El sindicato que nació para que el emporio de los domicilios pague dignamente

—¿Usted me está siguiendo?

—Al parecer.

A Carolina Hevia la respuesta le resultó cínica, temeraria. Habían pasado 69 minutos desde su primer encuentro con ese vigilante armado que vestía un uniforme negro de la empresa Seguridad Permanente Ltda., en la carrera 37 con calle 25 del barrio El Recuerdo, en Bogotá. Eran las 10:45 de la mañana del jueves 8 de octubre de 2020. Ahora eran las 11:54, el cielo seguía gris pero se negaba a abrirse en un aguacero de esos que dejan recuerdos y, 60 cuadras al norte, Carolina se volvía a cruzar con el mismo hombre. 

Lo supo porque la primera vez le tomó una foto a la placa de su moto: KYF 58D. La misma que ahora veía en la plazoleta de la calle 85 con carrera 15. 

Entendió que la perseguían pero solo pudo confirmarlo en ese mismo sitio a las 2 de la tarde, cuando vio a otro vigilante, también armado y de uniforme negro pero esta vez de una empresa llamada Securitas Colombia. Forzó al máximo el zoom de la cámara de su celular y le tomó una foto al carnet que lo identificaba: Hener Humberto González Téllez. Vio su código, su número de cédula y los logos de la empresa de seguridad y de Rappi. 

—¿Por qué está aquí? ¿Por qué nos toma fotos? ¿Qué hace? —le preguntaron Carolina y algunos de sus compañeros, todos repartidores de domicilios. 

—Estoy contratado para verificar que ustedes usen tapabocas y cumplan las normas de bioseguridad —respondió Hener con soberbia. Pero no cayó en cuenta de un detalle importante: él no tenía tapabocas en ese momento y, según los videos y fotografías que le tomaron, estaba a menos de un metro de distancia de un grupo de ‘rappitenderos’. 

El 8 de octubre de 2020, en la carrera 37 con calle 25 de Bogotá, hacia las 10:45 de la mañana, se realizó el acto oficial de constitución del primer sindicato de trabajadores de plataformas digitales en Colombia. Ese mismo día, a las 11:54 de la mañana en la calle 85 con carrera 15, Carolina repartía volantes para invitar a sus ‘colegas’ a unirse a una manifestación convocada para unas horas más tarde, que partiría de ese punto. Marcharían para exigir mejores condiciones laborales. 

Desde ese día, ella comenzó a cruzarse de manera cada vez más frecuente con vigilantes privados vestidos de negro, armados, que a nombre de Rappi no solo entregan tapabocas y geles antibacteriales a los domiciliarios, también piden revisar sus celulares, les toman fotos y, a veces, en acciones que califica de “intimidantes”, se aparecen con policías y funcionarios de Migración Colombia donde están los repartidores. 

Carolina Hevia nació hace 30 años en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Llegó a Colombia en 2017 después de que asesinaron a su esposo y de que quebró el supermercado que montó con su madre en Caracas, para tratar de salir adelante. 

* * *

Con la gente encerrada en sus casas por la crisis global provocada por el coronavirus, la demanda de productos a domicilio se disparó a niveles que ni las proyecciones más optimistas calculaban para el siguiente lustro. Según un informe de Forbes publicado el 29 de mayo de 2020, hasta ese momento las plataformas de comercio electrónico habían crecido en promedio un 300%.

En medio de este periodo tan productivo, Rappi, el gigante de los domicilios en América Latina, ha cambiado al menos cuatro veces sus reglas de juego para el ejército de repartidores inscritos en la plataforma. 

Primero lanzó un sistema de puntos y dividió las ciudades donde opera en zonas. Así, para que los ‘rappitenderos’ puedan trabajar en las más exclusivas, donde se supone que se hacen pedidos más grandes y más caros y se pagan mejores propinas, tienen que acumular una cantidad determinada de puntos, que la empresa comenzó a subir unilateral y exageradamente, cuando vio que cada vez más personas se postulaban para trabajar como domiciliarios. 

—Para poder tomar pedidos en barrios como Riomar en Barranquilla, Chicó en Bogotá o El Poblado en Medellín piden por ejemplo 700 mil puntos, ¿pero cómo hace alguien que acaba de entrar a la plataforma para llegar a eso, si tiene cerrada la zona que da más puntos por pedido? —se preguntó el ‘rappitendero’ Elkin Pérez, unos días después de que se hizo viral un video que le grabaron protestando en las calles de Barranquilla—. Aparte, para entrar le toca invertir al menos 130.000 pesos en la maleta de Rappi. ¿Cuándo va recuperar esa inversión si no puede trabajar en los mejores lugares?

