Consulado colombiano en Sevilla entregó alimentos vencidos en plena pandemia

Después de ganarse una beca para estudiar el máster en Historia de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide, Kevin Acosta hizo rifas y buscó el apoyo de sus profesores para emprender su viaje a Sevilla (España), a donde llegó en diciembre de 2019. Tres meses después el país cerró sus puertas debido a la pandemia del coronavirus y los ciudadanos expresaron su miedo, o su ignorancia, con el acaparamiento de papel higiénico y comida en los supermercados. «Lo que me dan para subsistir acá es limitado, al ver las tiendas desocupadas, y al verme sin comida de reserva decidí pedirle ayuda al consulado», dice Kevin. 

Melba Rodríguez*, otra colombiana residente en Sevilla, llegó con visa de turista a España desde Bogotá en octubre de 2019. Antes de que se venciera su visado, Melba sabía que no regresaría a Colombia. «La IPS familiar para la que trabajaba como directora de servicio al cliente se vendió a un grupo empresarial que da prestigio, pero sacrifica salarios y aumenta horas de trabajo. Por la baja calidad de vida que tenía y con una hija de 15 años a la que no me quedaba tiempo de atender, decidí migrar a sabiendas de que trabajaría en algo en lo que no estaba acostumbrada: aseo y cuidado de adultos mayores». 

Tres meses después, Melba recogió el dinero que necesitaba para el viaje de su hija, y a los dos meses de la llegada de la adolescente se decretó el estado de alarma en el país por causa del covid-19. Melba, que hacía guardias nocturnas en los hospitales, pero estaba obligada a pasarle una parte de su salario a quien le había conseguido el trabajo, quedó desempleada. Los adultos mayores se volvieron intocables, y los trabajadores no registrados, como ella, dejaron de existir para el sistema. «Para los auxilios del gobierno español no puedo aplicar, aún estoy en situación irregular, por eso y porque los alimentos y el dinero escaseaban le pedí ayuda al consulado».

Kevin y Melba, cada uno en su realidad, enviaron el 2 de abril pasado un correo al Consulado de Colombia en Sevilla para pedirle la ayuda alimentaria que necesitaban. A Kevin le respondieron diciéndole que recién habían repartido unos mercados con la ayuda de la Cruz Roja Internacional, pero que lo tendrían en cuenta para una próxima repartición. Igual hicieron con Melba. Doce días después, a ambos les informaron que una nueva ayuda iba a ser entregada. Para ser beneficiados tendrían que recoger, en medio del estado de alarma, una ficha en el consulado.

El día en que la recogió, Melba hizo un recorrido, primero en tren y luego en bus, que tardó hora y media en un solo trayecto debido a las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma. Kevin, por su parte, caminó durante 40 minutos para llegar al consulado. Tenía el menisco de su pierna derecha desgarrado por cuenta de un partido de fútbol. Le había solicitado a la entidad una carta que justificara el viaje en carro con alguien que no compartía su misma residencia, pero nadie respondió. 

Al llegar «nos entregaron un papel cualquiera con un número y el sello del consulado. ¿El riesgo que corrí para esto? Era mejor que nos enviaran la ficha por internet. Para eso está la tecnología, ¿no?», me interroga Melba, que tuvo miedo de ser detenida y deportada durante los dos recorridos que hizo para recoger la ficha.

El día de las entregas de las ayudas

A través de un correo electrónico Melba y Kevin fueron citados el 17 de abril a las 4 de la tarde para recoger los mercados en la iglesia evangélica Elim, cerca al centro de Sevilla. Una vez más, ambos tuvieron que hacer largos recorridos. «Cuando llegué, ¡uf!, no soy buena contando, pero creo que había unas 300 personas», dice Melba. En un correo que más adelante enviaría Kevin para reportarle al consulado que los mercados estaban vencidos, el estudiante denunció una aglomeración de más de 500 personas. 

En realidad fueron 510 los asistentes, 100 de los cuales eran colombianos. Las otras nacionalidades eran variopintas: salvadoreños, paraguayos, ecuatorianos, bolivianos, hondureños, guatemaltecos, marroquíes y nicaragüenses, entre otras. Algunos de los consulados de esos países tenían un grupo de representantes que se encargaba de guiar a sus connacionales. 

