Lo que denuncian los sindicatos de la millonaria industria del dulce en Colombia

En 2021 Colombina S.A., fabricante de la chupeta Bon Bon Bum, tuvo ingresos superiores a $1,5 billones. Un valor cercano a los $1,1 billones que le entraron al Grupo Nutresa solo por sus ventas de chocolatinas. Cambio de puestos de trabajo y asignación de otras funciones, entre los ‘castigos’ que denuncian trabajadores.

7 de marzo de 2022

Por Andrés Felipe Carmona B.
Ilustraciones:
Camila Santafé

Efrén Cuéllar Parra tiene 52 años y seis enfermedades que le han dejado más de dos décadas de trabajo en la compañía Colombina S.A., que tiene una megafábrica de confites en La Paila, zona rural de Zarzal, un municipio industrializado en el norte del Valle del Cauca. Él trabaja para un gigante. Hasta septiembre de 2021 los ingresos anuales de la empresa estaban por el orden de $1,5 billones por ventas a nivel nacional e internacional, de los cuales $609.645 millones fueron transacciones relacionadas con dulces, seguidos de las galletas azucaradas, que representaron $346.572 millones en ingresos, mientras los helados dejaron $119.537 millones.

Estas cifras estratosféricas, consignadas en una presentación de PDF publicada en noviembre del año pasado, son la evidencia del emporio económico en que se ha convertido la compañía fundada en 1927 por el empresario vallecaucano Hernando Caicedo, pero se opacan por cuenta de decenas de denuncias de persecuciones sindicales y acoso laboral. 

Desde 2015, Cuéllar Parra labora, junto a 70 trabajadores más, en un área llamada ‘trabajos manuales’, encargada del proceso de revisión de los empaques de golosinas y confites. Sin embargo, para él estar en esa oficina y no ser más operario de máquinas es una especie de castigo por estar afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), y no hacer parte de la agremiación sindical promovida por la empresa: Sintracolombina. 

“El argumento que la empresa tuvo conmigo para enviarme a ese espacio de la compañía es que yo ya no era productivo para estar trabajando en las máquinas porque no podía levantar mucha peso… pero en vez de trasladarme a manipular otros equipos que no exigieran esfuerzo físico, lo que hicieron fue mandarme con otro grupo de trabajadores a hacer trabajos manuales de revisión de empaques y organización de productos por sabores para luego meterlos en sus cajas respectivas”, expresa el trabajador de la multinacional que hoy tiene cinco plantas de producción en Colombia, una en Guatemala (desde 2001) y otra más en España (2015). 

En medio de  su jornada diaria de ocho horas, en la que ‘marca tarjeta’ todos los días antes del horario de entrada, él tiene que luchar con las dolencias que carga por sus enfermedades de origen laboral, como el síndrome del manguito rotador en un hombro; el síndrome del túnel carpiano bilateral en su manos; la epicondilitis lateral-bilateral en los dos codos; la epicondilitis medial-bilateral en los dos codos, y el ‘dedo gatillo’ en el pulgar de la mano derecha, entre otros. En algún momento Efrén, padre de cuatro hijos, tuvo que lidiar con una incapacidad de 520 días por los dolores, sin contar los señalamientos de sus patronos de que estaba fomentando el ausentismo laboral, según asegura. 

Por sus manos han pasado los productos estrella de la compañía como el Bon Bon Bum, que tiene 19 presentaciones diferentes y es un éxito incluso en Estados Unidos; los 12 tipos distintos de ChocoBreak, y otros como la tradicional Menta Helada, las Nucitas y los barquillos Piazza, solo por mencionar algunos de los productos que son distribuidos en Colombia y mercados de Estados Unidos, Ecuador y Haití, principalmente.

Una empresa no tan ‘dulce’ con sus trabajadores

En una búsqueda rápida en el portal web de la Rama Judicial se pueden observar al menos 272 querellas en las que aparece mencionada la compañía Colombina S.A. en juzgados civiles de Bogotá, Cali, Palmira, Buga, Medellín e Itagüí, entre otros. En  88 de esos casos la empresa es la demandante, mientras que en 184 es la demandada. 

“Todas las quejas que hemos llevado al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, las han archivado. Son más de 60 casos de acoso laboral y persecución sindical”, relata el trabajador al añadir que, en un comienzo, habían logrado remover del cargo a una funcionaria del Ministerio de Trabajo en esa región a través de una tutela, pero posteriormente un juez la reintegró al puesto sin que las denuncias tengan, hasta el momento, un mayor avance judicial. 

