Luis ya no es Liliana: la violencia sexual y el desplazamiento en medio del conflicto

Teresa Henao cumplió 17 años, la misma edad que tenía su mamá, Liliana Correa, cuando fue víctima de acceso carnal violento por parte de hombres de las FARC en Tumaco, Nariño, en el 2006. 

En ese año Liliana estaba en el colegio y ya iniciaba una carrera como lideresa comunitaria. Era una adolescente que tenía inquietudes sobre un posible tránsito al género masculino. Era muy activa en las juntas de Acción Comunal y les daba consejos a los jóvenes de los barrios para prevenir su vinculación  a los grupos armados. 

El 13 de marzo, al medio día, de camino a su casa para cambiarse el uniforme y salir con sus amigos, se encontró frente a su puerta con alias “El Primo”. El hombre estaba acompañado de otros dos guerrilleros que hacían parte del frente Daniel Aldana. Ella los ignoró, buscó refugio en su casa y, al abrir la puerta, ellos  la empujaron y entraron. 

Ya adentro, ella trató de huir, corrió hacia la puerta, pero con esto solo consiguió recibir golpes en sus brazos, en las piernas y agresiones en el pecho con un arma cortopunzante. La noche del 13 de marzo, Liliana fue violada por defender los derechos de su comunidad. Al poco tiempo, ella se enteró de que estaba embarazada de Teresa.  

Esa noche Liliana fue atacada por atreverse a defender los derechos de su comunidad, desde su identidad de género y su orientación sexual, desafiando las normas impuestas por los grupos armados que históricamente han controlado el territorio nariñense. En Tumaco la guerrilla y los paramilitares se han encargado de crear normas de conducta como ejercicio de control, imponiendo patrones de sexualidad tradicionalmente aceptados y ella no encajaba en ninguno de estos estándares: no era una mujer heterosexual, no quería ser una madre o una esposa, tampoco quería callarse frente a las injusticias impuestas a los niños, jóvenes, mujeres y ancianos para ejercer control sobre el territorio. 

Nhora Álvarez Borrás, directora de la Fundación Círculo de Estudios, dice que “en el conflicto colombiano, la población civil que habita las zonas con presencia de grupos armados ha tenido que incorporar forzosamente en su vida normas, códigos y reglas patriarcales y machistas impuestas por las agrupaciones que controlan los territorios”.  Según  Álvarez, estas normas van en contra de las libertades asociadas al ejercicio de los Derechos Humanos y es una de las razones por las que una persona como Luis resulta violentado por la guerrilla de las FARC, por tener una vida contraria a las normas de sexualidad heteropatriarcales tradicionalmente impuestas: a él lo violaron, vigilaron su embarazo, le imposibilitaron su tránsito y lo hostigaron hasta hacerle salir de su territorio, como una manera de coerción sobre su cuerpo, como un castigo ejemplarizante. Luis fue víctima de violencia sexual como una forma de tortura.  

Cuando Teresa tenía 12 años, enfrentó una conversación difícil de sortear. Ese día su mamá por fin pudo hablar con claridad sobre su identidad: salieron juntas a dar una vuelta por el barrio y mientras caminaban, ella le explicó que nunca quiso que la llamaran con el nombre que le asignaron al nacer, que no se sentía feliz cuando la reconocían como una mujer, también le explicó que quería iniciar una transición desde hacía muchos años y que ahora se llamaría Luis, como su abuelo paterno, a quien recordaban como un hombre ejemplar y amoroso. Liliana quería ser considerada como un hombre, y le pidió apoyo. Le dijo que entendía lo difícil que esto podía ser para una niña, pero que quería que la viera como una figura de padre y madre, como lo que siempre había sido. Desde ese día Teresa le dice a Liliana, papá y Luis.  

