Molano, a responder por un operativo que revivió los ‘falsos positivos’

Por segunda vez desde que asumió el cargo, el ministro de Defensa Diego Molano deberá defenderse de una moción de censura en el Congreso. Entre los muertos que dejó el operativo en el Putumayo hay no combatientes y el Ejército no ha logrado probar lo contrario. 

26 de abril de 2022

Por Laila Abu Shihab Vergara
Ilustraciones: Angie Pik

El pasado 12 de abril, en horas de la tarde, 36 congresistas radicaron una solicitud para debatir una moción de censura en contra del ministro de Defensa Diego Molano, por el operativo del Ejército en el Putumayo que el Gobierno ha vendido ante la opinión pública como un éxito incuestionable de la lucha contra el narcoterrorismo, en el que solo murieron miembros de las disidencias de las Farc. Sin embargo, según decenas de testimonios, fotos y videos, en los hechos murieron personas que no estaban armadas y que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. 

No es la primera vez que Molano se ve obligado a dar explicaciones en el Congreso y que se enfrenta a la posibilidad de tener que dejar el cargo tras una moción de censura, aunque esta figura establecida en la Constitución Política de 1991 nunca ha prosperado

A finales de mayo de 2021, el ministro debió responder por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública en el largo paro nacional de ese año. Según la ONU, policías y militares fueron responsables de por lo menos 28 muertes de manifestantes durante los tres meses de protestas.

¿Cuáles son los hechos que volverán a poner a Molano en el banquillo de los acusados este martes 26 de abril, primero en la Cámara de Representantes a las 8 de la mañana, y luego a las 3 de la tarde en el Senado, donde asistirá a un debate de control político?

Vacíos, contradicciones y DIH

El pasado 10 de abril, una alianza de seis periodistas de Vorágine, El Espectador y Cambio mostró, con más de 30 pruebas recogidas en el lugar de los hechos, las inconsistencias del Ejército sobre el operativo que realizó en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo. La información publicada por los medios es, en buena medida, el sustento del debate de moción de censura al ministro Molano, pues hasta ahora las investigaciones periodísticas han ido más rápido que las investigaciones judiciales, y han obtenido testimonios que no habían sido tenidos en cuenta por las autoridades.

Antes de citarlo, los congresistas le dieron un compás de espera al Ejército para que enviara a la Procuraduría el expediente disciplinario de la investigación interna por el operativo. Pero los días pasaban, la información no llegaba y el Gobierno Nacional se mantenía —se mantiene todavía— en la versión inicial de que los muertos, 11 en total, eran del frente 48 de las disidencias de las Farc y “narcocaleros”.

Putumayo es el tercer departamento con mayor número de hectáreas sembradas de hoja de coca en el país, pero desde los escritorios en Bogotá se suele olvidar que la gran mayoría de campesinos de regiones como esa no tienen una opción distinta a la de dedicarse a los cultivos ilícitos, ante la ausencia generalizada e histórica del Estado.

Casi un mes después del operativo que, según el presidente Iván Duque, cumplió con todos los protocolos que dicta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), ni él ni el ministro de Defensa ni el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, han podido despejar las dudas sobre las múltiples contradicciones de la versión oficial. Agrupamos esas inconsistencias, sobre las que tendrá que responder Molano en el Congreso, en los siguientes seis puntos: 

1. El lugar
2. Los civiles
3. Los cuerpos
4. ¿Militares disfrazados de guerrilleros?
5. Los capturados
6. Más muertos que armas

1. El lugar

La versión oficial asegura que el operativo y posterior combate se llevaron a cabo en un campamento y centro de acopio de coca de miembros de los Comandos de la Frontera, un grupo de disidentes de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Pero las fotos y videos de la comunidad, y de los periodistas que llegaron días después al lugar de los hechos, incluso con drones, desmienten con creces esa versión: los militares dispararon en el centro de un caserío compuesto solamente de una cancha de fútbol en cemento, un prostíbulo y algo más de una decena de construcciones precarias, algunas de las cuales servían ese día de casetas para cocinar, beber y bailar.

