¿Por qué ponerles advertencias a los alimentos sobre su contenido ha sido tan difícil en Colombia?

En Colombia se está dando la pelea para que los comestibles chatarra tengan etiquetas de advertencia si son altos en sodio, azúcares, calorías o grasas saturadas. Aunque este etiquetado ya se ha implementado en países como Chile, Perú, Uruguay y Argentina la influencia de la industria de ultraprocesados en nuestro Congreso parece ser muy fuerte.

1 de diciembre de 2020

Por: Pacho Escobar y Juan Pablo Barrientos / Ilustraciones: Camila Santafe

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades crónicas no transmisibles generan las principales causas de muerte en Colombia. Dentro de esas enfermedades están el cáncer, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, los problemas renales y cardíacos, entre otros. Los decesos son alarmantes, el promedio es de 472 personas por cada 100.000 habitantes, un rango que sobrepasa los del área andina. Otro dato impactante es que la obesidad y el sobrepeso están presentes en el 61% de las mujeres y en el 56% de los hombres del país. Ante dichas alarmas desde hace varios años organizaciones de la sociedad civil y unos pocos congresistas se dieron a la tarea de sacar adelante acciones que ayuden a los colombianos a tomar mejores elecciones a la hora de alimentarse.

Una de estas acciones es que en Colombia se adopte la medida del etiquetado frontal para advertir si un producto es alto en azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías. Una bebida o comestible podría tener, incluso, los cuatro avisos, o simplemente uno, siempre dependerá de su composición. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de hecho conminó a los Estados a “adoptar medidas, en particular mediante la educación, la información y la reglamentación sobre el etiquetado, destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado de alimentos, que puede conducir a la malnutrición, a la obesidad y a enfermedades degenerativas”.

Pero en este país poder llevar esto a cabo ha sido una odisea. Todo indica que se mueven grandes intereses que han impedido hacerlo posible.

Según un reportaje de La Liga Contra el Silencio “Ya antes naufragó el intento por regular la publicidad dirigida a niños y adolescentes, tanto en televisión como en entornos escolares, de productos ultra procesados (papas fritas, chicles, cereales, chocolates y gaseosas, entre otros). Y en junio de este año fracasó, parcialmente, el proyecto de la llamada ‘ley de comida chatarra’, centrada en simplificar la información nutricional de empaques de alimentos altos en calorías y poco nutritivos. La ley fue aprobada en junio, pero luego de pasar por el bisturí de parlamentarios sintonizados con los intereses empresariales, como el hoy presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Chacón, o Samuel Hoyos, del Centro Democrático. El texto salió despiezado y sin sustancia: se eliminó la posibilidad de un nuevo modelo de etiquetado claro y simple, que reemplazara al actual GDA (cantidades diarias orientativas)”.

Las GDA son las Guías Diarias de Alimentación. Estas las encontramos en la parte trasera de los productos en Colombia, donde se le dice al consumidor en porcentajes bastante técnicos el contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías que estos traen, entre otros datos. Pero vale la pena recordar que estas tablas fueron hechas en los años noventa, teniendo como objeto de estudio a una mujer de 30 años, deportista y caucásica. Nada qué ver con la mayoría de los colombianos. 

El proyecto de ley sobre el etiquetado en Colombia lo empezó a preparar el médico y hoy senador Juan Luis Castro (Alianza Verde), apoyado por colectivos y movimientos ciudadanos como Educar Consumidores y Fian Colombia. El proyecto ha tenido demasiadas trabas. De tanto insistir, Castro logró crear una bancada de salud, juntando a más de 40 congresistas y con un empujón positivo la ponencia quedó a cargo del representante Mauricio Toro, quien igual que Castro se metió de lleno en la tarea de convertirlo en ley. Por lo pronto el proyecto está a la espera de presentación de ponencia en Comisión Séptima del Senado, en lo que sería su tercer debate.

