Grietas en los procedimientos del Estado y debilidades en la identificación de cadáveres hacen sospechar de la muerte de cinco narcos en los últimos diez años.
25 de abril de 2024
Por: CONNECTAS

Cuando están en la cúspide, algunos criminales sueñan con ser invisibles para evitar a sus enemigos. Y en Ecuador, al menos dos han fingido su muerte y otros tres han dejado una estela de inconsistencias, dudas e impunidad tras el reporte oficial de su fallecimiento.

El caso más significativo es el de Leandro Antonio Norero Tigua, señalado como financista de bandas delictivas como Lobos, Tiguerones y Chone Killers y quien, con un proceso abierto por narcotráfico en Ecuador en 2018, no tuvo obstáculos para hacerse pasar por muerto

En octubre de 2021, una banda conocida como Los Fantasmas, difundió un video que lo señalaba como cabeza de organizaciones narco criminales. Algo que para ese momento parecía descabellado, físicamente imposible, porque luego de que Perú inició un proceso por narcotráfico en su contra —que venía con una solicitud de extradición— su defensa presentó un certificado que aseguraba que Norero había fallecido por covid-19 en 2020.

Ese mismo año, aunque estaba ‘muerto’, Norero pagó de impuesto a la renta en Ecuador 50.394 dólares, mientras en 2019 había pagado 8.375 dólares, según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, en 2021, fue registrado como accionista de Ashimha-Life, según consta en la web de la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Esa empresa es, a su vez, accionista de Avilmat, que en 2021 obtuvo dos contratos con el municipio de Manta, en Manabí, por más de tres millones de dólares.

Hasta que, en mayo de 2022, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que se había dado un golpe a una importante estructura criminal, a la que se le encontraron aproximadamente 10 millones de dólares en oro sólido, joyas, relojes y dinero. Entre los detenidos estaban Norero y tres de sus familiares.

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El caso de Norero parece absurdo, pero no es el único. El Estado ecuatoriano no ha podido eliminar las dudas sobre las muertes de al menos otros cuatro criminales de alto perfil en los últimos diez años. Policías, funcionarios y exaltos funcionarios dudan de la muerte de Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de Los Lobos; Junior Roldán, cabecilla de Las Águilas; Freddy Anchundia, líder de los R7, y Pablo Miguel Córdova Coronel, procesado por narcotráfico. 

A través de consultas con funcionarios y exfuncionarios, análisis sobre el contexto de sus muertes, revisión de certificados de defunción y seguimiento al patrimonio de los implicados, esta investigación periodística publicada por CONNECTAS y varios medios ecuatorianos encontró fallas importantes en los procedimientos de instituciones del Estado, debilidades en la identificación de cadáveres y descoordinación en la cooperación judicial que hacen factible que los narcotraficantes utilicen esta táctica para desaparecer.

La segunda muerte oficial de Leandro Norero Tigua —esta vez dentro de la cárcel de Cotopaxi— fue anunciada el 3 de octubre de 2022 por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), justo el día que iba a ser vinculado a un nuevo proceso penal por narcotráfico, la tercera causa en su contra. 

Un año después, bajo una nueva política de seguridad, la Fiscalía emprendió la investigación Metástasis, que detuvo a casi 40 personas entre funcionarios judiciales, jueces y policías basándose en unos chats de Leandro Norero que reseñan supuestos vínculos del narcotráfico con acciones y omisiones judiciales, corrupción policial y del sistema penitenciario ecuatoriano. Se hizo evidente la relación entre Norero y el director de las prisiones ecuatorianas y ex director Antinarcóticos de la Policía, Pablo Ramírez. Después del destape del caso Metástasis, la Fiscalía nombró a un grupo de agentes para que investigue el fallecimiento del narcotraficante. 

