La presencia de grupos armados ilegales a ambos lados de la frontera ha generado desplazamientos en zonas como Norte de Santander, Arauca y Vichada. Solo en el estado Amazonas, en Venezuela, se calcula que 13.000 indígenas han salido también hacia Brasil desde 2019.
5 de abril de 2022
Por: La Liga Contra el Silencio
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Una madrugada de junio de 2021, Luis Antonio Mendoza, un indígena uwottüja de 34 años, junto a su esposa, sus tres hijos y otras cinco familias abandonó la comunidad Pendare en el municipio de Autana, en el Amazonas venezolano. Huían de los hombres armados que tres años atrás habían invadido su territorio, una pequeña isla en lo profundo de la selva. Cada día temía por la integridad de todos.

“La opción era huir o morir”, dice ahora Mendoza, quien se negó a ser reclutado por los grupos ilegales. Por eso fue amenazado de muerte y recibió un ultimátum.

En varias regiones de Venezuela migrar es la única opción para huir de la crisis social y económica. Pero un nuevo ingrediente está expulsando a cada vez más indígenas que cruzan las fronteras: la presencia de grupos externos que ahora son la autoridad de facto. De Colombia llegaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC; desde Brasil, los llamados “garimpeiros” o mineros ilegales armados.

Según recuerda Mendoza, aquella madrugada tomaron el río y atravesaron la selva hasta Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. De ahí salieron a Betania de Topocho, donde permanecieron dos días en casa de unos parientes. Luego, siempre de madrugada, cruzaron el río Orinoco por una trocha muy concurrida en la comunidad de Puerto Lucera, hasta llegar a Puerto Carreño, en Vichada; un departamento fronterizo con más de 72 pasos irregulares, según información de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

“Más de dos semanas pasando hambre y frío. Lo hice por mi familia”, dice Mendoza vía telefónica desde Cumaribo, otro municipio de Vichada donde vive ahora. “Muchas familias pasan por lo que yo viví y el gobierno no hace nada. En la zona hay militares, pero son cómplices de la guerrilla”, sostiene.

En el camino, cuenta Mendoza, se encontró a mucha gente de otras comunidades que huía por la misma razón, pero sin un rumbo fijo. Eran indígenas que no hablaban español, con niños deshidratados y descompensados por el hambre. Según Mendoza también hay hombres y mujeres que han muerto a manos de “la guerrilla” por negarse a trabajar para ella. Los casos, dice, son desconocidos porque las familias de las víctimas temen denunciar.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, en la alerta temprana 005-21 de marzo de 2021, había advertido el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y el aumento de su presencia en Vichada y los estados venezolanos Apure, Amazonas y Bolívar. “En especial situación de riesgo se encuentran los pueblos indígenas que residen allí y los que transitan entre la frontera colombo-venezolana, como también sus autoridades tradicionales”, decía el reporte.

Casi un año después de esa advertencia, en enero de 2022, una nueva oleada de desplazados desde Apure, Venezuela, se registró en Puerto Carreño debido a las confrontaciones entre el ELN y el Frente Décimo de las disidencias de las FARC. En ese momento la Defensoría registró 936 personas como víctimas de desplazamiento forzado. El 55 % correspondía a indígenas migrantes, el 42 % a campesinos migrantes y solo el 3 % a colombianos.

El momento más álgido de la llegada masiva de venezolanos ocurrió entre enero y febrero, y aunque los números han bajado, el tránsito continúa. “Hay un escenario de riesgo aún latente”, explica una fuente del área de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Puerto Carreño. Esa oficina cuenta hasta hoy 1.891 personas registradas en el casco urbano y en las zonas rurales de Puerto Murillo, La Venturosa y Aceitico. “Nosotros teníamos migración, pero no masiva. Era población flotante, pero la que está llegando ahorita con temor busca una permanencia en el territorio”, dice la fuente. El panorama en Puerto Carreño, un municipio pequeño, es complejo. Allí han intentado ayudar con el apoyo de organismos internacionales, pero la infraestructura local “está desbordada” en su oferta de salud y educación.

En el estado venezolano de Amazonas, que limita con Bolívar, donde está el llamado Arco Minero, no han ocurrido enfrentamientos entre grupos ilegales colombianos. La dinámica allí es otra. El ELN y facciones disidentes de las FARC “coexisten”, dice la Defensoría en su alerta. En Puerto Carreño, mientras tanto, hay “una relación de cooperación en la zona de frontera y al interior de Venezuela (…) Esta cooperación permite el control social, las extorsiones, el contrabando, la minería y el narcomenudeo”.

La invasión 

Desde al menos 2019 se evidencia el fortalecimiento de los grupos ilegales: existe un mayor despliegue de su capacidad logística y de expansión territorial a ambos lados de una frontera, entre ríos y selva, por corredores propicios para el narcotráfico, el contrabando, y la minería ilegal (oro y coltán, principalmente), que se van extendiendo por territorios indígenas. 