La posición de los pro etiquetado

Según el senador Juan Luis Castro, quien además es médico y magíster en Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte, Colombia tiene un problema grave respecto de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que no solo genera muertes y enfermos a granel, sino que para atenderlos se ha tenido que sobrecargar al sistema de salud en materia económica. El médico advierte que muchos de estos problemas, como la obesidad o las enfermedades renales, por ejemplo, se pueden aminorar con dietas adecuadas y las mejores siempre serán las que tengan un bajo contenido de azúcar, sodio, grasas y calorías. “El factor más importante y determinante en la salud es la dieta, no el ejercicio”, sentencia el senador. En el mismo sentido Castro trae a colación las muertes que se han presentado en Colombia por covid-19, donde el 80% de quienes fallecieron no pudieron pelear contra el virus debido a sus comorbilidades. “El etiquetado frontal es necesario para que los papás sepan de verdad qué les conviene a sus hijos”, dice el congresista.

Para la nutricionista dietista Mercedes Mora Plazas, profesora de las universidades Nacional y Javeriana de Bogotá, se tiene que romper una peligrosa cadena: la oferta que lleva al consumo, el consumo a la obesidad, la obesidad a la diabetes, y la diabetes a múltiples enfermedades o la muerte: “Lo que se quiere es informar a las personas que lo que se están comiendo tiene elevados contenidos de sodio, grasa saturada y azúcar, para que la gente tome su decisión”. La profesora Mora insiste en diferenciar productos de alimentos, siendo este último aquel que tiene la matriz alimentaria, es decir, el alimento en su forma natural. Y la clave en esa diferencia son los sellos de advertencia “para informar a los consumidores acerca del contenido nocivo de algunos nutrientes en los productos”.

El representante a la Cámara Mauricio Toro (Alianza Verde) asegura que esta iniciativa se debe a una sociedad que ha cambiado y que exige que la industria sea más transparente, como sucede en otros países. Según Toro es posible que el rechazo de las compañías de bebidas azucaradas y productos comestibles hacia este proyecto de ley se deba a que piensan tan solo en su rentabilidad, en generar cientos de millones de dólares de ingresos y no en la salud de quienes los sostienen, los consumidores. “Les puede salir mejor que se dediquen a generarle valor a la marca con productos realmente sanos, que oponerse hacia donde va el mundo, que es alimentarse de manera sana”, dice Toro, pero además es enfático en asegurar que la industria utiliza ingredientes ultraprocesados porque son baratos a la hora de producir en masa, sin advertir que causan daños. “Nos están matando”, afirma el congresista. 

Los que no están del todo a favor

En la otra orilla están los que no ven conveniente el proyecto o no están del todo de acuerdo. Entre ellos se encuentra Gabriel Vallejo (Centro Democrático), quien asegura que el proyecto de etiquetado tiene dos finalidades: “estigmatizar a la industria de alimentos y restringir la libertad de elección de los consumidores”. Para Vallejo las medidas que trae el proyecto desestimularían el consumo de alimentos y a la propia industria. De hecho, el nombre de Vallejo aparece en casi todas las proposiciones que se hicieron tanto para modificar el articulado como para eliminar artículos. “Hemos logrado hacer unas mejoras sustanciales al proyecto, garantizando la libertad de los ciudadanos. Los ciudadanos son libres de elegir su proyecto de vida y de tomar sus propias decisiones”, afirma Vallejo, quien paradójicamente votó para que se archivara el proyecto de ley que pretendía regular el consumo de marihuana recreativa, negando la libertad para que los colombianos tomen sus propias decisiones. Sin embargo, Vallejo le aseguró a Vorágine que él está a favor de que se legalicen todas las drogas, pero cree que Colombia todavía no está preparada para eso. 

El representante Jairo Cristancho, quien también es médico, asegura que el etiquetado no es lo importante, sino la educación. “Con el etiquetado no pretendemos cambiar el mundo ni impedir la obesidad. Es uno de los factores que incide, pero es un factor dentro de cuatro o cinco que son muy importantes”, dice el congresista, quien insiste que las medidas que debe tomar el Estado son las de educar más a los papás y reforzar con el trabajo de entornos saludables, como lugares públicos donde la gente haga más ejercicio. Es de anotar que tanto los congresistas que han pedaleado el proyecto como las asociaciones de las sociedad civil coinciden en decir que les parece que el representante Cristancho es uno de los que más se ha opuesto tanto al etiquetado como al impuesto a las bebidas azucaradas, en su momento. 

