Alcaldía de Pereira culpó a Lucas Villa de su propio asesinato

“El homicidio de Lucas Villa obedece al actuar de organizaciones delincuenciales que nada tienen que ver ni con el mandatario del Municipio de la época ni con el ente territorial. Según los medios informativos locales, regionales e internacionales dicho homicidio se presentó por ajuste de cuentas en negocios de estupefacientes, estando, al parecer, involucrada la víctima fatal”. Ese es solo uno de los señalamientos que, sin pruebas, hizo un abogado contratado por la Alcaldía de Pereira ante una demanda por el asesinato del estudiante en mayo de 2021.

La secretaria jurídica de la Alcaldía, Sandra Astrid López, le dio poder al abogado Julio César Serna Britto para representar a la entidad ante una demanda interpuesta por las familias de Lucas Villa y de Andrés Felipe Castaño, quien también resultó herido en medio del ataque sicarial que se dio en el viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas (Risaralda). La contestación, a la que tuvo acceso VORÁGINE, contiene apartes que le endilgan algún grado de responsabilidad a Villa en su propia muerte, lo señalan sin pruebas de cometer delitos y culpan al Pacto Histórico y al exsenador Gustavo Bolívar de incitar a la violencia.

El documento fue enviado el 8 de febrero pasado al Juzgado Tercero Administrativo de Pereira por el abogado Serna Britto.  Las familias demandaron al municipio de Pereira y a la Policía. A la primera entidad señalando al alcalde de la época, Carlos Alberto Maya, de “incitar a la ciudadanía a actuar en contra de quienes ejercen el derecho fundamental a la protesta social”. Tres días antes del asesinato de Lucas Villa, el mandatario dijo en una rueda de prensa: “Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común, junto a la Policía y el Ejército, para recuperar el orden en la seguridad ciudadana”. La Policía fue demandada por no proteger a los manifestantes.

En otro apartado de la contestación, Serna volvió a relacionar a Villa con actividades ilegales y, por eso, descarga en el estudiante la culpa de su propio asesinato: “Asimismo el hecho ulterior que deberá ser plenamente aclarado en la investigación penal en curso que refiere actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes donde estuvo involucrado la víctima, es decir, que el hecho es consecuencia de actividades delictivas del ciudadano ultimado en hechos contemporáneos a la protesta violenta del año 2021”. El abogado no adjuntó ninguna prueba de esos señalamientos a Villa. “No hay pruebas y, ni siquiera, un indicio para que él afirme eso. Eso es revictimizar”, aseguró Vanessa Vasco, apoderada de las familias y abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

Serna habló con VORÁGINE telefónicamente y dijo: “Yo no doy declaraciones, yo cumplo mis deberes contractuales y dentro de mis deberes está darle respuesta con medios de defensa a todas las acciones que me asignen y eso lo hago en el marco de la ley. Contestar una demanda no es revictimizar a nadie y esos son argumentos que no son dirigidos a la opinión pública, sino a un juez para que tome una decisión en derecho. La entidad tiene derecho a defenderse”.

En un intento por respaldar sus señalamientos, el abogado citó en su escrito a una mujer que dijo ser la mamá de Javier David Clavijo Rúa, quien recibió un disparo en el mismo hecho en el que fue asesinado Villa y herido Castaño. En un interrogatorio ella le dijo a la Fiscalía: “Javier David me contó que estaba trabajando en las marchas solo por la noche y que lo había contratado Jonatan Mejía, alias Trum, uno de los duros del barrio San Judas y que le pagaba 50 mil pesos noche, estaba trabajando en la primera línea”. Mejía fue capturado en julio de 2023 señalado de ser jefe de sicarios de la banda criminal La Cordillera. Sin embargo, en ningún apartado la mujer habló de tráfico de estupefacientes, término utilizado por Serna. Además, Clavijo solo quedó levemente herido en la acción sicarial, el único que murió fue Villa. 

Le preguntamos a Serna por las pruebas para afirmar que Villa tenía vínculo con el tráfico de estupefacientes y dijo: “Eso es competencia del juez que es quien tiene que valorar las pruebas. Yo no hago valoración de pruebas, simplemente presento una argumentación jurídica que va dirigida única y exclusivamente al juez que es el que emite el fallo”. “Nosotros hemos demostrado en el proceso penal y en el administrativo que ni Lucas ni Andrés Felipe tenían ningún vínculo con este grupo que ejerce el control del microtráfico en el viaducto”, aseguró Vasco.

Mira el episodio de CONTRACORRIENTE sobre este tema:

La acusación a Lucas Villa por violencia

En la contestación hay más señalamientos de Serna contra Villa. Por ejemplo, aseveró: “El benemérito señor Alcalde de la ciudad de Pereira, Dr. Carlos Alberto Maya, fue encausado por ésta misma declaración pública, dada su calidad de máxima autoridad policiva encargada de mantener el orden público, vulnerado por el actuar violento y desproporcionado de los manifestantes, incluido el hoy fallecido Lucas Villa”.

