Un excapitán del Ejército dirigió la cooperativa de seguridad Papagayo, fundada por las Autodefensas Unidas de Colombia, después de tener un alto cargo en el grupo empresarial. Su historia, hasta ahora desconocida, se suma a los señalamientos que hizo Salvatore Mancuso ante la JEP, según los cuales Postobón financió a los ‘paras’.
21 de mayo de 2023
Por: Nicolás Sánchez Arévalo / Ilustración: Angie Pik

El magistrado Pedro Díaz, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se molestó con Salvatore Mancuso, el excomandante paramilitar que busca ser admitido por ese tribunal, y le recriminó: “Yo le voy a pedir, por favor, que usted tiene que enseñar eventual conocimiento de los hechos y de las personas”. Mancuso le respondió que entendía lo que le decía, pero solo entregará información adicional si ingresa a la JEP. A pesar de eso, agregó: “Puedo decirle de Postobón que pagaba 10 millones de pesos mensuales, que fue un acuerdo directo y que se hacía en los diferentes departamentos donde operábamos”. La conversación ocurrió durante la audiencia pública de Mancuso ante la JEP, realizada a lo largo de cuatro jornadas los días 10, 11, 15 y 16 de mayo.

La acusación, que varios comandantes paramilitares han hecho, de que Postobón financió el proyecto criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), involucra a uno de los conglomerados económicos más poderosos del país, con inversiones en medios de comunicación, agroindustria y clubes deportivos, entre otros sectores: la Organización Ardila Lülle. La historia de un exjefe de seguridad de la familia propietaria de Postobón, reflejada en varios documentos conocidos por VORÁGINE, se une a los indicios de los supuestos nexos entre la empresa de gaseosas y el proyecto criminal de las AUC.

El protagonista es Alonso Hurtado Patiño, un hombre sobre el que obtuvimos algunos documentos inéditos que dan cuenta de su vida profesional, saltando del Ejército a la Organización Ardila Lülle para luego terminar en una Convivir. Durante 21 años hizo carrera en las Fuerzas Militares  y llegó hasta el grado de capitán. A lo largo de varios años se dedicó a hacer inteligencia en zonas con complejas situaciones de orden público  que, en gran medida, eran controladas por las Farc: por ejemplo, en los Llanos del Yarí y La Uribe (Meta).

En sus lides como militar llegó a obtener un certificado de la empresa Industrias Militares de Israel por surtir una capacitación en el manejo de fusiles Galil. También hizo tres cursos de inteligencia en el Batallón Charry Solano, el cual tuvo que ser disuelto por perpetrar graves violaciones de derechos humanos (después fue llamado Brigada XX). Dos certificados de esos estudios fueron firmados por el entonces teniente coronel Iván Ramírez Quintero, quien fue mencionado de manera reiterada por Mancuso, en su audiencia ante la JEP, como uno de los colaboradores de las AUC y quien está a la espera de un fallo de segunda instancia, en un proceso en el que se le acusa de secuestro y desaparición forzada en el marco de la retoma del Palacio de Justicia, en 1985.

En 1990, Hurtado recibió la medalla Ayacucho, por servicios distinguidos en el Ejército, de parte del teniente coronel Jaime Humberto Uscátegui y del mayor general Farouk Yanine Díaz. El primero, después de llegar al rango de general fue condenado por la masacre de Mapiripán (Meta), en la que fueron asesinadas por lo menos 13 personas a manos de los paramilitares. El segundo fue señalado por exparamilitares de ser el “padrino” de esos grupos en el Magdalena Medio y murió mientras se investigaba su presunta participación en dos masacres.

El retiro de Hurtado de la institución se dio en 1994 con el grado de capitán. Ese mismo año se vinculó a la Organización Ardila Lülle y, según quedó consignado en su hoja de vida, empezó a desempeñarse como jefe de seguridad de la familia Ardila Zurek, conformada por uno de los hijos del fallecido magnate Carlos Ardila Lülle. Su pasado como oficial de inteligencia, su pericia en el tiro y su sobresaliente estado físico le ayudaron para quedarse con ese puesto, que en el ámbito de las personas dedicadas a la seguridad es muy apetecido.