A pesar del llamado que el congresista les hace a los padres para educar a sus hijos, estos han encontrado todo tipo de obstáculos para hacer pedagogía en las grandes cadenas de televisión. La ingeniera industrial Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de la corporación Red PaPaz, recuerda cómo la industria intentó censurar, hasta por la vía judicial, la campaña No coma más mentiras:  “Es como si estos temas estuvieran vetados y no pudiéramos avanzar con estas políticas en Colombia”.

Las componendas han sido tan poderosas, cuenta Piñeros Ospina, que tanto la industria como los congresistas que rechazan el etiquetado, ya no se van tan de frente contra estos temas, sino que utilizan herramientas dilatorias para que la ley no llegue a feliz término. La representante de Red PaPaz cuenta cómo hace poco un congresista pidió escuchar otras opiniones en una audiencia pública, a la que fueron solo los dos congresistas ponentes. Ni el representante que pidió la audiencia, ni los otros miembros de la comisión, ni sus equipos de las unidades legislativas se hicieron presentes.

“Lo veo difícil, la política lo sorprende a uno, hoy con qué nos van a salir, siempre se inventan algo para dilatar”, dice Piñeros, quien es la más interesada en que se logre una ley de etiquetado pero a su vez es la más pesimista.

¿Hay maniobras para modificar y tumbar el proyecto?

Según el senador Juan Luis Castro en la Cámara de Representantes “cercenaron y mutilaron” el más reciente proyecto de ley de etiquetado. De hecho, en el informe final del proyecto se pueden leer 35 proposiciones entre modificaciones y eliminación del articulado. Para Castro, las peores heridas que dejaron casi muerto al proyecto se centraron en la imposibilidad de poder incluir etiquetas de advertencia en miles de productos y en poder alertar en la publicidad que se emite tanto en los empaques de los productos como en los comerciales para ofrecerlos en medios de comunicación.

En ese mismo sentido, el representante Mauricio Toro asegura que quienes han estado en contra de leyes que pretendan regular el universo de las bebidas azucaradas y de los comestibles altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías, han hecho de todo para que Colombia no dé un paso adelante. “Primero recurren al miedo, dicen que si se aprueba el proyecto la industria se cae y que se van a perder miles de empleos. Han dicho que esto es una estrategia global de los partidos de izquierda”, dice Toro.

La corporación Red PaPaz ve difícil la aprobación del proyecto de ley porque básicamente el gobierno se opone. Carolina Piñeros cuenta cómo en el tema de la comida chatarra la batuta la suele llevar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y no el de Salud. Incluso, Piñeros recuerda cómo en 2013, cuando se estaba discutiendo el proyecto de obesidad, el entonces viceministro de salud le dijo en su despacho que era imposible que el proyecto pasara porque la industria no lo permitía y ejercía una presión muy fuerte. Hoy ese viceministro es el Ministro de Salud, Fernando Ruiz. De ahí el pesimismo de Piñeros.

El contenido de esa anécdota no ha cambiado mucho siete años después. La industria es tan poderosa como antes y tiene todas sus fichas bien puestas en el Congreso de la República. Para la profesora Mercedes Mora es inaudito que quienes van a ser regulados participen de la regulación, y eso explicaría las trabas en el trámite legislativo: “Ellos están dentro del problema pero no admiten la solución, no es lo natural, no es lo lógico que el que va a ser regulado participe en la regulación”, dice Mora Plazas haciendo referencia al cabildeo de la industria en todas las instancias públicas. La experta también lamenta que haya congresistas que no acepten la evidencia científica, situación que termina beneficiando a quienes no quieren implementar las medidas de etiquetado.

El artículo sobre los comestibles ultraprocesados

Uno de los artículos más sensibles y que lograron modificar quienes no han visto con buenos ojos el proyecto, fue el tercero. En suma, el debate se dio entorno a la palabra o el concepto de ultraprocesado. 

Según la OPS: “Los alimentos ultraprocesados son formulaciones industriales principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos, además de aditivos y cosméticos que dan color, sabor o textura para intentar imitar a los alimentos. Estos productos están nutricionalmente desequilibrados”. Y en esta definición han estado muy de acuerdo los congresistas Toro y Castro, así como varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Educar Colombia y Red PaPaz. 

