Los congresistas que ‘maquillaron’ el proyecto de ley sobre “comida chatarra”

Cinco congresistas que participaron en modificaciones hechas al proyecto de ley de etiquetado frontal fueron financiados por más de 20 empresas de la industria de la llamada “comida chatarra”. 

10 de mayo de 2021
Investigación: Andrés Felipe Carmona Barrero / Ilustraciones: Camila Santafé

El Congreso ya ha hundido en dos ocasiones la ley de etiquetado frontal que busca poner al descubierto los excesos y riesgos para la salud de la “comida chatarra” en Colombia. Vorágine confirmó que una robusta lista de empresas como Postobón S.A., Bavaria, Comestibles Aldor y varios ingenios azucareros aportaron más de $800 millones en donaciones y contribuciones directas e indirectas a las campañas en 2018 de al menos cinco representantes a la Cámara y cuatro senadores, que son parte de la Comisión que tiene en sus manos aprobar la ley, antes de junio de este año.

Lo que busca el proyecto es que todos los productos altos en calorías, sal, grasas y azúcares lleven obligatoriamente una o varias etiquetas en la parte frontal de su empaque en las que se advierta de los excesos de ciertos componentes perjudiciales para la salud. Por ejemplo, en los envases de gaseosas o bebidas procesadas (que representan el 74 % del mercado en Colombia, según la Asociación Nacional de Empresarios, Andi), usted podría encontrar una etiqueta que diga: “Alto en azúcar”. 

Aunque muchos de los senadores y representantes a la Cámara que votaron por hundir el proyecto en 2016 y 2018 ya no están legislando, los obstáculos para que el etiquetado frontal sea una realidad, parecen no acabarse. La primera propuesta llamada “Ley para el consumo informado del azúcar”, no pasó ni siquiera del primer debate en el Senado. Algunos de los nombres de quienes votaron para archivarla fueron los entonces senadores Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), Jorge Iván Ospina (Alianza Verde) y Sofía Gaviria Correa (Liberal).

La mayor preocupación de los congresistas que radicaron y apoyan esta propuesta ahora, más allá de la premura por legislar antes de junio cuando se vence el tiempo para aprobar la ley, es que 18 representantes a la Cámara de varios partidos políticos plantearon cambios profundos de forma y fondo al proyecto, antes de que el texto llegara al Senado y que fuera aprobado -con esas modificaciones- en la Cámara de Representantes, el 21 de octubre de 2020. Conozca la votación final del proyecto en Cámara.

Vorágine confirmó que los representantes a la Cámara Gabriel Jaime Vallejo Chujfi y Cristhian Garcés Aljure (Centro Democrático); Alejandro Carlos Chacón y Fabio Arroyave Rivas (Partido Liberal) y José Daniel López Jiménez (Cambio Radical), quienes lideraron los cambios y modificaciones al proyecto de ley, precisamente recibieron más de $411 millones en 2018 por parte de empresas de la industria de alimentos ultraprocesados e ingenios azucareros, para la financiación de sus campañas electorales.

Sin embargo, sólo  López Jiménez y Garcés Aljure radicaron constancias públicas en los debates argumentando que sus financiadores de campaña se podrían ver afectados o beneficiados con la posible ley. Garcés, además, manifestó tener familiares en el sector de alimentos procesados; a pesar de eso, ninguno de los dos se apartó de la discusión. Lea acá los reportes de financiación de particulares a las campañas de los políticos.

Por su parte, José Daniel López, representante del partido Cambio Radical y quien recibió en época electoral $18 millones de la empresa Postobón S.A., fue uno de los dos congresistas que públicamente reconoció lo que podía representar este debate para su financiador. Lo mismo sucedió con Christian Garcés, del Centro Democrático, y quien recibió donaciones por más de $100 millones de los ingenios azucareros: Manuelita, Mayagüez, Castilla, Río Paila y La Cabaña; así como de  varias sociedades de cultivadores de caña del Valle del Cauca, junto a empresas como Comestibles Aldor (fabricantes de chupetas Yogueta, Pin Pop y gomas y caramelos de mascar Trolli y Frunas). Además de eso, este medio conoció que la esposa de Garcés, Carolina Blum Díaz, ha hecho parte de la compañía Colombina, fabricantes de dulces como Bon Bon Bum, barquillos Piazza, gomas de mascar Grissly, Snacky, ChocoBreak, entre otros. 

