Corte Suprema confirma sanción contra arzobispo de Medellín por desacatar sentencia

De nuevo, un derecho de petición puso en aprietos al arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Ricardo Tobón Restrepo. Un hombre —a quien llamaremos Octavio— que busca la ciudadanía española, le envió un correo al arzobispo el 18 de julio de 2020 pidiéndole información sobre sus antepasados.

«Se sirva informar si en la Catedral se encuentran los siguientes registros, detallando para cada uno fecha, nombres de padres, número de libro y folio». Luego, Octavio procedió a pedir información sobre 21 bautizos realizados entre 1625 y 1796 y 11 matrimonios entre 1655 y 1816. 

Aunque son documentos de hace casi 400 años, existe un registro en la Arquidiócesis, pues Octavio allegó hasta el número de libros y folios en los que están registrados algunos de esos sacramentos.

El problema entonces no es la inexistencia de los registros, sino la negligencia de la Arquidiócesis de Medellín para entregarlos. 

Según monseñor Tobón, se «dio cumplimiento a lo pedido, en los términos de sus posibilidades, puesto que, respecto a la información del nombre de los padres de las personas consultadas, en consideración a que todas las personas naturales o jurídicas, están obligadas en todo tiempo, a garantizar la reserva de la información, y por tratarse de datos que guardan relación directa con datos de filiación, y determinación de origen étnico y/o racial, no es posible suministrarla [sic]».

En pocas palabras, no entregaron nada, alegando que «hubo información que no se pudo entregar por ser inexistente y no reposar en sus archivos».

Los juzgados Sexto Civil Municipal y Décimo Sexto Civil del Circuito fallaron por eso una tutela en primera y segunda instancia, respectivamente, a favor de Octavio, quien le exigía al arzobispo Tobón entregarle la información de sus antepasados, de los que presentó nombres, años en los que fueron bautizados o se casaron, y hasta número de libros y folios en algunos casos. No estaba pidiendo las partidas de bautismo o matrimonio, las cuales tienen un costo de 10.000 pesos cada una, solo estaba preguntando si la Arquidiócesis de Medellín tenía esos registros.

Pero ni con dos sentencias judiciales en su contra, el arzobispo de Medellín le respondió a Octavio, por lo que el Juzgado inició un incidente de desacato en noviembre pasado y que monseñor Tobón también desatendió, por lo que fue multado con cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes por desacato a sentencia judicial.

Esta decisión no les gustó a monseñor Tobón ni a su segundo al mando, el vicario general Óscar Augusto Álvarez Zea, por lo que la Arquidiócesis de Medellín interpuso una tutela contra los juzgados que los sancionaron. 

La acción llegó al Tribunal Superior de Medellín, vinculando a Octavio, quien dijo: «Resulta preocupante que una organización con trayectoria milenaria que debería ser ejemplo de transparencia en sus prácticas institucionales y respeto por la cultura de la legalidad, despliegue toda suerte de maniobras para interponer barreras de acceso a la información que está íntimamente ligada a la consolidación de la identidad cultural y respeto por la ancestralidad».

Octavio es un estudiante que vive en Brasil y que, según el portal de la Rama Judicial, ha emprendido acciones similares contra otras diócesis. Agregó que la Arquidiócesis de Medellín no le ha respondido «de manera completa y suficiente el derecho de petición», insinuando que no lo hacían por no recibir una remuneración económica del trámite, es decir, los 10.000 pesos que cuesta la copia de cada partida de bautismo o de matrimonio.

Los tres magistrados de la sala Civil del Tribunal negaron la tutela que interpuso la Arquidiócesis, argumentando lo siguiente: «No se entiende cómo con las mismas normas de derecho eclesiástico, historiadores puedan acceder a los libros parroquiales para examinar de primera mano la información en detalle que incluye, esa sí, datos sobre filiación y grupo étnico, pero se niegue la información a quien, como este ciudadano, solo pide la información ya reseñada».

El vicario general, en nombre de la Arquidiócesis de Medellín, impugnó el fallo, y la tutela terminó en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a la que pedían «eliminar la sanción de multa por valor de cinco SMMLV».