2. Los civiles 

A pesar de que está documentada la presencia de al menos cinco disidentes armados mezclados entre los habitantes de la vereda, también está probado que el operativo se realizó en medio de decenas de personas que completaban tres días de bazar, licor, comida y fiesta. 

El Ejército ha negado una y otra vez que hubiera civiles en medio del enfrentamiento con miembros de las disidencias. Por ejemplo, el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, le dijo a Caracol Radio que ese día “no había población en el caserío, no estaban en la cancha de fútbol, no estaban por fuera bailando, no estaban en ningún bazar, no estaban en ninguna actividad”. Según él, “los once muertos están en los informes de inteligencia que se han dado por una u otra fuente, los once estaban y participaron en actividades hostiles”.

Sin embargo, todos los testimonios de los vecinos coinciden en que ese lunes en la mañana unos 200 habitantes de esa y otras veredas como Bajo Remanso, Puerto Ospina y La Concepción estaban allí, estirando la resaca de tres días de celebración, rodeados por cientos de latas de cerveza y botellas de whisky. También había miembros de comunidades de Ecuador y Perú que viven al otro lado del río Putumayo, bebés recién nacidos y niños de hasta 10 años.

Una de las fotos tomada después del operativo muestra a decenas de habitantes del caserío sentados en unas sillas Rimax en la cancha de fútbol, dándoles la espalda a los lugares donde habían quedado los muertos. Según los testimonios, los militares los obligaron a reunirse allí y a esperar durante unas cuatro horas, a puro sol.  Algunos aseguran que soldados movieron cuerpos. También denuncian que hay cadáveres a los que les pusieron fusiles y chalecos. Un caso que el Ejército no ha terminado de explicar es el del adolescente Brayan Santiago Pama, de solo 16 años. La alianza de Vorágine, Cambio y El Espectador tuvo acceso a tres fotografías suyas después de muerto, muy distintas entre sí. En la primera, el menor aparece tirado sobre la tierra, semidesnudo y boca arriba, con varias heridas en sus brazos. En la segunda se le ve en una lancha de la Armada junto al cuerpo de otro hombre y en la tercera, los dos cuerpos están en la misma embarcación pero con fusiles al lado. 

Lee aquí: El operativo del Ejército manchado con sangre de civiles

De acuerdo con los vecinos de la vereda, Pama no participaba de ninguna hostilidad en el momento del combate, y estaba corriendo cuando recibió los disparos que acabaron con su vida. Lo mismo aseguran sobre el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández; su esposa Ana María Sarrias, de 24 años, embarazada de dos meses y quien agonizó durante una hora y media ante los ojos de los soldados; y el gobernador indígena del resguardo Kichwa del Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche.

Sobre ninguno de ellos cuatro el Ejército ha mostrado pruebas contundentes de que pertenecieran a los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) o disidencias de las Farc. Ninguno aparecía en los organigramas previos de la Fuerza Pública antes de llegar a la vereda Alto Remanso. Tampoco tenían órdenes de captura en su contra ni antecedentes penales.

De acuerdo con las reglas que, por más paradójico que parezca, rigen los conflictos armados, si alguna de las víctimas no estaba participando de lo que en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) se denomina “hostilidades”, su muerte sería un homicidio en persona protegida. Es decir, una ejecución extrajudicial. 

Esto es muy importante, incluso si se acepta la tesis de algunos expertos de que en este caso no aplicaba el DIH, pues hay debate sobre si el Estado está en un conflicto armado contra los Comandos de la Frontera (según el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, la respuesta es negativa). Si ese fuera el caso, las normas que deberían aplicarse son las del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que son mucho más restrictivas sobre el uso letal de la fuerza por parte del Ejército en operaciones como la del Putumayo. 

“Conforme al principio de proporcionalidad, un ataque a un objetivo militar se torna ilegítimo si es susceptible de causar incidentalmente muertes o heridos en la población civil que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa buscada. Si el objetivo militar de valor, en este caso el jefe guerrillero ‘Bruno’, ya no se encontraba en el bazar, entonces resulta muy difícil justificar el ataque. Por eso, en sus explicaciones el Ejército advierte que entre los muertos hay combatientes y colaboradores que tomaron parte en las hostilidades”, les dijo el abogado e investigador Rodrigo Uprimny a los periodistas de Vorágine, Cambio y El Espectador. 

