18 de febrero de 2024
Luis Arles Chalarca Bedoya estuvo 433 días detenido en el patio 4 de la cárcel de Villahermosa de Cali. El 28 de septiembre de 2003, por orden judicial de Martha Janeth Mancera, hoy fiscal general de la Nación (e), fue capturado por rebelión junto con 24 personas más en el corregimiento de El Queremal, a 50 minutos de la capital del Valle. Dos desmovilizados, unos agentes encubiertos y un supuesto informe de inteligencia lo señalaban de ser colaborador del Frente 30 de las Farc. VORÁGINE revela el expediente del caso.
Arles era en el pueblo instalador de televisión por cable. Junto a él detuvieron a un panadero, un farmaceuta, un bombero, un floricultor, el hermano de un policía, un transportador y su ayudante. También corrieron con la misma suerte un barrendero, un carnicero, un profesor, un jubilado y varios campesinos de la región.
Mancera, como primera fiscal del caso, legalizó la captura de Chalarca Bedoya después de analizar varios elementos. El primero de ellos fue el informe “Incremento del accionar del frente 30 de las Farc en el municipio de Dagua, concretamente en el corregimiento de El Queremal”. Ese oficio se lo presentó la Dijín de la Policía el 18, 24 y 27 de septiembre de 2003, allí se relacionaron operativos conjuntos con el Ejército por casos de homicidios, atentados y paros armados que se estaban cometiendo en el Valle.
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Tras recibir ese documento, la fiscal ordenó conformar una comisión de trabajo para investigar e individualizar a los sospechosos, así se le llama al proceso donde los funcionarios judiciales recopilan información detallada como nombres, posibles alias, características físicas, actividades conocidas, conexiones sociales y cualquier otra información relevante que permita distinguirlos de los demás. Aquí fue donde comenzaron las irregularidades que terminarían en un montaje y en una detención ilegal, según se puede leer en todo el expediente.
A la individualización se sumó lo testificado el 23 de septiembre siguiente por dos desmovilizados, Carlos Alfonso Ortiz y Leonardo Fabio Velásquez, quienes comparecieron ante la Fiscal 37 Seccional para entregar información supuestamente relacionada con el Frente 30. Allí Ortiz señaló a Chalarca de recibir entrenamiento en una finca durante tres meses.
Ese mismo día la Fiscalía hizo la siguiente solicitud: “remita a este despacho fiscal las fotografías de cada uno de las personas que de acuerdo a la labor de inteligencia, al parecer, pertenecen al grupo subversivo, las cuales deberán estar conformadas por siete fotografías con similares características del presunto implicado del grupo de las Farc que opera en la jurisdicción de Dagua”. Al otro día la Policía entregó una supuesta relación escrita de guerrilleros y milicianos con datos y fotos.
Los dos testigos habían hecho parte del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado que fue creado en el mandato de Álvaro Uribe Vélez y que estaba dirigido a miembros de las Farc, ELN, EPL, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y grupos disidentes. Cada persona que dejaba las armas recibía alojamiento, alimentación, transporte, vestuario, atención en salud y seguridad. Vale la pena decir que desde septiembre de 2002 Uribe Vélez había autorizado por decreto las capturas sin una necesaria autorización judicial.
Volvamos. Otra información que recibió la fiscal Mancera fueron videos grabados entre el 6 y 9 de septiembre de 2003 por agentes que simularon un censo comunitario del Sisbén para obtener registros fotográficos de los ciudadanos. En estos aparecen Chalarca y otras personas de El Queremal.
Esa jornada de registro, según fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali que absolvió a Chalarca, no fue más que un “artificio” para tomarle fotos a los pobladores, como el caso de Arles y Elbert Tulio, quien posó riendo ante la broma de su gran parecido físico con su hermano Martín, un policía conocido por todos en la zona. A partir de esto se elaboraron álbumes para ‘vestir’ de credibilidad lo dicho por los dos reinsertados.
Con todo lo anterior Martha Mancera vinculó formalmente a Chalarca a un proceso penal, no sin antes autorizar el 27 de septiembre de 2003 el allanamiento a una casa de la Urbanización Blanco en El Queremal, donde residía el investigado, como consta en el expediente. Allí uniformados encontraron supuestamente un pasamontañas, guantes y portaproveedores para pistola.