Según ese sistema, si un usuario hace un pedido en el barrio Rosales de Bogotá y a unos pasos hay en ese momento un ‘rappitendero’ pero este no tiene los puntos necesarios para trabajar en esa zona, le asignan el servicio a otro que sí tenga ese derecho, aunque esté a varios kilómetros de distancia. La estratificación es arbitraria porque, además, hay zonas que dan menos puntos y unas que no dan ninguno, pero donde salen pedidos que igual deben ser cubiertos por repartidores.

Rappi luego creó el sistema de racha y lo ató a un botón llamado autoaceptación, que los ‘rappitenderos’ deben activar para entrar en la racha, recibir pedidos y llevar el sustento a la casa. La racha tiene tres categorías, bronce, plata y diamante. Para llegar a bronce hay que hacer 30 pedidos de manera continua con el botón activado, lo que significa que hay que aceptar de todo, sin importar la hora, el tipo de pedido, la distancia. Si se rechaza un pedido se pierde la racha y a comenzar de cero. Al llegar a plata ‘solo’ hay que hacer 20 pedidos continuos y en diamante son 10. El sistema prioriza a la gente ‘enrachada’ para darle pedidos y por eso hay repartidores que por no estar en la racha pasan días sin que les suene la aplicación con algún servicio. 

—Si quiere estar en racha tiene que hacer los pedidos que yo le diga, cuando yo le diga y para donde yo le diga, así de simple. Se aprovechan de la gran reserva laboral que tienen ahora, porque les sobra gente. Se aprovechan de la necesidad —asegura Andrés Barbosa, exrappitendero y presidente de la Unión de Trabajadores de Plataformas (UnidApp), primer sindicato de domiciliarios de Colombia.

—Lo más horrible —continúa Barbosa— es que hay gente que trabaja muy duro todo un mes para entrar en racha, aguanta hambre, y al lograrlo algo malo pasa con el algoritmo, un cliente cancela un pedido o no hay un producto o lo había pedido sin azúcar pero el restaurante lo manda con azúcar y eso no es culpa del repartidor, pero el cliente se lo achaca a uno y lo sacan de la racha y vuelva a empezar de cero. Eso es un abuso. 

Después, Rappi lanzó el modelo FIFO, con el que busca disminuir el tiempo que los domiciliarios pasan en cada restaurante, dándoles el primer pedido que esté listo, sin importar hasta dónde hay que llevarlo y sin decirles cuánto van a ganar por ello. El argumento de la compañía es que al reducir el tiempo de espera en un establecimiento pueden hacer muchos más pedidos por hora. 

—Con todos los otros sistemas nos avisan antes hasta dónde vamos y cuánto nos pagan por servicio pero con FIFO no, llega un mensaje que dice ‘Dirígete al McDonalds de tal lado’ y solo después de entregar el pedido uno se entera si le pagan 2.000, 3.000 o 4.000 pesos. Este es el que más perjudica a los trabajadores. 

En enero de 2021, con miles de quejas a cuestas por los otros tres sistemas, Rappi creó el de reservas, para que los ‘rappitenderos’ trabajen en horarios y zonas específicas, aunque ellos quieran trabajar en otros momentos y otros lugares. El modelo les asigna más servicios a los que reserven los cupos para trabajar, por ejemplo, de 12 del día a 2 de la tarde en El Poblado o en Chapinero, aunque para separar esa franja también hay que escalar distintos niveles. 

Puntos, racha, FIFO, reservas. Mañana el sistema tendrá otro nombre, pero el problema seguirá siendo el mismo. Es el choque de dos mundos muy distintos. 

El primero es el del empleo de ensueño que vende Rappi en sus piezas promocionales, la oportunidad de ganarse unos pesos cuando y donde uno quiera, solo con montarse en la moto o en la bicicleta y cargar una maleta color naranja fosforescente en la espalda, mientras un rayo de sol ilumina la sonrisa del afortunado trabajador independiente que decide cómo maneja su tiempo. Es la llamada economía colaborativa, la de las startups –porque además toca decirles así– más innovadoras del planeta, que tienen como lema conectar y ayudar a la gente. Según los creadores de Rappi, los repartidores son sus propios jefes y tienen en la empresa una opción de generar ingresos adicionales y flexibles, tanto si se conectan una hora a la semana como si lo hacen cinco días seguidos.