Más al sur de los tradicionales focos de violencia reciente (Apure-Arauca, Táchira-Norte de Santander) hay otras regiones afectadas, como el estado Amazonas, también fronterizo, donde habitan unos 20 pueblos indígenas. Algunas trochas aledañas al río Orinoco, como la zona de Bambú Lucera, al norte, son utilizadas por los indígenas para cruzar a Puerto Carreño. Allí los habitantes admiten con miedo la presencia de irregulares colombianos. “Prácticamente este ya es su territorio, porque hay que pedirles permiso para estar aquí, donde tienen sus campamentos y hacen los que les da la gana. La Guardia Nacional está al tanto y no han hecho nada”, dice una mujer uwottüja. “Mucha gente se ha ido porque se ha negado a trabajar con ellos y temen por su vida”, cuenta.

En otra zona, en Albarical y Provincial, un indígena jivi dice que a diario ve pasar a más de 30 personas que huyen de la crisis económica. “Ahora la guerrilla hace de las suyas. Nadie vive en paz”, denuncia.

“Los pueblos indígenas amazónicos tienen un profundo arraigo con sus territorios, con su núcleo familiar y sus formas de vida comunitaria. Esta nueva experiencia de desplazarse hacia otro país les es extraña e incómoda, pero han tenido que adoptarla”, señala el informe “Migración y desplazamiento de poblaciones indígenas de la Amazonia venezolana hacia Colombia”, del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía, GRIAM.

Luis Betancourt, investigador de esa institución, dice que al menos 3.791 indígenas de diferentes pueblos han cruzado la frontera y han sido registrados en Puerto Carreño. También advierte que los números son referenciales, porque muchos indígenas pasan por trochas ilegales y están en zonas sin estadísticas. Betancourt señala que las ayudas de organismos internacionales en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, en Venezuela, se concentran ahí. “La capital representa el 6 % de la entidad, mientras que el 94 % lo conforman los seis municipios restantes y es donde está la mayor población indígena, la que está huyendo de los grupos armados”, explica.

Si bien la reciente ola migratoria hacia Vichada provino del enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las FARC en Apure, indígenas del Amazonas venezolano han estado saliendo desde hace cinco años hacia ese departamento y también hacia Guainía. Según José Mejías, coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes en Amazonas, desde 2019 casi 13.000 indígenas (jivis, uwottüja, yeral, yekuana, sánema y yanomami) migraron hacia poblaciones fronterizas de Colombia y Brasil para buscar mejores condiciones de vida y huir de las amenazas. 

Para 2022 las cifras podrían aumentar, según las proyecciones que hace Fundaredes. “La migración de indígenas (…) ya no solo es por el hambre o la situación económica, sino por la amenaza de los irregulares, quienes están amedrentando a nuestra gente para apoderarse de sus territorios”, dice Mejías. 

En noviembre de 2020 Fundaredes denunció ante el Ministerio Público que el frente “Acacio Medina” de las disidencias de las Farc, comandado por alias “JJ”, tiene presencia en el Parque Nacional Yapacana y otros sectores del municipio Atabapo de Amazonas. Esto ha motivado constantes disputas con los habitantes de Piedra Blanca por el control del territorio minero.

Mejías señala que indígenas de varias comunidades denunciaron en Venezuela ante la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, con copia a los mandos militares. “Hasta ahora no ha habido respuesta. Los indígenas que hicieron la denuncia tenían temor por sus vidas; por eso no regresaron a sus comunidades”, afirma. Los afectados dicen que han sido maltratados y hasta asesinados por no aceptar el reclutamiento forzado y trabajar en minas dominadas por los grupos.

En el 2021 fue asesinado el profesor José Dacosta, que por el bajo salario y la precariedad del sistema educativo venezolano se fue a trabajar en la llamada Mina 40, en el Parque Nacional Yapacana. Dacosta pertenecía al pueblo indígena jivi y fue asesinado luego de tomar la lancha de un guerrillero por equivocación. También mataron a la maestra María Hernández, de quien solo se supo que fue asesinada por defender a su familia y negarse a ser sometida. En Cumaribo, Vichada, el asesinato de la lideresa comunitaria Olga Lucía Hernández, en mayo de 2020, conmocionó a esta región. Un hombre entró a su casa y le disparó.

Las amenazas contra los liderazgos siguen, como es el caso de Henny Gutiérrez, del pueblo sáliba, gobernadora indígena en Puerto Carreño, que representa a 27 asentamientos del casco urbano. “La situación es muy precaria; hubo enfrentamientos en el vecino país, pero son cosas que uno ya tiene miedo como de hablar”, dice Gutiérrez. Desde que evidenció el desplazamiento forzado de indígenas venezolanos ha recibido amenazas. “El mensaje que me dieron era que yo no podía seguir ayudando a las personas que venían desplazadas”, cuenta. Denunció ante las autoridades, pero no ha recibido protección.

Para Eligio Dacosta, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, la migración no se está dando en Amazonas por el conflicto entre armados, como en Apure, sino por los conflictos derivados de la minería ilegal y la defensa del territorio ante la llegada de “agentes externos”. La minería ilegal, dice, “es un flagelo, como una segunda pandemia que está azotando nuestros territorios”. 

Las consecuencias están ahí, tanto en lo ambiental como en lo cultural. “Hacen que los pueblos indígenas busquen otra forma de vida, olvidando sus actividades y desplazándose de su pueblo. La violencia se ha incrementado en los territorios donde hay minería”, dice.

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