Una investigación colombiana publicada en la revista Nutrients en la que participó la profesora Mercedes Mora y que se repitió dos años después, en 2019, arrojó unos hallazgos preocupantes. Los investigadores tomaron 13.000 fotos de productos alimenticios en estantes de tiendas y supermercados de Bogotá, una foto por producto, para evaluar si este era saludable o no según los estándares de la Organización Panamericana de la Salud. El 80% de los productos no pasó el examen.

De hecho, Castro advierte que según los estudios que sustentan su posición los productos ultraprocesados son todos aquellos a los que se les han adicionado ingredientes artificiales para darles color, sabor o durabilidad, pero que no aportan ningún beneficio a los seres humanos. En la misma orilla está Mauricio Toro, quien es incisivo al advertir que a un producto ultraprocesado no se le puede llamar alimento, sino que es un comestible; comestible que para él y los argumentos que ha consultado no es bueno para la salud de las personas. Los dos también coinciden en que al haber modificado este artículo lo que pretenden “quienes defienden a la industria y no a los ciudadanos” son dos cosas: la primera, evitar que miles de productos tengan que ser etiquetados; y la segunda, dejar que el que tiene que ser regulado, entre a regularse. “El Gobierno debe regular con material científico a la industria que no ha dado el paso a productos saludables, pero no, acá se está dejando que la industria dicte sus propias leyes”, dice Toro. 

Vallejo y Cristancho, quienes estuvieron detrás de la modificación, tienen otra perspectiva del concepto de ultraprocesado. El argumento en la ponencia fue: “El concepto de ultraprocesado pertenece a una clasificación no avalada internacionalmente y controvertida dentro de la ciencia de los alimentos, por lo que no puede ser adoptada como verdad absoluta en nuestro sistema jurídico. El hecho de que un alimento sea ultraprocesado no quiere decir que sea altamente calórico. En ese orden de ideas no existen por sí mismos alimentos buenos o malos sino dietas buenas y malas y lo que es dañino es un consumo constante de alimentos que excedan el nivel calórico diario recomendado para la dieta que es de 2.000 calorías”. 

Al ser preguntado por este punto el congresista Gabriel Vallejo dijo: “El problema del término ultraprocesado es que desafortunadamente el mundo científico no se ha puesto de acuerdo en estos términos. El término ultraprocesado en la forma en que lo estaban definiendo en el proyecto de ley creemos que era equivocado, una clasificación que no es aceptada universalmente. Voy a ponerte un ejemplo: la leche UHT, es una leche ultra procesada con un proceso de temperaturas como tal y hay productos ultraprocesados por su proceso como tal de complejidad. El término ultra procesado realmente consideramos que no era conveniente y nos pusimos de acuerdo. Entonces lo que hicimos es dejar a las autoridades sanitarias, a las autoridades del Estado para que reglamenten y clasifiquen (sic)”.

Por su parte el representante Jairo Cristancho argumentó: “Consideramos nosotros como legisladores, y es mi punto de vista, que no podemos someternos a una sola clasificación sabiendo que hay como 5 o 6 calificaciones a nivel mundial. Entonces lo que se manifestó fue que estos productos, los cuales tuvieran un proceso, debían tener un manejo especial, es eso, que la palabra ultraprocesados estaba únicamente definida en un tema de una clasificación, y en la cual no estábamos de acuerdo que se dejaran generalidades. Eso fue el tema y por eso se eliminó. Lo que yo considero es que encontramos, dentro del estudio que hicimos, pues encontramos que había diferentes clasificaciones, y únicamente una determinaba al criterio de ultraprocesados. Entonces consideramos que no era pertinente (sic)”.

Respecto a este punto, una de las fuentes consultadas, quien prefiere guardar su identidad, aseguró que muchos de los argumentos de los congresistas son un copy-paste de documentos que les suministran los lobistas de empresas que podrían ver afectada su operación por este tipo de proyectos. “Incluso, en el debate en plenaria de Cámara del proyecto sobre etiquetado, los congresistas Vallejo, Cristancho y Garcés presentaron proposiciones copiadas del concepto que había enviado la ANDI al Congreso, el que quiera los puede comparar”, asegura la fuente.