Contrario a las peticiones de la Iglesia, el 5 de febrero de 2021, seis magistrados confirmaron la decisión del Tribunal Superior de Medellín de multar al arzobispo de la ciudad, a pesar de que una semana antes de la sentencia de la Corte, el Juzgado Sexto «inaplicó la sanción» porque ya se había dado respuesta de fondo al derecho de petición.

No es la primera vez que el arzobispo de Medellín se enfrenta a las altas cortes para proteger los archivos de su jurisdicción. Una de esas disputas llegó hasta la Corte Constitucional, que el 3 de marzo de 2020 emitió la Sentencia T-091/20 contra la Arquidiócesis de Medellín, obligando a monseñor Tobón a entregar información sobre sus sacerdotes para una investigación periodística. Incluso el Tribunal Superior de Medellín cita esta sentencia para darle la razón a Octavio.

En menos de un año las altas cortes de Colombia le han dicho dos veces al vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, que el derecho canónico no está por encima del derecho ordinario. Puede que una multa de casi 5 millones de pesos no haga mella en las finanzas de una institución tan poderosa y acaudalada, pero sí envía un mensaje potente a los altos jerarcas que siguen apelando al Concordato para blindarse de la justicia colombiana.

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Los otros pecados del arzobispo de Medellín

Ricardo Tobón Restrepo ha protegido a decenas de pederastas de su Arquidiócesis, como lo han mostrado las investigaciones periodísticas publicadas en W Radio, Caracol Radio, el libro Dejad que los niños vengan a mí y prontamente una reveladora historia que publicaremos en Vorágine.

En 2018, al ser cuestionado por el caso del padre Roberto Antonio Cadavid Arroyave, a quien él mismo había suspendido en febrero de 2012 por haber violado a varios niños de dos parroquias y dos colegios, Tobón dijo que no sabía que el cura estaba trabajando en Estados Unidos. Sin embargo, a los pocos días, su homólogo de Brooklyn Anthony DiMarzio lo desmintió y lo denunció ante el Vaticano mostrando las cartas con las que Ricardo Tobón había autorizado y recomendado al cura para trabajar en esa diócesis neoyorquina.

Esas cartas se convirtieron en prueba irrefutable contra el arzobispo de Medellín, quien también aspiraba a ser el próximo arzobispo de Bogotá y cardenal colombiano. Lo primero no lo logró y lo segundo sí le puede llegar, a él o a Urbina, pues como en toda institución política, ambos tienen padrinos que los protegen en Roma. 

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Tobón no es el único encubridor

Como lo revelamos recientemente, Vorágine encontró la prueba reina del encubrimiento del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Villavicencio a un sacerdote denunciado por el abuso sexual de un menor de edad en Miami, Florida.

Monseñor Óscar Urbina Ortega es el hombre con el cargo más alto en la Iglesia católica en Colombia. Aspiraba a ser el arzobispo de Bogotá y próximo cardenal del país, hasta que en abril de 2020 se conoció la denuncia contra 36 sacerdotes que se turnaron a la misma persona desde los 13 años hasta su edad adulta para satisfacer sus necesidades sexuales. Delación que investiga la Fiscalía desde hace un año por el delito de inducción a la prostitución.

De los 36 curas involucrados en esta denuncia, 11 tenían antecedentes por abusos sexuales a menores de edad. Lo grave del asunto es que la Fiscalía colombiana no tenía información sobre estas faltas precedentes, pues la Arquidiócesis les dio trámite internamente— como lo hacen en todo el mundo—, acallando a las víctimas, la mayoría de las veces con dinero.

Pero no eran 11, sino 12. Cristóbal de Jesús Puertas Hernández, uno de los más allegados a monseñor Urbina Ortega, también tenía antecedentes y había sido denunciado en Miami por abuso sexual a menor de edad; aun así, fue recibido posteriormente en Villavicencio por el arzobispo como si nada hubiera ocurrido.

Vorágine tuvo acceso al expediente del padre Puertas vía derecho de petición, que la curia respondió a regañadientes y a medias. Según los documentos, Puertas es sacerdote desde 1997 y párroco desde el mismo año. Su primera parroquia, hasta el 2000, fue la de Nuestra Señora de las Mercedes en el barrio Estero de Villavicencio. En la respuesta, monseñor Urbina omitió informar dónde estuvo el cura entre 2001 y 2005.