Él dice tener documentado cada episodio, incluyendo unos videos que muestran el momento en el que una persona en moto llegó a la sede del sindicato en Bugalagrande con un paquete de formatos listos para que firmaran la desafiliación de cada trabajador de Colombina que está suscrito a Sinaltrainal. Señala que el hombre que los visitó ese día de 2017 era un sicario de Zarzal, que pocas semanas después fue asesinado en un puente que divide a ese municipio con Roldanillo, en plena carretera nacional.

Mientras cuenta lo sucedido vuelve y menciona su área de trabajo actual. Dice que está ubicada cerca de la bodega de almacenamiento de productos terminados, al lado de la zona de parqueo de tractomulas y vehículos de carga, pero lejos de la zona neural de la fábrica que es la producción, donde están la mayoría de trabajadores de la compañía.  

“Este espacio ahora quedará más reducido porque están construyendo un baño para que nosotros no pasemos a otras áreas cada vez que necesitamos hacer nuestras necesidades. Por donde nos movemos hay cámaras de seguridad que nos están monitoreando, son diez en total, las instalaron recién nos fueron pasando a esa zona. No hay una ventana al exterior por la que pueda entrar luz natural, está todo encerrado. Antes teníamos unas carteleras para las cosas del sindicato y otros asuntos, pero las quitaron justo para que no viéramos las fechas de los comités Paritario de Seguridad y de Salud en el Trabajo y Convivencia Laboral”, dice el trabajador de Colombina, quien ha pasado por seis cargos durante los 25 años que lleva haciendo parte de esta industria.

A lo largo de la conversación, Cuéllar se soba varias veces el cabello, como si estuviera intranquilo. También, por momentos, habla de forma frenética, como quien solo quiere ser escuchado. Dice que la ansiedad, la depresión y el estrés están a la orden del día por cuenta de los señalamientos que todo los días tiene que enfrentar su grupo de trabajo, que hace parte de Sinaltrainal. 

“Hay que luchar con jefes que están detrás de cada trabajador mirando cuántas veces se para al baño… que si alguien sindicalizado tiene una calamidad no le dan el permiso, lo mismo pasa cuando nosotros pedimos un espacio para reunirnos y hablar de nuestro sindicato”, expresa.

En Colombina hay dos agremiaciones sindicales que luchan de forma independiente y no se han unido para lograr fines comunes, por lo menos así se puede interpretar de la reportería adelantada. Dagoberto Lasso Lasprilla, presidente de Sintracolombina en el capítulo Cauca, defiende dicha agremiación al indicar que no es cierto que sean un sindicato “patronalista” que no vele por el bien colectivo de los trabajadores. 

“En el caso de nosotros creo que la organización sindical se crea para bienestar de los trabajadores, como esencia, y nosotros lo hemos hecho. Esto se ve reflejado en que tenemos unas convenciones colectivas y unas negociaciones con la empresa que nos otorgan unos beneficios que se traducen en salarios, préstamos para vivienda y primas extralegales”, explica Lasso Lasprilla al añadir que los afiliados al sindicato sobrepasan las 2.400 personas. 

En un sentido similar se pronunció directamente Colombina, que respondió a Vorágine en un comunicado de cinco puntos y aseguró que sin importar en qué área trabajen, todos sus colaboradores tienen los mismos beneficios que otorga la empresa, y dijo que para la compañía “es una prioridad ofrecer condiciones de trabajo dignas, y un ambiente laboral en el cual prime la calidad de vida, el desarrollo de las personas y una fuerte cultura con la que se previenen actos que atenten contra su salud y seguridad”. Lee aquí el comunicado completo.

En números: Sindicalismo en Colombia: un oficio bajo amenaza constante

A modo de contexto hay que tener en cuenta que en el país la libertad de asociación sindical es un derecho de todos los colombianos y colombianas. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que “en Colombia se admite la multiafiliación sindical, la pluralidad de sindicatos al interior de una empresa, la capacidad de cada uno de estos organismos de representar a sus afiliados y promover de manera autónoma una negociación colectiva y, de este modo, la posibilidad de que pueda darse un fenómeno de pluralidad de convenciones colectivas en un lugar de trabajo”.

Esa misma Corte, en la sentencia SL3317-2019, explicó que el denominado “fuero sindical” es una protección esencial para los trabajadores porque evita que los afiliados a un sindicato sean despedidos selectivamente al presentar un pliego de peticiones a la compañía en la que trabajan. Además, les permite plantear reivindicaciones laborales sin temor a ser despedidos. En Colombia, según cálculos del Ministerio de Trabajo, se encuentran afiliados en sindicatos y centrales obreras 1.368.626 personas.

Multimedia: Nuevos liderazgos sindicales en Colombia

El caso de Nestlé

José Mauricio Valencia Tamayo trabaja para la transnacional Nestlé desde hace 20 años. Es ingeniero electrónico de profesión y actualmente es técnico en electricidad en la compañía.

