La confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo confinó durante nueve días a 5.600 personas y obligó a desplazarse a otras 600 en Nóvita, sur del departamento. Líderes sociales lanzan alerta para que el gobierno nacional por fin mire hacia su territorio.
11 de junio de 2023
Por: Laila Abu Shihab Vergara / Ilustración: Angie Pik

Alirio Caicedo* no aguantó más. El pasado 2 de junio, en la cima de su desespero, se subió en la moto y cogió carretera para buscar alimentos en Condoto, a 19 kilómetros y 45 minutos de su casa en el casco urbano de Nóvita, sur del Chocó. La advertencia del ELN había sido muy clara: no salgan si no quieren que les pase algo. Pero sus dos hijos, su esposa, su suegra y él mismo estaban pasando hambre. Y el hambre, se sabe, muchas veces desafía al miedo. 

Alirio es uno de los 5.600 habitantes de Nóvita que, según la Defensoría del Pueblo, se vieron confinados durante nueve días por un paro armado del ELN. Uno más de los muchos paros armados que cada tanto golpean al municipio. El segundo en lo que va de 2023, porque ya hubo uno en febrero. El sexto paro armado de los últimos dos años. 

El 27 de mayo pasado, el frente de guerra occidental Ómar Gómez del ELN decretó el comienzo del paro armado en los municipios de Nóvita y Sipí, en la región del San Juan, que curiosamente fue priorizada por el Gobierno Nacional y esa guerrilla para el piloto de los alivios humanitarios que hacen parte de las negociaciones de paz. Nueve días después, el grupo armado informó que levantaba la medida para que los pobladores pudieran “moverse con tranquilidad” por el sur del departamento. 

“No es la primera vez que hay paro. Eso es muy común por acá. Lo que pasa es que esos paros casi siempre quedan invisibilizados, pero cada ratico hay enfrentamientos entre el ELN y las AGC [Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo], hay muertos, hay desaparecidos, y eso nunca se vuelve noticia nacional. ¿Cómo es posible que toda esta semana solo le hayan prestado atención a lo que pasó con la niñera de una alta funcionaria en Bogotá y un embajador? ¿Quién miró para acá?”. La queja es de James Hurtado, un líder social que nació en Nóvita hace 32 años. 

Lo que esta vez complicó aún más la situación fue que diez días antes del paro, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo forzaron el desplazamiento de unas 600 personas que viven en la zona rural y, de un día para otro, tuvieron que abandonar su hogar, sus gallinas, sus cultivos de pancoger y sus marranos para hacinarse en unos albergues improvisados en el casco urbano de Nóvita. Decenas más siguieron camino hasta Istmina, 30 kilómetros al norte.  

“Los habitantes manifiestan que fueron los mismos grupos armados los que los reunieron y les dijeron que como la cosa se iba a poner fea, el que quisiera salir mejor que se fuera, para no resultar afectados —explica Darío Luna, otro líder social noviteño—. La población civil queda en el medio y es la que sufre todos los traumas y rigores de algo así, porque los miembros de los grupos armados en últimas siempre tienen alimentos, de cualquier manera los entran y suplen sus necesidades, pero los civiles no pueden hacer eso”. 

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Al desplazamiento masivo, el paro armado y el consecuente desabastecimiento se sumó que la única vía terrestre por la cual podrían pasar caravanas con productos permanece cerrada en un tramo por la caída de un puente vehicular en el municipio de Río Iró, que lleva más de un mes sin ser reparado. Y por la vía fluvial —el río Tamaná, afluente del San Juan— era imposible enviar una lancha, por orden del ELN. 

Algunos organismos humanitarios consiguieron alimentos para los 600 desplazados, pero por seguridad los entregaron en Istmina y la alcaldía de Nóvita tuvo que encargarse de su transporte.   

James Hurtado vive con sus cuatro hijos —de 10, 3, 2 y 1 año— y su esposa.  A diferencia de Alirio, tiene unos cultivos de pancoger y pudo sobrellevar lo más difícil del paro armado. “Pero llegó un momento en que no conseguíamos huevos, ni queso, ni una cebolla o una papa. Tampoco se conseguía pescado y los únicos enlatados de las tiendas estaban carísimos”. 

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Durante el paro, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a entidades departamentales y nacionales para tratar de activar un corredor humanitario, tras señalar que la restricción a la libre movilidad y la falta de alimentos, medicinas y agua potable tenían a las personas desplazadas en unas “condiciones lamentables”. Pero su grito de ayuda se ahogó muy rápido. 