El segundo es el mundo del empleo precario al que realmente se ven sometidos los ‘rappitenderos’: obligados a aceptar todos los pedidos; sin seguridad social porque al no tener ningún tipo de vinculación laboral, el pago de salud y pensión depende de ellos; discriminados por los establecimientos de comercio, y muchas veces por los clientes; haciendo maromas para poder ir al baño; trabajando a la intemperie, exponiéndose a que los roben y, ahora, a que se contagien de covid-19. Solo en Colombia, casi 50.000 personas no tienen más opción que aceptar las condiciones leoninas de los términos y condiciones de plataformas como Rappi. Hay hambre y no hay trabajo en otro sitio. 

No es David contra Goliat, pero se le parece. 

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Andrés Barbosa nació hace 27 años en Viotá, un pequeño municipio ubicado a unos 90 kilómetros de Bogotá, de clima cálido y pegajoso. Le tocó lanzarse a ser ‘rappitendero’ en abril de 2020 cuando perdió su empleo como administrador de bares y discotecas. Alcanzó a estudiar un par de semestres de Ingeniería Industrial en Uniagraria pero, como cientos de miles de jóvenes en Colombia, no pudo seguir pagando sus estudios y le tocó buscar trabajo para sostenerse y ayudar a sostener a su hermana menor y su madre.

—Llega la pandemia, cierran los bares, y me toca mirar qué hacer. Ahí veo que dentro de las cuarenta opciones de permisos del Gobierno para trabajar estaba la de ser repartidor y para mí era la más viable, no pedían título ni experiencia. Lo único que hice cuando me inscribí en la plataforma fue alquilar una moto, porque no tenía.

Andrés salía a trabajar a las 7 de la mañana y casi siempre regresaba sobre las 9 de la noche a su casa. Al principio le iba bien, tenía días en que podía recoger hasta 130.000 pesos, de los que sacaba para el combustible y pagaba un plan de datos para el celular, además de su alimentación y el arriendo. El alquiler semanal de la moto costaba 120.000 pesos.

—Al final del día me quedaban unos 50.000 pesos libres. No era mucho para trabajar sin descanso, pero en medio de esa crisis tenía que valorarlo, ¿cuántas personas no se quedaron sin empleo y no se estaban muriendo de hambre? Aunque en medio de todo yo sí alcanzaba a notar que ellos ganan por todo lado, con el domicilio, con las propinas, que dicen que son el 100% para los repartidores pero nunca les llegan completas, con la maleta que uno tiene que comprarles, con la chaqueta, con lo que les cobran a las tiendas. Y yo me pregunto: ¿con todo eso no podrían hacer algo para que los repartidores, que sin ellos no habría empresa, tengan mejores condiciones de trabajo? 

A mediados de 2020, a Andrés le hicieron un primer fraude con su cuenta de ‘rappitendero’. Según el sindicato, y en eso él levanta la voz primero, hay personas dentro de la compañía que han creado una especie de mafia interna para clonar las cuentas y manipular los algoritmos. A Andrés le ocurrió primero con un pedido de cigarrillos y chicles, y luego con unas cajas de aguardiente. Pero se han denunciado casos de pedidos fraudulentos de celulares de alta gama o de televisores que valen 4 o 5 millones de pesos. 

Después del primer fraude, Andrés quedó con una deuda de casi 200 mil pesos, que debió pagar de su bolsillo para que le desbloquearan la cuenta y seguir trabajando. 

—Con el segundo ya comencé a cogerle miedo a la plataforma, pero igual volví a pagar la deuda, porque era más lo que había ganado hasta ese momento. 

Barbosa asegura que un día le llegó incluso un mensaje de alguien que se presentaba como “agente de Rappi” y le pedía 240.000 pesos en menos de 24 horas para habilitarle la cuenta de nuevo. 

—Una extorsión. Yo no sabía si denunciar internamente, pelear o reírme —dice.

