Así se ha movido la industria de ultraprocesados frente a los sellos de advertencia obligatorios desde este 15 de junio.
16 de junio de 2024
Por: Santiago Ramírez / Ilustración: Camila Santafé
Así se ha movido la industria de ultraprocesados frente a los sellos de advertencia obligatorios desde este 15 de junio. Un congresista quiso tumbar el impuesto a las bebidas azucaradas, cuyas empresas son las que más plata aportan a campañas políticas.

En las estanterías de los principales supermercados del país hoy se puede encontrar un paquete de fritos ultraprocesado distinto a los demás. Lo que lo diferencia de otros similares es que no cuenta con sellos frontales de advertencia, una medida de salud pública que se estableció en Colombia en pro de que los consumidores tuvieran mejor información a la hora de comprar alimentos.  

Se trata de Todo Rico Original, un producto que contiene chicharrones, papas fritas y tajadas de maduro. Y no es que de la noche a la mañana esta combinación de snacks se haya vuelto un producto saludable. Está lejos de serlo. Detrás de la nueva presentación del paquete se esconde una jugada de reformulación de componentes para pasar por alto la obligación de fijar los sellos. Y lo hicieron subiendo las calorías, adicionando glutamato monosódico en vez de sal, y empeorando la calidad de los aceites. Así lo argumentó Juan Camilo Mesa, un experto en nutrición que desde las redes sociales hace pedagogía en temas de alimentación. 

“Hecha la ley, hecha la trampa, a la industria no le interesó nunca nuestra salud. La ley de etiquetado debe ser repensada a partir de la experiencia una vez se venza el plazo de la implementación”, expresó Mesa tras analizar el caso de Todo Rico.

La resolución 810 de 2021, emitida por el Ministerio de Salud, había establecido una normativa para el etiquetado frontal de alimentos ultraprocesados. En diciembre de 2022 otra medida del mismo alcance (la 2492) hizo modificaciones a la anterior y reglamentó el etiquetado octogonal con mensajes más claros. Básicamente, Colombia pasó de tener un etiquetado circular que decía, por ejemplo, “alto en sodio”, a uno octogonal que tiene avisos como “exceso de sodio”. Múltiples estudios han determinado que este último es más efectivo porque genera una alerta real en los consumidores. 

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La medida determinó que el 15 de junio de 2024 todos los productos ultraprocesados que traspasaran los umbrales de sodio, grasas saturadas, azúcares, y grasas trans deberían tener ya los sellos octogonales. De lo contrario deberían ser retirados del mercado.

Las jugadas de la industria para que sus productos pasen menos inadvertidos son varias. Mylena Gualdrón, directora de la Fian Colombia, una organización que vigila al Estado en implementación de leyes, ha visto por ejemplo productos exhibidos al revés en las góndolas, así se evita que el comprador tenga a la vista los octógonos. 

Pero además, la resolución no ha podido establecer una normativa para regular las declaraciones nutricionales. En un producto de cereal de la empresa Kellogg’s, que tiene etiquetado frontal de advertencia, se puede leer a un costado: “mezcla de cereales de maíz, trigo y avena con sabores a frutas con vitaminas y minerales”.

Un estudio publicado por Salud Pública de México en 2019 explica la confusión que le puede sobrevenir a un consumidor cuando en un mismo producto advierten exceso de nutrientes críticos y al mismo tiempo posibles características nutritivas o beneficios para la salud que en muchos casos son engañosos. Este efecto puede llevar al comprador a tomar decisiones equivocadas.

Mesa, quien además de nutricionista es un experto en etiquetado frontal, nunca vio necesario un sello que dijera “exceso de calorías”. ¿Por qué? Porque simplemente no le parecía que una correcta nutrición tuviera que pensarse desde esta variable. Sin embargo, allí, en la ausencia de este sello en la norma colombiana (no pasa lo mismo en México o Chile) estaría la clave para entender el caso de Todo Rico. 