Ya no es Liliana, ahora es Luis

Luis recuerda que en la noche de su ataque el agresor lo amenazó con un arma de fuego y le dejó un mensaje: “Si usted sigue poniendo a la comunidad en nuestra contra, yo mismo me voy a encargar de llenarle la boca de moscas”. Él, que varias veces enfrentó a los grupos armados para proteger a los niños, jóvenes y mujeres de su barrio, no pudo regresar a ningún encuentro público, porque, después de ese día el agresor, junto con sus otros compañeros continuaban rondando su casa y en varias ocasiones le preguntaron si quería repetir el encuentro sexual.  

Verse forzado a huir de su casa y a cumplir un rol maternal por su embarazo, posterior concepción y crianza de su hija Teresa, le enfrentó a serios conflictos con su esquema personal, con su relacionamiento de género e identidad y tuvo una transición compleja respecto al concepto que tenía de sí mismo.  

Giovanny Díaz, abogado de la Fundación Círculo de Estudios, quien conoce el caso de Luis desde el 2014, habla de las heridas derivadas de la violencia sexual y afirma que estas son visibles: “tiene cicatrices en sus brazos y piernas, pero también tiene heridas invisibles o psicosociales como la pérdida de su territorio, el silenciamiento transitorio de su voz, la suspensión de su liderazgo social y de los procesos comunitarios que acompañaba en Tumaco”.

Luis pausó su transito de género durante 12 años porque no tenía un lugar estable en dónde continuar con el proceso.  Aunque su hija hoy es una razón para luchar en su momento no fue fácil asimilar que su embarazo era producto de una violación. 

“Yo me tuve que desplazar y soportar  dificultades para sobrevivir en ciudades como Bogotá y Cali, lugares  altamente hostiles y discriminatorias para personas afrodescendientes, víctimas de la violencia y en dificultades financieras”, cuenta Luis, quien hoy recuerda el desplazamiento como el tramo más doloroso, después del acto de violencia que sufrió en su propio hogar.     

Luis relata cómo por muchos años las cicatrices que lleva en el cuerpo le recordaban ese día que lo cambió para siempre y aunque Teresa, su hija, es una muestra de lo ocurrido, ahora se ha convertido en su aliento: “Siempre hemos sido los dos y se fue creando un vínculo en el que no solo somos padre e hija, sino también somos amigos, porque en muchas ocasiones hemos estado solos, luchando. Yo sé que ella me considera su apoyo, pero hay un vínculo de conexión y respaldo mucho más fuerte”. 

Luis hace parte de las más de 32.904 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado entre 1985 y 2016 inscritas en el Registro Único de Víctimas. De ellas, 29.724 son mujeres y niñas, 2.669 son hombres y niños, 507 se identifican como LGBTIQ+ y tres personas como intersexuales.  

Luis recuerda su infancia como un momento tranquilo, una infancia muy diferente a la de su hija  Teresa, quien no puede salir de su casa cuando regresa del colegio:  moverse con libertad no es una opción. Luis solía bañarse en el río hasta quedar cansado y regresaba  a su portón, dormía una siesta mientras llegaba la noche y su papá lo despertaba para darle coco con panela. Salía a jugar con sus vecinos y las calles de su barrio eran un oasis para todos, antes de que los grupos armados llegaran a Tumaco. Cuando él comenzó a notar que sus vecinos no eran los mismos y que sus espacios los estaban controlando, empezó a asistir a reuniones y después de sus intervenciones, a los 17 años, sus vecinos lo nombraron presidente de la Junta de Acción Comunal.  

“Desde que era una niña en el colegio yo sentía que debía defender a mis compañeros, si veía algún tipo de injusticia por parte de los directivos o de los profesores. En  el momento en que me nombran presidente de la Junta de Acción es cuando me doy cuenta de que mi camino es el de defender los Derechos Humanos y son las mismas personas las que hasta hoy, a mis 36 años, me han considerado un líder de la comunidad”, dice  Luis.  

Nhora Álvarez, quien lleva 9 años acompañando a Luis en un proceso psicosocial y jurídico, lo describe como un hombre joven, afrodescendiente, trans, alegre y a la vez un poco tímido. Lo que más lo representa es su motivación constante por hacer que su vida deje huella, por ser un modelo de recuperación, de fuerza y un testimonio de vida y valentía para otras personas que, como él, han experimentado las múltiples formas de violencia. A diferencia de Luis, muchos no han encontrado las herramientas psicosociales o las redes de apoyo y el sentido para continuar con su vida. Luis transitó a hombre, de madre a padre y de víctima a demandante por su caso de violencia sexual.   

