Tras el debate por unos señalamientos del presidente, Gustavo Petro, contra la cementera, Colombiacheck repasó las decisiones y los informes al respecto para explicar el contexto preciso de lo que pasó.
22 de septiembre de 2023
Por: Andrés Felipe Carmona B. para Colombiacheck

El presidente, Gustavo Petro, mencionó a la empresa cementera más grande del país, Argos, del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el 30 de agosto pasado en un acto público que fue retransmitido en una alocución al día siguiente, a través de las redes sociales de Presidencia y los principales canales privados y públicos del país. 

El mandatario en su discurso se defendió de los señalamientos a su gobierno sobre que este supuestamente expropia propiedades rurales y dijo que, en cambio, nadie había señalado lo mismo contra esa compañía privada por las compras que hizo de tierras que antes habían pertenecido a campesinos víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado en Montes de María. Desde entonces, se desató un debate en medios y redes por esas declaraciones.

Una de las primeras en reaccionar a los planteamientos de Petro fue la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, quien aseguró en su cuenta de X: “La falta de rigor de Petro frente al Grupo Argos, es lamentable. La persecución y criminalización de sectores productivos parece más una estrategia que una simple ligereza”. A renglón seguido, adjuntó el comunicado con el que la cementera le respondió al jefe de Estado.

También hubo quienes le dieron la razón al presidente en sus señalamientos, como el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, quien en una entrevista con el programa radial ‘Siga la W’ afirmó:

“Lo que ha dicho el presidente Petro sobre este caso no es descabellado porque eso es lo mismo que han dicho los jueces. Los jueces han encontrado, en diversas y plurales sentencias, que la manera como terminó adquiriendo grandes extensiones de tierras Argos en los Montes de María reñía con lo que dice la ley y, por lo tanto, se configuró un caso de despojo de tierras al no haber actuado con la debida diligencia o buena fe exenta de culpa, [que es como] se llama en la ley, con este entramado que usó Argos para hacerse con las tierras con miras a establecer un sembradío de maderables de teca”.

Y ya lo señalaba el año pasado la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en su informe final, ‘Hay futuro si hay verdad’, que planteó que esa región del país ha sido fuertemente golpeada por los intereses económicos alrededor de los monocultivos y la minería a gran escala. En este territorio hay 65 cabildos del pueblo zenú y 29 consejos comunitarios del pueblo negro.

De tal manera que, para entender bien el contexto del discurso del mandatario y lo respondido por la empresa, que negó los señalamientos, frente a la realidad de las sentencias judiciales al respecto, en Colombiacheck decidimos hacer este explicador en el que que hablamos con el periodista Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto y quien ha investigado por años el conflicto por la tierra en Colombia.
También consultamos a Daniel Marín López, profesor de la cátedra ‘Derechos Humanos y Empresas’ de la Universidad de los Andes, quien fue asesor en la Comisión de la Verdad. De igual forma revisamos 17 sentencias de restitución de tierras relacionadas con Argos y, junto a ellas, dos documentos de la CEV sobre la cementera y la restitución de tierras en el conflicto armado.

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¿Qué dijo textualmente el presidente Gustavo Petro sobre Argos?

El 30 de agosto, en un acto de Gobierno en el corregimiento El Salado, en Bolívar, Petro entregó 780 hectáreas a víctimas del conflicto armado y firmantes del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC para el desarrollo de distintos proyectos. En ese evento oficial, hizo ocho menciones a Argos:

“Miren lo que ha pasado a través de estas décadas después de la masacre de El Salado. La gran empresa amiga del gobierno, la gran empresa privada amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos. ¿De quién es Argos? Del mismo dueño de ‘El Colombiano’, creo, periódico del Grupo Empresarial Antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño; fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, que se quedó con la tierra de los desplazados”.

Después afirmó: “No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos. ¿Y hubo algún, igual que hoy nos acusan de expropiadores, alguien en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso, de los partidos políticos o de los gobernantes locales y nacionales dijo acaso que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos?”.

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El mandatario prosiguió con su mención a la cementera:

“Indudablemente, [Colombia] es un país que uno puede comprender no sólo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, por el enorme acumulado de codicias que, por ejemplo, en una empresa como Argos, que se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado. ¿Qué perdía Argos por entregar las tierras hace diez años, de buena voluntad, sin presión? Se equivocó. A lo mejor pensó de buena fe, como dicen ahora, que la tierra no tenía sangre regada y que podía obtenerla, pero apenas se dio cuenta, apenas los indicios y las denuncias empezaron a aparecer, ¿por qué estos empresarios y grandes ejecutivos que andan en avión y en jet privado no fueron capaces de devolver la tierra? Era como si le quitaran tres pelos a un gato, como dicen ahora; la codicia lo impidió. Lo que impidió fue un enorme egoísmo social”.