La historia es así: el producto Todo Rico de la marca Super Ricas o Comestibles Ricos S.A. apareció en góndolas sin sellos un día. “Lo que hicieron ellos fue jugar con las calorías, pero le subieron por un lado que no los afectara (…) y así producir un producto sin sellos. Por ejemplo, subirle a la proteína (en este caso piel de cerdo) aumenta calorías y la ley no sanciona eso”. 

Mesa publicó un hilo sobre un producto similar, de la misma empresa, pero una edición con BBQ, en donde hacen una reformulación del sodio a partir de glutamato monosódico, una sustancia que según él está muy estudiada y que modifica el gusto en las personas. “El glutamato monosódico es una sustancia que entre comillas reemplaza al sodio y es tremendamente estudiada, sabemos hoy en día que es un ingrediente que modifica o cambia la forma en que nosotros percibimos los alimentos, nos hace más menos sensibles a los sabores”, dijo el nutricionista en conversación con VORÁGINE.

Mesa dice que hay tres formas de subir las calorías: con la proteína, la grasa o los carbohidratos. La proteína no es castigada en la ley, los carbohidratos sí, pero dependiendo de si son azúcares añadidos o no. Y las grasas solo si son saturadas. Entonces las empresas estarían jugando libremente con las proteínas, no importa de qué tipo. “Hasta con extracto de levadura, o sea, ¿por qué esto tendría levadura? ¿Por qué una formulación de este tipo tendría levadura si no es un producto que hornean? Se la ponen para subirle a la proteína y lograr este tipo de efectos”, dice.

En resumen, según lo observado por Mesa, la nueva formulación de Todo Rico tiene 31 calorías más. Las grasas saturadas en su mayoría habrían sido reemplazadas por grasas insaturadas. La proteína vendría de piel de cerdo y de extracto de levadura. Y la razón por la que Todo Rico seguiría teniendo un sabor parecido al anterior es por la inclusión del glutamato monosódico, un potenciador del sabor que no estaba en la formulación anterior

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La industria juega con el tipo de grasas. Por ejemplo, existen las saturadas e insaturadas, como decía Mesa. No quiere decir esto que las grasas saturadas haya que eliminarlas de la alimentación. De lo que se trata es de reducir su consumo excesivo debido a las implicaciones cardiometabólicas.

Según Mesa, la empresa Super Ricas decidió bajarle a las grasas saturadas de su producto estrella, y ese juego probablemente tenga que ver con la composición nutricional del aceite con el que están fritando los chicharrones, las papas, y las tajaditas. La conclusión es que Todo Rico no es más saludable por ahora carecer de sellos, así de simple.

El impuesto que pretendían tumbar

El 18 de octubre de 2023 en la Cámara de Representantes se debatió el Presupuesto General de la Nación. En medio de las discusiones aparecieron proposiciones que buscaban prorrogar la implementación de artículos de la Reforma Tributaria que había entrado en vigencia ese año. Lo que buscaban era aplazar el artículo que impone impuestos a las bebidas azucaradas y ultraprocesados.

Las votaciones finalmente no lograron su cometido. Sin embargo, los intentos por posponer dicha tributación dejó un antecedente. El Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) demandó la investidura de tres congresistas que habrían vulnerado el régimen de conflicto de intereses durante el debate del presupuesto general al votar una de las proposiciones.

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Los parlamentarios objeto de la demanda que fue admitida por el Consejo de Estado pertenecen al partido Cambio Radical. Ellos son Carlos Abraham Jiménez, senador; y los representantes a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez y Jairo Humberto Cristo. 

Este es uno de los tantos precedentes que dejan ver cómo la industria de las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados mueve aparentemente hilos dentro del Congreso de Colombia en favor de sus intereses. Arbeláez y Cristo votaron una proposición a favor de posponer la implementación del impuesto; Jiménez, por su parte, intervino en la suscripción de la proposición que buscaba dilatar la entrada en vigencia de la medida. Poco o nada se habló en los medios de comunicación sobre quiénes financiaron sus campañas. Y ahí está el quid del asunto.

