujer.

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El caso de robo de tierras que involucra al senador

Voceros de Coogranada denunciaron públicamente que el senador Juan Diego Gómez habría usado las investiduras que ha tenido para traficar influencias a favor de su familia en la disputa por estas tierras.

Según los procesos judiciales aportados por la cooperativa, que cuenta con más de 80 mil socios en todo el país, las tierras por las que pelea el senador Gómez Jiménez y su familia pertenecían a la señora Bibiana Edith Ossa Aristizábal, quien las utilizó, en noviembre de 2004, como dación de pago para saldar una deuda que tenía vigente con Coogranada. Dicha transacción reposa en la escritura pública 1801 de la Notaría 16 de Medellín y fue avalada por un juez civil del Circuito de Medellín.

Mientras la cooperativa estaba realizando el trámite, en el lote ya había movimiento de tierra para la construcción de viviendas de interés social en una urbanización que se llamaría Jardín de los Sueños. El responsable de la construcción, para sorpresa de los miembros de Coogranada, era Orlando de Jesús Gómez Botero, padre del senador Juan Diego Gómez Jiménez.

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El ya fallecido constructor tenía un lote vecino a las tierras que estaba legalizando Coogranada y poco a poco comenzó a correr los linderos hasta que invadió parte del lote de la cooperativa e incluso le montó vigilancia privada al predio que estaba usurpando. Un informe del CTI determinó que Gómez Botero y sus socios “habían invadido el lote vecino en un área de 18.507 metros cuadrados, en cuanto el lote del señor Gómez realmente tenía un área de 9.169 metros cuadrados y lo hicieron aparecer de 27.676 metros cuadrados”.

Cuando ya todo estaba listo para que Coogranada recibiera el lote con el que la señora Ossa Aristizábal les había pagado la deuda, comenzaron los problemas para la cooperativa, pues las personas encargadas de la entrega de las tierras aseguraron que había desaparecido el lindero natural por la cantidad de casas que había construido el padre del senador Gómez a través de la Fiduciaria Central, a la que le entregaron las tierras usurpadas en una fiducia.

Y es allí donde comienza un pleito que aún no termina. Primero, la cooperativa le pidió a la Fiduciaria Central, responsable del Jardín de los sueños, que suspendieran las obras de inmediato. Pero les entró por un oído y les salió por el otro, pues a los pocos días estaban entregando 56 viviendas de interés social, de 92 con las que se habían comprometido.

La fiduciaria había planeado construir 192 casas, 92 en una primera etapa. Como no lo lograron, el Fondo Nacional de Vivienda declaró el siniestro del proyecto y se abrió una investigación en la Fiscalía 23 de Bello. “El proyecto fue abortado por los desfases generados en el desembolso al supuesto dueño del lote, Orlando de Jesús Gómez Botero, quien no respetó el punto de equilibrio para los desembolsos, puesto que los subsidios eran para la construcción de viviendas y no para el pago del lote”, explicó un vocero de la cooperativa.

Gómez Botero culpó a Coogranada por no haber podido terminar las viviendas de interés social y, a finales de 2007, junto a sus socios, la demandó por 2.300 millones de pesos por indemnización de perjuicios. 

Lo extraño es que aunque el predio en disputa está en Bello, el señor Gómez Botero interpuso esta demanda ante los jueces de El Santuario, Antioquia, donde el senador Gómez Jiménez vivió su infancia y que años más tarde convirtió en su fortín político. En las elecciones de 2018, Juan Diego Gómez sacó casi el 17% de los votos de ese municipio, seguido por Álvaro Uribe, con el 13%. 

El proceso le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de El Santuario, cuya titular, en ese momento, era la jueza Martha Elena Botero, quien ahora se desempeña como juez promiscuo municipal de la misma localidad.

El padre del senador y sus socios ganaron la demanda y 1.500 millones de pesos de las cuentas de la cooperativa fueron embargados el 26 de enero de 2010. Luego de sortear el embargo con las pólizas, Coogranada apeló el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia. El proceso terminó en el despacho de Álvaro Raúl Gómez Duque, quien fue juez del Juzgado Civil del Circuito de El Santuario en los años ochenta.

El magistrado Gómez Duque, que murió en noviembre de 2013, también fue profesor de la Universidad de Medellín, entre 1983 y 2005, de las cátedras de Personas, Bienes, Teoría General del Negocio Jurídico, Obligaciones y Derecho de Familia, coincidiendo con el entonces estudiante de derecho Juan Diego Gómez Jiménez.

La sentencia de segunda instancia confirmó la de primera, pero bajó el monto de 1.500 millones de pesos a 900 millones. Coogranada presentó entonces un recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la que participó la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, hoy procuradora general, quien confirmó las muy cuestionadas sentencias de los jueces antioqueños después de haber engavetado el expediente por más de un año.

Tras la muerte de alias ‘La Ballena’ el proceso pasó a su familia, en cabeza de María Mercedes Jiménez, su esposa, y sus cuatro hijos: el senador Juan Diego, Elizabeth, Clara Mercedes y David Orlando. Los herederos decidieron seguir adelante con la demanda contra Coogranada, impidiéndole a la cooperativa usar el lote.

Es tan enredado este proceso, que luego de una actualización catastral en 2012, el impuesto predial del terreno, que nunca han pagado quienes se autodenominan como dueños del mismo, llega a nombre de la madre del senador, pero está a nombre de la cooperativa en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos.

Además, al poder del senador Juan Diego Gómez se suma el de su hermano David Orlando, quien es el director de la Central de Inversiones S.A. (CISA) en Antioquia desde hace más de cinco años. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que “tiene por objeto gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, intercambiar, enajenar y arrendar a cualquier título, toda clase de bienes inmuebles, muebles, acciones, títulos valores, derechos contractuales, fiduciarios, crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos liquidatarios, cuyos propietarios sean entidades públicas de cualquier orden o rama”.

Hace tres años, la cooperativa recibió una buena noticia luego de haber instaurado una demanda de deslinde y amojonamiento en 2007, que pasó por varios juzgados de Bello. Finalmente, el Juzgado Primero Civil del Circuito les dio la razón y sentenció que el pequeño lote de la familia Gómez Jiménez no es colindante con el de la cooperativa y ordenó cercar la propiedad. 

Con esta sentencia, Coogranada presentará una demanda de responsabilidad civil extracontractual para recuperar todo el dinero que ha perdido en estos 17 años y, lo más importante, las tierras que le pertenecen y que están avaluadas en más de 15.000 millones de pesos. También pedirá una indemnización por el terreno en el que se construyeron las viviendas de interés social. Los demandados serán la Fiduciaria Central; Inversiones Prospectiva, que es la constructora; y Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga, pariente de la madre del senador y a quien la familia Gómez Jiménez le pasó la propiedad, antes de que este la entregara, a su vez, en fiducia.

Vorágine contactó al congresista para preguntarle por este caso, y dijo que aunque fue el apoderado de uno de los procesos al principio, luego se apartó para evitar cualquier conflicto de interés. También señaló que, hasta el momento, todas las sentencias judiciales le han dado la razón a su familia. Aunque Margarita Cabello Blanco fue una de las magistradas que firmó la casación, como pudo comprobar Vorágine, el senador Gómez aseguró que la ahora procuradora no estaba en la sala de decisión. El congresista finalizó afirmando que "ha sido un proceso muy doloroso" para su familia y que esta denuncia no es más que un refrito.

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