Gobernador de Santander, investigado por presunta ejecución extrajudicial 

En enero de 2021 el general Juvenal Díaz, en ese momento comandante de la Séptima División del Ejército, y Carlos Holmes Trujillo, quien se desempeñaba como ministro de Defensa, dieron un parte de victoria frente a la opinión pública. Ambos subrayaron el balance de una operación militar en medio de la cual, según ellos, murieron en combate tres integrantes del Clan del Golfo y dos más resultaron heridos. Sin embargo, un juez de la Justicia Penal Militar pidió investigar a Díaz, quien siguió de cerca la operación y hoy es gobernador de Santander. Hay  indicios, según soportó en la decisión, de que en medio de la acción  se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Un proceso que hasta ahora no se conocía.

Desde que varios medios de comunicación reportaron combates en Ituango (Antioquia), entre el Ejército y el Clan del Golfo, el general Díaz hizo énfasis en el supuesto respeto de las tropas por las normas que rigen la guerra. Primero, en su cuenta de Twitter publicó: “A esta hora soldados de la Cuarta Brigada adelantan operaciones en contra del Clan del Golfo en la vereda Las 4 de Ituango. Se prioriza protección a la población civil y cumplimiento del DIH”. Luego, en medio de una declaración a la prensa insistió: “Esto demuestra el compromiso del Ejército Nacional, demuestra el compromiso de los soldados no solo para combatir a las disidencias, sino (además) al Clan del Golfo, pero también para estar dentro de las normas del derecho internacional humanitario”.

VORÁGINE conoció tres documentos judiciales con información que recolectó un juzgado penal militar y la Fiscalía que contradicen lo que dijo el general públicamente. El juez y el ente investigativo encontraron indicios de que hubo una ejecución extrajudicial y que Díaz se habría prestado para intentar entorpecer las investigaciones.

Esta publicación hace parte de “NarcoFiles: el nuevo orden criminal”, una investigación periodística internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre aquellos que lo combaten. El proyecto, en el que participaron más de 40 medios, se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. El material fue compartido el año pasado con OCCRP, y con el apoyo de CLIP, Cerosetenta y Vorágine, se trabajó con varios medios de la región. 

La ejecución extrajudicial de un rendido

El 2 de junio de 2021 el juez 22 de instrucción penal militar, Jorge Alberto García, radicó en la Fiscalía un documento en el cual expuso las razones que lo llevaron a compulsarles copias a los generales Díaz Mateus y Fredy Marlon Coy. Este último ejercía como comandante de la IV  Brigada del Ejército. Así argumentó el funcionario por qué se debía abrir una investigación en contra de los dos altos oficiales: “la probable comisión de los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, favorecimiento por encubrimiento, prevaricato por omisión, entre otros”.

El origen de todo, según se lee, fue el operativo militar del 14 de enero de 2021, en medio del cual los militares habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos. En el oficio, el juez aseguró: “Se hace necesaria la compulsa de copias en contra de los señores generales, y la solicitud de investigación por parte de la honorable Corte Suprema de Justicia, obedeciendo al sinnúmero de cuestionamientos e irregularidades en el desarrollo de la orden de Operación Militar No. 1”.

Para el juez, después de analizar el material probatorio, había indicios de que las tropas asesinaron a una persona. En medio de la exposición de irregularidades afirmó: “el deceso violento de una de las tres personas caídas presuntamente en combate (presunta ejecución extrajuducial, como lo señala el procurador judicial)”. Aunque el funcionario matizó diciendo que los generales no tenían la función de desarrollar operaciones militares, sí expuso otros hechos que los comprometen con un presunto ocultamiento del asesinato.

En ese oficio el juez expone que la persona que habría sido ejecutada en medio de la operación fue identificada por el Ejército como alias “Mico” (sobrenombre que también utilizó Carlos Hollmes Trujillo para elogiar la acción militar). En otro documento enviado por el mismo funcionario judicial el 31 de mayo de 2021 a la inspección general del Ejército insistió en señalar que en el operativo hubo una presunta ejecución extrajudicial: “No puede ser de competencia de la Justicia Penal Militar investigar hechos en el desarrollo de las operaciones militares en los que se rompe el nexo causal, se causa la muerte a una persona (el comandante de la cuadrilla) estando en estado de indefensión, herido producto de las esquirlas de granada lanzadas por el grupo de combate del BAJES 04, y el fuego de fusilería y ametralladora, y quien ya había alzado las manos para entregarse”.