Según la Fundación Círculo de Estudios, la violencia sexual en el conflicto armado es catalogada como una violación a los Derechos Humanos, un crimen de lesa humanidad. En concordancia con decisiones de tribunales internacionales, es un acto que puede equiparse a la tortura, en tanto suele perpetrarse con un repertorio de violencias en donde las víctimas son sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Decisiones de la Corte Constitucional de Colombia  y fallos proferidos por  los tribunales de cierre del país en materia de violencia sexual,  la definen como una forma de discriminación contra las mujeres. En  la sentencia T-843 de 2011, la corte reconoce  posturas académicas o doctrinarias que indican que la violencia sexual puede asimilarse a la tortura, a los címenes  de lesa humanidad o inclusive al genocidio, en cuanto puede hacer parte de una estrategia para destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.  

Luis, al igual que miles de víctimas del conflicto, sigue esperando que la constante impunidad y el silencio sistemático que acompaña la violencia sexual en Colombia tengan finalmente un límite, y que la  justicia actúe en aras del esclarecimiento de los hechos. Por ello deposita sus esperanzas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia que  dará apertura al macrocaso que investigará y juzgará la violencia sexual y otros delitos relacionados con la identidad de género, orientación sexo, cometidos por los grupos armados.

Desde el mes de junio del año 2022, las víctimas unidas en torno a la necesidad de reconocimiento y acceso a la justicia, esperan la apertura del macrocaso de violencia sexual. Desde esta organización, han construido informes, documentado casos, elaborado bases de datos e identificado elementos que permitan la aproximación y análisis al delito de violencia sexual en el conflicto armado.  

La expectativa es alta, pues la información que hasta el momento venía recopilando la JEP y tratando de manera transversal en otros casos, tendrá un rol prioritario, permitiendo que se investiguen otras formas de violencia contra las mujeres y personas OSIGD, tales como la trata de personas, la explotación sexual y crímenes contra los derechos reproductivos, violencias basadas en genero. 

Hoy Luis trabaja desde Cali como líder en su comunidad y hace parte del Colectivo Posada Sunto, que significa Nuestra Casa en lengua palenquera. Este es un espacio afro, LGTBIQ+, en donde acompaña a niños de la comunidad de domingo a domingo y les enseña sobre sus derechos.  Luis sueña con que su hija sea profesional, que  logre tener un título universitario y darle muchas de las cosas que él no pudo tener. 

Él no se resigna a poder ingresar a la universidad, hacer su carrera de trabajo social, e incluso hacer una maestría en psicología o sociología, pero sobre todo insiste en que quiere que se haga justicia en su caso y en el de las personas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, sueña que se conozca la verdad sobre los casos de las personas que conoce y a quienes ha acompañado en los últimos años, que, según él, nunca han recibido una respuesta.  

Nhora Álvarez asegura que Luis es un líder natural: “cuando estuvo en Alemania en escenarios académicos de la universidad de Leipzig y en la Complutense de Madrid hablando del Derecho de Voz (programa de acompañamiento psicosocial y acceso a la justicia de víctimas de violencias sexual), sus palabras conmovieron a un público que no ha vivido en carne propia la guerra”, dice: “muchas mujeres y hombres que han luchado por defender su identidad de género se sintieron en ese espacio apoyados con la  presencia de Luis. Los más estrictos académicos encontraron en su discurso natural las explicaciones psicológicas, sociológicas y políticas que demuestran que un liderazgo asumido desde el dolor puede convertirse  en valentía, solidaridad, e  incidencia”.  

La Fundación Círculo de Estudios  seguirá exigiendo justicia y espera que  el Macrocaso 11 de la JEP signifique  una posibilidad de revertir  la impunidad a la que ha sido sometido Luis durante estos 17 años.