El presidente de la República remató diciendo que “el ejemplo del Grupo Argos de pronto sirve en positivo. Ya pasaron los años de los 22 procesos judiciales y ya los perdieron todos. Ahora, entregan un predio en donación. Pues que sea el comienzo de un mensaje, no solamente del Grupo Argos sino del gran capital en Colombia, de los grandes banqueros, de los grandes empresarios que se creen dueños del Estado. Es el momento de hablar con el pueblo de los tenedores de las tierras por miles de hectáreas sin cultivar una mata de yuca siquiera. No se asusten de este gobierno; este gobierno quiere hablar, pero de tú a tú”.

¿Qué respondió Argos?

La cementera, fundada en 1934, le respondió al otro día en un carta en la que decía:
“…con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, posterior a la compra por parte de Argos, se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras, con quienes la compañía nunca tuvo relación. Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución. La compañía, que no tuvo ninguna injerencia ni participó en esas ventas iniciales, tomó la decisión de transformar el proyecto ambiental en un proyecto social, con lo cual, en el año 2015, y de la mano de la comunidad se donaron las 6600 hectáreas, es decir, la totalidad de los predios en El Carmen de Bolívar y Ovejas a la Fundación Crecer en Paz, entidad sin ánimo de lucro, independiente de Argos”.

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¿Quiénes más opinaron a favor o en contra?

La cementera ha sido defendida también por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ocupaba la Casa de Nariño para la época de los hechos. El 1 de septiembre, el exmandatario trinó: “Yo no goberné con amigos sino con la ley. Lástima que la maledicencia y el Gbno Santos hubieran truncado el plan de Argos de sembrar 40 mil hectáreas de maderables en los Montes de María. Era una gran fuente de empleo y de ingresos después que de allí sacamos a paramilitares y guerrillas. Confundieron a Argos con desalojadores de tierras” (sic). El mensaje tuvo más de 4.800 ‘me gusta’ y 1.800 retuits. 

Otra de las personas que enviaron mensajes de apoyo a Argos fue el general en retiro Rafael Colón Torres, quien desde su cuenta en X afirmó: “Argos no despojó tierras, no produjo desplazamientos, y confinamientos en Montes de María. El terror y la vulneración de los derechos a tan bellas comunidades lo produjo las plagas de las FARC, del ELN, del Epl, del ERP y los Paramilitares. Ellos son los responsables, no Argos. #ElGobiernoPopulistaMiente” (sic). El mensaje tiene más de 23.000 visualizaciones desde el 1 de septiembre pasado.

Por su parte, el exministro Restrepo, en entrevista con La W, afirmó el 4 de septiembre que: “Los precios de los campesinos fueron una ‘ganga’ para los compradores de tierras en Montes de María”. Aseguró que Petro tiene razón al decir que el Grupo Argos adquirió predios despojados a familias víctimas del conflicto. Su entrevista en video, con su posición frente al tema, fue compartida en X y ya cuenta con más de 29.600 reproducciones en esa red social.

El senador de la coalición Pactó Histórico por el Pollo Democrático Wilson Arias también cuestionó a la compañía en un mensaje publicado en X. El trino, acompañado de un video, contenía el siguiente mensaje: “Les ruego nunca olvidar. Les recuerdo sobre las tierras malhabidas de Cementos Argos y Carlos Murgas (ex Ministro de Andres Pastrana) en los Montes de María, y por Poligrow y Aceites Manuelita en Mapiripán y en Orocué, Casanare. El gran capital contra los inermes campesinos” (sic). El trino ha sido visto por más de 43.000 usuarios y tiene 2.983 ‘likes’ y 2.188 retuits.

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¿Argos despojó directamente a algún campesino de sus tierras?