“Es normal que la industria quiera defenderse, pero los funcionarios se deben a un mandato del pueblo, no a intereses particulares”, advierten desde Red Papaz.

Los sellos octagonales

El proyecto de etiquetado en Colombia sugiere que se manejen las siguientes especificaciones: que sean sellos con forma octagonal, fondo negro y leyenda en letras blancas. Lo anterior porque diferentes estudios han demostrado que esta simbología tiene mayores efectos a la hora de alertar al consumidor antes de tomar una decisión de compra. De hecho, hace un mes se reveló un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana (publicado en la revista Nutrients), el cual encontró que los sellos octagonales disuaden a las personas mucho más que los sellos triangulares, circulares o de código de barras. En específico, de las 1.997 personas encuestadas el 49% aseguró que los sellos octagonales los alertaba a la hora de consumir comestibles ultraprocesados, mientras que el 27% escogió los triangulares y el 21% los circulares.

Al respecto, el representante Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, dijo: “Eso no sirve para nada. En las cajas de cigarrillos le ponen unas fotos pavorosas de cáncer y mutilado, ¿sabe qué hace mi mamá? Mi mamá le pone un esparadrapo a esa foto. Realmente los etiquetados frontales, en mi opinión, no sirven para nada. Al final el consumidor, el que quiere consumir un alimento, en su decisión autónoma y libre lo hace con etiquetado o sin etiquetado, con advertencia de azúcares y grasas o sin eso. Yo creo que ese tipo de medidas obedecen a agendas de políticas internacionales, que terminan restringiendo las libertades de los ciudadanos. Logramos acuerdos entre el gobierno, la industria y las oenegés. Por lo menos logramos no estigmatizar la industria de los alimentos, que es lo que más me preocupa, como si la industria tuviera la culpa de producir gaseosas azucaradas”. 

A su vez, el congresista Jairo Cristancho, del Centro Democrático, afirmó: “Yo creo que la información y el etiquetado en muchas partes del mundo se ha aprobado ya. Y lo han hecho de diferentes maneras; que un tercio del paquete, que un cuarto del paquete, que en cuanto a tamaño, que octagonal, que cuadrado, que con color (…) Aquí lo importante es que la información sea clara, que las personas lean qué van a consumir y si una vez, al leerlo, consideran que, a pesar de eso, lo quieren hacer, pues ya eso se llama una responsabilidad y eso ya es algo muy personal. Yo estoy de acuerdo en la forma en que salió de la Plenaria, fue debatido en la Comisión Séptima, después salió para Senado”.

Pero tras la pelea de poner o no sellos octagonales, congresistas, industria, agremiaciones industriales y organizaciones de la sociedad civil armaron otra batalla por lo que han llamado “sellos positivos”. Estos consisten en la autopublicidad que vemos en los empaques, donde por ejemplo dentro de un logo llamativo se lee “Fortificado con hierro”, “Fortificado con Vitamina C”, “Con Zinc”, etc. 

El proyecto de ley en principio solicitaba que si un comestible tenía componentes ultraprocesados y como tal debía llevar los sellos de advertencia, no podía traer sellos llamativos para atraer al cliente. Según los congresistas Juan Luis Castro y Mauricio Toro la industria podría, en esos casos, hacer pequeñas jugadas como destacar más los “sellos positivos” que los sellos octogonales de advertencia. “Por ejemplo, le dicen a usted que un producto es alto en hierro, componente que se lo han adicionado además artificialmente, pero súmele a eso que lo sobreexponen más en el paquete para que la advertencia de alto en azúcar pase desapercibida”, dice Toro. Mientras que Castro cita otro posible caso que podría ocurrir: “Esto de los ‘sellos positivos’ tiene otro elemento. Muchas megaindustrias lo que hacen es ofrecer regalos a los niños que vienen en los paquetes. No sé, por ejemplo le dan un muñeco de la última película de Disney, y el regalo lo trae o encima de la advertencia de que es alto en azúcar, o en otro lado para atraer la mirada hacia allá y los papás, ante la petición de sus hijos, se lo terminan comprando”.  

