El político liberal cumple una sanción de diez meses de inhabilidad que la Procuraduría profirió en su contra esta semana. VORÁGINE muestra las pruebas que dejan al descubierto la forma en la que obtuvo ventaja Bedoya para lograr su título de abogado.
18 de enero de 2024
Por: Andres Felipe Carmona / Ilustración: Angie Pik
Julián Bedoya Títulos

Luego de que la Procuraduría suspendiera e inhabiltara por diez meses al exsenador Julián Bedoya Pulgarín, por obtener de manera irregular su título de abogado en la Universidad de Medellín, VORÁGINE  conoció algunas de las evidencias que muestran la forma en la que el político sacó ventaja de su cargo público para obtener el acta de grado y diploma.

En el expediente del caso quedó establecido que Julián Bedoya, quien fue representante a la Cámara y senador entre 2014 y 2022, tuvo su última vinculación como estudiante activo de derecho de la Universidad de Medellín en octubre de 2009. Luego de nueve años, el 8 de octubre de 2018, Bedoya radicó su solicitud de reingreso pidiendo que le conservaran el plan de formación antiguo, el mismo que no le exigía validar inglés para graduarse. 

El trámite, según lo afirmado por él ante la Corte Suprema, lo hizo en un computador al lado de las oficinas de admisiones y registro de la universidad. Sin embargo, como obra en el proceso hay evidencias de que el exsenador no hizo presencia ese día en las instalaciones de la Universidad de Medellín.

El mismo centro de estudios, en sus indagaciones internas que fueron cuestionadas por el senador Julián Bedoya durante el proceso, demostró  que el 11 de octubre de 2018 a las 10:40 a.m. Juan Felipe Hernández Giraldo, entonces subsecretario general y secretario del Consejo Académico, autorizó el reingreso académico de Julián Bedoya como una “especial excepción reglamentaria”.

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Para la institución, Hernández Giraldo no estaba facultado para validar esa excepción porque ya habían pasado más de cinco años desde que Bedoya figuraba como estudiante activo por última vez. Era el Consejo de Facultad el que debía estudiar el caso para determinar la pertinencia de reconocer las “asignaturas cursadas y aprobadas antes de su retiro”. 

Dicha determinación quedó consignada en un acta del Consejo Académico con fecha 27 de septiembre de 2018, sin embargo, la solicitud del excongresista fue presentada el 8 de octubre de 2018, es decir, primero se resolvió y luego se radicó la petición. 

El 12 y 17 de octubre de 2018 Hernández también le habría notificado al exsenador que se le autorizaba la matrícula extemporánea conservando el plan de formación con el que Bedoya inició sus estudios en 2001 en la Universidad de Medellín. Además, le dijo que “el Consejo Académico de la Universidad, en sesión ordinaria del 17 de octubre del 2018 y acta 1594, al conocer su solicitud, me encargó de indicarle que la misma ya fue decidida favorablemente mediante comunicación 201810070 del 12 de los corrientes”.

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En el proceso se identificó que el pensum aprobado a Bedoya, incluso, contaba con asignaturas que ya no estaban vigentes en el programa de derecho. Lo que validó Hernández debía ser aprobado por el Consejo de esa facultad y no por él como funcionario. Tras ser aprobado su reingreso irregular este debía cumplir con otros requisitos, como cursar 12 asignaturas y hacer una serie de exámenes preparatorios establecidos en el programa académico.

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Un genio de las pruebas 

El exsenador, reposa en el proceso, el 26 de octubre de 2018 pagó, presentó y aprobó 4 exámenes de suficiencia, como se llaman técnicamente las pruebas presentadas por candidatos estudiantiles para comprobar su idoneidad en determinadas asignaturas. 

Dichas evaluaciones fueron ‘filosofía del derecho’, ‘proceso civil general y especial’, ‘sociología jurídica’ y ‘seminario procesal administrativo’. Otro de los hallazgos es que los docentes que evaluaron al exsenador no pertenecían a las asignaturas de cada examen realizado. 

Esas no fueron las únicas pruebas de suficiencia con irregularidades, también están cuatro más que pagó, presentó y aprobó Julián Bedoya el 23 de noviembre de 2018 y que se titularon ‘hacienda pública’, ‘responsabilidad civil extracontractual’, ‘legislación de paz’ y ‘contratación estatal’. Los docentes evaluadores tampoco hacían parte de las asignaturas en cuestión.

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Ese mismo día el también exdiputado de Antioquia hizo tres evaluaciones, esta vez preparatorias de ‘Penal’, ‘Civil II’ y ‘Políticos’. En total, durante una sola jornada, hizo siete pruebas. 

Las ayudas a Bedoya no pararon ahí. El 22 de enero de 2019, con docentes no autorizados, hizo tres evaluaciones de suficiencia: ‘títulos valores’, ‘derecho de familia’ y ‘sucesiones’. Ese mismo día aprobó un examen preparatorio de ‘civil I’. El excongresista presentó el 1 de febrero de ese mismo año un examen preparatorio de ‘laboral’ y otro especial de ‘seminario de procesal laboral’.

Julián Bedoya, de esta manera, se saltó un protocolo interno de la Universidad de Medellín que define que los exámenes preparatorios se deben ajustar a la programación previamente establecida por el Consejo de Facultad en el primer mes de cada calendario académico. 