Y aunque los muertos fueran disidentes de las Farc, si no estaban armados ni combatiendo, lo primero que debía hacer la Fuerza Pública era capturarlos y no “neutralizarlos”, el eufemismo del lenguaje castrense, pues en Colombia no existe la pena de muerte.

Las reglas del DIH legitiman el uso de la fuerza solo si sirve para disminuir o afectar la capacidad bélica del enemigo, los miembros del grupo o sus bienes. No se puede utilizar contra todo lo demás (que son personas y bienes protegidos) y eso incluye a la población civil, a los que no participan de las hostilidades y a los que, siendo parte de un grupo armado, se rinden, están enfermos o en estado de indefensión. 

Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), le dijo a Cambio que “hay una enorme contradicción en la forma en que el presidente Duque aplica el DIH en Colombia pues en sus declaraciones políticas, el Gobierno nunca habla de conflicto armado, habla en general de violencia y de terrorismo y no reconoce explícitamente que haya un conflicto armado. Pero a nivel militar, rápidamente ellos salen a decir que aplican el DIH, que solo se puede aplicar en contextos de conflicto armado”. 

Sobre Sarrias, quien además de estar embarazada era madre de dos niños de 6 y 2 años, han existido tres versiones oficiales distintas. El general Zapateiro dijo que participaba en el combate, el general Correa aseguró que no estaba en combate sino tirando las armas de los disidentes muertos al río, y una tercera fuente del Ministerio de Defensa que conoce muy de cerca el caso nos dijo que los militares tienen claro que Ana María no estaba armada el día del bazar en que encontró la muerte.

El 11 de abril, un día después de la publicación de las historias de la alianza periodística, el general Eduardo Zapateiro aseguró que la operación fue “legítima” y se rigió bajo los principios del DIH. “Los muertos en desarrollo de la operación militar, según información de inteligencia y lo reportado por las unidades que participaron en la operación, harían parte de la estructura criminal del GAOR-48. Otros habrían participado directamente de las hostilidades”, dijo. 

Y más adelante, en Noticias RCN, afirmó sin ruborizarse, tal vez como parte de una narrativa ya normalizada por el Ejército, que en todo caso no había de qué sorprenderse porque no era la primera ni la última vez que caían mujeres embarazadas y menores en un combate.

“Aunque los hechos son confusos y están aún en investigación, los sólidos reportajes de Cambio, El Espectador y Vorágine, junto con las ambiguas explicaciones de las autoridades, indican que el principio de precaución del DIH no fue respetado. En efecto, las fuerzas militares realizaron un ataque a un bazar, en el que había decenas de civiles, para enfrentar a unos pocos guerrilleros y cuando el objetivo militar más valioso (alias ‘Bruno’) ya había abandonado el sitio”, escribió Uprimny en una columna de El Espectador titulada “Los falsos positivos del ministro Molano”. “Todo indica que por esa violación al DIH varios civiles murieron (…) sería entonces otro falso positivo más que civiles víctimas de ese operativo fueran presentados como guerrilleros abatidos en combate”.

3. Los cuerpos

Después de un combate u operativo, el Ejército no tiene permiso de mover los cuerpos de las personas muertas ni de manipular o cambiar de lugar los elementos de la escena. Los encargados de hacer el levantamiento de los cadáveres y de recoger todas las pruebas son los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. 