En la otra orilla han estado los congresistas Christian Garcés, Gabriel Vallejo y Jairo Cristancho, quienes pidieron una profunda modificación al artículo cinco del proyecto, que tenía que ver con el tema de la publicidad, sellos positivos y advertencias. Entre los argumentos presentados estuvo que: “No hay ninguna razón para prohibir que los alimentos cuyos empaques deban incluir uno o varios sellos frontales de advertencia no puedan hacer declaraciones nutricionales. De hecho, esto va en contravía del espíritu de la norma que apoyan sus autores y promotores (…) Para aquellas personas que tengan alguna carencia de nutrientes que deban ingerir de conformidad con las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes o para quienes requieren saber si un alimento les genera algún efecto positivo en salud o para aquellos que tienen alguna condición en salud por la cual deben evitar la ingesta de un nutriente, las declaraciones nutricionales son claves. Por tanto, vemos que su prohibición no toma en consideración el objetivo del proyecto de ley y simplemente reitera la connotación negativa a los alimentos y bebidas que tengan algún proceso industrial (sic)”.

Eliminar el artículo 9, sobre la publicidad 

Otro de los caballos de batalla de los legisladores Carlos Eduardo Acosta, Gabriel Vallejo, José Eliécer Salazar, Jairo Cristancho, Julián Peinado, Christian Garcés y José Daniel López es su protección a la libertad de empresa y de la libre competencia, por lo que propusieron la eliminación por completo del artículo 9, que en suma tenía que ver con la restricción de la publicidad de comestibles que tengan altos ingredientes de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías, específicamente en horarios prime y familiares. Dentro de sus argumentos estuvo que: “La prohibición a la publicidad es una medida desproporcionada para alcanzar los fines requeridos, más aún cuando dichos alimentos cuentan con autorización estatal para ser comercializados. Además, es sumamente invasivo y violatorio de las diferentes libertades y derechos que involucran tanto a la industria como al consumidor”.  

En consecuencia el representante Vallejo le dijo a Vorágine: “¡Esa era la tapa! Eso ya era el colmo, prohibir la publicidad de alimentos, de bebidas en ciertos horarios, creyendo que eso lo que hace es desestimular el consumo en el mismo. Primero, la decisión no la toma el niño sino el papá y la mamá. Ellos ven (las oenegés) un monstruo de las 12 cabezas en el mercadeo y el neuromarketing. Esto es un atentado contra un derecho, contra un pilar fundamental de un país como el nuestro en una democracia liberal, que es la libertad de información. El problema no es la pauta. No es el comercial del cereal; que claro, es bonito y el niño dirá: ‘¡papi, cómprame ese cereal!’. El papá se lo comprará y el papá tendrá la obligación de dosificarlo de tal manera que no sea perjudicial para su salud. Ese artículo era perverso. Yo creo que hasta inconstitucional porque, insisto, sin antecedentes en Colombia. En mi época a los Yupis, a los chitos les daban unos muñequitos del Chavo del 8, y yo era feliz porque los compraba. Yo crecí con eso y no tuve ni problemas de obesidad, ni problemas cardíacos. Ahí no logramos consenso y ese fue un inamovible nuestro en la discusión del proyecto de ley y, por fortuna, lo eliminamos”.

El testimonio personal del representante Vallejo es la excepción, y no la regla, pues muchos de los productos que menciona tienen altos nutrientes críticos, es decir, que su alto consumo a largo plazo se ha relacionado con la aparición de enfermedades crónicas, que duran mucho tiempo, “enfermedades que están relacionadas con el 75% de las muertes. El consumo de estos productos produce obesidad y la obesidad se relaciona con la diabetes y la hipertensión, y estas con muchas otras enfermedades. Una mamá se gasta todo lo que se gana para comprar un jugo que de jugo no tiene nada y un cereal que de cereal no tiene nada. Es publicidad engañosa, que sea claro para el consumidor”, advierte la profesora Mora Plazas.

¿La industria pasó de ser regulada a autorregularse?

