Así se robó una pistola el senador Julián Bedoya

El viernes 9 de junio del 2000, a las 11:30 de la mañana, Alexander Tapiero, profesor de tiro de la Escuela Nacional de Policía General Santander, informó que luego de hacer el inventario del armamento después de la clase, descubrió que faltaba un arma con su respectivo proveedor: una pistola marca Jericho calibre 9 milímetros.

Empezaron de inmediato las investigaciones, llamaron a todos los estudiantes de la cuarta sección de la promoción Carlos Holguín y revisaron todos los rincones de la escuela. Hacia las 2:15 de la tarde, uno de los estudiantes les dijo a sus superiores que había encontrado el arma en la cisterna de uno de los baños de hombres del lugar, a tan solo 30 metros de donde se desarrolló la clase.

«Yo fui a hacer mis necesidades fisiológicas, y cuando vacié el baño el agua no soltó, así que revisé la cisterna y encontré el arma», dijo el agente.

Los investigadores levantaron las huellas de la tapa de la cisterna para hacerle una exploración dactiloscópica que arrojó «positivo para los dedos medio y anular izquierdo del alférez Julián Bedoya Pulgarín», hoy senador de la República por el Partido Liberal.

Bedoya, quien entró a la Policía en 1998, negó haberse robado la pistola. Dijo que las huellas estaban en la cisterna porque el día anterior al robo había ido a esos baños dos veces. Afirmó, además, que el día en que se perdió la pistola él no entró a esos baños, pero una compañera lo desmintió. La cadete Ángela Lucía Vergara aseguró haber visto a cinco alféreces entrar a esos baños hacia las 10:30 de la mañana.

Bedoya se defendió diciendo que ese era un testimonio vago porque señalaba a cinco alféreces, pero no a él específicamente. Los investigadores los sentaron a los dos y la cadete, sin pelos en la lengua, le dijo que lo recordaba perfectamente porque en un viaje que hicieron a Tunja para acompañar las celebraciones de la virgen del Topo, ella compartió asiento con Bedoya y hablaron todo el camino.

También fueron entrevistados los alféreces encargados de la limpieza de los baños públicos durante esa semana, quienes aseguraron que todos los días a las 6:45 de la mañana limpian los baños con agua, fab y un cepillo.

Todo esto llevó a que el 27 de julio le abrieran una investigación oficial al alférez Bedoya Pulgarín. Esta concluyó que la defensa de Bedoya, frente a las pruebas contundentes en su contra, era descabellada. El informe fue entregado al director de la escuela, quien el 13 de octubre lo suspendió mientras el Consejo Disciplinario estudiaba el caso.

Dos meses más tarde, el 15 de diciembre del 2000, el Consejo Disciplinario se reunió para evaluar el caso Bedoya Pulgarín. La conclusión: el ahora senador se robó la pistola. «Bedoya tuvo una conducta dolosa», argumentaron los miembros del Consejo, quienes además tomaron la decisión de expulsarlo: «Semejantes conductas no son propias de un futuro oficial de la República».

Para la fecha de los hechos, Bedoya Pulgarín estaba próximo a cumplir 20 años y esa era su primera incursión en el servicio público. Eran los tiempos del general Luis Ernesto Gilibert en la dirección de la Policía y Andrés Pastrana estaba próximo a completar dos años en la Presidencia. Convencido de su inocencia y con todas las pruebas en su contra, el alférez Bedoya los retó y apeló la decisión.

El 2 de enero de 2001, la segunda instancia de la Escuela Nacional de Policía General Santander, seccional cadetes y alféreces, ratificó la decisión de primera instancia asegurando que «en el argumento de Bedoya se detecta mentira y mala justificación». Insisten los oficiales en que Bedoya se escapó antes de que terminara el polígono y escondió el arma en la cisterna.

Bedoya pataleó. El 23 de octubre del 2000, mientras esperaba la decisión de la Escuela, el suspendido alférez interpuso una acción de tutela contra el director de la Policía y el director de la General Santander. Una semana más tarde, el día de Halloween, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela y le dijo a Bedoya que la Escuela no le estaba violando el debido proceso.

Con el acompañamiento del abogado Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, experto en temas militares, Bedoya presentó contra la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sus peticiones iban desde la nulidad de los fallos en primera y segunda instancia con los que lo expulsaron de la Policía, hasta su reintegro en el grado de subteniente. También estaba pidiendo que le reconocieran en dinero «el equivalente a 1.000 gramos de oro fino, como pago de los daños y perjuicios morales causados por el irregular retiro del servicio activo de la Policía Nacional». Según el abogado, la expulsión llevó a Bedoya a una «postración física y anímica».