A lo anterior se suma, según se lee, que las pruebas deben ser diseñadas por el coordinador de cada Unidad de Organización Curricular de la Universidad de Medellín, siempre con apoyo de los docentes de las asignaturas que la conforman, como lo define la Resolución 017 de 2018 de dicho centro universitario. 

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Homologó la práctica con su trabajo en el Congreso

El dossier de irregularidades no sólo se circunscribe a los exámenes exprés con los que salió favorecido Julián Bedoya, también está otro requisito que tiene que ver con la asignatura ‘Consultorio jurídico’. Quedó advertido que la homologación de esa materia se efectuó en el primer semestre del mismo año y no en el segundo, que fue cuando se matriculó el exsenador. La irregularidad en este caso es porque él pidió homologar ‘consultorio jurídico’ a partir de su actividad como funcionario público, petición que hizo Julián Bedoya sin ser estudiante activo. 

Entre los documentos aportados por la Universidad de Medellín se lee que toda solicitud de homologación debe hacerse mientras se tenga la calidad de estudiante, “requisito este que no fue cumplido por Bedoya Pulgarín, pues se encontraba desvinculado de la institución en el período que quiso homologar por la práctica social del ‘consultorio jurídico’, lo que permite reiterar el incumplimiento del requisito para obtener el grado”. 

Sumado a lo anterior está el hecho de que la universidad confirmó que “no existe prueba” de la inscripción o autorización por parte del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho para acreditar la calidad de auxiliar de investigación de Bedoya en el proyecto de grado a cargo del profesor Jhon Mario Ferrer Murillo, supuesto trámite que hizo bajo la modalidad de trabajo de grado en proyectos de investigación.

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“El profesor, según las afirmaciones de Bedoya Pulgarín, lo vinculó en octubre del 2018 para participar en dicho rol, realizando fichas bibliográficas luego de, supuestamente, analizar 10 sentencias y establecer su parte motiva; entregable que fuere, presuntamente, presentado en enero de 2019”, según obra en documentos del proceso donde se establece que no hay evidencia del supuesto entregable en el proyecto con el que fue avalado irregularmente su grado.

A pesar de las irregularidades, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Medellín, el 11 de septiembre de 2018, le expidió paz y salvo sin que, además, Bedoya estuviera matriculado. De forma irregular también se expidió certificación de cierre de pasantía el 31 enero de 2019 sin registro de nota.

Bedoya inició sus estudios en el programa de Derecho de la Universidad de Medellín en enero del 2001 y luego los continuó, de forma intermitente, entre enero de 2003 y mayo de 2007, fecha en la que pidió la cancelación de su matrícula, según consta en el expediente del caso. 

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Tras una breve pausa, regresó al centro universitario en dos tiempos: primero de enero a octubre de 2008, y luego de enero de 2009 a octubre de 2009. Las respectivas cancelaciones de matrícula, de cada uno de esos años, fueron debidamente aprobadas por la Universidad de Medellín en actas que hacen parte del acervo probatorio contra el excongresista. 

Después, entre el 5 de diciembre de 2011 y el 14 de julio de 2014, se presentaron solicitudes de reingreso a la universidad, pero estas no quedaron en firme. Por lo anterior, de acuerdo a documentos que hacen parte del proceso, Bedoya perdió la calidad de estudiante en octubre de 2009 cuando estuvo matriculado por última vez, como quedó soportado en el expediente, caso contrario a lo que afirma Julián Bedoya, quien siempre ha defendido que entre 2011 y 2014 sí era estudiante activo. 

Por este caso hay que indicar que el Ministerio de Educación, el 5 de agosto de 2022, ratificó la sanción de cinco años de inhabilidad para ejercer cargos o contratar con instituciones de educación contra Néstor de Jesús Hincapié, exrector de la Universidad de Medellín; Juan Felipe Hernández, el exsubsecretario general, y Esperanza Restrepo Buriticá, quien para la época era secretaria general de dicha institución universitaria. 

Otro de los avances en el caso tiene que ver con la condena a 53 meses que profirió el 15 de enero pasado el Juzgado 5 Penal del Circuito de Medellín en contra de la exsecretaria y exjefa del programa de Derecho de la Universidad de Medellín, Yolanda Cossio Rincón; mientras que Juan Felipe Hernández, exsubsecretario general, fue sentenciado a 60 meses. Ambos cumplen la decisión judicial bajo prisión domiciliaria por el delito de falsedad ideológica en documento público. En la misma decisión judicial el juez dictó sentencia absolutoria para Néstor de Jesús Hincapié, exrector, y los abogados Saúl Alfonso Benítez, Julián Orlando Rendón, Juan Carlos Hoyos y Jhon Mario Ferrer.

El 5 de noviembre de 2020, en la audiencia de acusación en contra de los investigados, el juez afirmó que los entonces funcionarios se pusieron de acuerdo para “entregar el título de abogado al senador Julián Bedoya Pulgarín sin que tuviera que hacer esfuerzo alguno para cursar las materias que le faltaban o aprobar los exámenes de suficiencia, especial o preparatorios conforme a los lineamientos del reglamento estudiantil”.

Pese a todas pruebas anteriores, la defensa de Julián Bedoya ha insistido en la Corte Suprema que el exsenador es inocente y han pedido la preclusión del proceso argumentado, por ejemplo, que el político nunca dejó de ser estudiante por más de cinco años, aunque las pruebas del caso demuestren lo contrario.

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