Quienes han estudiado este álgido tema hablan de la intromisión soterrada de las empresas con sus miles de millones dentro de la regulación de sus actuaciones. Aunque Juan Luis Castro y Mauricio Toro advierten que antes se podía evidenciar el lobby rampante en las oficinas, pasillos, salones y ágoras del Congreso, ahora debido a la pandemia y a la virtualidad ha sido más difícil de percibir y probar. No obstante, uno de los miembros de la UTL de Castro asegura que cuando se comparan los argumentos que ha emitido la industria respecto de las posiciones de los senadores que los respaldan, estos son idénticos. Uno de los ejemplos que ponen es que la ANDI y Fenalco han estado a favor de que en este proyecto de ley se incluya al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que siente su posición sobre su viabilidad o no. Para Castro y Toro, esto significa que un proyecto que busca la protección en salud de los colombianos termina por resolverse en la cartera que vela por lo económico. Vorágine buscó la posición de la ANDI a través de Camilo Montes y de Fenalco a través de Jaime Alberto Cabal, pero los dos después de haber contestado directamente solicitaron que todo se hiciera a través de sus secretarias, quienes finalmente, hasta el cierre de este reportaje, no enviaron respuesta alguna. 

Sobre la intromisión del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo Cristancho dijo: “Nosotros en algún momento dijimos: ‘venga hagamos una gran audiencia en la plenaria y en la Cámara, escuchemos al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Salud, escuchamos a Red PaPaz a todas esas oenegés que, entre comillas, pretenden alimentación sana. Esto al final de cuentas todo el mundo debe dar su punto de vista para sacar la mejor conclusión. Nosotros estamos de acuerdo en que se autorregule. Que en horarios infantiles no haya el famoso llamado a que: ‘vengan esto tiene la súper energía para que sea el súper campeón’, no, tampoco. Pero, tampoco podemos restringir la publicidad (sic)”. 

A su vez Vallejo sentenció: “¡Claro! En estos temas el Estado es uno solo y deben participar las entidades que tienen relación con el tema de alimentos, en el caso del Ministerio de Salud. Pero recordemos que nosotros tenemos intercambio de bienes y servicios con países en donde la industria son actividades lícitas, la cartera del Ministerio de Comercio es esencial. Es fundamental porque el Ministerio deberá prever, deberá procurar de no violar principios constitucionales, en evitar que se violen tratados internacionales y evitar que el sector y el aparato productivo del país, a veces con ciertas leyes de la República, pues se termine afectando, violando un principio fundamental de nuestra democracia liberal, que es el artículo 333, que es el de la libertad de empresa (sic)”. 

¿Dilatan o no dilatan?

Este proyecto de ley ha pasado por todas las esferas. En el pasado se ahogó tres veces, pero las organizaciones de la sociedad civil han seguido de pie. Ahora ya pasó a Senado y aunque sufrió una metamorfosis es posible que se llegue a un consenso. Sin embargo, Mauricio Toro teme que se siga dilatando su curso y los tiempos no le sean favorables. Cuentan con apenas siete meses para que se apruebe o vuelva a naufragar. Juan Luis Castro da un ejemplo de lo que en su íntima convicción cree que se hace en el Senado para dilatar los procesos: “Recuerdo que el proyecto ya había pasado a la plenaria de la Cámara, entonces se armó una asonada con el tema de la presencia de Jesús Santrich en el Congreso. La sesión la levantaron bajo esa excusa. Una señora de esas se puso a llorar, a decir que Santrich no debería estar en la Comisión Séptima, que eso era una ofensa, que una cosa y la otra. Entonces nos dimos cuenta que eso era debido al proyecto. Era para no discutir el proyecto”. 

Respecto de este tema, Jairo Cristancho, quien era presidente de esa comisión, se defendió y dijo: “¿Ustedes creen que yo voy a cuadrar el día que llegó Santrich al Congreso? No puede ser. Uno se siente como perseguido. A mí Red PaPaz me hizo un matoneo (…) igual que un pool de abogados. ¿Que si yo tenía programado porque llegó Santrich? Nadie lo tenía programado, nadie. Entonces me parece una falta de respeto con los otros congresistas”. Tal vez no podía prever la llegada de Jesús Santrich, pero tal parece que violó el reglamento del Congreso al levantar la sesión, por ese hecho el Colectivo José Alvear Restrepuso interpuso una queja disciplinaria ante la Comisión de Ética de la Cámara.