Todas estas exigencias las hizo el entonces alférez Bedoya el 14 de mayo de 2001, sin presentar una sola prueba que lograra desmontar el acervo probatorio que recopilaron en su contra. Un año más tarde, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó las nuevas pretensiones de Bedoya, quien apeló, y el 28 de noviembre de 2002 el Consejo de Estado, con la firma de tres magistrados, uno de ellos Alejandro Ordóñez Maldonado, le puso punto final al pleito del hoy senador Bedoya, rechazando su demanda por ineptitud sustantiva, es decir, por demandar lo que no tenía que demandar, y ratificando su expulsión de la Policía.

La defensa del congresista Bedoya

El tema del robo de la pistola se mantuvo en secreto hasta marzo de 2015, cuando ya Bedoya había pasado por la Asamblea de Antioquia, llevaba un año como representante a la Cámara por el Partido Liberal, y era el presidente de la Comisión de Acusación. Ganó notoriedad a nivel nacional porque se autonombró investigador del caso del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, que terminó en su expulsión de la Corte y posterior condena a seis años, acusado de recibir un soborno por 500 millones de pesos para favorecer en una tutela a la firma Fidupetrol.

Con la ayuda del exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, Bedoya logró presentar unos textos sin errores de ortografía y redacción, no como aquellos que presentó en la primera etapa de la investigación. Fue tan evidente el delito en el que incurrió el magistrado Pretelt, que Bedoya sabía que era un caso ganado, sobre todo con la ayuda de la cúpula de la Fiscalía, que fue clave para que el representante llevara el caso a feliz término, es decir, hasta la plenaria del Senado que decidió, por primera vez en la historia, expulsar a un magistrado de la Corte Constitucional.

En este contexto surgió el tema de la pistola robada. Pero solo se conoció ese dato, que el representante Bedoya había sido expulsado de la Policía por robarse un arma. No se supo más. Aprovechando el poder que le daba ser el presidente de la Comisión de Acusación y estar investigando el escándalo más sonado por esos días, Bedoya citó a una rueda de prensa. Fue el 6 de marzo de 2015. Allí, con un tono muy desafiante, insistió en su inocencia e invitó a los periodistas a ir a la Escuela General Santander «donde podrán hacer un análisis de investigación profunda». Subiendo el tono empató: «Y lo que les puedo decir a los colombianos es que no me he robado absolutamente nada. Ningún arma me robé».

Su exposición continuó: «Se adelantó un proceso que quedó con muchas dudas y esas dudas las asimilé como una experiencia de vida que me ha dado la fortaleza para ser un ciudadano del común que se ha hecho a pulso y ha tomado la decisión de salir adelante». Falso. El expediente de 144 páginas al que tuvo acceso Vorágine no deja espacio a la duda y concluye que Julián Bedoya se robó la pistola y que sus conductas «no son propias de un futuro oficial de la República».

Del robo de la pistola a un fraude académico

En 2015, Bedoya Pulgarín todavía no era abogado, pero así se presentaba. Incluso desde mucho antes. En un programa con Yamid Amat, en marzo, cuando recién asumió el caso del magistrado Pretelt, el presentador le preguntó si era abogado y Bedoya respondió, como en todas sus entrevistas, en primera persona del plural: «Estudiamos derecho en la Universidad de Medellín».

—¿Usted es abogado? —le replicó Amat.

—Sí, señor. Sí, señor —respondió Bedoya sin sonrojarse.

Tras ser expulsado de la Policía Nacional, el joven Bedoya regresó a su natal Medellín e inició sus estudios de derecho en el primer semestre de 2001 en la Universidad de Medellín. Mientras cursaba los primeros semestres agotaba todos los recursos que tenía a su disposición para que lo reintegraran a la Policía. No lo logró, peor aún, el estudiante Bedoya recibió el adjetivo de ineptitud en su demanda, antesala de una carrera profesional atropellada, pero de una carrera política exitosa.

En 2007 se lanzó al Concejo de Medellín, pero perdió con poco más de 2.000 votos, lo que lo llevó a trabajar como asistente del concejal de Cambio Radical, Juan David Arteaga; en 2012, a sus 32 años, Bedoya llegó con 25.000 votos a la Asamblea de Antioquia, avalado por el Partido Liberal. Un año más tarde renunció para lanzarse a la Cámara, obteniendo la curul con 35.000 votos en las elecciones de 2014. Cuatro años más tarde se lanzó al Senado y duplicó su votación, 74.000 votos le dieron asiento en el Senado.