“Obvio no hay ninguna prueba que le sustente esa afirmación. Incluso, nosotros dentro del proceso sí allegamos los videos que circularon por redes sociales, en los que se ve a un joven bailando, saludando, entregándole flores a los integrantes de la Policía, un Lucas Villa totalmente distinto a lo que quiere mostrar el apoderado del municipio de Pereira”, replicó Vasco en entrevista con este medio.

Serna, incluso, reprochó que Villa hubiera ido a protestar y le pidió al juez exculpar a la Alcaldía así: “HECHO EXCLUSIVO DEL TERCERO/ CAUSALIDAD. Hecho exclusivo que consta en Informes Policivos donde al parecer se presentó ajuste de cuentas por temas de narcotráfico, adicionalmente la presencia voluntaria de la víctima como manifestante en protestas convocadas por la coalición política de izquierda COLOMBIA HUMANA y/o PACTO HISTÓRICO así como al senador de ese entonces GUSTAVO BOLIVAR, quienes incentivaron a jóvenes de todos los estratos sociales a ejercer protestas violentas en todo el territorio nacional, protestas que alteraron gravemente el orden público y que de conocimiento público, fueron apoyadas por los grupos terroristas de FARC y ELN”.

“En la contestación del municipio uno puede observar entre líneas un discurso en contra de la protesta social, como que cualquier persona que participa de una movilización social es vándala”, le dijo Vasco a VORÁGINE.

Los estigmas contra el Pacto Histórico y Gustavo Bolívar

Para eximir a la Alcaldía de Pereira de toda responsabilidad, Serna también recurrió a responsabilizar al Pacto Histórico, a la Colombia Humana y al hoy director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. “La Policía Nacional cumplió con su deber constitucional y legal, guardando una distancia apropiada con los manifestantes con el fin de evitar confrontaciones y por solicitud del mismo comité de paro y asimismo frente a la fuerte intervención de los movimientos políticos afines a las protestas organizadas, específicamente coalición política PACTO HISTÓRICO, COLOMBIA HUMANA y el ciudadano y GUSTAVO BOLIVAR, senador afiliado al PACTO HISTÓRICO, quienes fueron los verdaderos determinadores, auspiciadores ideológicos y materiales de las protestas violentas en todo el territorio nacional, con pleno conocimiento de la sociedad colombiana en su totalidad”, aseguró Serna en su escrito. 

Como prueba para responsabilizar al Pacto Histórico de los hechos, Serna adjuntó una noticia del 3 de agosto de 2022 que reseñaba unas declaraciones del congresista Alirio Uribe, otra en la que el entonces senador Gustavo Petro anunció su adhesión a las movilizaciones y una más que reseñaba la colecta que Gustavo Bolívar hizo para entregarle implementos de seguridad a jóvenes de la Primera Línea.  

El apoderado de la Alcaldía de Pereira cuestionó a la abogada de las familias por no demandar también a la Colombia Humana, al Pacto Histórico y a Gustavo Bolívar. “La accionante dejó por fuera de la presente acción contenciosa a los determinadores de quienes procuraron enardecer a la juventud colombiana para atacar la fuerza pública y acceder a las vías de hecho violentas con total impunidad, pues la justificación de las protestas era un incremento de precios de combustibles no superior a $200, situación que realmente no ameritaba la violencia ocasionada a la población civil en su mayoría ajena a la protesta, siendo estos determinadores del riesgo de ser lesionado, AGRUPACIONES, MOVIMIENTOS O COALICIONES POLÍTICAS PACTO HISTÓRICO, COLOMBIA HUMANA y GUSTAVO BOLIVAR, SENADOR PACTO HISTÓRICO y/o COLOMBIA HUMANA para la época de los hechos, entidades y persona natural que no fueron convocados como parte accionada a pesar de la responsabilidad que les pudiera corresponder en los hechos”, aseguró. 

Sobre ese reproche, Vasco fue enfática: “Yo no puedo probarle a un juez que como consecuencia de ese llamado y de esa solidaridad Lucas resultó muerto y Felipe herido, eso es totalmente antitécnico”. En una entrevista que dio Bolívar a Noticias Caracol en la que le preguntaron sobre la Primera Línea dijo: “Yo tengo que aclarar y ya lo aclaró la Corte, la Procuraduría y (se aclaró) en todas las demandas que tuve que yo no financié a la Primera Línea, yo lo que hice fue comprarles unos casco y unas gafas a unos jóvenes que estaban siendo masacrados. Es más, hoy hay 103 jóvenes sin ojos”. “Es muy triste ver la revictimización que están haciendo las entidades en las contestaciones de las demandas de los procesos que tienen que ver con el paro. La conclusión es que en Colombia la protesta social sigue siendo perseguida y estigmatizada”, agregó la abogada quien aseguró que ha visto en varios procesos que las instituciones han intentado culpar a las víctimas de los hechos que las afectaron.