El día que se colmó su paciencia, 5 de agosto de 2020, abrió la plataforma hacia las 7 de la mañana para comenzar a trabajar y vio que le habían suplantado la cuenta por tercera vez y ahora el fraude era por 462.400 pesos. En su cuenta aparecía un pedido de un cliente por ese valor a una tienda de licores en el norte de Bogotá a las 3:55 de la madrugada, que alguien recogió a nombre de Barbosa y que nunca se pagaron. Le tocaba entonces a él, eso dicen las reglas. Asustado y con rabia, pidió ver las cámaras de seguridad, fue hasta la Policía, el administrador de la tienda certificó que él no fue quien retiró el pedido, porque a esa hora estaba durmiendo, pero en Rappi no quisieron quitarle la deuda ni desbloquearle la cuenta. 

—Me entró en la cabeza que alguien tenía que frenar eso. ¿Cómo así que la empresa hace lo que se le da la gana y nadie la controla? ¿Dónde está el Gobierno? —se preguntó entonces. Hoy se sigue preguntando lo mismo. 

Sin saber qué hacer, llamó a la Superintendencia de Industria y Comercio pero allá le dijeron que solo atendían los reclamos de los consumidores y que se comunicara con el Ministerio de Trabajo. Como ningún domiciliario de Rappi tiene contrato laboral con la compañía, allá se lavaron las manos y lo remitieron al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Pero en el MinTic le volvieron a tirar la pelota al Ministerio del Trabajo. Nadie quería atender su reclamo.

Más confundido que antes, decidió hacer una transmisión en vivo a través de un grupo de ‘rappitenderos’ de Facebook que tenía unos 200.000 miembros y, curiosamente, fue eliminado poco después de una protesta masiva de repartidores que se hizo en varias ciudades del país el pasado 15 de agosto. 

—Tal vez nadie se había atrevido por temor a que le bloquearan la cuenta, a quedarse sin ingresos, no sé. Pero yo ya no tenía nada que perder, no pensaba volver a pagarle a Rappi por algo que yo no había hecho.

Los días siguientes a la transmisión en vivo Andrés sufrió ataques de ansiedad. No sabía qué hacer con todo lo que había escuchado. A mí también me hicieron fraude. A mí me bloquearon la cuenta injustamente. La policía está empezando a perseguirnos y a veces llega con funcionarios de Migración Colombia –el 57% de los repartidores de Rappi son venezolanos-. A mí un cliente me obligó a subir a su apartamento a dejarle el pedido y cuando abrió la puerta estaba desnudo y se estaba masturbando. A mí no me pagaron lo que me había ganado y ahora ni Rappi ni Daviplata responden. A mí no me prestan los baños en ninguna parte… 

Ese fue el origen de la manifestación del 15 de agosto, que a su vez fue el origen del sindicato. Muchos ‘rappitenderos’, cargados de rabia, quisieron ese día destruir las oficinas de Rappi. Andrés tuvo que calmarlos y convencerlos de que así no iban a lograr nada. 

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* * * 

Jueves 8 de octubre de 2020. 

Cientos de repartidores de aplicaciones como Rappi, iFood, Uber Eats, Domicilios.com y Mensajeros Urbanos se unen al paro global de trabajadores de plataformas digitales. Hay marchas en Brasil, México, Estados Unidos, España y Francia, entre otros. En total, se toman las calles en 13 países. 

En Colombia están molestos particularmente por las condiciones de trabajo de Rappi, que además, de un día para otro bajó la tarifa de ganancia mínima para los ‘rappitenderos’. Aunque hay variaciones según la complejidad y el valor del pedido, y la empresa asegura que el algoritmo calcula un mayor valor si es de noche, es festivo o está lloviendo, la realidad es que la mayoría de servicios pasaron de dejarles 3.500 pesos a los domiciliarios, a solo 2.000 pesos. Además, el sindicato acumula decenas de casos en que no reciben las propinas que los clientes dejan a través de la aplicación, que según la promesa de Rappi son en su totalidad para ellos. 

Ese día, Carolina Hevia supo que la seguían. 

Como a Barbosa, la pandemia también la dejó sin trabajo -era secretaria de un ingeniero en una constructora- y la angustia de no poder enviarle nada a su mamá, que se quedó en Venezuela, la llevó a meterse de ‘rappitendera’.

Hevia no usa moto como Andrés, va en bicicleta. Con Rappi trabajaba sobre todo en el barrio Chicó de Bogotá y cuando le iba bien, con jornadas que igual duraban 14 o 15 horas, podía ganar 60.000 o 70.000 pesos. Pero un día, uno de esos vigilantes de una empresa de seguridad privada la incluyó en una lista de personas que supuestamente no cumplían con los protocolos de bioseguridad y le daban mal uso a la aplicación y, sin preguntarle nada, Rappi bloqueó de manera unilateral su cuenta. 

