La defensa de Mario Castaño en la Corte Suprema

El 7 de junio de 2022 fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia el senador liberal Mario Castaño. La investigación le correspondió al despacho del magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos.

La Fiscalía, que investiga a 10 miembros de la red criminal del congresista, capturados en marzo, le compulsó copias a la Corte Suprema para «investigar la conducta del senador Mario Alberto Castaño Pérez, por su probable participación como líder de una organización criminal, conformada por funcionarios y particulares, que, de común acuerdo, habrían intervenido en la viabilización de proyectos formulados en entidades del orden nacional por alcaldías y la manipulación de contratos con el fin de apropiarse de parte de recursos del Estado, en beneficio propio y de terceros».

Los delitos que le fueron imputados al senador Castaño el 10 de junio, fecha en la que comenzó la jornada de dos días de indagatoria, son: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión.

Vorágine publica la defensa que presentó el senador caldense, quien «pregonó su inocencia y se mostró ajeno a todos los señalamientos formulados en su contra», según se lee en el documento de la Corte Suprema del 16 de julio, en el que los magistrados decidieron mantener al congresista en la cárcel.

Aunque la Corte, con base en las pruebas que reposan en el proceso, desmintió en 361 páginas uno a uno los argumentos que presentó Castaño, la declaración del congresista es clave para esta investigación periodística y por eso la publicamos tal cual está en el expediente judicial.

Su mano derecha, prófugo de la justicia

Castaño aceptó que conoció a Juan Carlos Martínez Rodríguez hace veinte años, en el colegio Gemelli de Manizales. Cree que es profesional en odontología y sabe que fue dueño de una gallera, pero enfatiza que su relación es estrictamente política y que empezó en el 2016, cuando Martínez, luego de pertenecer al partido Centro Democrático, se vinculó al Partido Liberal en Caldas y, más adelante, quiso postularse como candidato a la Cámara de Representantes, para el periodo 2022-2026. Por esta razón, lo acompañaba en las giras políticas en diferentes municipios del departamento.

Admitió que Juan Carlos Martínez, guiado por el cálculo político de ingresar al Congreso, se hospedó durante los años 2020 y 2021, en su apartamento de Bogotá, para apoyar desde esta capital a los dieciséis alcaldes del departamento de Caldas avalados por el partido, pero como la candidatura de Martínez Rodríguez no tuvo eco dentro del equipo político del Partido Liberal, desistió de su aspiración y, por lo tanto, no participó en la contienda electoral 2022-2026.

Reconoció, también, que Juan Carlos Martínez estuvo vinculado al Senado de la República mediante un contrato de prestación de servicios, pero niega haberlo recomendado. Castaño también negó haber intercedido respecto del contrato que con esa Corporación suscribió Daniela Ospina Loaiza, su compañera sentimental desde hace cinco años.

Rubén Darío Iregui González, funcionario del Senado

Castaño afirmó conocer a Rubén Darío Iregui González, jefe de la División de Talento Humano del Senado de la República, desde cuando éste se desempeñaba como director del centro penitenciario de La Dorada, aunque negó haber discutido con él asuntos relacionados con los procesos de contratación o la ejecución de los contratos que suscribieron Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina Loaiza. Por su parte, afirmó conocer a Jorge Alberto Sabogal Tamayo, porque es hijastro del exalcalde de Villamaría, pero desconoce si tuvo algo que ver con la presentación de los informes de cumplimiento y las cuentas de cobro de los contratos suscritos por los mencionados Martínez Rodríguez y Ospina Loaiza.

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Su relación con ‘la marioneta’ Alejandro Noreña

Admitió conocer desde el año 2014 a Alejandro Noreña Castro, a través de una pareja que el indagado tuvo de nombre Vanesa Valencia. Al principio, dijo, tuvieron «una relación política muy activa», pero hace un año y medio están distanciados, pues él se adhirió a otro grupo político. Agregó que para él fue una sorpresa cuando se conocieron unos audios en los que Noreña Castro y Martínez Rodríguez aparecen exigiendo dinero a algunas personas para vincularlas con entidades públicas como el Sena. Como prueba de su desconocimiento de estos hechos, mencionó las entrevistas a varias de esas personas, en las que manifiestan que no lo conocen a él.

Rechazó tajantemente haber tenido algo que ver en el nombramiento de Jaime Trejos Londoño como director regional del Sena en Caldas, o haber acudido a él para recomendar los nombramientos.

