Desde Colombiacheck seguimos trabajando en la verificación de información que circula en redes sociales tras la publicación del informe final de la CEV, incluyendo reportes relacionados con el origen de las estadísticas que la Comisión publicó sobre el conflicto armado. ¿Cómo surgieron los datos?, ¿cómo se consolidaron? y ¿qué fuentes aportaron en la construcción de los mismos? Acá se lo contamos.
11 de noviembre de 2022
Por: Andrés Felipe Carmona Barrero *

El informe final de la Comisión de la Verdad está constituido por diez capítulos que recogen todo el trabajo de cuatro años de investigación histórica que adelantó dicho organismo extrajudicial que nació del Acuerdo de Paz con las Farc de 2016.  La CEV, hay que recordar, hace parte del Sistema Integral para la Paz junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es de carácter judicial, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El excandidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, es una de las figuras que más desinforma en torno al origen de las estadísticas del conflicto armado colombiano en el informe final de la CEV, pues hace varias semanas dijo en Semana TV que “la mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.

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Dicha afirmación fue chequeada por Colombiacheck el pasado 1 de agosto, donde indicamos que el número de víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’ fue revelado por primera vez en febrero del 2021 por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y por ende no puede ser atribuible la estadística a Comisión de la Verdad.

Otra de las figuras que ha desinformado es la senadora María Fernanda Cabal, quien desde su cuenta en Twitter ha compartido cifras relacionadas con el conflicto armado como estrategia de cuestionamiento a los datos incluidos en el informe final de la Comisión de la Verdad. El 28 de junio, el mismo día que se presentó ante el país el documento final de la CEV, la congresista trinó: “403.352 policías y militares han sido víctimas de grupos ilegales, pero ellos no cuentan para la Comisión de la “Verdad”. #NoHayFuturo”.

Para aterrizar información en torno a cuál fue el origen de los datos estadísticos del conflicto armado colombiano, presentados en el informe final de la Comisión de la Verdad, en Colombiacheck hablamos con personas que trabajaron para la Comisión de la Verdad y revisamos documentos que soportaron todo el proyecto colaborativo en datos que la CEV adelantó junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés). 

El objetivo de la iniciativa era recoger, analizar y procesar toda la información disponible en bases de datos sobre violaciones de derechos humanos en los siguientes cinco ejes: homicidios, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado. 

El trabajo de investigación para la elaboración del documento final de la entidad se inició en noviembre de 2018 y terminó el pasado 28 de junio con la entrega al país del documento que fue socializado durante los dos meses siguientes. El texto final, entre otras cosas, se basó en la sistematización de 15.000 entrevistas individuales y colectivas de 30.000 personas radicadas en Colombia y en al menos 23 países. La CEV también investigó desde una perspectiva histórica unos 730 casos y estudió 1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado.

Detrás de todo ese trabajo de investigación hay un engranaje de la Comisión con 3.000 aliados, nacionales e internacionales, que apoyaron de una u otra manera la investigación histórica que adelantó la entidad para tratar de esclarecer lo sucedido en el conflicto armado entre 1958 y 2016. Estos apoyos llegaron de la mano de organizaciones, plataformas sociales y territoriales, instituciones públicas nacionales y territoriales, comunidad internacional y academia.

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Es ahí donde jugó un papel fundamental la organización estadounidense sin ánimo de lucro y filiaciones políticas Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), que junto a la Comisión de la Verdad y la JEP trabajaron en un proyecto que consolidó todas las cifras del conflicto armado que luego presentó la CEV en su informe final. 

Vale la pena mencionar que HRDAG nació en 1991 de la mano de Patrick Ball, quien empezó a desarrollar bases de datos para grupos de derechos humanos en El Salvador. “HRDAG creció en la American Association for the Advancement of Science entre 1994 y 2003, y en la Benetech Initiative entre 2003 y 2013. En febrero de 2013 HRDAG se convirtió en una organización independiente en San Francisco, California”, dieron a conocer desde la entidad. 