Todos llevaban una bolsa de mercado, les preguntaban cuántas personas vivían en casa y según la respuesta llenaban las bolsas. Lo primero que hicieron Kevin y Melba al llegar a casa fue comerse una de las hamburguesas que les dieron en el mercado. Minutos después, mientras Kevin hablaba con una conocida y le contaba sobre la ayuda que había recibido, al tiempo que miraba los empaques de los alimentos congelados, vio sus fechas de vencimiento: «Me pregunté si era un error, pero no, uno de ellos vencía en febrero de 2019 y otros en abril y octubre del mismo año». Melba se dio cuenta tres horas después, a través de la alerta que se lanzó en el grupo de WhatsApp de la comunidad colombiana en Sevilla. «Tiré todo a la basura, no lo podía creer», dice.

La reacción del consulado

La cónsul de Colombia en Sevilla es Ana Carolina Pérez Bohórquez, abogada que se graduó en 2010 de la Universidad Libre de Pereira con una tesis que obtuvo mención de honor, tiene especialización en derecho público financiero y administrativo, y una maestría en defensa de los derechos humanos. Antes de saltar a Madrid como cónsul provisional de Colombia en la capital española, Pérez trabajó en Pereira como docente universitaria y para la Defensoría del Pueblo, el Senado, el ICBF, la Personería Municipal y la Lotería de Risaralda.

Su nombramiento en el Consulado en Madrid, ocurrido en diciembre de 2018, y luego su designación como cónsul en Sevilla, en agosto de 2019, coincidieron con su aspiración de cursar un doctorado en España. Sin embargo, no coincidieron con las aspiraciones políticas de su esposo, Jorge Mario García, cercano al entonces ministro de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo. García renunció al Partido de la U y a su curul como concejal de Dosquebradas en julio de 2018 para lanzarse a la alcaldía de ese municipio por el Centro Democrático, pero seis meses después desistió de la candidatura para viajar con su esposa a España.

Fue la cónsul Pérez Bohórquez quien, después de que Kevin denunciara por redes sociales la entrega de los mercados, se comunicó directamente con él vía telefónica. «Se presentó y me dijo “¿usted sabe quién soy yo?”. Por un momento creí que era una periodista reaccionando a la denuncia, pero no. Me preguntó si yo era el que había hecho la publicación y me hizo saber que le molestaba que culpara al consulado. Me dijo que ella había actuado de buena fe, porque los mercados eran gestionados por “otras entidades”. Me pidió que hiciera honor a la verdad en mi publicación y me aclaró, con mucho énfasis, que ella estaba embarazada y también era una víctima de la situación. Luego me pidió que le confirmara cuál era mi perfil de Facebook —desde donde Kevin hizo la denuncia— en un tono que sentí amenazante». La versión de la cónsul sobre estos hechos fue solicitada en varias oportunidades vía correo electrónico y llamada telefónica, pero no hubo respuesta.

En realidad Kevin fue la única persona a quien se pudo verificar que la cónsul llamó personalmente, de los 100 colombianos y colombianas que se expusieron durante la pandemia para reclamar unos mercados que en estos momentos son para ellos realmente necesarios. Lo extraño fue que justo después de esa llamada, el estudiante recibió en su red social cinco solicitudes de amistad de personas desconocidas, cuyas imágenes de perfil «eran de mujeres casi desnudas, insinuantes». También dice que recibió una notificación del funcionario que le entregó la ficha para reclamar el mercado. «Lo reconocí por su foto de perfil, pero no acepté ninguna solicitud». A Melba, que no hizo denuncia pública, la llamó una funcionaria del consulado: «Se identificó y me pidió disculpas, me dijo que estaban muy avergonzados y que por la situación no habían tenido oportunidad de verificar el contenido de los mercados».

Las otras entidades involucradas a las que la cónsul hizo referencia en la llamada a Kevin eran el Consulado de El Salvador en Sevilla y la Asociación Salvadoreña en Andalucía. Pero según el estudiante eso nunca estuvo claro durante la entrega de las ayudas y «el discurso siempre fue “el consulado coordina” y “vamos a entregar unos mercados”». Melba tampoco fue informada sobre esto: «Siempre me dijeron que era el consulado de Colombia quien entregaba la comida. Nos enteramos de que en realidad no era así mientras hacíamos la fila porque la gente lo comentaba, y la entrega de los víveres la hicieron otras personas, no precisamente colombianos».