Cuenta que llegó a trabajar a la empresa por herencia familiar, pues uno de sus abuelos laboró allí desde 1944, cuando Nestlé aterrizó en el país bajo el nombre de Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos S.A., Cicolac. Su familiar dejó el cargo para jubilarse, por lo que le llegó el turno de relevo a Valencia Tamayo, quien desde 2004 está tratando de recuperar algunos beneficios que perdieron los trabajadores de la multinacional, como mayores facilidades para el acceso a la vivienda y la educación y tener un mejor régimen salarial, pues actualmente hay grandes brechas entre los ingresos de unos colaboradores y otros, según si se vincularon a la compañía antes o después de 2004.

“En octubre pasado presentamos un pliego de condiciones a Nestlé y ellos se tomaron hasta tres semanas para recibirlo, que fue cuando nos dijeron que se sentaban a dialogar y que entonces iban a incrementar los ingresos. A los de antes de 2004 les aumentaron el 7%, mientras que a los posteriores a ese año el 10%… ellos ya sabían que iban a subir el salario mínimo en un buen porcentaje, por eso lo hicieron de forma estratégica. Aparentemente esto sirve, pero la verdad es que el poder adquisitivo no ha mejorado para nada y pues eso no resuelve los problemas profundos de desigualdad en los salarios que tenemos en Nestlé”, agrega Valencia Tamayo. 

Después de presentado el pliego de peticiones, una acción de la empresa alertó a los trabajadores para que dejaran de hacer parte del sindicato Sinaltrainal.

“Hace cerca de 20 años no veíamos lo que hicieron las directivas de Nestlé un día que los trabajadores terminaron turno a la madrugada: salieron de laborar varios compañeros y la orden inmediata era que se cerraba la planta industrial porque el sindicato no los dejaba producir, cuando eso era falso porque la gente que entraba a nuevo turno estaba lista esperando en la portería para su ingreso, los que no permitían el acceso eran los gerentes”, relata el hombre, que insiste en que esta fue una estrategia para generar miedo e incertidumbre entre las familias de los colaboradores y los residentes de la zona aledaña a la fábrica, ubicada en  Bugalagrande, Valle.

Aunque no es su caso, sí cuenta que en la compañía, que produce el famoso Milo, ha visto varios a compañeros enfermos de dolencias relacionadas con sus cargos, lo que ha generado un buen número de incapacidades que son vistas por las ‘cabezas’ de Nestlé como una forma de fomentar el ausentismo laboral, es decir, cuando un trabajador incumple su deber de ir a trabajar en la compañía.

En el portal web de la Rama Judicial la compañía Nestlé de Colombia S.A. tiene hoy 153 registros de procesos judiciales, de los cuales 78 corresponden a demandas que han instaurado trabajadores y extrabajadores, mientras que 75 son querellas iniciadas por la multinacional contra diferentes personas naturales y jurídicas. La gran mayoría de los reportes tienen como lugar de radicación a Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Vorágine intentó establecer contacto con personal de la multinacional, con presencia en más de 60 países, incluso a través de la agencia de comunicaciones a cargo de las relaciones públicas de la compañía con base principal en Vevey, Suiza, y que fue fundada en 1866 por Henri Nestlé. En el momento de publicación de este reportaje no habían respondido nuestras solicitudes.

Tercerización: gana la industria, pierde el trabajador

Otro de los dueños del dulce en Colombia es el Grupo Nutresa que, según datos presentados por la compañía en su página web, en 2021 vendió solo en el país $7,7 billones en sus diferentes productos, siendo la categoría de cárnicos (Zenú, Pietrán, Ranchera, Rica, etc.) la que más ingresos les dejó con un total de $2,1 billones; seguidos de los chocolates (Jet, Jumbo, MontBlanc, etc.), que representaron para la compañía $1,1 billones de ventas, y de las galletas, que representaron un $1 billón. 

Si a esas cifras le sumamos las ventas en el extranjero, principalmente en países como Estados Unidos y México, así como otros de Centroamérica, los ingresos totales del Grupo Nutresa fueron, en 2021, de $12,7 billones, lo que deja a ese grupo empresarial con el 53,7% del mercado total del país. 

Detrás de la comercialización en el departamento de Santander de muchos de los productos de la transnacional, como las chocolatinas Jet y Jumbo, las galletas Festival y el Choco Listo, está Jairo Esparza Castellanos, quien lleva 26 años trabajando en Comercial Nutresa, la empresa distribuidora de productos del emporio. Durante este tiempo ha sido testigo de algunos avances, pero también ha sido objeto de persecuciones y señalamientos por intentar hacer valer sus derechos laborales.  