El rol de Nova Lorena  

Reconoció que a Nova Lorena Cañón la conoció en noviembre de 2020, en un almuerzo en el norte de Bogotá, al cual lo invitó Pablo Gómez. Ella, según dice Castaño, es relacionista pública y especialista en manejo de medios. Juntos, agregó, recorrieron varios municipios del departamento de Caldas con el fin de promover acciones sociales; no obstante, Castaño alega que éstas no le reportaron ningún resultado ni beneficio, porque las expectativas que generó su trabajo en los alcaldes no se cumplieron. Agregó que su relación con dicha gestora se redujo al manejo de medios, especialmente la elaboración artículos de prensa y documentales para promocionar su imagen, servicios por los que pagó 30 o 40 millones de pesos, en efectivo, en el apartamento de él. Adujo que el único resultado de la gestión de la señora Lorena Cañón, como relacionista pública, fue la alianza política que hizo con Sandro Condía, candidato a la Cámara por Boyacá, departamento en el cual él no había hecho ninguna presencia y que veía como un espacio para ampliar su apoyo electoral.

Sobre Pablo Gómez, negó tener parentesco alguno con él y dijo que era un arquitecto que trabajaba con Nova Lorena Cañón como relacionista. Aunque admite haber compartido con ellos en un restaurante, rechazó la afirmación según la cual él les habría solicitado viabilizar el proyecto de la escuela taller de Salamina y que se hubieran acordado pagos, puntos o porcentajes. Enfatizó que el tema de esa reunión se centró en la posibilidad de que ellos viajaran durante las giras de carácter político en los municipios para desarrollar sus labores de orden social.

Sobre Juliana Márquez, la mamá del presidente

También recabó en el hecho de que Lorena Cañón tenía acceso a todas las entidades del Estado y que «tenía y utilizaba una chapa muy grande [pues] siempre se presentaba como la asistente de la mamá del presidente en todas las instituciones donde iba».

Admitió conocer, desde hace 13 años, al director de la escuela taller de Salamina, James Peña, oriundo de La Dorada, y que mantiene con él una relación de orden político, pues los anteriores alcaldes del municipio pertenecen al partido Liberal. Adujo que Lorena Cañón gestó que esa casa taller fuera vista con el lema del paisaje cultural cafetero y con ese propósito vinculó a la madre del presidente de la República, aportando un registro fílmico que da cuenta de un saludo dirigido por esta persona a la escuela taller del municipio de Salamina y en el que refiere como su representante a la señora Nova Lorena Cañón.

Para responder el señalamiento de Lorena Cañón consistente en que él les entregó a ella y a Pablo Gómez la suma de 50 millones de pesos como un «plante para comenzar a trabajar», indicó que no fueron 50 sino 100 millones y que se los entregó en calidad de préstamo para «empezar a desarrollar los proyectos que ellos como socios tenían en varias regiones del país», relacionados con la exportación de productos y asesorías. 

Inquirido por las condiciones del citado préstamo, Castaño respondió que éste fue pactado verbalmente, reembolsable en más o menos un año, y que las garantías iban a ser las utilidades que obtendrían de los deudores; aunque anotó que «ese préstamo, por esa suma, hoy todavía no [se] lo han cancelado»; más adelante precisó que Pablo Gómez ya le había devuelto 50 millones de pesos, los cuales entregó en efectivo a alguien que no recuerda, en su apartamento de Bogotá.

Interrogado también por la transferencia que habría recibido Lorena Cañón de él por la suma de 40 millones de pesos, dijo desconocer quién la consignó y por qué concepto; y sobre los 10 millones de pesos que Daniela Ospina Loaiza, su novia, le entregó a ella en el apartamento aludido, sostuvo que correspondían a los servicios de relacionista pública y marketing prestados por Cañón.

Castaño rechazó tajantemente la acusación de Lorena Cañón respecto de la entrega de 300 millones de pesos, hechos por el director de la escuela taller de Salamina James Peña, de los cuales 100 millones serían para él. Al respecto, señaló que la declarante falta a la verdad, pues él nunca facilitó nada a cambio de sus servicios profesionales, menos en lo relacionado con la casa taller, que no le representaba rédito alguno, ya que la gestión de este proyecto estaba apadrinada directamente por la señora Juliana Márquez.

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Reconoció que James Peña acudió en varias oportunidades a su apartamento en Bogotá; empero, estas visitas eran exclusivamente para hablar sobre aspectos del ejercicio político de Peña en La Dorada y los sucesos económicos y sociales de esta zona. La única petición que le hizo relacionada con la escuela taller de Salamina fue que procurara la reincorporación del programa en el proyecto de escuelas taller del Ministerio de Cultura. Con ese propósito, promovió una reunión con la jefe de la cartera para el año 2019 y, gracias a ese encuentro y a las visitas del agente del Ministerio a la escuela taller, se dispuso su reintegro al programa.