Su buen desempeño en las capacitaciones le ayudó a Hurtado, además, a ganarse la confianza de la poderosa familia y empezó a escalar dentro de la organización. Incluso, una certificación de 2001, a la que VORÁGINE tuvo acceso, da cuenta de que cumplió todos los requisitos para desempeñarse como jefe de seguridad de Postobón. Esos datos serían apenas anecdóticos si no fuera por lo que pasó después.

La llegada a la Convivir

Mientras que Hurtado pasaba sus días resguardando a los Ardila Lülle, en la región de Urabá (Antioquia) y en Córdoba se echaba a andar una maquinaria de guerra que sería fundamental para la expansión del paramilitarismo hacia zonas del país como los Llanos, Norte de Santander y la Costa Caribe. “Las Convivir fueron el instrumento perfecto para la multiplicación de las autodefensas”, le precisó Mancuso a la JEP.

Mancuso se refería a unas cooperativas de seguridad privada que fueron creadas por decretos expedidos en los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y de Ernesto Samper (1994-1998). El propio excomandante paramilitar tuvo una Convivir en Córdoba llamada Horizonte Limitada, con la que obtuvo pistolas, subametralladoras y fusiles. Pero lo más importante para esta historia ocurrió en Urabá (Antioquia). En esa zona el gobernador de la época, Álvaro Uribe Vélez, fomentó la creación de esas cooperativas. Los paramilitares, con el aval de Uribe, altos mandos militares y empresarios de la región, montaron 14 Convivir en Urabá.

La más poderosa de todas se llamó Convivir Papagayo, fundada a finales de 1996. Su primer director fue Arnulfo Peñuela Marín, un retirado del Ejército que años después fue condenado por sus nexos con el Bloque Bananero de los paramilitares. Raúl Hasbún, quien comandó esa estructura armada, le ha contado en varias ocasiones a la justicia que él controlaba todas las convivir de Urabá y que sirvieron como un instrumento para recibir de manera “legal” aportes de los empresarios bananeros al proyecto paramilitar.

Esas cooperativas contaban entre sus aliados con funcionarios poderosos. El comandante de la Brigada 17, Rito Alejo del Río, dio conceptos militares favorables para la operación de las Convivir y firmó documentos en los que pedía autorizar armamento como escopetas, subametralladoras y pistolas para ser portadas por sus integrantes. Todo eso, a pesar de que entre los directivos de las Convivir había curtidos comandantes paramilitares que firmaban la documentación, como Carlos Alberto Ardila Hoyos, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Del Río fue condenado por el asesinato del afrodescendiente Marino López, en 1997, y ha sido señalado por varios jefes paramilitares de ser su colaborador. Los nexos de Papagayo con la Brigada 17 eran tan evidentes que la sede de la cooperativa estaba junto a la brigada. Además, había radios de la convivir en poder del DAS.

La salida de Hurtado de la Organización Ardila Lülle, según su hoja de vida, se dio a finales de 2001. A mediados de 2003 se reunieron en Carepa (Antioquia) varios de los directivos de la convivir. Ese día la Papagayo cambió de nombre y se convirtió en los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá (Sevspu). Además, nombraron a Alonso Hurtado como director.

El nombramiento se dio gracias a los votos de personas que hacían parte del proyecto paramilitar. Entre los asistentes estaba Irving Bernal Giraldo, que durante años hizo parte de la junta directiva de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y fue condenado por sus nexos con las AUC, en 2014, tras comprobarse que financió al grupo criminal y fue socio de Raúl Hasbún. A la reunión también asistieron Gabriel Jaime Sierra Moreno, condenado por participar en un proyecto ilegal de palma en tierra despojada a comunidades afrodescendientes, y Antonio Arboleda Vélez, condenado tras comprobarse la financiación de Papagayo al Bloque Bananero.

Sobre su llegada a la convivir, Hurtado aseguró que solo envió la hoja de vida porque un conocido suyo (no especificó quién) le dijo que estaba vacante el cargo de gerente y que unos días después lo llamaron. “Con la primera condición que me fui es que tuviera todo el sustento legal: tenía los permisos de la Gobernación, tenía los permisos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Entonces, me fui tranquilo porque sabía que no tenía nexos con nada ilegal”, afirmó el capitán retirado en conversación con VORÁGINE.