Mauricio Toro asegura que para poner a agonizar el proyecto “también han recurrido en cada debate a pedir audiencias públicas y estas por protocolo nunca se niegan. Lo que hacen es fijar fechas de audiencias públicas y cancelarlas el día señalado. O decir que necesitan otra audiencia porque un sector no fue escuchado. La otra estrategia es aplazar el debate porque dicen que no han tenido tiempo de estudiar el proyecto, ¡pero lo han tenido en sus manos durante los dos últimos años!”. 

Respecto del posible conflicto de intereses de los congresistas, Vorágine les preguntó a Gabriel Vallejo y a Jairo Cristancho si sus campañas para llegar a legislar fueron patrocinadas de algún modo por empresas productoras de bebidas azucaradas o de comestibles. La respuesta de Cristancho fue: “Ya quisiera yo. En Casanare ni siquiera llegan a ofrecernos una gaseosa. Yo soy del Casanare. De pronto pasa con algunos congresistas del Valle, de Antioquia, de Bogotá, pero en Casanare nos toca de vereda en vereda dando aguas si acaso y con nuestros propios recursos. Nunca recibí el aporte de ninguna de esas empresas. Tengo la conciencia tranquila”.

Así mismo, esto dijo Vallejo: “No tuve ningún financiamiento en mi campaña como congresista, sé que a mi partido le llegan aportes de diferentes sectores. Seguramente, al partido Centro Democrático le llegan aportes de diferentes sectores económicos, dentro de los cuales, posiblemente, están los sectores de alimentos y bebidas. Pero, en el caso individual, no recibí para esta campaña ningún tipo de financiación proveniente de esa industria”.

Vorágine también les preguntó a Gabriel Vallejo y a Jairo Cristancho si han participado en los famosos congresos y eventos que realizan la ANDI y Fenalco en ciudades como Cartagena, donde varias fuentes han inferido que se tejen varias de las telarañas que enredan este tipo de proyectos. A esto respondió Cristancho: “Yo la verdad he ido a varios congresos invitado como conferencista. En este momento no sabría decirte si fue del uno o del otro. Generalmente voy invitado. Incluso, cuando fui médico ginecólogo, en todo el país dicté charlas de maternidad segura, de código rojo. Yo soy una persona que siempre ha actuado de buena fe y jamás, ni por un pasaje ni por una invitación me dejaría cambiar mis creencias o lo que yo opino”. 

Mientras que Vallejo aseguró: “Invitado sí, claro. Me invitan a los congresos de la ANDI, Fenalco, la Cámara Colombiana de la Construcción. Digamos, yo participo en información como congresista en los congresos y las actividades del sector empresarial al cual represento también y no me da verguenza decirlo: yo represento, más que a los empresarios, a la libre empresa. En eso quiero ser también claro”.

Vorágine buscó a Elisa María Cadena Gaona, subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud: “Para este proceso, por favor le escribes a Ricardo Ángel”, nos dijo. Pero el funcionario, quien aparece como integrante del equipo de prensa del Ministerio, no respondió ni el correo de su jefa ni el del periodista que le quería preguntar por la posición del Ministerio, que es en últimas la posición del Gobierno.

NOTA: Este reportaje se realizó con el apoyo de VITAL STRATEGIES y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

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Acerca del autor

Pacho Escobar
Pacho Escobar es comunicador social de la Universidad del Cauca. Realizó un posgrado en Periodismo en la Universidad de los Andes. Trabajó como estratega en la campaña a la presidencia de Antanas Mockus. Estuvo en los primeros dos años de la revista digital Kien&Ke. Trabajó durante los primeros tres años de la revista digital Las 2 Orillas. Trabajó en el proyecto periodístico Pirry Sin Censura, del Canal RCN, su contenido digital fue merecedor del Premio India Catalina. Trabajó tres años en La W (W Radio) como su editor web. Hoy es uno de los cofundadores de Vorágine. A Pacho Escobar lo levanta preguntar y lo desvela escribir.
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