Las distintas evidencias posteriormente analizadas por la justicia determinaron que Chalarca fue inocente desde un comienzo porque la Fiscalía no verificó la “la licitud y constitucionalidad de las pruebas” recopiladas para capturar a Arles. “Todas las pruebas estaban viciadas de nulidad y, por tanto, no podían ser objeto de valoración probatoria”, se lee en el proceso.
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Ese mismo 27 de septiembre de 2003 a la fiscal le entregaron los resultados de unas supuestas labores de vigilancia y seguimiento adelantadas por el sargento primero de la Sijín de Cali, Alberto Narváez Albornoz, y Forney Restrepo, un agente de Policía que laboraba en El Queremal y que en el expediente aparece referenciado como “impulsador de las capturas administrativas”.
Para esos años, en dicho corregimiento de Dagua, cercano al puerto de Buenaventura, había varios grupos armados ilegales que se financiaban, principalmente, de contrabando y cultivos ilícitos. Por la región, entre finales de los noventa y comienzos de los dos mil, se movieron los frentes urbanos Omaira Montoya y José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Frente 30 de las Farc. Antes, el M-19. En 2001 llegaron a Dagua paramilitares del Frente Pacífico al mando de alias El Cura.
Una fiscal en ascenso con un detenido inocente
El 28 de septiembre de 2003 el entonces sargento segundo Hugo González López, comandante de la Estación de Policía de Queremal, puso a disposición de la fiscal Martha Mancera a Luis Arles Chalarca Bedoya y otras personas capturadas porque, supuestamente, realizaban labores de inteligencia a miembros de la fuerza pública y adelantaban “estudios” a personas que eran “posibles secuestrables”.
La fiscal Martha Mancera declaró legal la captura de Chalarca Bedoya y las demás personas y ordenó que continuara privado de su libertad con el fin de someterlo a reconocimiento en fila de personas por parte de los reinsertados Carlos Alfonso Ortiz y Leonardo Fabio Velásquez. Los testigos, quedó probado en el expediente, no aportaron prueba alguna que soportaran sus afirmaciones, mientras que sí quedó evidenciado, con certificaciones laborales, que Arles trabajaba como instalador de cables de televisión en El Queremal. Esa actuación judicial se dio bajo el antiguo Código Penal (Ley 600) donde los jueces solo entraban a operar en etapa de juzgamiento.
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También quedó probado que la elaboración de álbumes fotográficos, donde apareció Arles Chalarca y demás personas, no eran más que registros de ciudadanos que llegaban en bus intermunicipal desde las veredas de “abajo” de El Queremal en días de mercado. Además, se sustentó durante el proceso judicial que hubo una contradicción entre las capturas masivas realizadas por la Policía, con sustento de la fiscal, y el conocimiento previo de las labores de inteligencia.
De igual forma, se cuestionó el conocimiento previo que tenía la Fiscalía de que los censados supuestamente pertenecían a las Farc y que por eso se ordenaba tomar las fotografías para mostrarles a los desmovilizados. “No se trataba entonces de un reconocimiento sino de un señalamiento. ¿Por qué estas personas sabían que había fotografías?¿Por qué las pedían?”, recoge el fallo absolutorio suscrito por Víctor Flower Ortiz Mongui, juez primero penal del Circuito de Cali para el año 2004.
Para ese entonces Martha Mancera, posesionada en la Fiscalía el 23 de julio de 1993, ya había sido varias veces fiscal delegada ante los juzgados penales del circuito en Cali y se destacaba como una fiscal especializada en casos complejos. Tan solo en 2002 recibió capacitación del Servicio Secreto de EE. UU. en la lucha transnacional contra la falsificación de dólares, como lo registra su hoja de vida. En 2005, un año después de quedar libre Chalarca, ella había ascendido y era coordinadora de fiscales especializados en la capital del Valle. Ese mismo año fue docente en un curso de Policía Judicial.
Durante el proceso contra Chalarca la Procuraduría hizo diversas advertencias de las falencias de la investigación. Una de estas tenía que ver con el testimonio de Carlos Ortiz, desmovilizado que incriminó al instalador de televisión por cable.
Para ese Ministerio Público era “cuestionable” su versión porque tan solo se había reinsertado tres años antes de su declaración y, además, no se sabía realmente su verdadera identidad, pues se identificó con el primer apellido Ortiz y en declaración de fecha 26 de noviembre de 2003 señaló que era Rodríguez Ortiz.