El debate del presupuesto general no solo se dio en Cámara, también en Senado.  Carlos Abraham Jiménez intervino, firmó y votó una proposición también para dilatar la entrada en vigencia del impuesto saludable. Jiménez, un político del Valle del Cauca, recibió financiación de las empresas Postobón y Bavaria. Obtuvo 45 millones de pesos de la primera; y 81 millones de la segunda. Esta información, publicada en Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue reportada por el mismo congresista.

La representante Arbeláez reportó en Cuentas Claras que recibió 45 millones de pesos  de Bavaria, y 70 millones de pesos Postobón. Por su parte, el congresista Cristo consignó que recibió 36 millones de pesos de Bavaria, y 90 de Postobón.

Arbeláez publicó un comunicado en respuesta a la demanda de su investidura. La congresista cuenta que se declaró impedida para debatir la creación del impuesto a las bebidas azucaradas en el contexto del debate de la Reforma Tributaria, pero que esta fue rechazada. Fue rechazada para el debate de la reforma, no para las discusiones alrededor del Presupuesto General de la Nación.

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Este no ha sido el único episodio que evidencia que en el Congreso de Colombia le quieren poner zancadillas a la implementación del impuesto saludable. Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, presentó un proyecto de ley que buscaba justamente eliminar de tajo la tributación. Según el congresista, el gobierno debía formular una alternativa tributaria que contrarrestara eficazmente la elusión y la evasión. 

Según datos de Cuentas Claras procesados por la Silla Vacía, la Organización Ardila Lülle (de la que hace parte Gaseosas Lux) fue el grupo económico que más aportes hizo a las campañas políticas en 2023 con 7.370 millones de pesos; le siguen Bavaria con 5.660; y en cuarto lugar aparece Coca-Cola Femsa con 2.040 millones. El Centro Democrático, partido del senador Cabrales, recibió 880 millones de pesos por parte de Gaseosas Lux y 600 millones de Bavaria.

Cabrales es cuñado de uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe; es hermano de Sofía Cabrales, esposa de Tomás Uribe. Fue representante a la Cámara entre  2018 y 2022, y logró saltar al Senado en la actual legislatura. Fue contratista de la Unidad Administrativa del Cuerpo de Bomberos, y de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa.

El proyecto de ley presentado por Cabrales fue tumbado a pupitrazo el día del debate, así lo recuerda la representante a la Cámara Katherine Miranda. La congresista cuenta que ni siquiera vio al parlamentario del Centro Democrático ese día en el recinto para defender su propia iniciativa. El Ministerio de Hacienda, a su vez, dio su concepto negativo al proyecto de ley: “al ser una iniciativa tributaria, bajo el artículo 154 de la Constitución Política de Colombia, inicia su trámite en la Cámara de Representantes y es necesario el aval del Gobierno, toda vez que pretende cambiar las rentas nacionales (numeral 11 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia al que se refiere el artículo 154 constitucional), so pena de inconstitucionalidad”.

El proyecto a todas luces era inconstitucional pues pretendía modificar parte de los impuestos del país sin pasar por el gobierno.

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Uno de los argumentos del proyecto de Cabrales hacía referencia a una supuesta incidencia del impuesto saludable en la inflación, lo que afectaría la economía de los más pobres. Dicha tesis fue compartida incluso por congresistas como Jennifer Pedraza, quien también defendió una proposición en el marco del debate de la aprobación del Presupuesto General. 

Pedraza dijo: “pedimos que los impuestos, que lamentablemente esta plenaria aprobó en la Reforma Tributaria dirigido a los alimentos ultraprocesados, no entren a regir en 2024 como estuvo definido sino que se condicione a que exista un contexto más favorable frente a la inflación”. 

