6 de febrero de 2022
A Herman Naranjo Quintero ya habían ido a buscarlo a su casa unos hombres armados. El peligro en Arauca se pasea como ese viento que arrastra y que no deja hojas sin mover. Eso fue unos días antes de que lo secuestraran. Idalid Carillo, su esposa, cuenta que aquella vez los tipos le pidieron a Herman el celular, se lo revisaron, se lo devolvieron, y le dijeron que no se preocupara, que no había líos con él.
Herman tenía una tienda en la vereda Corocito, de Tame, un pueblo de unos 50.000 habitantes que en las tardes arde y hace sudar sin que uno siquiera se tenga que mover de la silla. ‘Donde el Mono’, se llama el negocio. Allí la gente se abastece de cerveza al por mayor, de ron, aguardiente, gaseosas, jugos, recargas, minutos. Herman alquilaba también el wifi y ‘desembalaba’ con gasolina a la gente que se varaba por el camino.
Estaba dedicado completamente a sacar adelante su negocio, era la forma que había encontrado de asegurar un futuro para Idalid y sus hijos Jhuber y Sofía. No era raro verlo llegar en la moto a la casa, con un poncho colgado en la nuca y un canguro amarrado en la cintura donde llevaba la billetera y las cuentas. A Herman le preocupaba su comunidad. Estaba afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda.
El 22 de diciembre de 2018, Idalid publicó una foto en Facebook en la que Herman está vestido con una franela roja con el logo de ‘Donde el Mono’. Ella, que también lleva la misma prenda, lo está cubriendo con un abrazo repentino, el abrazo de una esposa enamorada.
El martes 1 de febrero llegaron cuatro hombres armados preguntando por él. Herman tenía puesta la camiseta de la selección Colombia. Ese día el equipo jugaba contra Argentina. Se lo llevaron sin dar ninguna explicación. Idalid, ahogada en lágrimas y temblando del susto, no tuvo más opción que grabar un video suplicando por la vida de su esposo. Las imágenes son desgarradoras.
“Se lo acaban de llevar hace un momentico, unas personas ahí, pedimos que por favor le respeten la vida, nosotros no tenemos nada que ver con esa guerra, solo somos trabajadores, comerciantes, además él sufre de diabetes, les pido que le respeten la vida, a la gente que nos colabore, a la Defensoría, a los Derechos Humanos, que nos ayuden para que él regrese a la casa nuevamente”.
Atrás de Idalid está Jhuber, cubriéndose con la manos el rostro. Es la estampa de un jovencito aterrado por una violencia que no tenía por qué padecer. Sofía, la bebé de la casa, aparece intentando aferrarse a su madre, tal vez sin entender lo que está ocurriendo y mucho menos lo que estaba por pasar.
El video rodó por las redes sociales, se escribieron noticias en los medios, la Defensoría del Pueblo rechazó el secuestro. Pero nadie hizo algo más allá de pronunciarse. Un día después, sobre las 7:00 de la noche, llegó la noticia del asesinato. Herman quedó tirado boca arriba sobre un tierrero y un lago de sangre, en la zona rural del municipio. Era la imagen del horror, el retrato de lo que impunemente está ocurriendo no solo en Tame, sino en Saravena, Arauquita y Fortul, una tierra de nadie.
Según la Defensoría, durante enero se cometieron en Arauca 66 asesinatos, en medio de la confrontación armada entre el Eln y facciones disidentes de las Farc. Hubo más de 2.000 desplazados y 130 familias indígenas confinadas. Se trata de una emergencia humanitaria que estaba anunciada. Desde 2019, el organismo emitió una alerta que tuvo un informe de seguimiento en diciembre de 2020. Allí se decía que las medidas para proteger los derechos de las comunidades eran insuficientes y no obedecían a las particularidades en el territorio.
Desde el año pasado se venían cometiendo en este departamento homicidios selectivos que pasan de agache. Una vez ocurría el hecho criminal, el Ejército hacía una rueda de prensa, un reporte, y las cosas continuaban igual. Sin embargo, el 1 y 2 de enero de este año la guerra en la frontera se salió de madre. Veintisiete personas fueron asesinadas en distintos puntos de Fortul, Saravena y Arauquita. El fiscal Francisco Barbosa atribuyó el hecho al frente de guerra oriental del Eln. Pero los muertos no se produjeron en medio de un combate. Las víctimas fueron sacadas de sus casas. Los disparos se hicieron a corta distancia.
Y luego vino la venganza. Un carro bomba estalló en Saravena el 19 de enero. El atentado dejó un muerto y cinco heridos. El hecho se lo atribuyó el frente 28 de las disidencias de las Farc. “Los que se afanaron con esta guerra les manifestamos que ahí la tienen, sin descanso, y sin cuartel”, fue lo que dijo el comandante que leyó el comunicado.
Aunque el delincuente dijo que se trataba de una retaliación, lo cierto es que el carro bomba estalló en el edificio Alirio Martínez, en frente de donde funcionan varias fundaciones de derechos humanos en Saravena. Días antes, la Fundación Hermanos Joel Sierra había alertado sobre un audio “por WhatsApp en el que se reconoce la voz de un personaje que aparece en redes sociales, y quien se ha identificado como Antonio Medina, del frente 28 de las disidencias de las Farc. En el audio se anuncia que ‘la idea es volar esos negocios de los manes’ y se menciona a Asojuntas, presidentes de juntas y líderes, a quienes habría que matar”.
El conflicto entre el Eln y las disidencias tiene otro ingrediente que lo puede agravar aún más: la posible incursión de los paramilitares. El 30 de enero, en el municipio de Puerto Rondón aparecieron varias casas con grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Cada hecho de sangre que ha ocurrido en los últimos meses en Arauca ha aumentado la zozobra de la población civil, al punto de que nadie quiere hablar del tema. El miedo es entendible y surge como una especie de coraza ante la ausencia de medidas y estrategias por parte de las autoridades para controlar la violencia.
“No hay garantías para ejercer ningún liderazgo social”, le dijo a Vorágine Eliécer Calderón, un dirigente comunal de Arauquita que se vio en la obligación de abandonar el territorio y de refugiarse en otra ciudad. Entre los periodistas locales también hay temor. Varios con los que habló Vorágine prefirieron no referirse a lo que está pasando, aún sabiendo que reservaríamos sus nombres.
Los líderes sociales están en la mitad de la guerra, padeciendo en carne propia las consecuencias de un Estado que no los está protegiendo. El caso de Álvaro Peña Barragán, líder comunal de la vereda La Unión, de Saravena, bien puede resumir todo el terror que va y viene por el departamento. El 25 de enero fue asesinado en una zona veredal de Tame conocida como Casezin. Allí hacen presencia el Eln, el frente 10 Martín Villa de las disidencias de las Farc e incursionan esporádicamente bandas venezolanas, según Indepaz. Con Álvaro son 22 los líderes sociales asesinados en 2022 en Colombia y el 1.306 desde la firma del acuerdo de paz.
Pero si el crimen de Álvaro no era suficiente ya para la familia, al día siguiente un sicario fue a buscar a su esposa Rosalba Peña y la mató cuando ni siquiera había procesado el duelo de su marido. Cuentan que eran las 2:30 de la tarde del 25 de enero. Ella estaba en la casa de su suegra y hasta allá la fue a buscar el asesino. Es el exterminio de una familia, es horror, es la degradación de una guerra en una tierra echada al abandono.