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Mancera legalizó la captura con pruebas obtenidas ilegalmente
Ortiz era un viejo conocido de la Policía y la Fiscalía, pues días atrás había testificado también en un proceso contra 36 personas que entre el 27 de julio y el 23 de septiembre de 2003 fueron detenidas en el corregimiento Cisneros, también en Dagua. Varios de los afectados eran agricultores, obreros y comerciantes. En ambos casos su declaración fue tomada como prueba principal en el proceso judicial.
Los documentos y el fallo absolutorio a favor de Arles Chalarca, firmado por el juez Víctor Flower Ortiz Mongui, evidencian que los informes de policía por sí solos, entregados a Mancera, no tenían un valor probatorio absoluto porque no fueron controvertidos. El juez fue claro en afirmar que la Fiscalía basó su acusación en documentos de inteligencia “cuyo contenido no fue corroborado con pruebas adicionales”.
Además, quedó probado que se llevaron a cabo capturas masivas y reconocimientos a través de fotografías y fila de personas sin respetar las garantías del debido proceso. Para la justicia, en lo penal y administrativo, se concluyó que la Fiscalía soportó su acusación en pruebas obtenidas de manera ilegal. Datos de la Rama Judicial muestran que tan solo entre 2010 y 2019 jueces penales del circuito absolvieron en primera instancia a 70.995 personas, mientras que condenaron en juicio a 67.790 procesados.
En el 2003, cuando sucedieron los hechos, la vida diaria y rutinaria de los pobladores del corregimiento de El Queremal estaba marcada por la siembra y cosecha de cultivos como café, plátano, maíz, frijoles. Contaban con pequeños establecimientos comerciales donde los pobladores podían adquirir alimentos y otros artículos necesarios. También se reunían agricultores y comerciantes para vender y comprar distintas hortalizas, carnes y frutas. Mientras eso pasaba, otros pobladores rechazaban en medios de comunicación las capturas masivas que se dieron en medio de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.
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Un proceso disciplinario a favor de Martha Mancera
El 17 de marzo de 2004 la Procuraduría abrió una investigación contra el grupo de policías que participó en el operativo ilegal que terminó con la captura de Arles Chalarca y 24 personas más. Quien instauró la queja fue él mismo a través de una carta de tres páginas enviada a esa entidad desde la cárcel de Villahermosa.
Mientras la Procuraduría requirió a los policías, la Sala Disciplinaria del entonces Consejo Superior de la Judicatura hizo lo propio con la fiscal Mancera. Chalarca Bedoya denunciaba haber sido víctima de una detención masiva el 28 de septiembre de 2003 en el corregimiento de El Queremal. Alegaba que su detención era irregular y violaba sus derechos fundamentales al señalarlo de ser auxiliador de la guerrilla. Y todo sin pruebas contrastadas.
Los investigados fueron la fiscal Martha Mancera y varios oficiales y suboficiales: mayor Alberto Vastos Correa; capitán Henry Yesid Cubides; sargentos primeros Alberto Narvaez Albornoz y Hugo González López; y el agente de Policía Forney Restrepo. Chalarca dijo que Vastos y Cubides avalaron “el informe de inteligencia sin base sólida” y que eso llevó a las detenciones.
Primero quedó en firme la inocencia de Arles Chalarca el 1 de febrero de 2005, en segunda instancia, antes de que la fiscal Martha Mancera fuera escuchada en versión libre. Su entrevista sólo se dio el 19 de septiembre de 2005, casi dos años después de la captura del instalador de televisión por cable. Además, el expediente del caso solo fue pedido por la sala disciplinaria de Rama Judicial al Juzgado 1 Penal del Circuito de Cali el 27 de noviembre de 2006.
En el expediente disciplinario de 66 páginas está la declaración completa de Mancera, sin que esta quedara firmada debidamente por ella y la magistrada que la citó: Carlina Mireya Varela Lorza. En sus explicaciones del caso la fiscal especializada hizo un recuento largo para decir que basándose en los testimonios y pruebas recabadas ella ordenó la aprehensión de varias personas de El Queremal, incluido Luis Arles Chalarca Bedoya.
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“El fundamento que tuvo la suscrita, para proferir la resolución de apertura de instrucción, fue basado en la credibilidad que se le otorgaron a los dos testimonios, en virtud a que ser integrante de las milicias populares no es una persona que esté portando prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares ni armas de uso privativo, porque precisamente (en) el componente miliciano su función básica es la de la colaboración efectiva”, se lee textualmente en el documento obtenido por VORÁGINE.