En una indagación adelantada por Colombiacheck se encontró que la iniciativa, que se llamó ‘Integración de datos y estimaciones estadísticas de víctimas en el marco del conflicto armado’, tenía como objetivo procesar datos que le permitieran a las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) develar la magnitud de la violencia en la historia colombiana, todo a partir de la identificación de “patrones de victimización” en delitos como el homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

En el informe de gestión del proyecto se explica que cada uno de los hechos de violencia tiene un periodo distinto, definido principalmente por la disponibilidad de los datos: desaparición forzada (1985–2016), desplazamiento forzado (1985–2019), homicidio (1985–2018), reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (1990–2017) y secuestro (1990–2018).

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En uno de los anexos, que son aquellos documentos que soportan el informe final desde lo investigativo, organizacional y operacional, la Comisión de la Verdad explicó que fueron cuatro ejes centrales los que permitieron trabajar sobre un consolidado de cifras en torno al conflicto armado.

El primero y principal tuvo que ver con una vinculación o articulación de bases de datos disponibles sobre el conflicto armado en Colombia y la generación de unas estimaciones y unos análisis del subregistro relacionado con violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el país. De ese primer componente salieron 112 bases de 42 instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. 

“De la primera integración resultaron 26 millones de registros. De esos registros, 12,8 millones superaron los filtros necesarios. Los registros son de personas, y debían contar por lo menos con los siguientes datos: nombre, apellido, año y departamento. Después de eliminar registros repetidos, se obtuvo una base integrada por 8.775.884 personas únicas. Las cifras que se presentan son el resultado final de la integración de bases de datos del proyecto JEP-CEV-HRDAG y son los datos más probables en rangos de incertidumbre definidos”, indicó la Comisión de la Verdad en el anexo que incluye el listado completo de todas las bases compartidas al proyecto conjunto de datos. 

Seguido a ese trabajo, la iniciativa contempló el asesoramiento en la implementación del análisis de datos relacionados con estas estimaciones y también un fortalecimiento de capacidades en las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con el fin de contrastar datos e implementar modelos estadísticos que fortalecieran el análisis de datos sobre derechos humanos. Otras fuentes, como el Centro de Memoria Histórica, aportaron datos específicos que fueron atribuidos directamente a ellos, como los relacionados con ejecuciones extrajudiciales y masacres, cada uno con su número de víctimas.

Entre los principales hallazgos estadísticos de la iniciativa conjunta está que 450.664 personas fueron asesinadas en el marco del conflicto armado entre 1985 y 2018. Si se tiene en cuenta el subregistro, según datos del proyecto JEP-CEV-HRDAG, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas. 

Los años comprendidos entre 1995 y 2004 concentraron el 45 % del total de las víctimas. Los principales responsables de homicidios fueron grupos paramilitares con 205.028 víctimas (45 %); guerrilla: 122.813 víctimas (27 %) y agentes estatales: 56.094 víctimas (12 %). Los departamentos más afectados han sido Antioquia, 125.980 víctimas (28 %); Valle del Cauca, 41.201 víctimas (9,1 %); Norte de Santander, 21.418 víctimas (4,8% %; Cauca, 19.473 víctimas (4,3 %) y Cesar: 16.728 víctimas (3,7 %).

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En cuanto a desaparición forzada, se encontraron registros de 121.768 personas víctimas de este flagelo entre 1985 y 2016. Esta cifra no es absoluta si se tiene en cuenta el subregistro que hay, por lo que podrían ser más, de acuerdo con información de la iniciativa. Grupos paramilitares (con el 52 % de los casos) y la antigua guerrilla de las Farc (24 %) son los dos principales victimarios en cuanto a esta variable. En secuestro y toma de rehenes hubo 50.770 víctimas entre 1990 y 2018, siendo el periodo comprendido entre 1995 y 2004 el que concentró el 77 % del total con 38.926 víctimas.

