Palabra silenciada: el exterminio de los profesores en Córdoba

Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, le confesó al país el 16 de mayo de 2023, en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), que muchos crímenes contra profesores en Córdoba fueron ordenados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo que le entregó a las autodefensas los listados con los nombres. Entre Ríos Museo reconstruyó una base de datos mucho más amplia, de por lo menos 139 crímenes contra miembros del sector educativo en la región, de los que son responsables diversos actores armados. Se llama “Palabra silenciada”. 

Algunos de los primeros crímenes fueron cometidos por grupos que se hacían llamar Los mochacabezas, de los hermanos Castaño, fundadores del paramilitarismo, y se leían como aislados. Posteriormente fueron aumentando los asesinatos y se dieron en el marco de decenas de masacres y actos violentos en una región que vio cómo nació y se fortaleció un ejército bautizado finalmente como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que sólo se desmovilizó en 2006. 

La historia da cuenta de que en 1988 once profesores fueron asesinados. Ese mismo año se perpetraron las masacres de Mejor Esquina, donde perdieron la vida 28 civiles, y El Tomate, donde murieron 16 personas. Los años 1996, 1997 y 2000 fueron los más oscuros en contra del magisterio cordobés, muestran los datos. A finales de la década de los años 90 comienza la expansión y consolidación del paramilitarismo en todo el país y en el año 2000 se configura la toma de las autodefensas del principal centro de educación superior del departamento, la Universidad de Córdoba, un hecho inédito.

En más de tres décadas de terror, a trece profesores con pertenencia étnica los mataron. Eran educadores y etnoeducadores del pueblo Zenú, del Embera Katío y del Palenque de San José de Uré. Las dos primeras comunidades fueron acompañadas y apoyadas por profesores de la Universidad de Córdoba en varios de sus procesos de fortalecimiento social. De los 139 profesores asesinados 21 militaban en algún sector político; 115 pertenecían a distintos sindicatos, entre ellos a la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor). Las entrevistas a profesores sobrevivientes hechas para esta investigación dan cuenta, incluso, de la estigmatización de la que fueron víctimas. En muchos casos a algunos de ellos les prohibieron asistir a los sepelios de sus compañeros.

¿Por qué los asesinaban? Nadie se aventuró a dar una respuesta. Oswaldo Regino, periodista del diario El Universal, estudiante de ciencias sociales y quien apoyaba las comunicaciones de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), intentó investigar para responder esa y otras preguntas en un territorio que era una bomba de tiempo, pero lo mataron en noviembre de 1988. Ese mismo año también asesinaron al periodista William Bendeck Olivella, quien hurgó sobre las relaciones entre las mafias de la región, los desplazamientos forzados y las denuncias que algunos valientes intelectuales se atrevieron a hacer sobre el conflicto y las disputas de los actores de guerra. Todo aquel que se atreviera a levantar la voz comenzó a correr la misma suerte.

Intentando formar a estudiantes en el pensamiento crítico, profesores de escuelas rurales del departamento de Córdoba, del Colegio Nacional José María Córdoba (Conalco) y de la única universidad pública de la región, establecieron diferentes estrategias para enseñar a mejorar los cultivos tradicionales de pancoger a indígenas y campesinos; para hacer memoria sobre las luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que reclamó tierras en medio de un despojo sin precedentes en Colombia; para enseñar educación ambiental y geografía, y para criticar al desarrollismo con la instalación de una mina de níquel a cielo abierto en el San Jorge o la construcción de la represa de Urrá en pleno corazón del río Sinú, entre muchas otras causas sociales.

La violencia arrinconó a los profesores en Córdoba por ser, dentro de sus comunidades, más que maestros, líderes de opinión. Su conocimiento, mucho o poco, de la ley y la democracia, así como su capacidad de movilizar, fueron factores determinantes para perseguirles y eso se confirma con la modalidad del crimen: la mayoría de los casos fueron asesinatos selectivos. Cuando no fue así, entran en consideración otros escenarios que incluyen haber caído en tomas guerrilleras de pueblos o en atentados de la subversión que operaban en la zona.

Si bien los crímenes de los profesores de la Universidad de Córdoba adquirieron mayor notoriedad al hacerse evidente la toma paramilitar a la institución, ocurrida durante los primeros años de la década del 2000, al ampliar la línea histórica de esta investigación se confirma que el panorama de crímenes contra docentes era mucho más extendido; y que la violencia contra los miembros del sector educativo configuró algo más profundo: el intento de la derecha armada de aniquilar el pensamiento crítico en toda la región. 

“Palabra Silenciada” completa la fotografía de la memoria. Álvaro Taborda y Felix Avilés, hijos de dos de los profesores desaparecidos y asesinados; los etnoeducadores de la región y la familia de un investigador de la Universidad de Córdoba, exiliado en México por muchos años, se lo contaron a Entre Ríos Museo, porque toda palabra silenciada emerge y encuentra territorio donde dejar eco.

*Entre Ríos Museo es un proyecto que vincula el periodismo, el arte y la ciencia para traducir la realidad. Está dirigido por la periodista colombiana Ginna Morelo.

*Esta investigación “Palabra silenciada” fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar al Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)