Lo que ha existido es un despojo indirecto. De acuerdo con la sentencia del 17 de febrero de 2017, emitida por el Tribunal Superior de Cúcuta, los magistrados Amanda Janneth Sánchez Tocora, Julián Sosa Romero y Puno Alirio Correal Beltrán establecieron que sí se configuró un “despojo jurídico y material” de las tierras a nombre de Uriel Uribe Lambraño Carmona porque quedó evidenciado que “el desplazamiento y despojo de predios en la zona de ubicación del inmueble restituido sirvió al propósito de concentración de la propiedad en cabeza de un único propietario (Argos a través de la Fiduciaria Fiducor S.A.) a través de una triangulación de negocios que llevó a que, aprovechándose de la situación de violencia, se privara arbitrariamente y por ínfimos valores a los campesinos que allí eran propietarios de Unidad Agrícola Familiar”.

Para entender ese caso hay que explicar que el 5 de noviembre de 2010, en la Notaría 29 de Medellín, Luz Helena Pérez de Mora transfirió el derecho de dominio y la posesión del predio Parcela No. 4 al fideicomiso No. 732-1353, constituido por Cementos Argos S.A. y administrado por la Fiduciaria Fiducor S.A., por la suma de 47’907.310 pesos. Esa compraventa fue anulada por  el Tribunal de Cúcuta.

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Daniel Marín López, profesor de la cátedra ‘Derechos humanos y empresas’ en la Universidad de los Andes, fue asesor de la Comisión de la Verdad e investigó de cerca la relación histórica. Él dice que desde la CEV evidenciaron tres tipos de despojo en Colombia: material, jurídico y productivo. En el caso Argos, dice, podría haber existido un despojo productivo al instalarse en los Montes de María dicha empresa sin antes hacer toda una debida diligencia que ameritaba la compra masiva de tierras en esa zona. 

“Es claro decir que ni siquiera los jueces hablan de que Argos despojó como tal, sino que se benefició del clima del conflicto armado. Además, que una empresa de esa envergadura, que cotiza en bolsa de valores, no desplegó la debida diligencia antes de comprar grandes cantidades de tierras. Debía hacer todo un análisis jurídico, social y ambiental del entorno y todo lo que pasara en el territorio. Sí hubo un despojo productivo, a mi parecer”, agrega Marín López.

¿Existe el despojo como delito en el Código Penal Colombiano?

Marín López dice que una de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad era que se tipificara como delito el despojo y que se abordara como un fenómeno criminal en el país. 

En la recomendación número 58, sistematizada en una tabla Excel que es anexo del informe final de la CEV, dicha entidad le sugirió al Congreso, la Fiscalía y el Ministerio Público que concerte con las organizaciones de Derechos Humanos y de víctimas unas “medidas urgentes para prevenir y responder a nuevos ciclos de despojo de tierras y de desterritorialización” en la tipificación, investigación, juzgamiento y sanción “de delitos asociados al despojo, el desplazamiento forzado, el confinamiento y las finanzas criminales; las sanciones disciplinarias y otras de carácter administrativo; el monitoreo de graves violaciones a los Derechos Humanos; y la acción coordinada entre distintas instituciones para estos efectos”.

En el país, según datos de la Fiscalía General de la Nación, los delitos relacionados con el despojo son el desplazamiento forzado, amenazas, invasión de tierras o edificaciones, falsedad material en documento público, perturbación de la posesión sobre inmueble, falsedad en documentos, falsedad ideológica en documento público, usurpación de tierras, fraude a resolución judicial, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, obtención de documento público y urbanización ilegal.

La Comisión de la Verdad investigó el conflicto armado en Colombia, desde una óptica histórica, ¿qué encontró esta entidad sobre el caso Argos?

Hay tres anexos al informe final de la Comisión de la Verdad donde quedó compilado el trabajo que hizo esa entidad para establecer la verdad histórica del conflicto armado a través de la compra de tierras que hizo Argos en Montes de María. Los anexos están bajo el título ‘Caso 79 / La compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María’.

La Comisión de la Verdad definió en su informe final que el despojo en los Montes de María y otras zonas del país estuvo conformado por tres fases:

“La vanguardia, integrada por las dos fichas locales, el contacto en terreno y el comisionista;  El escuadrón principal, conformado por los inversionistas o terceros compradores (y revendedores) y la retaguardia, constituida por la red de actores económicos, jurídicos y políticos articulados al modelo de gestión para el despojo (…) Su función era diseñar y poner en marcha medidas de protección de las operaciones en terreno para garantizar la posterior transferencia de los predios, a efectos de que Cementos ARGOS pudiera explotar las tierras así adquiridas de manera tranquila. Esto es, sin perturbaciones de sus derechos de propiedad ni sobresaltos mediáticos. Además, garantizar el ocultamiento de la ruta de adquisición de los predios, para ocultar la participación de ARGOS en este entramado”. 