Limitaciones en los datos

El proyecto conjunto tuvo varios retos en la recolección y procesamiento de los datos, según cuenta la Comisión de la Verdad en el documento anexo sobre esta iniciativa llevada a cabo entre las distintas instituciones. 

“Lo primero es que no fue posible incluir los datos de SIJUF (de la Fiscalía) en los análisis. Tampoco pudimos incluir los datos del SPOA para hechos de violencia distintos a “homicidio consumado.” Por lo tanto, por el diseño del sistema de la Fiscalía, fueron excluidas dos de las fuentes de información más grandes no especializadas del país… Segundo, como se mostró en la sección de violencia registrada, los datos de desplazamiento se concentran en el RUV (Registro Único de Víctimas). Dado que el modelo de estimación por sistemas múltiples se basa en las coincidencias (y no coincidencias) entre listas, las estimaciones se ven afectadas por la alta importancia del RUV. Entonces, recomendamos trabajar con las imputaciones estadísticas de esta violencia. Es decir, no fue posible calcular el subregistro”, se lee en el documento.

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La alianza no incluyó entre los datos analizados los relacionados con el exilio, pues indicaron que no hay suficientes datos, por eso ese hecho de violencia fue excluido de la investigación. Otra información importante a tener en cuenta es que si bien desde la CEV se investigó el conflicto desde 1958, los datos previos a 1985 son escasos. “Aunque es posible realizar la imputación estadística de campos faltantes y las estimaciones, la varianza es muy alta, por lo que no es recomendable utilizar los análisis del proyecto para este periodo de tiempo”. 

De acuerdo a lo anterior, cada hecho violento sucedido en el marco del conflicto armado tiene datos que responden a distintos periodos. “Homicidio tiene la mayor parte de datos disponibles entre 1985 y 2018, desaparición forzada entre 1985 y 2016, secuestro entre 1990 y 2018, reclutamiento entre 1985 y 2017, y desplazamiento entre 1985 y 2019, aunque sin imputación ni estimación. Los datos fuera de este periodo llevaban a imputaciones y estimaciones no estables y por lo tanto poco confiables”, indicaron desde la alianza en el documento publicado por la Comisión de la Verdad.

Otro reto que se encontraron los analistas de datos del proyecto es que son escasas las bases de datos con información completa sobre actividades a las que se dedicaban las víctimas, como por ejemplo si era periodista, defensor de derechos humanos, sindicalista, entre otros. “Hay algunas bases especializadas en cierta población. Este es el caso, por ejemplo, del sindicalismo. Para las situaciones en las que hay bases especializadas en ciertos sectores, pudimos realizar análisis específicos. Pero, este no es el caso para todas las poblaciones de interés y hay grupos de importante relevancia que no pudieron ser analizados”, dieron a conocer en el documento. 

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Hay que decir que la iniciativa contó con el apoyo de MacArthur Foundation, The Oak Foundation y el Foundation to Promote Open Society, también de la División de Seguridad Humana de la Embajada de Suiza, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido y la Universidad Justus Liebig de Giessen, con fondos otorgados por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. 

Dos de las grandes bases de datos oficiales son el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y el Sistema de Información de Justicia de la Fiscalía (SIJUF) de la Fiscalía. Sin embargo, se lee en el documento, estos sistemas utilizan como fuente de observación “los casos y no las personas ni las violaciones”, esto explica porqué en un mismo caso puede haber más de una persona. Por ejemplo, la víctima y sus padres, la víctima y los denunciantes, etc. De esta manera, dicen, nunca se pudo responder a la pregunta de “¿quién le hizo qué a quién?”. Por lo tanto, tuvieron que utilizar únicamente la variable “homicidio consumado” del SPOA. También trabajaron sobre otros datos en poder del ente investigador y que tienen que ver con reclutamiento, líderes sociales e integrantes de la Unión Patriótica, UP. 

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto, que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.

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