Las ‘jugaditas’ con las que el uribismo quiso atornillarse en el poder

El 2 de junio de 2004 el uribismo estaba, según el magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo Rentería, “usurpando el poder político y jurídico” del país. En la oficina 512 del edificio del Congreso, en una maniobra orquestada desde el Palacio de Nariño, el ministro del Interior, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, le ofreció cuotas burocráticas y una notaría a la entonces congresista Yidis Medina Padilla. Lo propio ocurrió ese mismo día pero en la oficina 415, en donde el ministro de Protección Social, Diego Palacio, se reunió con el representante a la Cámara Teodolindo Avendaño (fallecido en 2017), cuando este debía estar sesionando en la Comisión Primera.

Álvaro Uribe Vélez llevaba algo más de año y medio de ejercer como presidente de la República cuando, el 16 de marzo de 2004, un nutrido grupo de 43 senadores y 51 representantes a la Cámara presentó un proyecto para modificar la Constitución, con el objeto de que se permitiera la reelección inmediata del presidente en ejercicio. Hacían parte de ese grupo, entre otros, Óscar Iván Zuluaga, Mario Uribe, Rafael Pardo, Luis Alfredo Ramos, Claudia Blum, Fuad Char y Dilian Francisca Toro.

Casi un mes después, el 27 de abril de 2004, el Partido Conservador celebró una Junta de Parlamentarios para estudiar el proyecto. En esa reunión, salvo por el congresista Telésforo Pedraza, quien expresamente manifestó su negativa, todos se inclinaron a favor. Sin embargo, dos congresistas, de acuerdo con lo dicho luego por ellos mismos, lo hicieron sin mucho convencimiento y otro más dijo estar descontento por un tratamiento desigual a los miembros de ese partido. Los inseguros eran Yidis Medina y Teodolindo Avendaño; el descontento, Javier Ramiro Devia.

Por su parte, otro grupo de congresistas, en su mayoría del Partido Liberal, se oponían a modificar la Constitución. Presentaron ponencia negativa y convocaron a una reunión que se llevó a cabo un día antes de la votación. En efecto, el 1 de junio de 2004 tuvo lugar una cena en la casa de la congresista Clara Pinillos Abozaglo, en la que se acordó apoyar la ponencia negativa y así hundir la reelección. La iniciativa fue suscrita y apoyada por 16 congresistas presentes esa noche y dos más que, pese a no participar de ella, ya lo habían manifestado frente a sus compañeros. Hacían parte de este grupo, entre otros, Germán Navas Talero, Griselda Restrepo, Luis Fernando Velasco, Jesús Ignacio García y Rosemary Martínez. También firmaron la proposición Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Ese día, los 16 opositores se tomaron una foto, que se publicó en la edición del 2 de junio de 2004 del diario El Tiempo.

‘Las palomitas y jugaditas’, o cómo llegaron dos congresistas provincianos de nivel académico muy básico a cambiar la historia política del país

Yidis y Teodolindo no fueron elegidos congresistas en las elecciones de 2002. Llegaron inopinadamente en 2004 al Congreso de la República como suplentes de los conservadores Iván Díaz Mateus y José Luis Arcila Córdoba, respectivamente, como consecuencia de los arreglos electorales por el apoyo brindado en Barrancabermeja y Caicedonia.

Hija de Éver Medina Subero, mecánico automotriz, y Dayis Padilla Meriño, auxiliar de enfermería, Yidis nació y creció en Barrancabermeja, municipio del que fue concejal por el Partido Conservador. Estudió cinco semestres de sicología y, luego de apoyar electoralmente en 2002 a Iván Díaz Mateus, este le dio una ‘palomita’ de seis meses como congresista. Para lograrlo, Díaz pidió una licencia no remunerada que permitió que el 31 de marzo de 2004, Yidis se posesionara como representante a la Cámara con tan solo 33 años.