La versión de los donantes y del consulado de El Salvador

Verónica Rodríguez es la directora de la Asociación Salvadoreña en Andalucía, la entidad que junto con el cónsul honorario de El Salvador en Sevilla, Ignacio de Cossío, se encargó de conseguir los mercados y repartirlos. «Simplemente tenemos una fundación y trabajamos de la mano con nuestro cónsul, a través de él las empresas privadas nos hacen donaciones. Cuando supimos de esta donación lo que hicimos fue contactar a los otros consulados, ofrecerles la ayuda y compartirla con ellos. Ni nosotros sabíamos las fechas que tenían los productos. Nos dimos cuenta en el momento, y el cónsul explicó que debían entregarse cuanto antes para evitar que la cadena de frío se rompiera», explica.

En una carta enviada por Ignacio de Cossío para explicarles lo ocurrido a los demás cónsules involucrados, luego de las denuncias en redes sociales, el cónsul honorario adjuntó los certificados de la empresa Paco Salas congelados, donante de los alimentos, en donde Juan Luis Reyes Vallejo, el encargado de la calidad de los alimentos de marca Ardo Food S.L.U., asegura que «de mantenerse la cadena de frío en todo momento (-18 grados o inferiores) podemos garantizar que mantendrá su calidad microbiológica y que no habrá merma significativa de la calidad sensorial hasta doce meses después de la fecha de consumo preferente». 

Y es precisamente la diferencia entre fecha de vencimiento y fecha de consumo preferente otro de los argumentos que dan quienes repartieron los mercados: «La comida no estaba vencida. Simplemente había sobrepasado su fecha de consumo preferente, y como lo explicaron los productores se podía consumir hasta un año después de esa fecha. Además, también dimos naranjas, carne y yogur. Es una pena que sólo vean lo malo», enfatiza la directora de la Asociación Salvadoreña en Andalucía. 

La ingeniera de alimentos de la Universidad del Valle Karen Loaiza explica que «es verdad que los alimentos, especialmente las verduras —como ocurrió en este caso—, no sean peligrosas al consumirlas pasado un año de la fecha de consumo preferente, siempre y cuando se respete la cadena de frío y los empaques estén en óptimas condiciones. Y aunque es complejo decir una fecha de vencimiento para este tipo de comida, sí hay algo importantísimo que se debe hacer al entregar un alimento así: decírselo al consumidor». Esto porque descongelar y volver a congelar la comida es una de las prácticas más peligrosas que se pueda hacer con los alimentos, más si ha pasado su fecha de consumo, asegura la ingeniera. 

Pero ni a Kevin ni a Melba, ni a los otros 98 colombianos se les informó esto al momento de entregarles los alimentos. Y como la delegación consular colombiana, a diferencia de las otras delegaciones, no asistió a la entrega para estar pendiente del proceso, era imposible que les comunicaran a los connacionales que los congelados debían consumirse cuanto antes si se cortaba la cadena de frío. Kevin tardó una hora en regresar a casa. Melba hora y media. Eso sin contar la fila, que según ambos tardó una hora; más lo que se demoraron en descargar los alimentos, «y los congelados, al momento de entregarlos, no estaban refrigerados sino en cajas», agrega Melba. Al día siguiente Kevin enfermó: «tuve un fuerte malestar estomacal y diarrea». Melba, afortunadamente, no presentó ningún síntoma. 

En un correo en el que se le preguntó al Consulado colombiano si había hecho seguimiento a los casos de personas con síntomas, no sólo de intoxicación sino también de contagio por coronavirus, debido a la exposición que demandó la recogida de la ficha y de los mercados, este respondió que no había casos registrados luego de la repartición. En ese sentido, tampoco hubo compensación por la comida entregada ni por los gastos en los que incurrieron quienes recibieron los mercados.

Olvido e inseguridad alimentaria de colombianos en el exterior: una constante en tiempos pandémicos

Gloria Gutiérrez* es otra colombiana en España que debió pasar la cuarentena con un estatus migratorio irregular. Dice que se fue a Europa porque lo que se ganaba como asesora inmobiliaria no le alcanzaba para pagar las cuotas del crédito de su casa ni las de otra deuda que tenía con el banco. «Tampoco para el sostenimiento de mi casa, muchas veces no tenía ni para pagar los servicios». Las ganas de irse se exacerbaron luego de que su hija mayor fuera maltratada por su esposo, con quien tiene un hijo. «Para alejarla de ese maltrato decidí migrar con ella y mi nieto. No tenía opción». 