Garcés, quien según el portal Cuentas Claras, también recibió dineros de la industria de medios de comunicación como Caracol Televisión ($ 5.037.000), Radio Cadena Nacional (RCN Radio) por $20 millones y Valorem S.A., el holding del grupo Santo Domingo (del que hacen parte empresas como Cinecolombia, D1, El Espectador y Caracol TV), creó un “bloque parlamentario” en octubre de 2020 junto a los representantes Vallejo Chujfi, Chacón Camargo y Jairo Giovanny Cristancho, con el que pidieron eliminar el artículo 9 del proyecto de ley que buscaba prohibir la publicidad y los comerciales de estos productos en franjas infantiles y familiares. El argumento: según una intervención en plenaria del congresista Cristancho (del Centro Democrático), no se puede comparar la cocaína y el tabaco con la sal y el azúcar. “Acabar con la publicidad es como acabar con los publicistas… el término prohibición no es el mejor”, dijo, ¿o no sería que estaba favoreciendo los intereses de quienes lo financiaron? Vea aquí las votaciones para eliminar el artículo 9.

De hecho, el representante Vallejo Chujfi reconoció a este medio que la Andi fue una de las fuentes “clave” a consultar por el Congreso para su argumentación en el debate en el que se eliminó este artículo. “La Andi, Fenalco y diferentes gremios que tienen un interés sobre el desarrollo del proyecto de ley son fuentes bien importantes para nosotros tomar decisiones conscientes y defendiendo los principios y postulados que tenemos (…) Jamás he comprometido mi independencia como congresista”. Vorágine intentó hablar con directivas de la Andi, pero hasta la publicación de este artículo, no se recibió respuesta. 

La declaración más reciente de la Andi la hizo José Andrés Duarte, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas, en un foro del 22 de abril de 2021 en la Comisión Séptima del Senado en el que reiteró que con este proyecto de ley, y otros que están en curso que buscan regular el consumo de azúcar, se estarían “estigmatizando y responsabilizando al sector de bebidas como los causantes de enfermedades como la obesidad y la diabetes”.

La eliminación del artículo que prohibía la publicidad de comida ultraprocesada fue respaldada en total por 104 congresistas (de 172 en total), entre los que estaban Carlos Ardila Espinosa y Víctor Manuel Ortiz (Partido Liberal); César Augusto Lorduy (Cambio Radical) y Carlos Eduardo Acosta (Colombia Justa Libres). Entre todos estos congresistas aportaron por escrito 17 propuestas de modificación más al texto original.

Algunos de los argumentos utilizados por ese ‘bloque parlamentario’ era que “no se podía presumir la mala fe de estas industrias y satanizarlas, sino buscar escenarios de consenso para establecer lineamientos de buenas prácticas” y que “el concepto de alimentos ultraprocesados pertenece a una clasificación no avalada internacionalmente”.

Esto, a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha universalizado el concepto de productos ultraprocesados dentro de los que han tipificado las galletas, helados, caramelos y golosinas; los cereales azucarados, bizcochos y mezclas para la elaboración de estos; barras de cereales, sopas y fideos instantáneos, condimentos preparados, salsas, papas fritas de paquete, gaseosas y jugos en polvo. También están los yogures y bebidas lácteas azucaradas, bebidas energéticas, algunos tipos de pan, entre otros.

Sobre este punto, el ponente del proyecto de ley, Mauricio Toro, del Partido Alianza Verde dijo que presentará en el Senado una contrapropuesta para que en los comerciales y la publicidad de esos productos se incluya un aviso que advierta que ese alimento o bebida tiene etiquetado frontal.

Pero más allá de la discusión política, expertos y asociaciones académicas han reiterado que los efectos del consumo descontrolado de productos ultraprocesados en el país, tiene enferma a la gente. De acuerdo con la Encuesta de Situación Alimentaria y Nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) de 2015, más del 50 % de la población consumía regularmente esos alimentos, incluso llegando a representar hasta el 91.4 % de personas, en algunos rangos de edad. 