En el cargo como director de Sevspu, Hurtado tuvo poder sobre la destinación de los recursos de esa empresa y se encargó de hacer varias gestiones ante entidades nacionales, como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para garantizar que siguiera operando. Sin embargo, Hurtado le quitó importancia a su rol en ese trabajo porque asegura que en el año que estuvo allá le dio un infarto. “A raíz de la salud, me desligué un poquitico y casi no cumplí allí con la tarea”, detalló. El excapitán dirigió esa organización hasta el 31 de julio de 2004 y fue reemplazado por María Fernanda Kerguelen.

Las fundaciones que despiertan sospechas

Antes de llegar al cargo de director de Papagayo, Hurtado había empezado a trabajar con los aliados de Hasbún. En marzo de 2003 hubo una reunión en la sede de la Convivir, ubicada en Carepa justo al lado de la Brigada 17 del Ejército, en la que se pactó la creación de la Fundación para el Desarrollo Integral de Urabá (Fundar).

Ese día Hurtado fue elegido como representante legal de esa entidad sin ánimo de lucro. Como constituyentes de la fundación estaban los empresarios condenados por sus nexos con los paramilitares Irving Bernal y Jaime Sierra. También estaba Antonio Arboleda. En la junta directiva de esa fundación quedó incluido Fabian Darley Roldan Villa, quien se encuentra en juicio acusado de intermediar ventas fraudulentas entre víctimas de despojo y los paramilitares en Turbo (Antioquia).

Dos meses después de la creación de Fundar, Hurtado participó en la creación de otra entidad sin ánimo de lucro llamada Fundación Infantil Mi Hogar. De esta también fue socio Jaime Sierra, cercano a Hasbún y quien admitió haberles dado dinero a los paramilitares. Además, participaron los empresarios bananeros Mauricio Francisco Uribe Londoño y Ángela Elena Rojas de Uribe.

Preguntado sobre el tema, Hurtado primero negó que hubiera participado en la constitución de las fundaciones. Sin embargo, cuando le dijimos que su firma aparece en los documentos se defendió: “Seguro, pero eso es más de firmón que de cualquier otra cosa”.

A pesar de que los estatutos de ambas organizaciones indicaban que debían hacer trabajo comunitario, la Fiscalía tiene dudas de que, en la práctica, esa haya sido su finalidad. En una acusación en contra de los directivos de la empresa Chiquita Brands, señalados de financiar a la AUC, se lee: “Si bien es cierto, dentro del marco de la “aparente legalidad” las Convivir o las Asociaciones de Vigilancia y Seguridad Privada crearon dos fundaciones “FUNDAR” y “MI HOGAR”, las mismas no reportan haber realizado obras, pese a haber recibido más de siete mil millones de pesos de BANACOL indirectamente, pues es la cifra que entregó ésta sola empresa a las Asociación de Servicios Especiales Papagayo”. Banacol es una de las empresas que entregó recursos a esas cooperativas en Urabá.

Mancuso relató ante la JEP, y varios excomandantes paramilitares ante la Fiscalía, que en Urabá más de cien empresarios bananeros les entregaban a las Convivir 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Uno de estos centavos terminaba en las arcas de los paramilitares.

La información que falta en las versiones de Mancuso

La historia de Hurtado, cruzada con los señalamientos que ha hecho Mancuso, podría dar luces sobre la información que falta para esclarecer el supuesto apoyo económico que le habría dado Postobón a los paramilitares.

En una versión libre, conocida públicamente, Mancuso ya había mencionado a Postobón. “Por intermedio de Pedro Hasbún, Raúl Hasbún o Pedro Bonito, un coronel retirado del Ejército encargado de la seguridad de Postobón programó varias reuniones con los directivos de esa empresa, luego de lo cual se acordó con Jorge (‘Jorge 40’, excomandante del Bloque Norte de las AUC) que pagarían 10 millones mensuales por departamento, excluyendo Córdoba porque yo en Córdoba no le cobraba a nadie. Esto fue a partir del 2002”, le dijo en 2007 a la Fiscalía.