Y agrega: “Las pruebas testimoniales, documentales y las experticias del Instituto de Medicina Legal junto a las trayectorias de disparo prueban referidos hechos y son fundamento de la decisión”, concluyó el juez.

Los argumentos del juez fueron acogidos por la Fiscalía. En un documento del 15 de diciembre de 2021 al que VORÁGINE tuvo acceso una fiscal decidió asumir el caso y aseguró: “al parecer la conducta desplegada se encuadra en un homicidio en persona protegida toda vez que, por la condición de enfrentamiento, se pudo determinar que el presunto indiciado había depuesto sus armas y se prestó a rendirse, lo que no fue respetado por los militares y procedieron a ejecutarlo”.

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Un civil involucrado y otras irregularidades

El 16 de enero de 2021, desde la cuenta de Twitter de las Fuerzas Militares, anunciaban la muerte de alias “Mico”, señalándolo de ser el “encargado de coordinar movimientos de comisiones delictivas del Clan del Golfo provenientes del Urabá hacia zona limítrofe de Córdoba”. El juez de instrucción penal siguió  recopilando pruebas de irregularidades en la operación. Los generales habrían ordenado varias maniobras para ocultar la verdad.

Luego de publicar esta nota, el gobernador Díaz hizo llegar a Vorágine, por medio del abogado Jonathan Sebastián Rubio, una serie de comentarios. Sobre la última oración del párrafo anterior expresó: “Esta apreciación de su parte no se encuentra fundamentada y es subjetiva, teniendo en cuenta que un General del Ejército Nacional de Colombia, en el cargo de comandante de División (refiriéndome a la séptima división) no tiene participación directa ni en el planeamiento ni en la realización de la maniobra militar, esta responsabilidad recae únicamente en la unidad táctica que ejecuta la operación; esta observación debería usted conocerla, ubicarla y replantearla ya que cambiaría por completo el contexto de lo que usted busca transmitir en su publicación”.

Entre las irregularidades que enunció el juez, hay una que involucra a un civil. “Por orden expresa del comandante de Batallón y probablemente por orden tácita del comandante de la Séptima División y del comandante de la IV Brigada del Ejército se ordenó que al orientador y guía en el terreno (siendo un civil) se le colocara uniforme del Ejército y se le dotó de fusil y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares”, se lee en el oficio del 2 de junio. Sobre esto, el apoderado de Díaz le dijo por vía escrita a VORÁGINE: “Esta valoración la información planteada en su escrito nuevamente carece de credibilidad y escasea de un ejercicio de investigación profunda (…) Es claro que toda la situación objeto de discusión es una operación de carácter táctico y no es resorte de una unidad estratégica, en este caso la dirección militar de una División del Ejército Nacional de Colombia, cargo que ostentaba mi poderdante para la fecha de los hechos que usted refiere”

En el mismo oficio del juez, este relató que intentó contactar a ese civil para escucharlo en indagatoria, pero los oficiales le negaron cualquier información. “Se recibió respuesta negativa con el pretendido argumento de que por seguridad nacional y por ley de inteligencia militar no se cumplía ese requerimiento judicial”. El funcionario expuso las razones que él creía que habían precipitado esa decisión de los militares: “esa persona probablemente conocía a alias ‘Mico Paraco’ y al parecer participó en su muerte extrajudicialmente”.

Los reportes de los militares levantaron sospechas porque los comandantes de las unidades de combate que participaron en el operativo entregaron tres informes de patrullaje “exactamente iguales”. Ese hecho fue  refrendado  por la Fiscalía cuando  señaló: “los comandantes de los tres grupos de combate hacen informes como servidores públicos que faltan a la verdad y la ocultan total o parcialmente”. Sobre este punto el apoderado del gobernador de Santander aseguró: “Es deber señalar que el señor Juvenal Diaz no tuvo incidencia alguna en este suceso y más aún cuando invocando el artículo 6to de la Constitución Política de Colombia señala: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones””.

Además, según el oficio de la Justicia Penal Militar, dos personas (una mujer y un hombre) quedaron en poder de la Fuerza Pública, pero los militares no habrían seguido el conducto regular. “Alias ‘Rogelio’, en calidad de capturado, probablemente fue ocultado a la policía judicial, manifestación que se hace teniendo en cuenta la existencia de materiales probatorios y evidencia física que así lo prueban”, afirmó el juez.

