14 de diciembre de 2021
El arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, firmó el 5 de marzo de 2019 un protocolo para prevenir abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia católica y establecer la ruta a seguir ante el conocimiento o la sospecha de casos de violencia sexual que involucren a sacerdotes.
El documento modifica un decreto del 2013 muy similar al que recién se conoce, y que recoge las fallidas estrategias que ha implementado la Iglesia católica a nivel mundial para hacerles frente a las denuncias que involucran a sacerdotes en casos de abuso sexual a menores.
Encubrir a curas pederastas es una práctica no decretada, pero común entre quienes dirigen la Arquidiócesis de Medellín. Vorágine y Connectas publicaron en noviembre pasado una lista de 43 curas denunciados por abuso sexual en Medellín, de los que solo tres han sido condenados por la justicia ordinaria y casi la mitad sigue ejerciendo el sacerdocio.
¿Qué dice el protocolo?
Varias de las prohibiciones que menciona el protocolo ya están tipificadas en el código penal: “Tener con los menores contactos físicos impropios”, “encerrarse en cualquier sitio con un menor de edad”, “suministrar alucinógenos, bebidas alcohólicas o tabaco a los menores” y “observar cualquier material con contenido pornográfico o de incitación sexual en compañía de un menor”.
El documento hace referencia también a la cooperación de la Arquidiócesis con las autoridades civiles ante el conocimiento de las denuncias: “por ningún motivo se intentará disuadir al denunciante, a la presunta víctima o a su familia de denunciar el caso ante las autoridades civiles”.
Sin embargo, entre las historias que reveló la investigación de Vorágine y Connectas, está la de Luisa, una joven que fue abusada sexualmente en el colegio San Marcos, de Envigado, por el capellán John Mario Cardona. Cuando denunció en la Arquidiócesis, una psicóloga la persuadió para que no lo hiciera ante la justicia ordinaria.
En otro apartado, sobre los derechos de las víctimas, el protocolo dice que “no se permite ningún acto orientado a desmotivar las denuncias. Se encuentra proscrito cualquier tipo de ofrecimiento de carácter retributivo orientado a desestimular las denuncias”. Pero la Arquidiócesis de Medellín ha silenciado varias veces con dinero las denuncias de violencia sexual que involucran a sacerdotes.
El documento deja claro que “se debe evitar cualquier forma de responsabilización (culpabilización) de la víctima en relación con los hechos que denuncia”. Pero el sacerdote y abogado de esa institución, Juan Diego Ruiz Arango, dijo durante un programa de televisión, que “hay situaciones de denuncias de pederastia de muchachitos donde los padres inducen a los niños para esa actividad”. El mismo Ruiz Arango fue denunciado por un exmonaguillo que lo acusó de emborracharlo para abusarlo.
A pesar de que el protocolo habla de que cuando exista una denuncia verosímil el arzobispo tendrá que suspender al sacerdote, en el caso de Juan Diego Ruiz el arzobispo hizo todo lo contrario: lo promovió de la parroquia Santa María Magdalena en el barrio Carlos E. Restrepo a Santa Juana de Arco en La Mota.
Como a Ruiz, el arzobispo Ricardo Tobón ha encubierto, y sigue encubriendo, a decenas de sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual, mientras que en privado les pide perdón a los sobrevivientes. Y muy a pesar de este protocolo, que él mismo firmó.