Cuenta que con él son 123 los trabajadores de la multinacional que en Girón, Santander, están sindicalizados por el trabajo que adelantan en la gran bodega logística que tiene Nutresa en esta zona del país. Desde allí se hacen despachos de productos a todo el noreste colombiano.

“Yo ingresé en julio de 1996, como temporal por seis meses, y luego en enero del año siguiente logré vincularme a la compañía a término indefinido. Sin embargo, como no había un sindicato que velara por nuestros derechos laborales, pues nos organizamos y decidimos en 2006, más o menos, presentarle una convención de trabajo a Nutresa para hacer respetar el derecho que tenemos a la libre asociación”, dice Esparza Castellanos. 

En sus palabras, haber firmado la convención les permitió ganar algunos beneficios relacionados con primas legales y extralegales, pero por el otro lado desencadenó una persecución sindical que se ha incrementado con los años, pues cuenta que desde 2008 a la actualidad han despedido a un sinnúmero de colaboradores que estaban contratados a través de la tercerización laboral.

Según él, sus salidas han sido sin justa causa y responden al solo hecho de estar haciendo parte de Sinaltrainal. “Con esto asustan al resto de trabajadores porque muchos ya nos dicen que para qué se van a afiliar al sindicato si igual los van a echar en cualquier momento”, denuncia el trabajador.

La tercerización laboral se puede ver reflejada, cuenta, cuando la mercancía almacenada en las bodegas de Girón debe salir en vehículos de carga hacia diferentes puntos del país. Hace unos años, si llegaban 30 conductores de vehículos a recoger los productos, todos estaban contratados directamente con Nutresa, pero ahora este servicio está asignado a Opperar Colombia S.A.S., que en 2014 fue comprada por Nutresa y tiene como sede principal la ciudad de Medellín. Las contrataciones funcionan como una prestación de servicios, explica Esparza Castellanos.

El hombre narra que otro de los casos de precarización del trabajo es que las personas que hagan parte del sindicato no tienen las mismas oportunidades dentro de la compañía para ascender en diferentes puestos, pues dice que tener el rótulo de sindicalista es visto como una persona que no “quiere a la empresa o que está en contra de todo lo que se hace en la misma sin ser agradecidos”. 

Tan solo en octubre de 2021, en Cúcuta, Norte de Santander, un grupo de trabajadores de Nutresa adelantaron durante más de 30 días una huelga de hambre para exigir mejores condiciones laborales; los trabajadores pedían a la compañía parar los despidos de colaboradores que estaban sindicalizados, como el caso de William Peñaranda, a quien le terminaron su contrato a término fijo.

En su momento, Javier Correa, quien estuvo al frente de la manifestación, dijo que se logró un “acuerdo sobre el pliego de peticiones presentado a la empresa Comercial Nutresa desde el 15 de diciembre de 2020, para firmar la nueva convención colectiva de trabajo; y se abren las puertas para negociar los pliegos de peticiones presentados a las otras empresas del Grupo Nutresa. Sigue abierta la puerta para el reintegro de William”.

Este medio trató de buscar respuestas a lo planteado por los trabajadores, pero hasta el cierre de este artículo no se obtuvo comunicación alguna con la compañía. 

Sobre ese tipo de despidos habla el abogado Alberto Bejarano, quien actualmente lleva tres casos de empleados de Colombina S.A. que fueron retirados de sus puestos de trabajo como contratistas en el área donde se fabrican los diferentes chocolates de la multinacional. Los procesos, cuenta, están en el Juzgado 01 Laboral del Circuito de Roldanillo, Valle, que cubre la zona en materia judicial. 

“Toda esta zona del Valle del Cauca, hablo de Bugalagrande, La Paila, Tuluá y Zarzal, son de tradición en la lucha obrera. Lo que puedo decir es que muchos de los casos están relacionados con la tercerización laboral, persecución sindical y una serie de enfermedades laborales originadas por la exposición diaria en las líneas de producción de chocolates”, habla el defensor.

Estas historias de vida, así como lo planteado por el jurista, muestran el estrecho vínculo que las grandes industrias de alimentos ultraprocesados tienen con los ingenios azucareros, que con sus monocultivos han sembrado el poder económico en el suroccidente colombiano desde el Siglo XVI, como lo reconoce la misma agremiación Procaña en su página web al indicar que Sebastián de Belalcázar, fundador de Santiago de Cali, plantó este cultivo en el Valle del Cauca en su estancia en Yumbo en 1541.

Nota: Este reportaje se realizó gracias al apoyo de VITAL STRATEGIES.

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