El funcionario también reveló indicios de que un trato similar se le dio a la mujer capturada. Ella fue herida en medio del operativo militar y transportada en un helicóptero hacia Medellín. “De este hecho los señores generales probablemente no dieron información a las autoridades de Policía Judicial sobre la ubicación, no se colocó a disposición de las autoridades judiciales y sin orden o mandamiento judicial y atendiendo a órdenes superiores militares presuntamente por orden de los dos señores generales (Díaz y Coy) continuó en calidad de capturada”, subrayó. Acerca de ese señalamiento, el abogado de Juvenal Díaz expresó: “No era deber de mi poderdante suministrar la información ya que como se ha dejado plasmado con extenuación en este escrito esto dependería del primer respondiente y/o de la persona que participó directamente en la maniobra militar o en su defecto del jefe de operaciones de esa unidad táctica y aun si hubiese tenido la disponibilidad de suministrarla, esta información no era de su conocimiento”.

La mujer quedó con varias secuelas por cuenta del operativo de los militares. La Fiscalía señaló algunas en el documento que conoció VORÁGINE:  “causaron graves lesiones personales a una persona civil que no participaba en las hostilidades a la que fue necesario amputarle las dos piernas y causarle lesiones en los órganos de sus oídos y todo el cuerpo por efectos de las esquirlas de las granadas de guerra lanzadas junto a la utilización y el uso del fuego de ametralladoras y fusilería sin consideración alguna teniendo al enemigo ya ubicado, cercado y rodeado dentro de una vivienda”.

Incluso, los oficiales se habrían prestado para cambiar la condición de los capturados en medio del operativo. “Fueron ellos, los señores generales a quienes se les compulsa copias y se les denuncia, quienes presuntamente dieron la orden de cambiar la naturaleza de los capturados en flagrancia, a la figura de desmovilizados o sometidos voluntariamente a la justicia”, concluyó el juez.   

En el documento de la Fiscalía, citado en el apartado anterior, hay otras acusaciones que no estaban en los oficios del juez penal militar a los que tuvimos acceso. “(Los militares) saquearon una vivienda ubicada en la vereda as Cuatro del municipio de Ituango,  Antioquia, en donde al parecer estaban ubicados los delincuentes a los que se dirigió la operación militar y apropiarse de una suma aproximada entre cincuenta a sesenta millones de pesos ($50.000.000 y/o $ 60.000.000), así como el apropiarse de tres relojes, tres cadenas de oro, botas de combate lujosas y otras prendas de uso personal”, señaló la fiscal.

Otro hecho que llama la atención de ese documento de la Fiscalía es que sólo enumera a cuatro personas como presuntas víctimas de esa acción, tres muertos y una lesionada. Sin embargo, en ningún lugar aparece mencionado el otro capturado al que el juez se refería como alias “Rogelio”. En uno de los oficios del funcionario de la Justicia Penal Militar advirtió que “el capturado fue llevado a una unidad militar de manera clandestina (está probado con informes de Policía Judicial que no existen registros de su ingreso a las unidades militares)”. Los medios que cubrieron la noticia también daban cuenta de que fueron dos los heridos en medio del operativo.

Las presiones al juez

El juez de instrucción penal militar puso en conocimiento de la Fiscalía y de la Inspección General del Ejército que la compulsa de copias le valió la animadversión y los estigmas de parte de algunos oficiales. En la comunicación de mayo, expresó que el comandante del Batallón de Infantería, Atanasio Girardot, hizo afirmaciones públicas en su contra y lo citó textualmente: “el juez del batallón es un enemigo, un desagradecido, se le dio casa fiscal, se le tiene viviendo gratis en una casa fiscal, se le mantiene a su familia, es enemigo de los Generales de la República, es el Estado el que le paga el sueldo y, sin embargo, ese juez le cree más a los guerrilleros que a los soldados”.