Serna, en su contestación a la demanda, pidió que el juzgado condenara a los demandantes así: “El llamado es a que se efectúe una condena en costas ejemplar en contra de la parte demandante, dado que a pesar de todo, no han retirado la presente demanda ni ha desistido de las pretensiones en contra del Municipio”. Además, auguró que si el despacho accedía a los pedidos de las familias podría ser responsable una quiebra estatal: “No solo estaríamos hablando del homicidio de Lucas Villa y las lesiones de su compañero, los reportes de lesionados en todo el país son alarmantes, de ser así, el estado colombiano entraría en quiebra, se abriría un precedente muy preocupante frente a los recursos estatales y quedaría una línea muy delgada entre el actuar delincuencial y la responsabilidad del estado frente a todo tipo de hecho delictivo, no sería soportable económicamente (sic)”.

El contexto del asesinato que el abogado de la Alcaldía no mencionó

Pocos días después del asesinato de Villa, Caracol Radio publicó una nota en la que se exponía una  denuncia que relacionaba a la Sijín de la Policía con el atentado. Sin embargo, no hay ningún miembro de esa institución procesado por el crimen. VORÁGINE accedió a un interrogatorio que rindió una fuente no formal en marzo de 2022 que le daría fuerza a esa hipótesis. 

“Calogero me dijo mijo, me tocó hacerles el favorcito porque me tenían en los más buscados de Risaralda y me iban a sacar en los más buscados de Risaralda y el favor era lo del Viaducto. Me dijo que a él lo abordaron de la SIJIN, yo creo saber quién fue el que lo abordo (sic), es un muchacho de la SIJIN que es de Viterbo, él era muy conocido de alias Pitbul y Tiner, que ya los mataron, el de la SIJIN era contacto de ellos, les colaboraba mucho”. “Calogero” o “Calollero” era un presunto miembro de La Cordillera que tenía una barbería en Pereira y fue asesinado en octubre de 2021.

La fuente siguió su relato y expuso los argumentos que supuestamente le dio el agente de la Sijín a Calogero para atentar contra Villa: “Fue él (el uniformado) que le hizo el abordaje para que les hicieran el favor de este muchacho Lucas Villa, porque para nadie es un secreto que era una piedra en el zapato para la Policía Nacional, él fue el que les alborotaba la gente y a los de la Universidad Tecnológica de Pereira y según eso él fue el que le quemó la casa al Coronel la otra vez en Pinares. Calogero me dijo que le estaban haciendo un seguimiento de la SIJIN porque él era el segundo al mando militar de La Cordillera”. La quema de una vivienda a la que se refería el testigo se dio en octubre de 2019 y no hay ningún indicio de que Villa hubiera participado en esos hechos.

“Ese favor fue que le hizo Calogero a la Policía Nacional para que no lo metieran en los más buscados de Risaralda, le quitaron toda la seguridad cerca al viaducto para que él pudiera hacer su trabajo, él tenía una pistola encima cuando hizo el video ese día en el viaducto”, concluyó la fuente. El video al que se refiere es uno que conoció el país que fue grabado desde un puente segundos después del atentado contra Villa. El medio 070 había revelado apartes de la declaración de la fuente y también algunas interceptaciones a Calogero que dan cuenta de su relación con policías. 

Son muchos los interrogantes que ni la Fiscalía ni otras autoridades han respondido sobre esos hechos. Por ejemplo, el periodista Camilo Alzáte demostró, con las minutas de la Policía que durante varios días esa institución estuvo vigilando el viaducto y que, justo, minutos antes del atentado contra Villa retiraron esa vigilancia. Además, también reveló que cerca al lugar del crimen había policías que no acudieron a auxiliar a las víctimas. “Se puede comprobar que todos los días hubo control y monitoreo permanente del Viaducto, incluso con múltiples arremetidas violentas del Esmad contra los manifestantes, con una única excepción ocurrida la noche del 5 de mayo (cuando se dio el atentado)”, se lee en la investigación periodística. 

En otra investigación hecha por 070 en conjunto con Forensic Architecture, Bellingcat y Baudó Agencia Pública quedó demostrado que dos patrullas de la Policía pasaron a pocos metros de la escena del crimen luego del atentado. Sin embargo, ninguna acudió a acordonar el área y a resguardar elementos materiales probatorios. 

Con respecto a Carlos Maya, quien era alcalde de Pereira cuando se dio el asesinato de Villa, El Espectador reveló que sostuvo conversaciones durante el Paro Nacional con César Augusto Giraldo Montoya, conocido como “Calzones”. Según admitió el propio Maya las llamadas se dieron porque Giraldo le ayudaba a hacer gestiones de alto nivel en los ministerios de Interior y de Defensa del gobierno de Iván Duque. Eso es relevante porque la Revista Raya expuso un organigrama contenido en un informe de la Fiscalía en el que señalan a “Calzones” como integrante de La Cordillera.

El abogado Serna le confirmó a VORÁGINE que tiene un contrato con la Alcaldía de Pereira. Sin embargo, se negó a dar información sobre su duración aduciendo que era información “personal y privada”. 

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