Teodolindo Avendaño Castellanos, por su parte, era un hombre más curtido. Nació en Sutamarchán el 1 de mayo de 1935, pero vivió casi toda su vida en Caicedonia, municipio del que fue alcalde varias veces por nombramiento de los gobernadores de turno. Gozaba de una pensión desde 1983 y la de 2004 no era su primera ‘palomita’. Ya había ocupado una curul entre 1 de julio de 1997 y el 11 de marzo de 1998, en reemplazo de Ramiro Varela Marmolejo. Pero el periodo entre el 1 de agosto de 2003 y el 1 de agosto de 2004 fue el que lo llevó a inscribir su nombre en las páginas negras de la historia del país.

“Sigamos haciendo patria”

El proyecto venía aprobado de la Comisión Primera del Senado. Correspondía entonces una segunda votación en la Cámara, que se realizaría el 2 de junio de 2004. Estaban en pugna las dos propuestas: la positiva con ponencia de Roberto Camacho, William Vélez y Eduardo Enríquez Maya, y la negativa de Carlos Arturo Piedrahita, Telésforo Pedraza y Griselda Restrepo. Si bien las cuentas estaban estrechas, lo cierto es que la que pondría fin a las aspiraciones reeleccionistas de Uribe, tenía 18 apoyos anunciados. Llegaron las 11 de la mañana, hora fijada por la mesa directiva, pero tres circunstancias impidieron que la votación se llevara a cabo: primero, la ponencia negativa no se había publicado en la Gaceta del Congreso y esto imposibilitaba votarla, conforme el reglamento. Se dijo que se había radicado tarde: revisadas las gacetas, la positiva aparece en la No. 234, mientras que la negativa está en la 235; segundo, hubo inexistencia de quorum. Curiosamente a la misma hora, el presidente Álvaro Uribe había convocado a un desayuno con algunos congresistas de la Comisión Primera en la Casa de Nariño, y tercero: no había señal de televisión para empezar la deliberación y las votaciones.

Durante la reunión que se desarrollaba en la Casa de Nariño, el congresista Adalberto Jaimes advirtió: “Los números no dan”, según relató Luis Ernesto Araújo, asesor de la Secretaría General e hijo del exministro Fernando Araújo. La preocupación cundía en el Gobierno, porque se agotaba la oportunidad de modificar la Constitución para introducir la posibilidad de una reelección presidencial.

Yidis Medina no asistió a la invitación a Palacio y esto preocupaba al Gobierno, pues para entonces ya habían visto la foto de la reunión de los opositores en el diario El Tiempo. La llamaron insistentemente, pero al no poder comunicarse con ella, acudieron al titular de la curul, Iván Díaz Mateus. Este la localizó y la citó al medio día en la oficina 512 del Congreso. A la reunión concurrieron, además, César Guzmán Areiza, asesor de la UTL, y también llegó el ministro del Interior, Sabas Pretelt. De este encuentro todos dieron cuenta ante la Corte Suprema, pero sus versiones difieren sobre los asuntos que trataron. Según Pretelt, hablaron de algunos aspectos de la seguridad de Yidis Medina y su familia.

Luego de esta reunión, se fueron al Palacio de Nariño. Allá, además de Pretelt, también estuvieron Alberto Velásquez, secretario general de la Presidencia, y el propio Álvaro Uribe Vélez. Este último, según las declaraciones rendidas ante la Fiscalía y la Corte Suprema, le dijo a Medina: “Hija querida necesito tu ayuda para que este proyecto se apruebe y sigamos haciendo patria”. También le pidió que hablara con Velásquez para dar algunas ayudas de acuerdo con las necesidades de su región o lo que ella quisiera.

Entretanto, en la Comisión Primera se discutieron algunas proposiciones que no precisaban el quorum calificado, mientras se esperaba la llegada de los demás miembros. De acuerdo con los testimonios de Luis Fernando Velasco y Germán Navas Talero, a través de medios de comunicación se supo que en la oficina 415B estaba teniendo lugar otra extraña reunión: la que sostenían el ministro de Protección Social, Diego Palacio, y Teodolindo Avendaño.