Vorágine, Cambio y El Espectador tuvieron acceso a las actas de inspección técnica a cadáver de los 11 muertos hechas por el CTI, según las cuales todos los cuerpos fueron hallados en “posición natural”. Ocurre que, de acuerdo con un experto forense consultado por los tres medios, lo documentado por los funcionarios indicaría que habrían sido movidos antes de que llegaran a hacer los levantamientos: “Por la posición en la que describen los cuerpos (todos boca arriba, con las palmas de las manos hacia arriba, con los pies apuntando en la misma dirección y sin pliegues en las extremidades), pareciera que los cuerpos hubieran sido enfilados en algún lugar para que el CTI luego realizara los actos urgentes”

También le pedimos al técnico forense que analizara las imágenes de Brayan Santiago Pama, el menor de 16 años, y sobre una de ellas aseguró lo siguiente: “Lo arrastraron, le dieron la vuelta. Signos de arrastre. Arrastre de la parte inferior del brazo derecho es un arrastre cuando todavía estaba vivo. (La herida) del brazo izquierdo, como si fuera con un arma cortopunzante”.

En la entrevista con Caracol Radio, el general Juan Carlos Correa fue enfático en decir que “en ningún momento nosotros manipulamos ni tocamos ninguno de los cuerpos”. Según él, lo único que hicieron los militares “fue asegurarlos, tener el área segura para que entrara la policía judicial e hiciera sus actos urgentes. Colombia puede estar tranquila de que tiene un ejército profesional”.

Los documentos contradicen, de nuevo, al comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército. Correa ha dicho que los agentes del CTI llegaron a las 11:50 de la mañana y en ese momento el área ya estaba asegurada por los soldados. Pero en las actas de inspección técnica a cadáver de la Fiscalía está registrado que solo se enteraron de lo sucedido a las 2:20 de la tarde y que llegaron a la vereda Alto Remanso hacia las 3:00, para comenzar a hacer las diligencias a las 3:45, en un lugar que además no estaba asegurado. 

En esas horas de diferencia entre una versión y otra, además, es que los militares sacaron de sus casas a los habitantes de la vereda y los obligaron a sentarse en la cancha de fútbol, sin poder mirar lo que hacían y teniendo que pedir permiso para ir al baño o tomar un sorbo de agua.

“¿Cómo es que durante cuatro horas ponen a la ciudadanía de espaldas a la escena del crimen para modificarla? ¿De dónde salen las armas que dicen que supuestamente tenían en su poder las personas asesinadas?”, le dijo a Vorágine la representante a la Cámara Katherine Miranda, una de las que promueven la moción de censura en contra de Molano. Ese será uno de los puntos centrales del debate en el Congreso.

4. ¿Militares disfrazados de guerrilleros?

En el trabajo de campo, los seis periodistas encontraron decenas de testimonios según los cuales los primeros soldados que llegaron a la vereda no estaban uniformados, sino que vestían camisetas negras y gorras, y se presentaron como guerrilleros del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, que desde hace meses se disputa los corredores estratégicos de esa región amazónica con los Comandos de la Frontera y que ya ha perpetrado, según la Defensoría del Pueblo, varias masacres en la zona.

Con esos antecedentes, era de esperar que los vecinos que estaban ese día en el caserío creyeran que se trataba de un ataque o toma guerrillera. Por si fuera poco, instantes después aterrizó en el centro de la vereda un helicóptero de la Fuerza Aérea. Los habitantes se ilusionaron, porque representaba la esperanza de recibir ayuda en medio de las balas, pero luego vieron cómo algunos de los hombres vestidos con camisetas negras se acercaron para subirse o aprovecharon para cambiarse la ropa por su uniforme camuflado. También llamó la atención de la comunidad que los hombres que no estaban vestidos como soldados hablaron de forma muy cercana con los militares que se bajaron del helicóptero y que se cuidaron de no dispararle a la aeronave.

“Uno que era supuestamente de las Farc se acercó al helicóptero y le entregaron un bolso (…) y un uniforme, y se lo colocó por encima de la otra ropa. Ellos se secretearon ahí, y nos dimos cuenta del montaje”, le dijo una mujer a Vorágine, Cambio y El Espectador el 2 de abril, cuando los periodistas llegaron al Alto Remanso. Desde el Ministerio de Defensa han dicho que los soldados que rodearon el caserío eran de las fuerzas especiales y que se presentaron como tal.