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Los sacúdete al parque

Sobre el alcalde de Armero Guayabal (Tolima), Medardo Ortega –Ortega está avalado por el Partido Liberal–, dijo conocerlo y adujo que sus vínculos se contraen a la esfera política  desde el año 2018, oportunidad en la que el alcalde lo acompañó electoralmente. Esa situación generó que mantuvieran una relación cercana durante el año 2021, con ocasión de las gestiones que él, como mandatario local, debía adelantar ante entidades del orden nacional, en las que lo apoyaba elevando las consultas pertinentes. A Medardo Ortega lo invitó en muy pocas oportunidades a su apartamento, como un acto de cortesía, ocasiones en las que conversaban, dijo, sobre «el mapa político del Tolima» y asuntos de salud que les concernían a ambos.

De Javier Aristizábal, alcalde de Villamaría (Caldas), sostuvo que desde hace siete años mantiene una relación política con él, ya que pertenece al Partido Liberal; a Aristizábal lo puso en contacto con Lorena Cañón y Pablo Gómez, a quienes les asistía el interés de «ampliar su espectro relacional».

Cuestionado sobre el programa Sacúdete al Parque, anotó que conoce que se trata de un programa institucional del Ministerio del Interior para realizar escenarios lúdicos. En lo que corresponde a esos proyectos en los municipios de Armero Guayabal y Villamaría, mencionados por Lorena Cañón, citó una comunicación enviada por el ministerio y que obra en el expediente, en la que se certificó que nunca hubo desembolso de recursos; y que otros, como los de los municipios de Samaná, Neria, Salamina y Aguadas, no están viabilizados ni fueron aceptados por la autoridad nacional.

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Castaño rechazó enfáticamente las afirmaciones de Lorena Cañón, asegurando que él nunca ha cobrado o pedido retribuciones de ninguna naturaleza por el acercamiento, viabilización o trabajo respecto del programa Sacúdete al Parque. Citó una llamada interceptada, para evidenciar que no tuvo ninguna relación con esos proyectos.

Reiteró que la relación que tuvo Lorena Cañón con los alcaldes de los municipios de Villamaría y Armero Guayabal fue «únicamente para facilitar un canal de comunicación entre las administraciones locales y los entes nacionales, desconociendo los intereses, intenciones y acuerdos que ella hubiera tenido con cada mandatario». Explicó que la visita el mismo día en su apartamento de los señores Lorena Cañón y Medardo Ortega obedeció a que el alcalde, por esa época, se encontraba muy interesado en que la sede norte del Sena de la regional Tolima se construyera en Armero Guayabal.

De Ruth Echavarría ―contratista del proyecto Sacúdete al Parque del municipio de Armero Guayabal―, aseguró que ella lo ayudó en un periodo corto del primer trimestre del 2022 en el ejercicio político en el municipio de Ataco, Tolima, y calificó como falsa la afirmación según la cual él dio indicaciones para que ella, como contratista, le pagara a Lorena Cañón por la gestión realizada.

Se refirió a la llamada entre Lorena Cañón y el alcalde de Villamaría, Javier Aristizábal, en la que él intervino; sin embargo, asegura, que su participación se dio siempre en el marco de sus funciones como congresista, acompañando a los alcaldes en la maduración técnica de los proyectos, «como ha sido su talante desde siempre, para cumplirle a la gente». Enseguida dio lectura a un documento que trajo consigo sobre sus funciones congresuales y su promoción al desarrollo regional en prevalencia del interés general en que, asegura, siempre ha enmarcado su proceder.

El Ministerio del Deporte

Sobre su intervención en el Ministerio del Deporte para la viabilización de proyectos formulados para la construcción de canchas sintéticas, indicó que la gestión de acompañamiento del ente territorial en la parte de viabilidad técnica fue únicamente a los alcaldes de Balboa, Risaralda, Dosquebradas y Piendamó. En ese sentido, solicita que la Corte verifique si los municipios de Risaralda, Samaná, Piendamó y Dosquebradas han suscrito los procesos contractuales respectivos, porque considera que, «para truncar su carrera política, la Fiscalía General de la Nación sostuvo la existencia de un delito de peculado del cual no hay siquiera contratos, anticipos o pagos».

