Fronteras de la desaparición:
las personas que los gobiernos no buscan

A la Pulga los paramilitares la obligaron a pasar muertos por las trochas de la frontera cuando llevaba mercancías. Le subían las víctimas a la bicicleta, y lo vigilaban desde varios puntos. Esos restos eran enterrados en los cementerios de Venezuela como NN o lanzados al río Táchira. “El invierno se llevó cada año a los desaparecidos del río y aquí, por estas tierras, hay más resignados que buscadores”, dice.

La desaparición en las fronteras colombianas siguió una lógica distinta a la del resto del país. Mientras los cuerpos pasaban de un lado a otro con total impunidad, la búsqueda también quedó atrapada entre dos Estados, dudosos sistemas de registro y memorias fragmentadas.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) ha documentado que, antes del primero de diciembre de 2016, las desapariciones en las franjas limítrofes respondieron a dinámicas propias del conflicto armado, y adquirieron una complejidad particular.

En estos territorios, la jurisdicción se rompe. Un cadáver puede aparecer del otro lado del río, un testigo puede haber migrado a otro país y la información necesaria para reconstruir una historia se reparte entre instituciones que no siempre conversan entre sí. A eso se suman pasos irregulares imposibles de rastrear, corredores controlados por actores armados y familias que, desplazadas o exiliadas, intentan seguir las huellas de sus seres queridos desde cientos de kilómetros de distancia.

La desaparición, además, suele quedar oculta bajo otros relatos de la frontera. Una persona pudo salir rumbo a Ecuador, cruzado hacia Venezuela o haberse internado en la selva amazónica siguiendo una ruta migratoria. Sin registros institucionales que permitan trazar ese tránsito, la pregunta sobre dónde se borró su rastro termina siendo también la pregunta sobre qué ocurrió realmente.

En el sur de Nariño, por ejemplo, varias familias cuentan que el último lugar donde vieron a sus parientes fue Cumbal, antes del paso hacia Ecuador. A partir de ese punto comienza un vacío difícil de llenar: establecer si la persona alcanzó a caminar hacia suelo extranjero, si quedó retenida en el trayecto o si fue desaparecida antes del límite internacional. Muchas veces no existe un registro migratorio que permita responder a esa pregunta.

La frontera también produce otro tipo de silencio: el estadístico. Las desapariciones de migrantes, personas sin documentos o habitantes con vínculos precarios con el territorio tienen menos probabilidades de ser denunciadas y, cuando lo son, suelen enfrentar investigaciones con información dispersa y falta de coordinación entre países.

Aun así, las cifras dimensionan la magnitud del fenómeno. Entre 2010 y 2026, la Fiscalía General de la Nación registró 2.914 víctimas de desaparición forzada en municipios fronterizos de Colombia. Son números que revelan una tragedia que se esparce por toda la periferia del país: desde el Caribe guajiro hasta el Pacífico nariñense; desde las trochas del Táchira hasta la selva amazónica y el Darién. Cada frontera tiene sus propios actores, economías ilícitas y rutas de movilidad. Sin embargo, todas comparten una misma paradoja: cuanto más fácil resulta atravesarlas, más difícil resulta volver a encontrar a quienes se perdieron en ellas.

Este especial recorre cinco de esas fronteras —Norte de Santander, La Guajira, Putumayo, Nariño y Chocó— para seguir las huellas de las desapariciones y de quienes todavía buscan. Continúa en los ríos que arrastran cuerpos, en los cementerios sin nombre, en las trochas donde circula el silencio y en las familias que persisten a pesar de los límites trazados por el conflicto y los Estados.