Sin posibilidad de realizar la discusión y votación de las dos ponencias, el presidente de la Comisión Primera finalmente decidió levantar la sesión a las 2:25 de la tarde y convocarla nuevamente para el día siguiente, 3 de junio de 2004, a las 8 de la mañana.

El día D

Un nuevo desayuno fue organizado en la Casa de Nariño para ese 3 de junio. Esa misma mañana, Yidis Medina ya había dicho en RCN y Caracol Radio que había replanteado su voto negativo y que acompañaría al Gobierno, pues si bien había firmado la proposición de archivo, lo había hecho sin convencimiento. Por eso y porque, como aseguró, aquel documento no significaba nada y tenía el derecho de retractarse.

Esta vez la transmisión por televisión estaba lista y a las 9:30 de la mañana inició la sesión así:

“Muy buenos días para todos los colombianos, a partir de este momento se transmite la sesión de la Comisión Primera en la cual se va a discutir y votar el proyecto sobre reelección presidencial, queremos agradecerle al Gobierno, al Congreso de la República, a Inravisión la colaboración con la transmisión”.

Veinte intervenciones se inscribieron para el debate. Después de aproximadamente cuatro horas de discusiones, Germán Navas Talero presentó una recusación contra Yidis Medina, para impedir su participación. Acusó además al Gobierno de incurrir en el delito de cohecho por ofrecer, a cambio del voto positivo de la representante, alguna “inversión social”.

Yidis Medina no estaba en la sesión, pues seguía el debate por televisión desde su oficina para evitar confrontaciones. Entonces fue alertada por miembros del Gobierno, quienes la instruyeron en que debía volver al recinto de la Comisión Primera e impedir el trámite de la recusación. Para ayudarla en ese propósito, le redactaron un texto de impedimento, que presentó además a sus compañeros diciendo: “No es un pecado solicitarle al Gobierno Nacional y al Gobierno del doctor Uribe que haga más inversión social en el país”.

El impedimento había sido redactado por asesores del ministro del Interior. Algunos testimonios afirman que la abogada Ximena Peñafort, asesora de esa cartera, fue la encargada de planearlo. Sobre este episodio Yidis recordaría, en una declaración ante la Fiscalía el 26 de mayo de 2009 dentro del proceso contra los ministros Pretelt y Palacio: “Ximena era como la matriz jurídica del Ministerio”.

La estrategia era impecable. Mientras que el impedimento se votaba en esa misma sesión, de la recusación debía ocuparse la Comisión de Ética, de acuerdo con el artículo 294 del Reglamento del Congreso; y su decisión podría tardar hasta tres días.

Una vez la comisión permitió el voto de Yidis Medina, la sesión continuó sin que se advirtiera que Teodolindo Avendaño había abandonado el recinto, sin explicación alguna. Explicaría luego ante la Corte Suprema que su hijo Gilberto lo llamó desde Cali a la 1 de la tarde, para informarle que había tenido un accidente de tránsito. Dijo que temió lo peor y fue a verlo. En el expediente quedó probado que, en efecto, tomó un avión después de las seis de la tarde pero no para Cali, sino para Armenia. Además, de acuerdo con el informe No. 03-0015727 de la Policía de Tránsito de esa ciudad, el hijo de Avendaño sí estuvo involucrado en un accidente de tránsito, pero en la madrugada del 30 de mayo de 2004; es decir, 4 días antes de la votación. La ausencia de Teodolindo redujo la comisión a 34 participantes que, finalmente, votaron aprobar la reelección 18 votos contra 16.

“El gobierno sí cumple”

Según las declaraciones rendidas por Luis Ernesto Araújo, en Palacio había un computador que tenía una base de datos con las peticiones de los congresistas y que incluía desde hojas de vida, hasta recomendaciones sobre traslados de policías. Esta versión fue corroborada por Juan David Ortega, en ese entonces asesor de la Presidencia y quien, en agosto de 2006, fue nombrado secretario general del Ministerio de Agricultura y luego resultó investigado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Quien tenía acceso a esa base de datos era Alberto Velásquez, secretario general de la Presidencia; por tanto, se le encargó cumplir los acuerdos. Esto le costó una condena a sesenta meses de prisión impuesta por la Corte Suprema. Del análisis de varias pruebas esa corporación estableció que, en cumplimiento de lo pactado, el mismo 2 de junio de 2004, Carlos Correa Mosquera, amigo de Yidis Medina fue nombrado director en la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja y Eduardo Esquivel, tío político de la congresista, fue reintegrado a la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.