Esas palabras se las atribuyó el juez al teniente coronel Rolando Espitia Buitrago, quien en ese momento comandaba el Batallón Girardot. Espitia entregó ese cargo el 7 de julio de 2021. En su discurso de despedida, el oficial  halagó a sus superiores, los  generales Juvenal Díaz y Fredy Marlon Coy: “Gracias a ustedes por su orientación, su disponibilidad de asesorar de manera permanente al comando de la unidad. Nunca me sentí solo”, resaltó. Días después, el 19 del mismo mes, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, le otorgó la medalla Coronel Atanasio Girardot. Tras salir de esa unidad militar, Espitia llegó a ser jefe encargado de la maestría de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la Escuela Superior de Guerra. No pudimos obtener un correo o un número telefónico del coronel para remitirle un cuestionario, sin embargo, este espacio sigue abierto para incluir su versión.

El brigadier general Fredy Marlon Coy siguió su carrera militar y llegó a ser jefe de estado mayor de Operaciones del Ejército. El gobierno del presidente Gustavo Petro lo llamó a calificar servicios en noviembre de 2023, antes de que fuera ascendido a general. Contactamos vía Whatsapp al general para saber su versión sobre los hechos aquí narrados y nos dijo: “creo que todavía me encuentro en Estados Unidos, estamos hablando, voy por carretera. Gracias”.

El último cargo que tuvo como militar el general Juvenal Díaz Mateus fue el de comandante de la Séptima División, del cual salió tras un remezón en las Fuerzas Militares del gobierno de Gustavo Petro. Díaz saltó a la política, un campo que conoce muy bien su familia: un hermano suyo es representante a la Cámara, Luis Eduardo Díaz. Otro familiar también fue congresista y resultó condenado por irregularidades para la aprobación de la segunda elección de Álvaro Uribe. Su familia, como lo reportó La Silla Vacía, tiene un gran poder en el Partido Conservador de Santander. A la gobernación de ese departamento llegó con el apoyo de esa colectividad y de Cambio Radical, el Partido Liberal, Centro Democrático y Salvación Nacional.

A pesar de que durante varios días intentamos gestionar una entrevista con Díaz, no fue posible hablar con él antes de la publicación de este artículo. Un día después de que fue publicada la investigación el general retirado contactó a VORÁGINE. En medio de una llamada dio su versión sobre los hechos y defendió sus actuaciones. “A mí me pasan el reporte y yo doy una rueda de prensa y cuento qué pasó. Después, los capturados dicen otra versión, que cuando el Ejército llegó el tipo levantó las manos y que le dispararon, pero son versiones de los bandidos capturados”, aseguró. También insistió en que el Clan del Golfo tenía la estrategia de deslegitimar las acciones de la Fuerza Pública denunciando supuestas violaciones de derechos humanos.

Díaz explicó que sus labores como comandante de División eran diferentes a estar en las confrontaciones: “Usted como comandante de División no hace operaciones, da normas generales: respeto a los derechos humanos, directrices, mecanismos y atiende la prensa en caso de ser necesario”. Dijo que entre el pelotón que llevó a cabo la operación y él había siete niveles de comandancia.

El general retirado también dijo que en su momento se facilitaron las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Ituango y negó haberse prestado para ocultar capturados. Sobre la posibilidad de que en el operativo se hayan cometido irregularidades dijo: “Si eso sucedió en el terreno es una actuación totalmente individual, usted no puede colocar a un comandante de división a no ser que ellos (quienes ejecutaron el operativo) digan que yo les di el falso. Ni siquiera conozco quiénes hicieron la operación”. Y al preguntarle si los militares involucraron un civil agregó: “Eso estaba totalmente prohibido, si lo hacen, lo hacen en el nivel táctico (es decir, varios niveles más abajo de él)”. Díaz también dijo que no tiene ningún proceso abierto en su contra y que él tiene fuero, por lo que cualquier proceso penal debería ser adelantado por la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Jonathan Sebastián Rubio hizo llegar a Vorágine el pasado 19 de febrero una serie de documentos en los que la Fiscalía le certificó que con respecto al general en retiro Juvenal Díaz “no aparecen registros activos de vinculación a procesos penales que esté adelantando la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”. También, anexó una respuesta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reza: “A la fecha no se advierten registros del ciudadano Juvenal Díaz Mateus que lo vinculen en calidad de víctima, mencionado y/o desmovilizado”. Es preciso recordar que este último tribunal solo investiga hechos ocurridos hasta el año 2016.

Una fuente de la Fiscalía le dijo a VORÁGINE que las pesquisas por el caso siguen activas. Mientras avanzan, Santander seguirá gobernado por un exmilitar señalado de facilitar aparentemente el ocultamiento de una ejecución extrajudicial de una persona que se encontraba en estado de indefensión. 

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