Resulta que, entre esos años, el padre Cristóbal estuvo en dos arquidiócesis de Estados Unidos, autorizado y recomendado por el entonces obispo de Villavicencio, Alfonso Cabezas Aristizábal, quien fue dimitido silenciosamente en 2001 a sus 58 años, después de 13 años de episcopado: 4 como obispo auxiliar de Cali y 9 como obispo de Villavicencio. Regresó a su comunidad, la de los vicentinos, de la que fue misionero y provincial antes de llegar a ser obispo en 1988. Hoy en día, Cabezas trabaja con migrantes en Estados Unidos. 

Puertas trabajó primero en la Arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey, entre 2001 y 2003 y en la de Miami entre 2003 y 2005: «Se vino buscando un clima más cálido», le dijo a Vorágine el arzobispo Thomas Gerard Wenski.

El presbítero trabajó en dos parroquias, pero, según Wenski, no se adaptó al estilo ni al ritmo del ministerio pastoral en Miami y por eso tuvo que abandonar la Arquidiócesis. Lo cierto es que estando en esas dos parroquias, Puertas abusó sexualmente de un menor de edad de manera repetitiva en su carro, moteles y parques.

El cura no actuó solo, sino con la complicidad de otro sacerdote acusado también por pederastia, Rolando García, un latino perteneciente a la misma Arquidiócesis, quien sabía de los abusos sexuales de su colega, los encubrió y le pagó a la víctima para que no dijera nada.

Después de cometer estos delitos, el padre Puertas regresó a Colombia y fue nombrado por monseñor Octavio Ruiz Arenas como párroco de Nuestra Señora de la Paz (2005-2007). 

Hasta el año pasado, Ruiz Arenas era el colombiano con el cargo más importante en el Vaticano: secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. También fue oficial en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como la Fiscalía del Vaticano, y vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Fue nombrado obispo de Villavicencio en julio de 2002 y en 2004 logró que esta jurisdicción pasara, por su tamaño e importancia regional, de diócesis a arquidiócesis. Fue arzobispo hasta 2007.

En el archivo de la Arquidiócesis de Villavicencio tampoco dice dónde se encontraba Puertas en 2008, pero la respuesta de monseñor Wenski indica que el cura estuvo buscando una arquidiócesis de Estados Unidos para que lo recibiera de nuevo: «Una posterior solicitud de regreso fue rechazada».

Luego, Puertas pasó por María Reina (2009-2010), Santa Mónica (2010-2019) y Nuestra Señora de la Paz, parroquia en la que estuvo hasta el 16 de marzo de 2020, menos de un trimestre, cuando fue suspendido por la nueva denuncia que lo involucra a él y a 35 colegas más.

La acusación contra Puertas ocurrió en 2010 en la curia de Miami y fue remitida de inmediato a la Fiscalía de Miami-Dade, cuya investigación terminó en un millonario acuerdo con la víctima y que fue pagado por la Arquidiócesis estadounidense.

Wenski también dijo que el arzobispo de Villavicencio «fue notificado de inmediato de la denuncia contra el padre Puertas». Incluso habla de una reunión relacionada con esta acusación. Óscar Urbina es arzobispo de la capital del Meta desde el 30 de noviembre de 2007, nombrado por el papa Benedicto XVI, y fue quien recibió la notificación.

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El delito que cometió monseñor Urbina

A pesar de que el arzobispo de Villavicencio conocía las acusaciones contra un sacerdote de su clero, lo siguió pasando de parroquia en parroquia sin informarles en su momento a las comunidades o a las autoridades civiles. Posteriormente, mintió sobre los antecedentes de este sacerdote.

En el derecho de petición que buscaba indagar por los 36 curas, Vorágine le preguntó a Urbina si existían más denuncias contra Puertas. La respuesta de monseñor, el 27 de mayo de 2020, además de encubrir al sacerdote, tipifica el delito de falsedad ideológica en documento público: «Fuera de la denuncia que fue presentada el 14 de febrero de 2020, la Arquidiócesis no ha recibido ninguna otra denuncia por abuso de menores o pornografía en relación con este sacerdote». 