César Areiza, su asesor en la Cámara, estaba inicialmente planeado para Coordinador Territorial de Acción Social en el Magdalena Medio, pero ante las suspicacias que generaría tal nombramiento, se decidieron por Jairo Alfonso Plata Quintero. Lo que sí logró Areiza fueron dos contratos con ETESA; entre agosto de 2004 y junio de 2005. Luego, en octubre de ese año, fue nombrado en el Ministerio del Interior en el cargo de Profesional Universitario grado 13 de la Dirección de Infraestructura Carcelaria.

Juan Bautista Hernández conocido de Yidis Medina fue nombrado subdirector del Centro Multisectorial del SENA de Barrancabermeja. Si bien se encontraba dentro de la terna elaborada mediante un concurso de méritos, al igual que los otros recomendados, había suscrito un pagaré y una letra de cambio en blanco a favor de Medina.

Ahí no terminaron los cargos públicos para personas cercanas a Yidis Medina. El presidente de la República nombró a Sandra Patricia Domínguez como Notaria Segunda de Barrancabermeja mediante Decreto 1850 de 2005. Meses después sería reemplazada por Lucelly Valencia Giraldo. Al igual que Juan Bautista Hernández, ambas le firmaron pagarés y letras de cambio en blanco a favor de su madrina.

En 2005, el Gobierno Nacional creó 12 notarías. Así lo publicó el boletín de prensa de la Presidencia del 7 de diciembre de ese año: “Con el propósito de estar cerca de las comunidades y barrios más populares del país, la Superintendencia de Notariado y Registro, creó doce nuevas notarías en sectores marginales de Bogotá, Cali, Cartagena, Pereira y Florida Blanca (Santander)”.

Una de ellas, la 67 del Círculo de Bogotá, fue la que correspondió a Teodolindo Avendaño. Pero ninguno de los candidatos que presentó el congresista que con su ausencia se abstuvo de votar en contra de la reelección presidencial cumplía los requisitos. Entonces, el viceministro del Interior le propuso que era mejor que le dieran la plata. El congresista aceptó y se le presentaron varias ofertas. Él eligió la más alta y así vendió el nombramiento de la notaría; sí, la vendió por $450.000.000, según consta en copias de consignaciones bancarias efectuadas a su nombre y de su esposa Luz Miriam Sabogal, más el pagaré No. 75964822, que fueron aportados a la investigación penal. Además, la nuera de Teodolindo Avendaño, Vania Constanza Castro, fue contratada como abogada a finales de 2004 por el Ministerio de la Protección Social para que se encargara de unos procesos judiciales laborales de Foncolpuertos en Cali.

Sabas Pretelt manifestó, en una declaración ante la Fiscalía, que le dijo a Yidis Medina que “el gobierno sí cumple”, en relación con los asuntos de inversión social programada para Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

Colofón

Por los hechos aquí narrados fueron condenados a prisión los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio; el secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez; Iván Diaz Mateus; Yidis Medina, y Teodolindo Avendaño. La Corte Suprema de Justicia remitió copia de la sentencia contra Medina a la Corte Constitucional, porque consideró que “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, en clara alusión a la Sentencia C-1040 de 2005 que revisó el trámite de la modificación de la Constitución de 1991.

La Corte Constitucional, en el Auto 158 de 2008, dijo que había “perdido su competencia para emitir un nuevo pronunciamiento sobre el Acto Legislativo 02 de 2004” que había modificado la “ley de leyes” y aprobado la reelección. Salvó su voto el magistrado Jaime Araújo Rentería diciendo, entre otras cosas:

“… el actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un DELITO, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de Derecho.

Así las cosas, no sólo el presidente y el Vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil”.