En el anexo ‘Un modelo de gestión multinivel para el despojo’, que hace parte del ‘Caso 79 / La compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María’ de la CEV, la entidad encontró que la justicia en Colombia ha identificado “como padre del entramado del despojo a Álvaro Ignacio Echeverría”.

Según la plataforma web ‘Tierra en Disputa’, creada por los medios Rutas del Conflicto y Verdad Abierta, Echeverría es un empresario de Antioquia cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y “uno de los mayores compradores de tierras”. Un artículo del 6 de septiembre pasado, publicado por El Espectador, cita un informe de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que, a través de Agropecuaria Tierras de Promisión, empresa que representa, acumuló desde finales de los 2000 un total de 4.405 hectáreas.

El mismo Echeverría, según la Comisión de la Verdad en anexos de su informe final, reconoció que “él fue el que fundó la empresa Tierra de Promisión e impulsó la conformación de la red de aliados estimulada e instrumentalizada por Argos para comprar al menos 6.600 hectáreas en los Montes de María, cuyos integrantes compraron tierras a $300 mil la hectárea para vender a precios hasta 11 veces más altos en escasos 18 meses, mientras el cultivo de teca ‘aniquilaba la agricultura de consumo’, como bien se dice en una sentencia de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia”.
Un vocero del Grupo Argos, en entrevista al medio Verdad Abierta, confirmó que “el señor Álvaro Echeverría, al igual que muchos otros propietarios de la zona (Montes de María), se acercaron a Argos ofreciendo en venta tierras adquiridas por ellos en años anteriores. La motivación de Argos al adquirir inmuebles fue incorporarlos a un proyecto forestal establecido por la compañía años atrás, de grandes repercusiones tanto frente a las políticas mundiales de protección del medio ambiente, como a las políticas concebidas por el Estado colombiano para promover el desarrollo económico y social de estas regiones y contribuir a que superaran la postración en que las tenían sumidas la violencia y el conflicto armado”.

¿Cuántos son los procesos de restitución de tierras en los que figura Argos?

No se conoce de forma precisa una única cifra. El presidente Gustavo Petro habló de 22 procesos judiciales. El proyecto Colombia +20 de El Espectador, en un artículo del 1 de septiembre pasado, también hizo referencia a que existen 22 sentencias “en contra de Argos, entre ellas tres de compulsas de copias”.

El 10 de enero de 2022, más de año y medio antes del actual debate y aún en el gobierno anterior, el hoy director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, escribió en X para decir que la “empresa Argos ha sido condenada judicialmente en 18 procesos por despojo de tierras”. La Comisión de la Verdad habla de 16 procesos judiciales.

Por su parte, Rutas del Conflicto logró verificar y confirmar 17 sentencias que fueron emitidas entre 2016 y 2021 por las salas civiles de restitución de tierras de los tribunales superiores de Cartagena (12 procesos), Cúcuta (1), Bogotá (1), Cali (1), Valledupar (1) y Antioquia (1).

¿Puntualmente cómo se menciona a Argos en sentencias de restitución de tierras?

La Organización Forjando Futuro, a través de su Observatorio de Restitución de Tierras Sembrando Paz, ha insistido en que los magistrados que hasta ahora han fallado sentencias en contra de Argos sí establecieron que la empresa, antes de comprar tierras, no fue diligente en averiguaciones sobre el contexto de cada zona e “hizo caso omiso de la violencia generalizada que padecía la región donde ocurrían asesinatos, desapariciones forzadas, y desplazamientos cometidos por los paramilitares y las guerrillas”.

“Argos participó de un entramado para comprar predios. Luego de las masacres llegaban los comisionistas que crearon toda una infraestructura para comprar la tierra y venderla a empresarios antioqueños, para posteriormente crear fideicomisos en los que la cementera adquirió los predios”, afirmó Ilhan Can, investigador de Sembrando Paz.

“Desde mi voz como periodista, me remito a las sentencias y lo que está probado judicialmente: hay una sistematicidad, de acuerdo a la investigación que hicimos de 17 sentencias, que muestra cómo dentro del proceso de restitución de tierras los jueces han señalado que Argos no actuó de buena fe exenta de culpa a la hora de comprar tierras de campesinos que habían sido víctimas del conflicto. Ellos no las compraron directamente, hay solo un caso de Argos comprando tierras a un campesino, el resto se las compraron a unos señores que llegaron a Montes de María entre 2005 y 2007 a comprar tierras y luego a revenderle a empresas, y luego a Argos. Eso no quiere decir que los estén culpando específicamente de un delito”, dice Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto.