El joven Bedoya descuidó por completo sus estudios por estar de asistente entre las oficinas del Concejo de Medellín y el Congreso de la República, bajo la tutela de Eugenio Prieto Soto, quien lo apoyó para que llegara a la Asamblea de Antioquia en 2012. Una vez elegido, Bedoya empezó a hacer de las suyas. Prieto Soto, su mentor, fue su primera víctima. Le tumbó a Héctor Jaime Garro, del equipo de Prieto, la presidencia de la Asamblea en el primer semestre de sesiones. Prieto lo expulsó de su equipo y Bedoya montó rancho aparte.

Por su parte, la carrera académica de Bedoya transcurrió así: en el primer semestre de 2001 se matriculó en el programa de Derecho de la Universidad de Medellín, donde estudió hasta 2007, «quinto año del programa», según un comunicado de la universidad, cuando se retiró voluntariamente. Luego reingresó en 2008 y se retiró a final de año. Lo mismo ocurrió, extrañamente, en 2009. En 2018, ya elegido senador, Bedoya reingresó a la universidad con un promedio de 2.79. Esta vez estaba decidido y encontró, en una crisis política de la institución académica, la oportunidad perfecta para graduarse sin mucho esfuerzo.

La historia es la siguiente: la Universidad de Medellín es una de las cinco grandes casas del Partido Liberal en Antioquia, como lo cuenta el periodista Fredy Alexánder Chaverra: los liberales de Envigado, los de Bello, el liberalismo socialdemócrata, Renovación Liberal —liderada por Julián Bedoya— y la Universidad de Medellín.

Todos ponen candidatos para todas las elecciones y las broncas políticas son tema de los mentideros políticos paisas. Los tres grupos más poderosos son el de Envigado, el de Julián Bedoya y la Universidad de Medellín. Esta última se alió en las últimas elecciones al Congreso con los grupos de Bello y Envigado para llevar a Iván Darío Agudelo de la Cámara al Senado.

El rector de la universidad, Néstor Hincapié, logró la representación política perfecta, poniendo senador  y manteniendo a sus fichas en la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín: Hernán Torres y Aura Marleny Arcila, presidenta de la Consiliatura de la universidad y concejala desde 2004.

Cuenta Chaverra que la llegada al Senado de Iván Darío Agudelo profundizó unas fisuras que venían desde hace algún tiempo con el rector, por lo que Agudelo se divorció de la casa de la Universidad de Medellín y de Hincapié, a quien consideraba como padre putativo, pues lo llevó de la mano desde que era estudiante de Derecho, luego profesor de la universidad, directivo, diputado, representante a la Cámara y senador.

La ruptura le funcionó al senador Agudelo, pues la mayoría de líderes de la universidad se fueron con él, y este, muy hábilmente, demostró su poderío armándole la campaña a la Alcaldía de Medellín al candidato Daniel Quintero, quien se hizo elegir por un movimiento llamado Independientes, pero que aceptó, sin que aparecieran en las fotos de campaña, el apoyo incondicional de grupos políticos de Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y, por supuesto, miembros de las cinco casas del Partido Liberal en Antioquia.

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Un detalle que no es menor: el senador Agudelo fue el único político que estuvo al lado de Daniel Quintero durante su discurso de victoria, la noche del 27 de octubre de 2019.

Las elecciones regionales del 2019 eran entonces una medición de fuerzas entre padre e hijo; mentor y discípulo. Sin el apoyo de Agudelo y toda la gente que logró sacar de la universidad, era muy difícil que el rector Hincapié mantuviera las curules en el Concejo y la Asamblea. Y es aquí donde entra el senador Julián Bedoya. El trato, según varias fuentes consultadas por Vorágine, era muy claro: el título de abogado para Bedoya Pulgarín a cambio de su apoyo a Aura Marleny Arcila al Concejo. Hincapié entendía que solo con los votos de la universidad no le daba, por lo que tenía que recurrir a la plataforma de un congresista, que había perdido con el senador Agudelo. Julián Bedoya era el candidato perfecto: necesitado, sin escrúpulos y con una base electoral que se triplicó en siete años.

El trato funcionó: el senador se graduó y Aura Marleny llegó al Concejo. El pulso entre Hincapié y Agudelo lo perdió el exrector, pues su ficha para la Asamblea no llegó y con el escándalo de Bedoya tuvo que renunciar a la rectoría el 3 de febrero de 2020.

Así se cocinó el título del senador Bedoya

Para obtener el título de abogado el senador Bedoya Pulgarín presentó un total de 17 exámenes de octubre del 2018 a febrero del 2019, entre especiales, preparatorios y de suficiencia. Lo extraño es que hizo hasta siete pruebas en un mismo día. Un genio.