A esos vigilantes, que van vestidos de negro, armados, y pertenecen a las empresas Securitas Colombia y Seguridad Permanente Ltda., los llaman brigadistas. Rappi contrató sus servicios para que entreguen tapabocas y geles antibacteriales y funjan como una especie de supervisores de los repartidores en las calles, sobre todo ahora que por cuestiones de salud pública no pueden estar aglomerados, por ejemplo. 

Según UnidApp, los brigadistas hostigan a los ‘rappitenderos’ con funcionarios de Migración Colombia y con agentes de la Policía, los siguen durante varios días y hasta los amenazan con bloquearles la cuenta si protestan o se afilian al sindicato. Según Rappi, los brigadistas “recorren las ciudades, evitando aglomeraciones y reportando anormalidades a las autoridades pertinentes”.

Hevia, que hoy es secretaria general del sindicato, y Barbosa, su presidente, tienen una hipótesis: creen que a los brigadistas les ponen cuotas semanales de personas para bloquear y reemplazarlas por fuerza laboral nueva, que tendrá que comprar la dotación básica (al menos la maleta, que vale 130.000 pesos). Y creen que en esas listas de ‘rappitenderos’ a bloquear incluyen cada tanto a los de más experiencia, que están en categoría diamante y son los que mejor cobran por cada servicio.

—Esa empresa es un generador de mucho dinero pero lo distribuye mal. Sí, muy emporio tecnológico, muy Silicon Valley, que las inversiones de los japoneses, que están en nueve países, pero de qué economía me hablas si solo te estás llenando tus bolsillos y no te importa el que sale a dar la cara por tu marca en condiciones que muchas veces son infrahumanas —acusa la venezolana con un tono firme que la ha hecho destacarse desde pequeña. 

Carolina Hevia dejó de trabajar con Rappi en octubre. Comenzó a sentirse intranquila con los seguimientos, las fotos que le tomaban, y prefirió quedarse con las otras aplicaciones en las que se inscribió, que “no son tan explotadoras”, “manejan distancias más razonables” y “pagan mejor cada servicio”: Domicilios.com, Tu Orden y Runer.  

—Si una no me suena y no me asigna pedidos pues me pongo a producir con la otra. Yo tengo que producir mínimo 30.000 pesos diarios para mandarle a mi mamá y para poder pagar arriendo, la luz, el agua, la comida. Como todos, tengo responsabilidades, pero estas empresas se aprovechan de la mano de obra más vulnerable ahora, que es la extranjera. 

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Los creadores de la primera empresa latinoamericana de tecnología en recibir dinero de fondos de inversión de Silicon Valley son los colombianos Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín. Rappi nació en 2015 y hoy está en nueve países, desde México hasta Argentina. Tiene sus oficinas principales en Bogotá aunque está registrada en Delaware, un diminuto estado de Estados Unidos, conocido por ser un paraíso fiscal que tiene más empresas que ciudadanos. 

Borrero, Mejía y Villamarín comenzaron regalando donas en la calle a cambio de que la gente descargara la aplicación en su celular, y hoy son calificados por distintas publicaciones y expertos como el ejemplo a seguir de los emprendedores del siglo XXI. Bloomberg, por ejemplo, los incluyó en 2019 en la lista de los 50 líderes e innovadores que han transformado el mundo de los negocios.  

El crecimiento del único ‘unicornio’ de Colombia -como se les conoce a las empresas tecnológicas valoradas en más de 1.000 millones de dólares- ha sido vertiginoso. Fueron la primera plataforma digital del mundo en atender 200.000 pedidos en un mismo día y algunos de los inversionistas que le han inyectado dinero a la compañía son los mismos que han apostado por Google, WhatsApp, Apple, Yahoo y YouTube, entre otros. La mayor inversión de capital de riesgo que ha recibido es la del conglomerado japonés SoftBank (que antes invirtió, y perdió mucho, en Uber y WeWork): 1.000 millones de dólares, en 2019. 