¿El Ejército falseó el escenario para luego justificar un presunto combate entre sus hombres y los disidentes? Aunque esta pregunta ha sido negada por todos los comandantes militares que han dado declaraciones frente a la operación, también deberá responderla el ministro Molano en el debate de moción de censura de la Cámara y en el debate de control político en el Senado. 

Pappier, de Human Rights Watch, le dijo a Cambio que la ONG todavía está investigando esos hechos y tiene algunas denuncias al respecto, pero no ha “confirmado fehacientemente si el Ejército llegó de negro y no se identificó como Ejército”. Según él, “dependiendo de qué fue lo que realmente ocurrió y asumiendo que hay un conflicto armado, aquí pueden estar en juego varias consideraciones en materia de DIH. Primero, la obligación que tienen los actores armados es distinguirse de la población civil para evitar ponerla en riesgo. Y segundo, hay una posibilidad de que se haya cometido una infracción a la norma de perfidia que prohíbe engañar a la otra parte para poder, fraudulentamente o apelando a su buena fe, matar, herir o capturar a los combatientes de la parte contraria”.

5. Los capturados

Según el Gobierno, el día del operativo en la vereda Alto Remanso no solo murieron 11 disidentes de las Farc, también fueron capturadas 4 personas, calificadas de criminales por el ministro de Defensa y el mismísimo presidente de la República. 

Una de ellas fue Nohora Andrade, sobreviviente del combate y quien en un inicio fue presentada como miembro de las disidencias, detenida durante los enfrentamientos. El problema es que casi una semana después, la Fiscalía reconoció que Andrade no había sido capturada, y luego dijo lo mismo sobre otros tres heridos durante el operativo que para la opinión pública fueron puestos tras las rejas. Nunca hubo audiencias de legalización de capturas. 

“El componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo”, se lee en el comunicado de prensa que difundió la Fiscalía el martes 5 de abril, y que desmintió la versión del Gobierno. 

Juan Pappier, de Human Rights Watch (HRW), asegura que el ministro de Defensa les debe por eso una “explicación a los colombianos y una disculpa a las personas que tildó injustamente de ‘criminales’”.

Hasta el momento, sin embargo, ni Molano ni el Ejército ni la Presidencia de la República han rectificado esa información.

6. Más muertos que armas

Según el comunicado que el Ejército emitió el 29 de marzo, un día después del operativo, además de “la neutralización de 15 presuntos miembros del grupo armado organizado residual estructura 48, que harían parte de la Segunda Marquetalia” (11 muertos y cuatro capturados), en los hechos también resultó herido un soldado y se incautaron “seis armas de fuego, material de intendencia y munición”.

Surgen entonces algunas preguntas: si eran 15 los miembros de las disidencias, ¿por qué solo incautaron seis armas? Y si la operación se realizó en un centro de acopio de coca y los muertos y detenidos eran “narcocaleros”, ¿por qué no se incautó ni un kilo de cocaína?

¿Se irá el ministro?

El debate de moción de censura en contra de Diego Molano no se verá afectado por la decisión que el Tribunal Superior de Cundinamarca tomó el pasado 20 de abril, que de forma unánime anuló el decreto de su nombramiento como ministro por incumplir la Ley de Cuotas cuando llegó al cargo. De hecho, el fallo del Tribunal tampoco tiene efectos inmediatos y el Gobierno ya ha dicho que apelará esa decisión, pero como ese proceso puede tardar varios meses, es muy posible que cuando se resuelva Duque ya haya salido del Gobierno. 

¿Hay posibilidades de que prospere la moción de censura? 

Según ese mecanismo, contemplado en el artículo 135 de la Constitución, después de que el funcionario del Ejecutivo que se pretende censurar entregue todas las explicaciones que los congresistas pidan sobre los asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo, corre un plazo de máximo diez días para que el Senado y la Cámara de Representantes voten para decidir si la persona debe permanecer o no en el cargo.

Desde su creación, en 1991, esa figura nunca ha prosperado porque los funcionarios suelen renunciar antes de que se vote en el Congreso, o porque nunca se han alcanzado los votos necesarios en ambas cámaras.