En esa descripción hay datos que encajan con la hoja de vida de Hurtado y otros que no. Primero, Hurtado se retiró como capitán, no como coronel, pero sí fue certificado para ser jefe de seguridad de la empresa, como lo demuestra el documento obtenido por VORÁGINE de 2001. Además, luego de salir de la Organización Ardila Lülle se fue a dirigir una convivir que fue fundada y controlada por el propio Hasbún en Urabá.

“En mi condición de militar retirado, de haber trabajado toda la vida en la legalidad, yo qué me iba a poner a reunirme con bandidos. Yo nunca participé en reuniones, ni sé quién asistió”, respondió Hurtado cuando le preguntamos si él tuvo algo que ver en la supuesta negociación entre la empresa y los paramilitares. También negó que durante su tiempo como gerente de Papagayo haya conversado con Hasbún. “Nunca lo conocí ni quiero conocerlo, ni quiero saber. Mejor dicho, yo no me metía a todo lo que me oliera a ilegal”, afirmó.

En la misma hoja de vida se encuentra el nombre de un coronel que fue director nacional de seguridad en la Organización Ardila Lülle: Jeremías Valbuena. Intentamos comunicarnos con él a un número celular, pero siempre estuvo apagado.

En 2007 Mancuso dijo que no recordaba el nombre del trabajador de Postobón que habría servido de enlace para hacer el acuerdo económico: “Pedro Hasbún sabe el nombre, Jorge (40) no lo recordó. Por eso no les doy el nombre aquí, pero él se reunió con ellos, hizo el pacto”.

Tratamos de obtener la versión de Hasbún, pero nos respondió que tiene algunas complicaciones de salud y por eso no puede atender entrevistas. Le mandamos razón con uno de sus abogados a Mancuso para que nos respondiera si conoció a Hurtado, pero no obtuvimos respuesta. Otro exparamilitar que Mancuso señaló de reunirse con los directivos de Postobón negó haber asistido a esos encuentros y conocer a Hurtado. Éver Velosa, apodado en la guerra ‘HH’, declinó pronunciarse sobre el tema.

A todo lo anterior se suma que hay más señalamientos contra Postobón por supuestamente financiar bloques paramilitares. En 2010, una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en contra de Jorge Iván Laverde, que comandó el Frente Fronteras de las AUC en Norte de Santander, precisó: “Por información de la Fiscalía, las empresas más representativas de la región que contribuyeron con las finanzas del frente fueron: Termotasajen, Cootranscúcuta, Tejar de Pescadero, Norgas, Gaseosas La Frontera (Postobón), Estación de servicio San Rafael, Arrocera Gálvez, Carbones la Mirla, Ferretería El Palustre, Inducarga, Colminas y acopio de crudo Cañolimón que hicieron sus pagos por intermedio de sus directores o administradores, a cambio de seguridad”. Gaseosas La Frontera fue una filial de Postobón en Cúcuta.  En 2019, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias (es decir, le pidió a la Fiscalía que investigara) contra la empresa de gaseosas debido a que una exintegrante del Bloque Héroes de Granada, que delinquió en Antioquia, la señaló de financiar a ese grupo. Un informe de un investigador de la Fiscalía, conocido por VORÁGINE, retoma las palabras de una exintegrante del Frente Resistencia Tayrona, que delinquió en Magdalena, según las cuales Postobón le entregó 16 millones a esa estructura armada. También hay otros señalamientos de parte de excombatientes del Bloque Norte que operó en la Costa Caribe.

En un anexo de la Comisión de la Verdad sobre las AUC quedó expuesta la lentitud de la Fiscalía en los procesos contra empresas y personas mencionadas por los exparamilitares. “Estas investigaciones han presentado demoras importantes, y no se han logrado desarticular las complicidades que se dieron frente las AUC”. Postobón siempre se ha manifestado públicamente rechazando los señalamientos en su contra. La Fiscalía precluyó el proceso contra Hurtado y contra otros directivos de Papagayo, como María Fernanda Kerguelen.

Los cabos sueltos que quedan sobre la supuesta financiación de Postobón a los paramilitares deberán ser atados por Mancuso y por la justicia. La JEP le dio 30 días hábiles al excomandante paramilitar para que aporte más datos sobre ese y otros hechos concretos, falta ver si eso despeja los interrogantes que se han mantenido en el aire durante más de 16 años.

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