Y agregó: “en las proyecciones del Presupuesto General la inflación es del 9.6%, esto quiere decir que afecta de manera diferencial mucho más a familias de estratos bajos que seguramente son los que más consumen estos alimentos”. Pedraza dijo que era necesario que los impuestos a los alimentos ultraprocesados estuvieran condicionados a una inflación entre el 2 y el 4%, que es el rango establecido por el Banco de la República para los grupos poblacionales de menos recursos. “De lo contrario vamos a profundizar el hambre en Colombia”, aseguró.

Redpapaz, una organización que vela por la alimentación saludable, dice que la inflación en realidad es uno de los argumentos que se usan con frecuencia para justificar el supuesto daño que hacen los impuestos saludables a la economía y a la alimentación de la población más pobre. Desde Redpapaz lo argumentan con un ejemplo: la inflación del año acumulado entre agosto de 2022 y agosto de 2023 fue de 11,43%. Tan solo 0,2 puntos porcentuales corresponden a los comestibles y bebidas ultraprocesadas.

Mauricio Salazar, economista y profesor de la Universidad Javeriana, explica que el   Índice de Precios de Consumo (IPC) se calcula sobre una cesta base, y es cierto que la inflación puede subir los precios. “Sin embargo, este impuesto sube el valor de los productos para que precisamente la gente cambie esta cesta base de consumo y eventualmente no se enferme. Yendo al extremo, el impuesto puede tener un efecto inflacionario sobre los ultraprocesados, eso es esperable, pero la gente verá la relación de precios y sustituirá los ultraprocesados por otros alimentos. Ese efecto inflacionario básicamente se diluye en la medida en que el consumo se va a otros bienes”, dice.

Así se ha movido la industria de ultraprocesados frente a los sellos de advertencia obligatorios desde este 15 de junio. Un congresista quiso tumbar el impuesto a las bebidas azucaradas, cuyas empresas son las que más plata aportan a campañas políticas.

La desinformación frente a los tenderos

No solamente en el Congreso el impuesto a las bebidas azucaradas cada tanto tambalea. A comienzos de junio, la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco) emitió un comunicado en el que decía que las tiendas de barrio habían perdido casi 15% de sus ventas a causa del impuesto saludable.  Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación, aseguró que los impuestos afectaron casi a 70% de los productos que venden en dichas tiendas, y estaría obligando a muchos tenderos a cerrar sus comercios.

Estas predicciones generaron alarma y una respuesta de parte del Cajar con argumentos que la agremiación de comerciantes no había exhibido. 

“La Sentencia C-435-2023 de la Corte Constitucional de Colombia respalda esta postura, catalogando las bebidas azucaradas ultraprocesadas como productos nocivos para la salud. Cajar destaca la importancia de los impuestos saludables como una herramienta crucial para la protección de la salud pública en Colombia. Datos del Ministerio de Salud indican que en 2022 se registraron 1’599.368 casos de diabetes en el país”, dijeron.

Cajar expuso que este tipo de medidas tributarias están respaldadas por evidencia científica, por organismos internacionales de salud y derechos humanos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su aporte a la protección de derechos como la alimentación, la salud y la vida digna. 

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“Teniendo en cuenta que el exceso de consumo de los productos gravados aumenta las posibilidades de sufrir una enfermedad no transmisible, el impuesto saludable es una herramienta crucial para la protección de la salud pública en Colombia”. Y agregaron: “El Cajar convoca a Fenalco a aportar al debate público sobre los impuestos saludables de manera informada y transparente, con argumentos y evidencias libres de conflictos de interés, para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación adecuada, especialmente para la niñez colombiana”.

A mediados de marzo de 2024 en medios de comunicación aparecieron artículos que citan una encuesta hecha por Dichter & Neira, una firma de mercadeo que tiene presencia en distintos países. El estudio es una indagación propia que hace la empresa sobre algo que llaman Índice de Confianza al Tendero, una medida creada por ellos para tantear el panorama de este segmento de la economía cada tres meses.