Para Carolina Piñeros, directora ejecutiva de RedPapaz, el etiquetado frontal en ultraprocesados es una medida efectiva para crear entornos alimentarios saludables, especialmente para el beneficio propio de los niños y niñas, que son una de las poblaciones más propensas a consumir “comida chatarra”. “Es una absoluta necesidad si tenemos en cuenta que la obesidad y el sobrepeso son un problema de salud pública a nivel mundial que, junto con la hipertensión y la diabetes, han provocado el 44 % de todas las defunciones en la región de las Américas, en 2017. La proporción de niñas y niños con sobrepeso en Colombia está entre 5 – 9 años”, explicó la experta.

El panorama tampoco parece alentador cuando se trata de enfermedades cardio-vasculares. Según estadísticas del Dane, estas se encuentran dentro de las diez primeras causas de muerte y ocasionaron el 27,6 % del total de fallecimientos en 2018. Estas comorbilidades son las que más han conducido a la muerte a las personas fallecidas por el Covid-19.

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Un proyecto de ley maquillado

Este medio realizó un análisis al texto del proyecto de ley original, comparado con el documento enviado para primer debate en el Senado. Al lado izquierdo se ubicó el texto original radicado en Cámara hace dos años y al lado derecho, el texto que será debatido en el Senado. Todas las palabras y párrafos que desaparecieron luego de las propuestas de los congresistas están marcadas en rojo y todas las adiciones que hicieron al documento, están señaladas en color verde. 

Otro de los artículos originales que los congresistas propusieron eliminar fue la prohibición de promoción o publicidad que atrajera la atención de niños y niñas mediante el uso de juguetes, personajes, adhesivos o cualquier otro incentivo infantil. Además, la propuesta de no permitir la comercialización de productos bebibles o comestibles ultraprocesados en entidades educativas, bibliotecas, instituciones de salud y espacios públicos con constante permanencia de menores de edad.

Sandra Consuelo Penagos, nutricionista-dietista e integrante de la Asociación Colombiana de Salud Pública, dijo que aunque es un avance que haya quedado algo de la implementación del etiquetado frontal en productos ultraprocesados y bebidas gaseosas, “la lista de ingredientes para que un producto tenga etiquetado frontal debe ser mayor. Estamos planteando que se incluyan todos los aditivos que cumplan o no función tecnológica en el producto, tal como lo define la normativa nacional. Además, deberá declararse si sus ingredientes contienen organismos genéticamente modificados y especificar cuáles son esos ingredientes”.

Las modificaciones al proyecto también incluyeron la eliminación por completo de al menos 12 definiciones, entre los que estaban los conceptos “aditivo alimentario”, “rotulado de información de contenido”, “azúcares”, “alimentos sin procesar y mínimamente procesados”, “declaración de propiedades nutricionales”, “productos comestibles o bebibles procesados” y “productos comestibles o bebibles ultraprocesados”. 

El término exacto de “ultraprocesados”, avalado por la OPS, fue cambiado a petición de los parlamentarios por la frase “Comestibles o bebibles clasificados de acuerdo a nivel de procesamiento (que le otorgue el Ministerio de Salud de acuerdo a la clasificación que defina)”. Un maquillaje completo ante la verdad.

Además de eso, fueron eliminados tres artículos con los que se pretendía determinar la sanción económica a las empresas que incumplieran con el etiquetado frontal y la prohibición de la publicidad de la “comida chatarra”. Diez artículos más, que hacían referencia a que las etiquetas tuvieran traducción a otros idiomas y que esos rótulos también llevaran un adhesivo que incluyera la frase “evite su consumo frecuente”, sufrieron modificaciones determinantes.

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‘Contentillo’ del Gobierno a la industria

Este proyecto de ley, que toma más importancia con la radicación de la Reforma Tributaria por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al no incluir el impuesto para las bebidas azucaradas, pero sí para productos básicos como el café, el chocolate y el jamón, tiene al Ministerio de Salud trabajando en un borrador de resolución sobre el etiquetado frontal a comida ultraprocesada. Vorágine tuvo acceso a este documento donde está consignada la propuesta del Gobierno de dejar a voluntad de las empresas incluir también etiquetados positivos en forma de “check” en los alimentos menos procesados o bajos en azúcares, sal o calorías. 