Entre otras cosas Mancera dijo que uno de los desmovilizados de apellido Ortiz (Carlos Alfonso) aparecía en el informe final de la Policía como una persona que había sido escolta personal del comandante del Frente 30 de las Farc y que incluso este apareció en “un video de RCN” con ese comandante, “lo que sugería su afiliación al grupo armado”.
Ella reconoció por escrito que durante el interrogatorio a Ortiz se le presentaron fotografías para identificar personas vinculadas a actividades subversivas, pero que Ortiz solo pudo reconocerlos por alias y no describirlos físicamente. Agregó que Leonardo Fabio Velásquez, el otro desmovilizado, en interrogatorio describió su participación en la guerrilla y proporcionó también alias de otras personas implicadas.
Mancera, al final de su entrevista judicial donde solo le hicieron una pregunta, dijo que después ella pasó la investigación a la Unidad Nacional Antiterrorismo y que para entonces, septiembre de 2005, el caso estaba “en etapa de juicio después de emitirse una resolución de acusación contra los involucrados”.
Eso es contrario a la verdad porque para esa fecha ya había sido absuelto penalmente Arles por el juez primero penal del Circuito de Cali, quien confirmó que existían serias dudas de su culpabilidad en el proceso penal y que por eso debía quedar libre sin investigación alguna, algo que en derecho se llama “principio in dubio pro reo”. Desde VORÁGINE buscamos a la hoy fiscal general encargada pero hasta el momento no se ha obtenido respuestas de ella o del equipo de comunicaciones del ente acusador.
El 25 de abril de 2007, los magistrados Víctor Humberto Marmolejo Roldán y Jhon Jairo Botero Mesa, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle, archivaron definitivamente la indagación preliminar en contra de Martha Mancera al considerar que “no existe mérito para iniciar investigación disciplinaria funcional” porque “el comportamiento denunciado no constituye infracción al régimen disciplinario aplicable a los funcionarios judiciales”.
De avances en la investigación contra los policías no se registra nada distinto en el expediente a una comunicación del 19 de octubre de 2004 donde la Procuraduría ordenó practicar diferentes pruebas, entre ellas llamar a versiones libres a los uniformados en la Personería de Cali y revisar el expediente penal.
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En el proceso judicial obra una indagatoria que le hicieron a Arles Chalarca, allí dijo que la foto mostrada a los desmovilizados efectivamente fue tomada durante el falso censo que hicieron los policías para individualizarlo. “No soy miliciano, esto es falso. Todo lo que dice el informe de inteligencia es falso”, afirmó en 2005 cuando rindió su versión.
“De las personas que mencionan allí no los conozco, no he tenido diálogos con ellos. Menos que yo haya bajado a la cascada, eso es falso, nunca he vuelto por allá desde que salí de muchacho, ni siquiera de paseo he ido por allá. No he estado en reuniones, ni en entrenamientos, eso no es cierto, eso es falso, eso no ha existido, y no conozco a Leonardo Fabio Velásquez como alias ‘El Gurre’ y a ningún Richard conozco”, reiteraba Arles en el proceso.
En una decisión de fondo, el Consejo de Estado el 2 de julio de 2019 condenó a la Fiscalía a pagar cuantiosas sumas como indemnización por los perjuicios morales ocasionados a Luis Arles Chalarca Bedoya y sus familiares. Arles recibió 60 salarios mínimos mensuales, mientras que su hijo, la madre de este, y un hermano de él fueron beneficiados con 80 salarios mínimos. Además, el ente acusador fue declarado responsable de perjuicios materiales y por eso tuvo que pagarle a Chalarca 13,5 millones de pesos adicionales.
El veredicto es más que una simple decisión judicial: es el cierre de un capítulo prolongado y doloroso en la vida de Arles. Aunque desconocemos ahora mismo su paradero, su historia sí arroja luz sobre las grietas y fallas de un sistema judicial que parece primero condenar antes de investigar a fondo. Ahora él ve limpio su nombre tras haber estado privado de su libertad injustamente desde el 28 de septiembre de 2003 hasta el 4 de diciembre de 2004.
Si tienes más información sobre este tema o sobre otro que quieras que investigue, escríbeme a este correo: [email protected]