En febrero de 2024, bajo requerimiento de esta investigación, se difundió el informe de la autopsia realizada a Leandro Norero, en la que se detalla que su cuerpo estaba “desnudo, decapitado, desmembrado, con múltiples lesiones cortopunzantes y con signos de quemaduras”, y que fue analizado por los forenses el 5 de octubre de 2022, dos días después de su asesinato.  

Pero no fue hasta octubre de 2023, un año después de su muerte, que se realizó un informe de cotejamiento genético de hermandad entre las muestras de sangre tomadas a Leandro Norero y a su hermano Israel Norero, que permitió confirmar, al menos para la Fiscalía, su asesinato. La explicación a esta demora es la falta de una base de datos genética para identificar a un cadáver en ese estado. Aún no se conoce dónde fue sepultado Norero. 

El equipo periodístico envió un requerimiento de información a la Fiscalía consultando por qué, si tenían las pruebas desde 2023, en 2024 iniciaron una investigación que ponía en duda su muerte. También se solicitó una entrevista a la Fiscal General sobre estos hechos. Pero ambas solicitudes fueron negadas. 

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Las grietas

William Chavarría Barré, alias Pipo y líder de Los Lobos, supuestamente también murió en la cárcel, en una masacre ocurrida en Turi, Cuenca, el 23 de febrero de 2021. Pero el certificado de defunción, al que tuvo acceso esta investigación, describe que alias Pipo falleció por covid-19 en Santo Domingo de los Tsáchilas (a unos 430 kilómetros de Cuenca) el mismo 23 de febrero. 

Además, en un informe reservado de 2022, la Policía ecuatoriana describe que, aunque Chavarría aparece como muerto por covid-19 para el Estado, “se presume que alias Pipo habría falsificado un acta de defunción como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”. Incluso, el 19 de abril de 2024, el Gobierno ecuatoriano publicó una lista de objetivos militares entre los que cuenta a alias Pipo.

Un mes antes, el exministro del Interior, José Serrano, dijo públicamente que las matanzas carcelarias eran una pantalla para que los narcotraficantes pudieran fingir sus muertes, refiriéndose a alias Pipo, quien —según él— opera aún al mando de Los Lobos a través del nuevo cabecilla, Fabricio Colón Pico, recapturado el 22 de abril por la Policía.

Edison Romo, experto en seguridad, declaró que “cuando se dan los acontecimientos de masacres (carcelarias) no se sabe quién es quién y cuáles fueron los que realmente fallecieron”. 

Desde 2020, en Ecuador es muy fácil conseguir un certificado de defunción. Tras la emergencia por la pandemia de covid-19, este país habilitó una opción en línea para inscribir defunciones. Vicente Taiano, exdirector del Registro Civil cuando se instauró esta medida, explicó que se dio esta facilidad para evitar cargar de trámites a los familiares de las víctimas del covid-19. “Esto podría ser mal utilizado, claro, pero habría que preguntarles a las autoridades actuales qué se está haciendo”, refiere Taiano.

El certificado de defunción habilita otros trámites, como pedir la extinción de la acción penal o el archivo de una investigación de la Fiscalía. El abogado e investigador en violencia política y criminal, Luis Córdova, explica que, en efecto, la acción penal concluye con la muerte del individuo procesado. 

Además, en Ecuador existen los certificados de “presunta muerte”, que funcionan igual que un certificado de defunción. Según la Dirección Nacional de Registro Civil, la figura de muerte presunta se inscribe a través de la sentencia emitida por un juez de la materia, que declara la muerte de un ciudadano que se presume se encuentra fallecido. 

Uno de los investigados que usó esta figura fue Pablo Córdova Coronel, involucrado en el caso de narcotráfico Huracán de la Frontera. De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso esta investigación, Córdova Coronel tiene un certificado de defunción por presunta muerte. De su muerte sospecha un alto exfuncionario de la Policía ecuatoriana que pidió reservar su identidad por seguridad. 