En vez de asistir a clases, Bedoya presentó exámenes de suficiencia. El 26 de octubre de 2018 presentó cuatro: Filosofía del Derecho; Procesal Civil General y Especial, Sociología Jurídica y Seminario Procesal Administrativo. Aprobó los cuatro, como aprobó todos los demás exámenes que hizo. El 23 de noviembre de ese mismo año, en un solo día, presentó siete exámenes: cuatro de suficiencia (Legislación de Paz, Hacienda Pública, Responsabilidad Extracontractual y Contratación Estatal) y tres preparatorios (Civil II, Político y Penal). Una hazaña. El 22 de enero de 2019 hizo tres exámenes de suficiencia (Derecho de Familia, Sucesiones y Títulos Valores) y el preparatorio de Civil I. Y el 1 de febrero de 2019 cerró con broche de oro al presentar el especial de Seminario Procesal Laboral y el preparatorio de Laboral.

Pero hay más. En el mismo lapso Bedoya pasó el examen de inglés como requisito de lengua extranjera, asistió a dos seminarios obligatorios —Protocolo Empresarial y Comportamiento Social— y presentó las pruebas Saber Pro. 

Le faltaba solo un requisito: el trabajo de grado que presentó como asistente de investigación. La virgen del Topo se le apareció a Bedoya y un viejo profesor y amigo, John Mario Ferrer Murillo, lo incluyó como coautor de la investigación titulada Normas jurídicas adscritas por la jurisprudencia constitucional al derecho fundamental de la libertad de expresión. Según Ferrer, el senador se encargó de la línea jurisprudencial sobre libertad de expresión. Voilà! Pero ambos, profesor y alumno, olvidaron un pequeño detalle: las fechas. La investigación del profesor Ferrer había sido aprobada en junio de 2018, cuando Bedoya aún no había reingresado*.

El primero de marzo de 2019, el senador Bedoya recibió el grado de abogado de manos del exrector Néstor Hincapié, a quien la Fiscalía le imputó cargos por falsedad en documento público, precisamente por este caso. La medida también cobijó a Yolanda Cossio, secretaria académica de la Facultad de Derecho; Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la universidad, y cinco profesores, entre ellos, John Mario Ferrer, quien ahora es uno de los abogados de cabecera del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, gran amigo y aliado político del senador Julián Bedoya. Los dos, Quintero y Bedoya, responden a la casa Gaviria en Bogotá.

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Mientras el senador Bedoya Pulgarín aguarda los resultados de las investigaciones de la Fiscalía, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Procuraduría —que ya le formuló pliego de cargos— y el Ministerio de Educación, la Universidad de Medellín espera decisiones que podrían traer sanciones como la suspensión del programa de Derecho.

Néstor Hincapié, a pesar de su renuncia, sigue manejando los hilos de poder de la universidad. Su salida obedeció a una estrategia que buscaba hacerle frente a una crisis de gobernabilidad a raíz del presunto fraude en la entrega del título al senador. Con la salida de Iván Agudelo de la universidad, llegó el grupo político Renovación Liberal, de Julián Bedoya. El diploma del nuevo barón electoral de Antioquia lo sostienen con cárcel si es necesario. La universidad defenderá a como dé lugar el título que le entregó al senador, pues reconocer el fraude implicaría perder su facultad más importante, la de Derecho.

El robo de la pistola no es un tema menor, pues se suma a decenas de investigaciones que se adelantan contra el senador Julián Bedoya, no solo por el fraude en su título académico, sino también por inasistencias en el Congreso, como lo logró demostrar Cathy Juvinao, directora de la plataforma Trabajen Vagos. También tiene investigaciones por hechos de corrupción electoral y nexos con bandas criminales, como lo denunció la Fundación Pares.

* El abogado John Mario Ferrer Murillo le hizo llegar a Vorágine unos documentos para alegar que todo lo hizo de forma inmaculada y que su prohijado, el senador Julián Bedoya, el mismo que reingresó irregularmente a la Universidad de Medellín con un promedio de 2.79 y que hizo en cuatro días lo que no pudo hacer en 18 años desde su primer ingreso a la carrera de derecho, es una mente brillante que logró sacar adelante los 16 requisitos que le faltaban con sus propios méritos.

Ferrer Murillo envió documentos firmados por empleados de la Universidad de Medellín, la misma que está siendo investigada por el Ministerio de Educación, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema por entregar fraudulentamente el título de abogado a un senador de la República. 

La información fue incluida en este artículo el 11 de septiembre de 2020.