Los titulares que citaban a Dichter & Neira decían: “Nueve de cada 10 tenderos perdieron dinero…”, “el impuesto saludable ha afectado gravemente a los tenderos”. Sin embargo, el propio estudio no incluía expresiones como “perder dinero”. Tampoco contemplaban afectaciones directamente a ellos como microempresarios. La pregunta estaba dirigida a qué categorías de alimentos se habían afectado con el impuesto. De hecho, el propio estudio señala que el 51% de los tenderos considera que su negocio estará mejor dentro de 12 meses.

Para Salazar, “el estudio igual refleja el comportamiento de mercado, son microempresarios, estamos en un ciclo económico de lento crecimiento. Es esperable que las ventas hayan caído por el impuesto, es esperable, me causa suspicacia, sin saber la metodología, la forma en la que se pregunta”. En encuestas de este tipo las personas suelen escoger la opción que está más arriba del cuestionario.

En la página web de Ditcher & Neira se destacan los clientes para los que esta firma trabaja, allí aparecen empresas como Coca-Cola, Pepsi y Bimbo.

Opiniones sobre el etiquetado

La encuestadora Cifras & Conceptos, en alianza con la Redpapaz, publicó los resultados sobre la percepción que tienen los colombianos acerca del etiquetado frontal de advertencia. El 54% de los encuestados considera que los sellos negros octagonales son útiles. Esto es apenas un poco más de la mitad. Las personas que tienen entre 18 a 35 años suelen estar más a favor de estas medidas de advertencia. 

Sin embargo, cuando a las personas se les preguntó por la tendencia a disminuir la compra de ultraprocesados gracias a los sellos, las respuestas se dividieron con porcentajes cercanos: el 36% aceptó que disminuyó la compra de ultra procesados, el 32% se declaró neutral frente a la pregunta, y el 31% estuvo en desacuerdo frente a la afirmación, es decir que no dejaron de comprar y consumir ultra procesados por los sellos.

Finalmente en la encuesta hay dos datos que registran una notable mayoría porcentual: el 84% de las personas cree que sería útil para las familias contar con mayor información sobre cómo alimentarse de manera más sana, y el 76% quiere obtener mayor información sobre los impuestos saludables por parte de la Dian.

Un estudio publicado por la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia concluye que el sistema octogonal para advertir los excesos en algunos alimentos es el mejor que puede adoptar el país. Esta investigación analizó otros estudios sobre etiquetados frontales (ya que existen varios tipos de etiquetado, en Francia por ejemplo se usa el nutriscore) y concluyen que “la exposición al etiquetado frontal de advertencia octágonal alentó a los participantes a seleccionar productos alimenticios más saludables”. Gracias a este estudio salió la resolución 2492 que fijó el 15 de junio de 2024 como fecha para que todos los productos ultraprocesados tuvieran sellos octogonales de advertencia.

Hay voces que han promovido la implementación de las medidas que argumentan que no se tiene información clara sobre el recaudo de impuestos, más allá de que en realidad es un tributo que cambia comportamientos. También tienen dudas sobre el proceso de regulación que hace el Invima. Adriana Torres, investigadora de Dejusticia, dice que “hemos visto que en la implementación ha sido difícil el seguimiento y la evaluación de la política por parte del Invima ya que esta entidad no tiene una capacidad operativa para poder responder al seguimiento de la resolución”. De todas las alcaldías que hay en Colombia (1.103) se han hecho trabajos de pedagogía en apenas 11 acerca de la implementación del etiquetado, agrega la investigadora.

“Nosotros también desde la sociedad civil hemos dicho que ha faltado mucha articulación entre el Invima y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud debería ser la bandera y no lo hemos visto tan protagonista”, concluye Torres.

Por ahora, parece que el gobierno no le está prestando mucha atención a difundir una pedagogía de alimentación saludable. En el congreso, por su parte, se mueven fichas en favor de la industria y la industria misma está reformulando los productos para meter ultraprocesados sin sellos. Esto gracias a los vacíos de la norma que permite que no se tenga en cuenta el exceso de calorías.

*Este artículo fue financiado, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.

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