¿La Andi ‘legislando’ en cuerpo ajeno?

Desde el año 2016 unos pocos congresistas, junto a varias organizaciones de la sociedad civil, trataron de sacar adelante un proyecto de ley que, según serias argumentaciones e importantes estudios científicos, beneficia  la salud de los colombianos. En suma, esta nueva Ley, que fue aprobada por el Congreso el 17 de junio del 2021 en su debate final, plantea que todos los productos ultraprocesados como las gaseosas, los comestibles de paquete, las golosinas y los cereales de caja, entre otros, lleven etiquetas frontales en sus empaques donde se advierta si son altos en azúcar, grasas saturadas, sodio o calorías, reglamentación a cargo del Ministerio de Salud. Sin embargo, el camino fue tortuoso y se necesitaron más de cinco años de discusiones  para que el  proyecto llegara a ser Ley.

Con leguleyadas típicas del Congreso colombiano, algunos senadores y representantes a la Cámara, muy cercanos a los intereses de la industria, lo hundieron en dos oportunidades o le metieron palos en la rueda cada vez que pudieron en los debates. Ahora, tras la sanción presidencial, esta iniciativa deberá pasar por el Ministerio de Salud para que sea esa entidad del Estado quien fije el tipo de etiquetas de advertencia que deberán llevar los productos ultraprocesados, si las figuras octagonales, de amplia evidencia científica, o las circulares que ha promovido el Gobierno.

Algunos senadores que no estuvieron conformes con lo que podría ser ley de la República llegaron al extremo, quizá desesperado, de casi copiar y pegar los conceptos emitidos por la propia industria, en este caso por la Asociación Nacional de Industriales, Andi. 

Así se haya sancionado la ley, este hecho no puede pasar inadvertido ante los ojos de la ciudadanía, teniendo en cuenta que la industria no debería interferir en las políticas públicas de los colombianos, ¿la Andi quería legislar en cuerpo ajeno?

A continuación, Vorágine mostrará hallazgos relevantes de lo que pudo ser ‘copialina’ o, incluso, plagio, durante las discusiones del proyecto:

El congresista Gabriel Velasco Ocampo ha sido cercano a los empresarios del Valle del Cauca. Así lo afirma él mismo en su perfil de Twitter, al indicar que fue gerente de la Andi en el Valle, y vicepresidente de Alquería. Este tulueño de 48 años llegó al Senado en 2018, en parte gracias a la financiación de la industria de productos ultraprocesados, representada en empresas como Aldor y Manitoba, así como en los ingenios Riopaila, Castilla y Mayagüez, financiación confirmada por el senador cuando presentó un impedimento en la Comisión Séptima del Senado, donde además dijo que sus hijos “tienen inversiones de tierras cultivadas con caña de azúcar”. Lee aquí el impedimento que no fue aprobado por la Comisión. 

No obstante, su cercanía con el gremio no había sido tan evidente hasta ahora. El 20 de mayo de 2021, Velasco Ocampo, del Centro Democrático, radicó una proposición de modificación del artículo 3 del proyecto de ley contra la llamada ‘comida chatarra’. Planteó cambiar la redacción de la definición “inocuidad de alimentos” y eliminar por completo el concepto “comestibles o bebibles clasificados de acuerdo con nivel de procesamiento”. El legislador dejó constancia de que esta iniciativa (aprobada) iba a ser presentada en el debate final de la plenaria del Senado, pero su iniciativa no pasó y ni siquiera fue tenida en cuenta en el documento final que se concilió antes de ser Ley. 

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Un detalle llamó la atención de Vorágine cuando Velasco Ocampo, en su intervención, justificó su propuesta diciendo que era “difícil determinar el nivel de procesamiento de los alimentos” porque, además, “esa palabra no existe técnicamente en la discusión de clasificación”. Esa proposición presentada por el congresista ante la mesa directiva coincidió con apartes textuales de la propuesta modificativa planteada por la Asociación Nacional de Industriales, Andi, el 7 de mayo pasado en un oficio a la ponente del proyecto (la senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador), que contenía una tabla con sugerencias de cambios. Ahí el gremio dio recomendaciones de cómo deberían quedar escritos algunos artículos, tachando con rojo lo que, según la entidad, deberían modificar o eliminar los legisladores del documento. 

Lee aquí el comparativo entre la propuesta planteada por la Andi en lo referente al artículo 3 vs. la proposición planteada por el congresista vallecaucano.

El senador del Centro Democrático no aclaró que se trataba de dos propuestas copiadas al pie de la letra de las de la Andi, que quedaron consignadas en el oficio enviado al Senado por Camilo Montes Pineda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Alimentos, y José Andrés Duarte García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas, las dos dependencias de la Andi que agrupan a las industrias de productos ultraprocesados en el país. 