De acuerdo con el programa Congreso Visible, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, hasta ahora el presidente cuyo gabinete ha enfrentado más mociones de censura en menos tiempo es Iván Duque. Con esta segunda citación a Molano, son ya nueve las mociones de censura que se han presentado en el Congreso en contra de sus ministros, seis de las cuales se han realizado a quienes ocupan el cargo de ministro de Defensa: Alberto Carrasquilla (ministro de Hacienda, 2018); Ángela María Orozco (ministra de Transporte, 2019); Guillermo Botero (ministro de Defensa, junio y octubre de 2019); Carlos Holmes Trujillo (ministro de Defensa, octubre de 2020 en ambas cámaras), Diego Molano (ministro de Defensa, mayo de 2021 y abril de 2022), y Karen Abudinen (ministra de las TIC, septiembre de 2021). 

Duque ostenta el récord. En sus ocho años de gobierno (2002-2010), los ministros del entonces presidente Álvaro Uribe enfrentaron diez mociones de censura (cuatro citaciones por mandato); César Gaviria (1990-1994) tuvo tres; Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002) recibieron cuatro cada uno, y Juan Manuel Santos (2010-2018) solo tuvo tres en ocho años.

Aunque la moción de censura, creada como parte del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas Legislativa y Ejecutiva, nunca haya prosperado, para el director de Congreso Visible, Felipe Botero, sí ha sido útil en el sentido de que llama la atención sobre los ministros que no están cumpliendo con sus funciones, los presiona políticamente y, de alguna manera, se constituye en un “juicio político” que luego puede verse reflejado en procesos electorales que benefician a los partidos que están la oposición.

En video: ¿Por qué es importante votar en las elecciones legislativas y no solo en las presidenciales?

“Yo siempre soy optimista, de lo contrario, no propondría mociones de censura. Siento que en algún momento los congresistas van a estar del lado de la ciudadanía, del lado de la verdad. Tengo la firme intención de que salga el ministro Molano de la cartera, pero que también respondan los altos mandos militares que dieron la orden”, le dijo a Vorágine la representante Katherine Miranda, una de las 36 citantes del debate de moción de censura. La carta también la firmaron, entre otros, los representantes María José Pizarro, Juanita Goebertus, Mauricio Toro, Jorge Gómez, Germán Navas Talero y Juan Carlos Lozada, y los senadores Jorge Enrique Robledo, Iván Marulanda, Sandra Ramírez, Alexánder López, Antonio Sanguino y Angélica Lozano Correa. 

A las 3 de la tarde, en el debate de control político del Senado, el ministro Molano deberá dar explicaciones junto con la directora del ICBF, Lina Arbeláez; el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro; el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y el fiscal general Francisco Barbosa, entre otros altos funcionarios.

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Acerca del autor

Laila Abu Shihab Vergara
Laila Abu Shihab es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una Maestría en Periodismo de la Universidad Torcuato di Tella y el diario La Nación de Buenos Aires (Argentina). Trabajó durante más de 10 años en la Casa Editorial El Tiempo y fue reportera y redactora de los periódicos La Nación, en Argentina, y Expreso, en Guayaquil (Ecuador). Fue periodista de CNN en Español entre 2016 y 2017 y dirigió el programa de crónicas y reportajes “Somos Región” del Canal Trece, durante 2019. Ha sido docente de los programas de periodismo de la Universidad del Rosario y la Universidad Externado, dictando talleres de crónica, reportaje y perfil; periodismo internacional y periodismo multimedia. Es coautora de "Sin habitación propia: crónicas sobre mujeres sin hogar de norte a sur", publicado en España en 2022. Mención de Honor en la categoría Periodismo en Profundidad del Concurso de Excelencia Periodística 2017 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por una investigación trasnacional realizada para CONNECTAS sobre el arte robado por los nazis que terminó en América Latina, y finalista en la categoría Mejor Serie Documental en los Premios TAL 2017, a lo mejor de la TV pública en América Latina, por la serie “La paz silenciosa”, producida para Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). Además de contar historias, ama nadar, el fútbol y el teatro. Es cofundadora y editora general de Vorágine.
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