Aseguró que a Carolina Bretón, directora de proyectos de infraestructura del Ministerio del Deporte, la conoció con ocasión de la construcción de la única cancha del municipio de Pácora, de donde es oriundo, «proyecto en el que trabajaron de la mano y con mucho sacrificio durante el año 2018. En la reunión de la que tiene noticia la Corte, la doctora Bretón le entregó un informe del estado de maduración de los proyectos, que lamentablemente hoy no tiene a la mano».

Interrogado sobre la gestión por parte de Juan Carlos Martínez Rodríguez en proyectos del Ministerio del Deporte, el indagado la admite, pero la circunscribe a un rol estrictamente documental, en cuanto era el encargado de llevar papeles entre las alcaldías y los entes nacionales, y agrega que él, particularmente, nunca le impartió órdenes a Martínez Rodríguez ni éste estuvo bajo su tutela. Sostuvo, con ahínco, que su intervención como senador iba hasta donde el rango constitucional se lo permitía, esto es, «mirar la viabilización [del proyecto] con la persona encargada». A lo anterior agregó que las mesas técnicas se llevaron a cabo con el fin de acercar la viabilidad técnica a los territorios, es decir, para que el Ministerio le explicara a cada uno de los municipios, cuáles eran los requisitos que debía contener cada proyecto con miras a su viabilización.

También explicó que los denominados «estructuradores» son los que elaboran los proyectos, generalmente, los jefes de planeación de cada municipio, pero en ocasiones particulares, cuando los entes territoriales cuentan con recursos para contratarlos.

Preguntado sobre la persona que financió las mesas técnicas sobre estos proyectos, aseguró desconocerlo. Sobre el alcalde de Suárez, Cauca, Ronal Villegas Orlas, admitió haberlo conocido en Cali en el año 2020, cuando, acompañado de una comisión, le manifestó su preocupación por la explotación minera artesanal. Aclaró que el proyecto de la cancha del municipio de Suárez no se viabilizó y, no obstante, «por éste y un 70% de proyectos no viabilizados, lo están juzgando y condenando en por el caso conocido como Las Marionetas».

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Las empresas fachadas

Aseveró que conoció a Santiago Castaño Morales por intermedio de Juan Carlos Martínez, quien se lo presentó como constructor de la ciudad de Manizales. Dijo que él y su esposa acudieron a Martínez para construir  un inmueble, «obra a la que ella se había comprometido en un contrato suscrito con la empresa Ara, en el año 2020 (Bengala)». Negó la afirmación de Santiago Castaño en el sentido de que «del proyecto de construcción de cancha sintética de Balboa, éste recibió un adelanto de 260 millones, de los cuales 100 millones fueron para el indagado, y afirmó que desconoce los negocios que hayan existido entre Santiago Castaño y Juan Carlos Martínez».

Aceptó conocer a John Alexander Sánchez, alias Pato, desde el 3 de junio de 2017, cuando atendió una invitación que éste le extendió para ver en su apartamento un juego de final de la Champions. Indicó que hace dos o tres años, tuvo dos contratos con Sánchez para remodelar una casa de su familia en Pácora y una casa de campo de sus cuñados.

Aseguró desconocer la participación que John Alexander Sánchez, Juan Carlos Martínez y Santiago Castaño tuvieron en un consorcio al que se le adjudicó un contrato de obra de mitigación de riesgo de desastres en la ciudad de Manizales. Tampoco dijo conocer del proceso contractual celebrado para ejecutar esas obras. Negó enfáticamente haber recibido una comisión por 1000 millones de ese contrato, así como tener algo que ver con ese proceso de contratación o con los consorciados que fueron adjudicatarios del proceso; los recursos para llevar a cabo esa contratación, además, destacó fueron gestionados por el alcalde de Manizales Carlos Mario Marín, quien es precisamente su contradictor político. Reiteró que es totalmente ajeno a las negociaciones que pudieron existir entre Santiago Castaño Morales y Juan Carlos Martínez, en relación con el consorcio San Miguel.

Explicó que en la obra Bengala, la construcción inició tardíamente, ya que, con ocasión de un estudio de suelos del predio, determinaron que había un afluente de agua que lo atravesaba por lo que era necesario realizar unos anclajes. Por intermedio de Juan Carlos Martínez, contactó a Santiago Castaño, quien tenía experiencia en ese tipo de construcciones y con quien «acordó que la modalidad más económica para contratar la obra era un contrato de administración delegada». «Toda esa situación generó el retardo en la construcción; sin embargo, para cumplir con los compromisos que previamente habían adquirido con Ara, vendió un apartamento ubicado en el edificio Tramonti, a efectos de generar ingresos para la ejecución del contrato». Así, explicó que, por intermedio de la empresa que representa su hijo y de la que es accionista su esposa (The Ingroup S.A.S.), se firmó el contrato con la firma Top Ingeniería, de propiedad de Santiago Castaño.