Hoy, Rappi está valorada en más de 3.500 millones de dólares, aunque en Colombia solo ha reportado pérdidas. ¿Cuál es entonces el negocio? Según sus fundadores, los planes de expansión y crecimiento siguen demandando mucho dinero, mucho más del que reciben por las ganancias, que no niegan pero que siguen siendo menos. “Parte de la visión de Rappi es construir un ecosistema (…) Es mucho más que una empresa de entregas (…) Queremos llegar a tantos consumidores como sea posible, preferimos invertir en eso que centrarnos en objetivos a corto plazo o rentabilidad a corto plazo”, dijo Mejía en una entrevista con Reuters.

De cualquier manera, ya son considerada la SuperApp de América Latina, la que a través de un clic ofrece acceso a todo. Pida y le será concedido. Mercado, flores, medicamentos, libros, ropa, electrodomésticos y aparatos electrónicos, joyas, accesorios para bebé, animales listos para adoptar, pago de servicios públicos y de la declaración de renta. Con Rappi Care usted también programa consultas médicas virtuales, con Rappi Travel consigue un tiquete para el destino que quiera, con Rappi Entertainment tiene acceso a conciertos vía streaming y descarga de videojuegos. Y un largo etcétera.

Andrés Barbosa, presidente de UnidApp, insiste con la pregunta: con todo ese crecimiento, ¿no podrían pensar no solo en los clientes sino también en los repartidores, sin los cuales no tendrían empresa?

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Al menos cinco proyectos de ley distintos sobre regulación de plataformas digitales han hecho su curso en el Congreso de la República, sin éxito. Las empresas que están detrás de esas aplicaciones no los ven con buenos ojos porque proponen una mayor regulación y que paguen mayores impuestos. Y al sindicato tampoco les gustan porque a pesar de que buscan mejorar en algo las condiciones de los repartidores, ninguno va a la raíz del problema, no pretenden que sean reconocidos como trabajadores.

El senador Rodrigo Lara, por ejemplo, presentó uno que incluye que empresas como Rappi cubran “solidariamente” la mitad de la pensión de los domiciliarios y paguen la totalidad de la ARL. Pero para Barbosa este no es un asunto de solidaridad sino un asunto de justicia. 

—Para ganar un sueldo que a veces ni siquiera es el mínimo cumplimos un horario de tiempo completo. Rappi es el que toma las decisiones y nosotros acatamos porque nos toca, si no lo hacemos no podemos trabajar. Eso es subordinación. No es cierto que decidimos cuándo trabajar y dónde hacerlo. En nuestro caso se configuran todas las condiciones para decir que sí somos empleados pero no quieren reconocerlo. Siguen con el discurso de que somos independientes —asegura el presidente del sindicato. 

Lo único que hace la empresa, además de darles tapabocas y gel antibacterial, es proporcionarles un seguro de accidentes -llamado Sappi- que cubre desde el momento en que aceptan el pedido y hasta 30 minutos después de finalizada la orden. 

En diciembre de 2020, Matías Laks, gerente de Rappi para Colombia, le dijo a Portafolio lo siguiente: “Aún no somos rentables. Esa visión negativa de que Rappi se llena de plata y es el gran ganador de la pandemia, es falsa (…) Con respecto a la contratación de ‘rappitenderos’, ellos se conectan con la plataforma cuando quieren, en el horario que quieren y son más un aliado. La mayoría trabaja para múltiples plataformas, es independiente y recibe ingresos muy por arriba del salario mínimo mensual”. 

Pero según una encuesta realizada en 2019 a 318 ‘rappintenderos’ de tres ciudades en Colombia -coordinada por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la Escuela Nacional Sindical y el Centro de Solidaridad de la mayor central obrera de Estados Unidos (AFL-CIO), entre otras organizaciones- el 81,4% de ellos solo trabajan con Rappi.

En España, un tribunal ya determinó que los repartidores de Deliveroo (el Rappi europeo) sí son trabajadores y están subordinados a la empresa, por lo que obligó a la plataforma a que les pague todas las prestaciones sociales. En Reino Unido, un tribunal hizo lo mismo pero con Uber, empresa a la que acusó de disfrazar una relación laboral con el argumento de que los conductores eran autónomos.