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Las contradicciones entre cómo y en dónde han muerto algunos de estos criminales se suman a las razones que dan cabida a las sospechas. Freddy Marcelo Anchundia Loor, cabecilla de la banda narcocriminal R7, procesado por asesinato y evasión y señalado por el Gobierno de Guillermo Lasso como autor intelectual de dos de las grandes masacres carcelarias, fue detenido en Manabí en 2016 y trasladado a la cárcel de Turi, en Cuenca, hasta que, en 2022, luego de una matanza en esa prisión, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca.

El 8 de noviembre de 2023, el SNAI anunció en su cuenta de X que Anchundia había muerto dentro de una cárcel de Guayaquil. Pero el certificado de defunción de Anchundia, al que tuvo acceso esta investigación, indica que murió ese 8 de noviembre en Puerta Máquina, Antioquia, Colombia, por un presunto ahorcamiento. 

Entonces, ¿en dónde murió Freddy Anchundia? Ni el SNAI, ni la Policía, ni la ministra del Interior, Mónica Palencia, han respondido a los requerimientos de información sobre estas inconsistencias asentadas en el Registro Civil de Ecuador. 

La de Anchundia no es la primera muerte de un narcotraficante ecuatoriano que se investiga en Colombia. El cabecilla de Los Águilas, Junior Alexander Roldán Paredes, llegó a controlar prisiones en Guayas, Sucumbíos y Loja. Enfrentó dos condenas por asesinato y estuvo preso desde 2009. El 14 de febrero de 2023 salió de la cárcel de Guayaquil después de obtener una calificación de parte del SNAI de “buena conducta” e hizo un despliegue de su seguridad privada en un enfrentamiento con policías. 

Un mes después, sufrió un atentado en El Triunfo, su bastión, y se quitó el grillete electrónico. Hasta que, en mayo de 2023, el excomandante de la Policía ecuatoriana, Fausto Salinas, dijo que supo de la muerte de Roldán Paredes porque su par colombiano le informó que lo habían identificado. 

El entonces ministro del Interior, Juan Zapata, anunció el 8 de mayo que alias Junior había sido asesinado por un familiar de su pareja, durante una fiesta en una finca en Antioquia, Colombia. El anuncio ocurrió una semana antes de que las autoridades colombianas oficializaran su muerte. En respuesta a un requerimiento de esta investigación, la Fiscalía de Colombia indicó que “el 15 de mayo de 2023 se remitió el aviso consular a Ecuador y se aportó el acta de entrega del cuerpo”. 

Fue sepultado en el cementerio de Envigado, Colombia, el 18 de mayo de 2023 y el 12 de septiembre de ese mismo año se conoció que sus restos fueron robados. Supuestos familiares de Junior Roldán intentaron exhumar el cuerpo con documentos forjados y, ante la negativa del encargado del cementerio, se lo llevaron por la fuerza y cremaron los restos. La investigación del lado colombiano concluyó que las cenizas llegaron a Ecuador, según el exsecretario de Seguridad de Envigado, Rafael Betancourt. 

La Policía de Colombia respondió para esta investigación que el proceso investigativo por el presunto asesinato de Junior Roldán está activo, en etapa de juzgamiento, mientras en diversos medios circulan alusiones a que sigue vivo en El Triunfo, Guayas, y que no se ha nombrado un sucesor en su banda.  

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La comandancia de Policía ecuatoriana y la actual ministra del Interior no respondieron a los requerimientos de información enviados por los autores de este reportaje investigativo sobre si están buscando a otros “muertos”, como se evidencia en las múltiples solicitudes que se pueden ver en la investigación completa.

Las grietas en tres instituciones del Estado ecuatoriano -el servicio de prisiones, la identificación de cadáveres y los procedimientos del Registro Civil- se suman a la infiltración de la corrupción y alimentan la leyenda de los narcos que operan con impunidad en las sombras

Si le interesa conocer más sobre los casos ‘sospechosos’ de narcos ecuatorianos presuntamente muertos puede ingresar acá al reportaje completo.

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