Frente a esta denuncia, Vorágine contactó al senador Velasco Ocampo y a su equipo de prensa, pero hasta la publicación de este artículo no habían respondido a la pregunta de por qué el congresista copió de manera textual lo que proponía un gremio tan poderoso. 

Además de ese copy-paste hay otros en las propuestas que hicieron parte de la discusión y que también fueron identificados por Vorágine. Al documento radicado por la Andi le ‘sacaron el jugo’ más senadores en las últimas semanas del trámite del proyecto de ley, luego de un largo camino que estuvo marcado por dos proyectos hundidos y uno retirado por los hoy exrepresentantes a la Cámara Mauricio Salazar Peláez, del Partido Conservador, y Óscar Ospina Quintero, de la Alianza Verde. 

Para dimensionar la importancia de iniciativas de este tipo,  basta con ver cómo funciona la comercialización de productos ultraprocesados en Colombia: el 74% del mercado en volumen del país está representado por productos fabricados por Bavaria, Coca Cola y Postobón, según datos de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi.

Esta proposición de ley, que va más allá de fijar en los empaques unos rótulos con mensajes de advertencia, planteaba un artículo (hundido en la conciliación) que si bien permitía la publicidad física y en medios de comunicación de productos como las gaseosas o las papitas de paquete, buscaba que todas sus apariciones comerciales estuvieran acompañadas de los logos de advertencia que indicaran que estos “alimentos preenvasados” tienen excesos de sal, azúcar o grasas saturadas. 

Sigamos con más de la ‘copialina’ identificada por Vorágine, esta vez por cuenta de los senadores Honorio Henríquez Pinedo (Centro Democrático), abogado de 49 años, y Carlos Fernando Motoa Solarte (Cambio Radical), abogado de 45 años. Los dos presentaron en tercer debate una proposición aditiva para crear un nuevo artículo que planteaba promover la actividad física en colegios del país, como excusa para justificar que la responsabilidad no recaía en la ‘comida chatarra’, sino en malos hábitos. Este planteamiento fue avalado por la senadora Nadia Blel Scaff en la Comisión Séptima, como consta en la Gaceta Oficial del 3 de junio del 2021, y fue incluido, aunque solo parcialmente, en el artículo 13 del texto definitivo que llegó a sanción presidencial.

En la iniciativa le pedían al Ministerio de Educación trabajar en conjunto con las carteras de Salud y Deporte y con el ICBF en el diseño de programas en colegios, en los que los estudiantes realicen por lo menos 60 minutos diarios de ejercicio obligatorio, fuera de las clases de educación física y dentro de la jornada escolar. Esta propuesta escrita unificó dos que de forma independiente cada senador había radicado sobre lo mismo: crear un nuevo artículo en el proyecto de ley que promoviera la actividad física.

No obstante, los dos congresistas no especificaron de dónde tomaban la idea y redacción de su proposición. Al igual que el senador Velasco Ocampo, la iniciativa firmada por ellos es una de las planteadas por la Andi en una tabla de la “propuesta de redacción alternativa” enviada al Congreso. La única diferencia es que los senadores añadieron la sigla ICBF para indicar que este organismo también debería acompañar el proceso en las instituciones educativas. Por lo demás, copiaron y pegaron textualmente quince líneas del texto original del gremio empresarial. 

Hasta la justificación de la propuesta de la Andi fue copiada parcialmente, pues lo que hicieron Henríquez Pinedo y Motoa Solarte fue versionar los motivos dados por esa entidad para sustentar la propuesta, bajo la idea de que promover “la actividad física como un hábito de vida saludable” ayudaría a “disminuir los riesgos en salud de las niñas y niños”. Lee aquí la comparación hecha entre la redacción del artículo nuevo propuesto por la Andi vs. el escrito firmado por los dos senadores en su propuesta.

Sobre este cuestionamiento, el senador Carlos Fernando Motoa Solarte le dijo a Vorágine que no tuvieron ninguna asesoría de la Andi y que “si coinciden los textos (es porque) digamos hubo una identidad en las propuestas, eso suele ocurrir mucho con proyectos y artículos. En esta clase de proyectos, como muchos de la Comisión Séptima, por el impacto que tienen social y económicamente, siempre se trata de tener conceptos de diferentes entidades, públicas y privadas”. 

El congresista aclaró que el texto de proposición firmado por él y Henríquez Pinedo es la unificación de las dos propuestas hechas por ellos sobre lo mismo. “Yo la presento después porque estaba presentando el impedimento que me fue negado. Mi proposición no era la misma del senador (Honorio Henríquez) porque yo incluía al ICBF y los ministerios de Educación y Deporte, no sé si la de la Andi los incluía también. No hubo reunión previa con el senador y por eso las primeras proposiciones de cada uno son distintas. Luego, en el transcurso de la sesión, se tratan de unificar las dos, eso se hace con la asesoría nuestra, pero digamos que el trabajo también lo hacen integrantes de las UTL (Unidades de Trabajo Legislativo)”, puntualizó. 