Aseveró que luego, durante la ejecución de la obra, en el periodo que va de agosto a mayo, aproximadamente, la sociedad contratista, a través de Juan Carlos Martínez, les suministraba la relación de gastos e inversiones, para que, con cargo, a los fondos que obtuvieron por la venta del apartamento, se cancelaran los respectivos pagos a Top Ingeniería. Adicionó que de esta empresa nunca recibió dinero alguno; «por el contrario, tuvo que pagar de su dinero para sacar adelante la construcción de la obra Bengala, porque en esa obra está representado el presente y futuro de su familia».

Informó que la sociedad The Ingroup S.A.S. se creó luego de su desvinculación en el año 2012 de la Industria Licorera de Caldas, con el objeto de brindar asesorías básicas. «En el año 2014, al ingresar al Congreso, entregó todas las acciones a su esposa». Adujo que la sociedad tiene un lote en Santa Fe de Antioquia y está activa para que su hijo Manuel desarrolle su actividad profesional, cuando culmine su carrera.

De esta manera, los recursos que menciona Santiago Castaño haber recibido por la suma de 800 millones de pesos y que ascendieron después a 1000 millones de pesos en razón a un cruce de cuentas que hizo con Juan Carlos Martínez, corresponden a los fondos que fueron desembolsados a Top Ingeniería, según los avances en la ejecución de la mencionada obra; «pagos que sumaron en total 1083 millones de pesos, debidamente soportados contablemente».

Igual suerte corrió el proyecto de demolición denominado La Veinticuatro, que motivó diferentes pagos a favor de Top Ingeniería. Con relación a una obra en Puerto Asís, Putumayo, señaló que por una oferta que le realizó una mujer en Neira, Caldas, se interesó en la adquisición de un hotel en ese municipio. «A Juan Carlos Martínez le pidió el favor de verificar el estado del bien, aunque ese proyecto nunca se materializó».

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Las conclusiones

Finalizando la diligencia, enterado de cada una de las imputaciones jurídicas formuladas con base en los supuestos fácticos que le fueron puestos de presente en desarrollo de la misma, Mario Castaño hizo las siguientes precisiones:

– «El movimiento político que él lidera tiene única y exclusivamente un fin político, no cometer ilícitos, por lo que el delito de concierto para delinquir no se configura».

– «Los supuestos intereses indebidos en la celebración de contratos no son más que el ejercicio de las atribuciones que la propia Ley 5 de 1992 les confiere a todos los senadores, a saber, buscar recursos y proyectos a favor de las regiones que representan. Su rol, dijo, siempre ha sido gestionarlos hasta la viabilidad técnica».

– «No tuvo intervención alguna en los contratos suscritos por Juan Carlos Martínez Rodríguez y Daniela Ospina Loaiza con el Senado de la República, y al funcionario del congreso Rubén Darío Iregui lo nombra la mesa directiva, en la cual él nunca ha participado».

– «Nova Lorena Cañón y Juan Carlos Martínez lo buscaron para ampliar sus trabajos, y no al contrario. Juan Carlos Martínez desarrollaba su proyecto político independiente, y ahora advierte que tenía intereses distintos a los políticos. Lorena Cañón se acercó a él para expandir su trabajo a la región del eje cafetero y el Tolima».

– «De los proyectos en el marco del programa Sacúdete al Parque, dijo que nunca estuvo en el Ministerio del Interior para adelantar ninguna gestión en relación con estos».

– «De los proyectos de canchas sintéticas, aseguró que nunca sugirió contratistas, estructuradores ni viabilizadores».

– «Respecto del consorcio San Miguel, pidió que se constataran los datos entregados para verificar su gestión particular».

– «Sobre el delito de concusión que se le imputa, insiste en que no tuvo ningún contacto con las personas que se le mencionan, únicamente con Daniela Pulgarín, a quien él refirió al equipo político de Juan Carlos Martínez».

– «Por último, solicita a la Corte que al momento de adoptar cualquier decisión se tenga en cuenta la historia clínica, aportada por la defensa, que revela todas las dolencias que lo aquejan desde hace varios años y que exigen cuidados y control permanentes, suministro de medicamentos y una dieta específica».