Por ejemplo, una empresa que fabrica snacks como el maní podría etiquetar positivamente un maní que sea bajo en sal, bajo en grasa y sin azúcares; pero tendría que fijar sellos de advertencia negativos a un maní con edulcorantes o ultraprocesado. 

Otro tema de discusión ha sido la forma geométrica que llevará el etiquetado en los paquetes. Mientras la mayoría de países en el mundo que ya implementaron etiquetados frontales, como Chile, México, Perú, Uruguay, entre otros, usan octágonos negros con letra blanca para advertir sobre los excesos de ciertos componentes, en Colombia el Ministerio de Salud propuso que las etiquetas sean circulares y que, en vez de decir “exceso de”, se utilice la palabra “alto en”. Esto, en contravía de las recomendaciones de organizaciones con evidencia científica como Fian Colombia y la Red Académica de Nutrición.

Mercedes Mora Plazas, del Departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que el Ministerio de Salud conoce un estudio que realizaron junto a un grupo de investigadores internacionales el año pasado para la revista Nutrients, en el que compararon el sello octagonal negro con letras blancas y un etiquetado como lo propone el Gobierno Nacional. El resultado, según la médica, fue que “el 49 % de los colombianos seleccionaron el sello de advertencia octagonal como aquel que reconocían que no era saludable y no lo tendrían como una posibilidad de compra”. 

En el borrador de resolución el Ministerio también propuso que los sellos de advertencia negativos puedan ser adhesivos que se ubiquen sobre los paquetes, “de tal forma que se garantice que no se desprenda del producto”, pero sin la obligatoriedad de que sean impresos directamente sobre los empaques.

Los funcionarios del Ministerio de Salud, que se negaron a dar una entrevista sobre este tema, indicaron a través de su oficina de prensa que actualmente la proyección de la ley ya fue estudiada en consulta nacional e internacional ante la Organización Mundial del Comercio y que “posterior a esto se deben responder todos y cada uno de los comentarios allegados”. 

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¿Conflicto de intereses de los senadores?

El Congreso tendrá hasta junio de este año para decidir el rumbo de esta propuesta legislativa, pero por ahora el camino está lento y enredado. Jesús María España, secretario de la Comisión Séptima del Senado, afirmó que los congresistas (encargados de estudiar este proyecto) han estado ocupados las dos últimas semanas debatiendo reformas a la salud. “Tiene (el proyecto de ley de etiquetado frontal) adelante 25 proyectos que fueron radicados en orden cronológico”, dijo.

Una de las críticas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), quienes han hecho seguimiento a esta iniciativa desde el principio, es que hay senadores que deberían apartarse de la discusión porque recibieron financiación en campaña de empresas de la industria de ultraprocesados e ingenios azucareros, como Carlos Fernando Motoa (Liberal), Gabriel Velasco Ocampo (Centro Democrático), José Ritter López Peña (Partido de La U) y Milla Romero Soto (Centro Democrático).

Así quedó consignado en una carta enviada por el Cajar a la mesa directiva de la Comisión Séptima, donde indicaron que las campañas de estos políticos fueron financiadas por un valor superior a los $428,6 millones, por empresas como Postobón S.A. y Bavaria, así como de los ingenios azucareros Manuelita, Mayagüez, Río Paila Castilla, entre otros que también financiaron a varios representantes a la Cámara, anteriormente mencionados.

Frente a la crítica del Cajar, los congresistas Motoa Solarte y Velasco Ocampo aseguraron a este medio que pronto presentarán ante la Comisión Séptima del Senado, documentos de impedimento en el que dejarán claro que esta discusión podría beneficiar o afectar directamente a sus financiadores. 

Por su parte, la senadora Milla Romero Soto (Centro Democrático) es señalada por el Colectivo de Abogados de haber recibido $100 millones para su campaña en 2018 de la empresa Postobón S.A.; sin embargo, este registro no aparece en la web gubernamental Cuentas Claras y a pesar de que intentamos acceder a una entrevista, a través de su equipo de prensa, nunca se obtuvo respuesta. 