Por el lado del departamento la situación es insólita pues Chocó tiene en este momento dos gobernadores. Ariel Palacios, el gobernador elegido en 2019 con 72 mil votos, fue suspendido del cargo y enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades en un contrato de 220 millones de pesos destinados a la compra de elementos de bioseguridad durante la pandemia, hecho que incluso lo tuvo nueve días en la cárcel, entre febrero y marzo pasados. Sin embargo, a comienzos de mayo, y sin la debida notificación para retomar su cargo, Palacios se tomó a la fuerza las instalaciones de la Gobernación, cambió las cerraduras y decidió impedir la entrada de la que oficialmente sigue siendo la gobernadora encargada, Farlin Perea. 

Y por el lado del Gobierno Nacional lo único que ocurrió fue que el pasado 8 de junio, cuatro días después de que se levantara el paro armado, el ministro de Defensa Iván Velásquez organizó un consejo de seguridad en Quibdó y viajó hasta Istmina para comprometerse a trabajar por el retorno de las comunidades que fueron desplazadas. El ministro prometió que las Fuerzas Militares desarrollarán todas las operaciones ofensivas que se requieran contra los grupos armados que no estén amparados por el cese al fuego, como el Clan del Golfo. Pero los noviteños reciben escépticos esos anuncios y varios líderes sociales siguen esperando que el alto funcionario llegue hasta su municipio.

León Fabio Hurtado, el alcalde de Nóvita, dice estar cansado de lanzar alertas y es enfático en mostrar su preocupación porque cada vez que el ELN decreta un paro armado, el municipio debe gastar recursos que no tiene para proveer atención humanitaria a los habitantes más afectados, sin que en Quibdó o Bogotá le tiendan la mano.

Hoy, seis días después del fin del paro armado, las 600 personas desplazadas siguen sin regresar a su hogar porque el miedo los tiene paralizados.

“Son dos conflictos diferentes, el desplazamiento fue primero y luego vino el paro armado del ELN, aunque si usted se pone a ver, pues la raíz del mal es la misma —señala Darío Luna—. El Estado prácticamente no tiene respuesta y cuando la tiene, lo que más rápido acciona es la militarización de la zona pero la comunidad ha sido muy clara en que cuando las tropas entran al territorio solo persiguen a un actor armado, no a todos”.

Según Luna, miembro del Consejo Municipal de Paz del Alto Tamaná y de la red de defensores y defensoras Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro “suena muy bonita pero para llevarla a feliz término todavía falta mucho”. Y, sin embargo, es vehemente en decir que “hay que ser incansables, seguir intentándolo”.

Lo mismo que opina James Hurtado, un joven que se formó como líder social de la mano de Luna. “Cada vez que escucho a personas por allá en Bogotá diciendo que la Paz Total es un fracaso, que no se puede cuando ni siquiera se ha intentado, créame que me da mucha tristeza. Somos nosotros los que hemos tenido que ver cómo bajan por los ríos las personas sin cabeza, somos nosotros los que nos vemos en medio de combates, los que sufrimos por las minas antipersona, los que tenemos que desplazarnos. Entonces vea, cuando tratan de decirnos que los que estamos acá no tenemos el derecho de acceder a una paz total, eso me genera una profunda tristeza y una gran incertidumbre”. 

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El 4 de junio, con el fin del paro armado, los habitantes de Nóvita salieron a marchar con unos enormes pedazos de tela blanca que no tenían ningún texto pero decían mucho, y algunos carteles con la leyenda “La paz es tarea de todos”. Y este viernes 9 de junio celebraron la noticia del cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno Nacional anunciada en La Habana, que comenzará en agosto y se espera dure seis meses. Pero su situación sigue siendo muy difícil. 

“La verdad es que a mí me da impotencia porque siento como que no hacemos parte de Colombia. Nosotros tenemos los mismos derechos de ser protegidos que tienen los habitantes del interior del país pero aquí sentimos que no valemos lo mismo, aquí las comunidades viven desamparadas y a merced de cualquier grupo al margen de la ley”, asegura James Hurtado.

Administrador de empresas agropecuarias, técnico en cultivos agrícolas, representante legal de la Asociación de Piscicultores Rurales de Nóvita y, como su mentor, miembro del Consejo Municipal de Paz del Alto Tamaná y de la red de defensores y defensoras Foro Interétnico Solidaridad Chocó, este líder social no tiene protección del Estado, aunque varias veces la ha pedido porque varias veces lo han amenazado. 

—¿Usted no se cansa? —le pregunto a James a través del teléfono.

—Seño, es que yo vengo de un mundo donde los jóvenes no tuvieron infancia… a mí me tocaba caminar todos los días 45 minutos para llegar a la escuela y en ese trayecto por la orilla del río Tamaná a mí me tocaba ver a personas descabezadas que aparecían por el río y se las comían los gallinazos, y nadie, ni siquiera la Defensa Civil, podía acercarse a recogerlas por el conflicto. Yo vengo de ahí y lo mínimo que puedo hacer como joven es tratar de dejarles un país diferente a mis hijos, entonces en ese sentido yo no puedo cansarme. 

* Nombre cambiado por seguridad

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