Otra fue la historia que Urbina le contó a la Fiscalía, con 10 años de retraso. Lo hizo cuando el escándalo sexual de los 36 sacerdotes, entre los que se encontraba Puertas, se publicó en Caracol Radio el 3 de abril de 2020: «Existe una alegación del 23 de diciembre de 2010 en Miami (USA) por un abuso sexual de un menor de edad». 

El problema es que no son meras alegaciones, sino acusaciones que derivaron en un proceso en la Fiscalía de Miami-Dade y el pago de una millonaria suma de dinero a la víctima, mientras que Puertas siguió ejerciendo como párroco en cuatro parroquias de la capital del Meta, tres de ellas con nombramiento de monseñor Óscar Urbina. 

El nombre del padre Cristóbal Puertas aparece en todas las bases de datos de curas violadores en Estados Unidos y con paradero desconocido, pero en Colombia no se tenían noticias de las acusaciones en ese país, tal vez por la minuciosa protección que tres obispos, dos de ellos los más poderosos de la Iglesia colombiana, le brindaron. Vorágine le escribió al sacerdote para preguntarle por la acusación en Miami, pero no respondió.

Urbina Ortega atendió la petición a través de su vicario general, quien es, dentro de la jerarquía católica, el segundo al mando, encargado de recibir e «investigar» las denuncias contra los curas pederastas y enviar el reporte a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. En Villavicencio esa tarea la tiene el padre William Prieto Daza, un médico anestesiólogo que también dice ser psicólogo y que es la mano derecha del arzobispo. En el último año, Prieto no ha parado de recibir denuncias contra sus colegas por pederastia y abuso sexual. Hace poco, por ejemplo, su oficina tuvo que tramitar una acusación contra el sacerdote Édgar de Jesús Arias Giraldo, quien fue suspendido de inmediato.  

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Un solo cuerpo

Decir que un obispo encubrió a un sacerdote pederasta es un pleonasmo, pues obispos, arzobispos y superiores de comunidades religiosas en el mundo, por naturaleza, protegen y encubren a sus ministros consagrados para que las denuncias por abuso sexual a menores de edad no lleguen a la justicia ordinaria. Y son mayoría, porque los que no encubren, que son muy pocos, se quedan callados ante los delitos de sus homólogos. Eso también es encubrimiento, un silencio criminal que sigue acumulando a víctimas de abuso sexual por sacerdotes en el mundo. Para ponerlo en palabras del cardenal Rubén Salazar antes de que se demostrara que él también protegió a un pederasta de la Arquidiócesis de Bogotá: «Es tan criminal el que viola como el que encubre».

Incluso los papas son encubridores, como lo reveló un informe de noviembre de 2020 del Vaticano que señala que Juan Pablo II y Benedicto XVI sabían desde hacía décadas de las denuncias por abuso sexual contra el cardenal Theodore McCarrick, y aún así lo encubrieron. Dos años antes de la publicación de este documento, monseñor Carlos María Viganó, exnuncio apostólico en Washington, acusó a Francisco de encubrir los abusos del mismo cardenal desde su llegada al papado en 2013 hasta la suspensión de McCarrick de la vida clerical en 2017. Esta tormenta, en la que incluso se pidió la renuncia del papa argentino, terminó con el informe que acusa a los dos anteriores pontífices.

Algunos cabos quedan sueltos y se convierten en la prueba reina de los actos criminales de hombres que dicen ser los representantes de Cristo en la Tierra. Esos cabos existen, pero es muy difícil encontrarlos por el blindaje que tiene la Iglesia católica para proteger sus archivos secretos.

En los últimos tres años, este blindaje se ha debilitado. No solo en el Vaticano, con los informes y las denuncias que involucran a los sumos pontífices, sino en Colombia, donde se ha demostrado que los hombres más poderosos de esta institución han encubierto a sacerdotes pederastas y abusadores sexuales. El acceso a esta información ha sido posible gracias a la investigación periodística y a la Sentencia T-091/20 de la Corte Constitucional, que protegió el derecho para acceder libremente a los archivos secretos de la Iglesia católica colombiana. Derecho que puede ejercer cualquier ciudadano ante una diócesis a través de un derecho de petición.