Gabriel Vallejo Chujfi, también del Centro Democrático y quien ha cuestionado el proyecto porque, según él, “estigmatiza a algunos sectores”, respondió que no consideró necesario dejar constancia de su impedimento porque el azúcar, -materia prima que procesa el Ingenio Risaralda- (uno de sus financiadores) “es un elemento de muchos que hay en la industria de alimentos” y, por ende, no lo considera parte de los ultraprocesados. 

El representante José Daniel López (Cambio Radical), financiado por Postobón S.A., dijo: “Si eso fuera para hacerle favores a dicha empresa, créame que yo no hubiera acompañado el etiquetado frontal. Yo lo que tengo es una opinión en contra de prohibir pautar en medios de comunicación porque el Estado no puede ser un padre de familia”. 

Pese a la insistencia por diferentes medios, Vorágine no recibió respuesta sobre los cambios al proyecto de ley y el posible conflicto de intereses de los congresistas Fabio Arroyave Rivas, Alejandro Chacón Camargo, Jairo Giovanny Cristancho, Alfredo Ape Cuello, Carlos Adolfo Ardila, César Augusto Lorduy Maldonado y Carlos Eduardo Acosta.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que en Colombia rige una “Ley del régimen de conflicto de interés de los congresistas”. Lucas Quevedo, abogado y docente de la Universidad del Rosario, explicó que “así beneficie al grupo económico que lo financió, mientras no se demuestre que beneficia al congresista de forma actual, directa y particular, no hay conflicto de intereses; es decir, no hay responsabilidad”. 

En la discusión de este proyecto de ley, según Jhonatan García Ruiz, investigador de justicia económica de Dejusticia, se han utilizado argumentos tergiversados como que “cierto tipo de etiquetado frontal podría generar demandas por parte de empresas u otros países ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) o tribunales de arbitraje de inversiones”.

Otra preocupación que manifestó el investigador fue la imposibilidad de regular la publicidad de los empresarios porque, según los congresistas, “esto hace parte de su propiedad intelectual, marca, y el Estado ahí no puede interferir”. Ante esas afirmaciones, dijo, han investigado desde el derecho internacional económico, establecido en la OMC, “y vemos que todo lo relacionado con el etiquetado está dentro de lo pedido por esa Organización”. Explicó también que los argumentos presentados por los parlamentarios y gremios empresariales “tienen pobre capacidad técnica, ignorancia, pero también malas intenciones de generar miedo y zozobra en la ciudadanía y dentro del mismo Congreso”.

Sobre este tema, el presidente de la Comisión Séptima del Senado, -donde se debatiría este proyecto de ley- José Ritter López, del Partido de la U, negó que haya presiones por parte del empresariado o de otros congresistas sobre la mesa directiva para no priorizar esta iniciativa sobre etiquetado frontal. 

Para la representante a la Cámara Juanita Goebertus Estrada, muchos de los congresistas que se mostraron en contra de varios de los artículos del proyecto de ley, así como de prohibir la publicidad de productos ultraprocesados en medios de comunicación, se contradicen. “Son sectores del Centro Democrático que en paralelo han impulsado medidas supuestamente para proteger a los niños, como la cadena perpetua, como la inflexibilidad de delitos, en especial contra menores, pero cuando se trata de estos proyectos ellos insisten en que es una violación a la libertad de empresa  y libre mercado. Es una doble moral”.

Mientras que el proyecto de ley de etiquetado frontal avanza a paso lento en el Senado y en Colombia por cada 100 mil habitantes mueren 18 personas por diabetes, RedPapaz denunció que el Gobierno ha aprovechado la pandemia para entregar kits de ayuda a población vulnerable con productos ultraprocesados como parte de la canasta básica familiar y hasta hace unos días proponía gravar los servicios públicos y funerarios, pero no las bebidas azucaradas, así se planteaba en la retirada Reforma Tributaria que tiene al país hoy sumido en un estallido social sin precedentes recientes. 

*Este reportaje se realizó con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).

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