En Colombia parecemos estar lejos de que algo así pase y el Gobierno no ha mostrado ninguna intención de querer construir una política pública para proteger los derechos de las miles personas que cada día se cargan una maleta color naranja a la espalda, para satisfacer las necesidades de otras miles. El MinTic ha guardado silencio -tampoco ha respondido las comunicaciones del sindicato- y el Ministerio de Trabajo dijo en octubre pasado que lo único que podía hacer, dado que no son trabajadores, era mediar con la empresa y con el MinTic y la Superintendencia de Industria y Comercio, e instalar una mesa de diálogo “para analizar la situación que vienen afrontando los domiciliarios”. Mesa de diálogo que hasta el momento no muestra ningún avance. 

—Es como si el Ministerio del Trabajo fuera el Ministerio de las Empresas, porque ellos no hacen ningún tipo de inspección y cuando se pronuncian siempre es a favor de las compañías, no del trabajador. Ellos no piensan en las personas —lanza Carolina Hevia. 

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—¿Cuál es el objetivo del sindicato? ¿Hacen un llamado a que los consumidores no utilicen Rappi y la desinstalen, por ejemplo? —le pregunto a Andrés Barbosa. 

—No. Entendemos que las aplicaciones digitales deben existir. Lo que nos interesa es que no se precarice el empleo. Queremos trabajar con buenas condiciones —responde con el tono de quien en un semestre ha hecho un curso intensivo de liderazgo social. 

Si algún día tuviera la oportunidad de sentarse a conversar con Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi, si pudiera tenerlo frente a frente, comenzaría por decirle que ellos, los repartidores que ahora están unidos en un sindicato, podrían ayudarle a hacer crecer su empresa. 

—Le diría que no me vea como el enemigo. Le mostraría cómo desde adentro se le están robando un montón de plata con la clonación de las cuentas de los ‘rappitenderos’ y le propondría un plan para acabar con esa corrupción y mejorar la seguridad. Le pediría que revisara mi historial de trabajo, los clientes me daban buenas calificaciones, ofrecía un buen servicio, y por un fraude que me hizo su misma empresa no pude seguir trabajando. Le pediría que no recargue las pérdidas de dinero en los trabajadores. Lo invitaría a que financiara una campaña para que los restaurantes no nos traten como basura, porque eso es lo que sucede. Le mostraría que si los repartidores tienen buenas condiciones de trabajo, unos baños decentes, lugares de descanso, salud y pensión, si trabajan contentos pues van a prestar mucho mejor el servicio y eso beneficia a la empresa. ¿O creen que alguien que es la cara de Rappi pero tiene miedo, que solo gana 2.000 pesos por mojarse y manejar 6 kilómetros para entregar un pedido en su bicicleta, va a prestar un excelente servicio? Yo no soy economista ni administrador de empresas pero puedo saber que así van a tener más clientes.

No es economista pero le gustaría. Y también le gustaría estudiar derecho o ciencias políticas, “porque esto del liderazgo y las organizaciones sociales ahora me parece muy importante”.

La Unión de Trabajadores de Plataformas (UnidApp) tiene hoy, formalmente, más de 1.000 miembros que trabajan para Rappi, iFood, Mensajeros Urbanos, Tu Orden, Domicilios.com, Didi, Cabify y otras aplicaciones. Lo más difícil, reconoce Barbosa cuando ya casi estamos por despedirnos, es que ahora miles de repartidores le exigen al sindicato lo que deberían exigirle al Gobierno. 

—La presión interna es fuerte, pero no tienen a quién más reclamarle porque en últimas somos nosotros los que los representamos.

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“Estamos cambiando el mundo y mejorando la vida de quienes nos rodean. La visión nuestra es tener un ‘rappitendero’ en cada esquina de cada ciudad de Latinoamérica para ser esa plataforma logística que entregue las cosas más rápido y más barato que cualquier otra compañía y que va volviendo más eficiente la ciudad (…) porque en estas ciudades que se han vuelto tan locas estamos muy desconectados, entonces cada ‘rappintedero’ es un puentecito que une un momento de compra con un establecimiento, o un usuario con otro usuario”, dijo en 2018 el creador y CEO de Rappi, Simón Borrero. 

En marzo de 2020, Rappi tenía 25.000 repartidores en Colombia. En agosto del mismo año tenía el doble. No parece estar lejos esa visión de tener un ‘rappitendero’ en cada esquina de cada ciudad de América Latina.

La pregunta es: ¿a qué precio? 

* Con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). Esta crónica es el resultado del trabajo periodístico de Vorágine. La Fundación Friedrich Ebert Stiftung no comparte necesariamente las opiniones vertidas por la periodista ni las fuentes consultadas.