Al llegar a Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, Gloria consiguió trabajo sin tener papeles en regla en un almacén donde le pagaban tres euros la hora, cuando lo normal es que paguen 7,4 euros; y trabajaba nueve horas diarias, pero le pagaban ocho. Tampoco tenía derecho al finiquito, la liquidación que se entrega al empleado en caso de que la relación laboral se rompa. «Hasta que la amiga con la que vivíamos me pidió la habitación donde dormíamos y renuncié. Nos fuimos a Bilbao, pagamos el primer mes de arriendo y a los ocho días comenzó la cuarentena», cuenta Gloria.

Dos mujeres —ella y su hija— y un niño —su nieto—, de año y medio, se quedaron sin con qué comer. «Alguien nos contó sobre una iglesia donde regalan mercado cada ocho días. Nos dan leche, tomate y enlatados. Y el ayuntamiento, al vernos con el bebé, nos dio para tres meses de arriendo», dice Gloria, que no sabe qué hará después de julio, el mes en el que se le acaba el subsidio. Por causa de alguna comida vencida donada, su hija también ha enfermado dos veces. «A mí no me ha afectado, pero a ella sí, es muy delicada, le da vómito y malestar».

—¿Y cómo han hecho con el niño?, le pregunto. 

—Aún toma leche materna, eso ha sido una bendición. Y complementamos su dieta sólo con alimentos frescos. 

—¿Y qué ayuda le han pedido o les ha ofrecido el Consulado de Colombia?    

—Ninguna, ni los hemos contactado ni ellos nos han escrito. Hemos buscado ayudas por fuera, con organizaciones internacionales o con la municipalidad. 

Con su nuevo trabajo, Gloria gana 500 euros mensuales cuidando de dos niños a tiempo completo. Un poco menos de la mitad del salario mínimo vigente en España. «Es lo mejor que he encontrado. Por la pandemia los empleadores se están aprovechando. Ofrecen unos horarios inhumanos por una miseria de salario», me dice. 

Melba, por su parte, después de la entrega del mercado y la flexibilización del toque de queda retomó su anterior empleo: cuidar de adultos mayores ingresados en hospitales. Por cada guardia de doce horas le pagan 60 euros, 20 de los cuales van para la intermediaria que consigue el turno y pone los permisos de trabajo.

Ambas mujeres son la cara de un síntoma que aún no encuentra diagnóstico, y que se confirma con un estudio exhaustivo realizado por la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III sobre la inmigración de los últimos años en España. Algunas de sus conclusiones: «la imagen de la inmigración irregular en España es la de una mujer de unos 30 años procedente de Colombia, Venezuela u Honduras y que entró en el país con un billete de avión» y «uno de cada cuatro extranjeros sin papeles entró por Barajas o El Prat con un pasaporte colombiano (que no necesita visado desde 2015) y se quedó a vivir». Al preguntársele a la Cancillería por este fenómeno, vía derecho de petición, para saber si tiene bases de datos o si ha emprendido un plan para ayudar a los colombianos indocumentados en el exterior durante la pandemia, no hubo respuesta. El Consulado de Colombia en Sevilla, por su parte, atinó a responder que conocer esta cifra es imposible: «están indocumentados, no figuran en bases de datos oficiales».

La relación entre trabajo y seguridad alimentaria es directa y las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no son alentadoras: estiman que en el mundo se perderán 197 millones de empleos en cuestión de meses. Los sectores más afectados serán el inmobiliario, actividades administrativas, fábricas, turismo, comercio y tiendas. Muchos de estos oficios son realizados, en Europa, por personas indocumentadas que efectivamente no figuran en ninguna de las bases de datos oficiales, y de las que difícilmente tendremos razón.

—Toda está situación ha sido tan particular —me dice Melba en una llamada de WhatsApp después de contarme su experiencia en España con el consulado—. Uno siente entre rabia y risa. Como si fuera una comedia o una fantasía. Acá somos los hijos de nadie, y el hecho de estar indocumentada hace que no tenga padres. Pero en situaciones tan extremas, como la que estamos viviendo, el pedir ayuda lo veo como si mi hija me pidiera un tetero y yo se lo diera dañado. Ha sido toda una burla. Y por muy amables que sean y muchos perdones que nos regalen, no es suficiente. Me fui de Colombia para escaparme de Macondo, pero me persigue.

*Los nombres de Gloria Gutiérrez y Melba Rodríguez fueron cambiados pues las entrevistadas prefirieron no ser identificadas. 

* Daniela Mejía Castaño es periodista graduada de la Universidad Javeriana. Desde 2018 vive entre Colombia y los Países Bajos. Sus textos han sido publicados por Baudó AP, El Espectador, Pacifista y Gaceta Holandesa.