El periodista afirma que las sentencias no dicen que Argos esté involucrado con un actor armado determinado o que haya generado desplazamiento o despojo de forma directa, sino que antes de efectuar la compra de tierras, a través de terceros o en nombre propio, “debieron haber verificado que esas tierras, meses antes, las habían comprado a precios menores y que era una zona que ha sido intensamente afectada por la violencia con masacres y desplazamientos y por ello en algunos casos estas tenían prohibiciones de venta. Unos días antes de las ventas que hicieron las víctimas, se levantaron las medidas; había una serie de indicios de que algo estaba pasando. Y ellos [Argos], a pesar de todo, actuaron sistemáticamente porque tenían en mente montar un proyecto amplio de cultivo de teca en un agroforestal”.

Edwin Novoa, investigador en el tema de tierras, dice que determinar si Argos actuó de buena o mala fe en la compra de tierras afectadas por el conflicto armado no es una tarea fácil, aún cuando se conoce el contexto de violencia que, por ejemplo, ha estado históricamente en Montes de María. “Cuando uno compra algo, en este caso una tierra, se supone que toca averiguar si esa tierra tiene documentos al día y si además hay despojo o conflicto armado en la región, eso no lo hicieron. Ahora las empresas se cuidan mucho más que en los años 2000”, afirma.

De momento, la justicia ha encontrado que Grupo Argos compró más de 1.300 hectáreas que años antes habían sido vendidas por campesinos desplazados por la violencia, principalmente en los Montes de María, pero también en el Cesar. “Las transacciones fueron anuladas por los jueces al argumentar que Argos actuó sistemáticamente en la adquisición de predios en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto (Bolívar), San Onofre, Ovejas (Sucre) y San José de Becerril (Cesar)”, como se lee en la investigación ‘La compra sistemática de tierras por Argos tras el desplazamiento de campesinos’, de Rutas.

Lo hizo a través de las filiales Tekia S.A.S. y Fiduciaria Fiducor, según el medio. Las compras las hizo con la intención de desarrollar un proyecto de siembra de teca, como se lee en el mismo artículo periodístico. “El cultivo de ese tipo de árbol maderable depende de grandes proporciones de tierra para poder generar rentabilidad. Sin embargo, la empresa ignoró la procedencia de los terrenos que compraba”, se cita en la publicación como punto de partida las sentencias en las que se menciona a Argos.

¿Argos ha devuelto tierras?

Hasta el momento, no las ha devuelto. En ninguna de las 17 sentencias de restitución de tierras falladas, y que fueron revisadas por Rutas del Conflicto, Argos logró comprobar la buena fe exenta de culpa y por eso se ha visto obligada a devolver las tierras. Argos creó la Fundación Crecer en Paz para administrar las tierras que deberá devolver por orden judicial. La representación legal de la organización depende directamente de Grupo Argos S.A., como consta en documentos de Cámara de Comercio de Cartagena, donde está inscrita la Fundación desde el 11 de marzo de 2015.

La compañía ha expresado que, a través de esa fundación, buscará capacitar a las comunidades para entregar las 6.600 hectáreas que tienen en los Montes de María. “Argos nos aceptó que había 18 procesos más en curso sin sentencia”, añadió Parra. 

En 2015, Argos creó la Fundación Crecer en Paz con el objeto de “implementar una iniciativa de desarrollo territorial y construcción de paz”. Dicha organización, registrada como sin ánimo de lucro, controla las 6.600 hectáreas adquiridas por la empresa en El Carmen, San Jacinto y Ovejas, cuyo precio, según documentos de la CEV, se estimó en 25.000 millones de pesos, más un capital adicional de 18.000 millones para proyectos productivos.

Hay que recordar que, de esas hectáreas, Grupo Argos deberá devolver al menos 1.300 a campesinos y campesinas luego de que la justicia confirmó que la empresa compró tierras de forma sistemática en los municipios de la zona sin que tuviera diligencia debida antes de la adquisición para verificar si lo que compraba había pertenecido a familias despojadas por el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad, en su anexo, afirma que “después de despojar, como lo han señalado hasta ahora 16 fallos judiciales, ARGOS (una empresa que cotiza en la Bolsa de Colombia y con grandes inversiones en los Estado Unidos), trazó una nueva estrategia de camuflaje del despojo, ahora en el campo de la responsabilidad social empresarial”.

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