Para buscar respuestas a lo dicho por Motoa Solarte y lo documentado por Vorágine, hasta el cierre de este artículo el senador Herníquez Pinedo y su equipo de prensa no habían respondido a las consultas hechas al respecto.

Aunque se trataba del planteamiento de crear un nuevo artículo, que no modificaba en nada la propuesta de etiquetado frontal de advertencia, la decisión de replicar textualmente la sugerencia empresarial sí respalda el cuestionamiento que ha hecho la Andi al negar que su industria sea la responsable de causar con sus productos “preenvasados” enfermedades como la diabetes y la obesidad, pues ellos indican que las causas de estas enfermedades en menores de edad son únicamente los malos hábitos de vida de las familias colombianas.

Un grupo de expertos en plagio consultado por este medio explicó que a pesar de que los congresistas sí incurren en ‘copialina’, este hecho, a la luz de la ley, no va más allá de ser un asunto de deshonestidad y una falta ética a su trabajo, “porque como los proyectos de ley no se encuentran protegidos por la Ley de Derechos de Autor colombiana, entonces por ahí se pueden salir por la tangente para justificarse”. También explicaron que en otros casos que se han identificado de plagio en proyectos de ley, ordenanzas y acuerdos municipales, entre otros, “eso no pasa de una noticia instantánea, debido a que no hay modo de que sea sancionado. En el mejor de los casos, retiran el proyecto y ya”.

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A la copia textual también se sumó Milla Patricia Romero Soto, del Centro Democrático, en una proposición que le fue negada por la senadora Nadia Blel Scaff en el debate realizado en la Comisión Séptima de Senado el 20 de mayo pasado. La senadora de 55 años, que reemplazó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su curul, propuso modificar el artículo 5 del proyecto de ley que tiene que ver con los parámetros del etiquetado frontal de advertencia para productos ultraprocesados en el país. 

Esta ingeniera civil de la Universidad Francisco de Paula Santander recomendó por escrito que el etiquetado frontal fuera para todos los alimentos envasados “que superen los umbrales de advertencias establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social” y que “para tal fin se podrá tener en cuenta la evidencia científica suministrada por la Organización Mundial para la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Codex Alimentarius, entre otros”.

A la senadora se le pasó por alto dejar claro que copió y pegó cinco líneas de la propuesta de la Andi en su extenso concepto, ya utilizado por los senadores Gabriel Velasco, Honorio Henríquez y Carlos Fernando Motoa. Esta vez Romero Soto escribió de forma literal varios párrafos de la Andi que daban a entender lo que los congresistas podrían añadir al proyecto para modificar el texto original. Lee aquí la proposición hecha por la senadora y la enviada por el gremio en carta a la senadora Nadia Blel (páginas 5 y 6).

Entre lo añadido sin cita, que sería un plagio si la evidencia no demostrara que la Andi y congresistas están trabajando juntos, estaba el nombre “Codex Alimentarius”, un código de alimentación que hace parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que la Andi y varios congresistas usaron para decir que se debía tener en cuenta en la discusión científica, pues según ellos estas directrices recomiendan “evitar la exposición de los alimentos en algún tipo de contexto negativo sin la debida existencia de evidencia científica”, como consta en este documento de comentarios de la Andi en la página 4. 

Este fue uno de los argumentos que también dieron por escrito los representantes a la Cámara Cristhian Garcés Aljure y Jario Cristancho Tarache, ambos del Centro Democrático, para justificar los cambios que decían debía tener el proyecto para segundo debate en esa corporación. La evidencia quedó registrada en la página cuatro del documento de la subcomisión que analizó y propuso ajustar el texto.

La senadora Milla, hasta esta publicación, no había respondido a la solicitud de entrevista hecha por Vorágine, pese a que estuvo activa votando e interviniendo en el debate final del proyecto y en otros posteriores. Su jefa de prensa le respondió a este medio que iba a consultar con ella porque recién estaba saliendo de incapacidad por Covid-19.

Para diferentes sectores es una ley general, genérica, que deja en manos del Gobierno su implementación, quizás respondiendo al orden de prioridades del Congreso, como lo visionó el representante a la Cámara Cristhian Garcés Aljure, en debate del 21 de octubre del 2020, al cuestionar la posibilidad de permitir la publicidad de productos ultraprocesados pero acompañada de los debidos sellos de advertencia de cada alimento preenvasado que saliera en el comercial, figuras que deberá definir el Ministerio de Salud en menos de un año. 

NOTA: Este reportaje se realizó con el apoyo de
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