Puerta giratoria, una práctica de exministros

Vorágine identificó los casos de al menos cuatro exministros del gobierno Santos y una del gobierno Duque que habrían violado el Estatuto Anticorrupción. Pese al impedimento legal para saltar al sector privado durante los dos años siguientes a su renuncia, los exfuncionarios hicieron caso omiso de la prohibición y son ejemplo del fenómeno de la puerta giratoria.

12 de julio de 2021

Por Juan Pablo Vásquez / Ilustraciones: Angie Pik

Para la elaboración de este reportaje  —que en un punto parecía destinado a no ser más que un intento fallido— se realizaron múltiples entrevistas a expolíticos, políticos en ejercicio, burócratas, veedores, académicos, activistas y periodistas sobre el fenómeno que se conoce como “la puerta giratoria”. Esta práctica, que ocurre no solo en Colombia y es más habitual de lo que parece, tiene lugar cuando un funcionario de una entidad pública abandona su cargo y, gracias a los conocimientos adquiridos y la información privilegiada a la que tuvo acceso, migra para hacer negocios en el sector privado. Sin embargo, al interpelar a los diferentes entrevistados, salvo contadas excepciones, no lograban señalar específicamente el quién, el cuándo y el cómo de este tipo de casos. Es decir, se admitía la existencia de un proceder cuestionable, pero su autor difícilmente aparecía en la ecuación. Por momentos parecía estar en presencia de lo que coloquialmente se denomina “un secreto a voces”.

Antecedentes

Es necesario resaltar que la puerta giratoria está sancionada legalmente. No de forma absoluta, pero sí parcialmente. La Ley 1474 de 2011, también conocida como Estatuto Anticorrupción, fue el más reciente esfuerzo por poner un cerrojo, cuando menos temporal, a esa práctica. Entre su centenar de artículos se incluyeron unas prohibiciones que fijaron un término que pospone el salto que puede dar un exfuncionario al mundo empresarial. La norma estipuló que la persona que renuncie a su puesto como servidor público no podrá prestar “servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por dos años después de la dejación del cargo”. Y dicha disposición aplica respecto de compañías y sociedades que hayan estado “sujetas a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado”.

La situación más clara y útil para retratar a qué se refiere la norma es la misma motivación que llevó a su promulgación. Tres exministros del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe Hernán Martínez, Luis Guillermo Plata y Jaime Bermúdez—, a tan solo unos meses del cambio de gobierno tras la elección de Juan Manuel Santos en 2010, se vincularon a las juntas directivas de importantes multinacionales. Pese a que dicho proceder era entonces vedado por el Código Disciplinario de 2002, cuya restricción era de un año y no de dos para pasar del sector público al privado, todo indicaba que era un mero formalismo porque materialmente no generaba ninguna consecuencia. De hecho, ninguno de los exministros fue investigado ni sancionado. Allá llegaron con información privilegiada, allá se quedaron y no pasó nada.

En ese contexto nació la prohibición contenida en el Estatuto Anticorrupción, que, en franca lid, sólo dobló el tiempo de espera que se les exige a los exfuncionarios para vincularse con empresas que tuvieran relación con la entidad que presidían. Aunque de entrada, cuando se radicó el proyecto en el Congreso, se planteó un aumento del término de uno a tres años, este quedó finalmente en dos. De esta forma se creía que se atajaría en buena medida el tráfico de intereses que muchas veces supone la puerta giratoria.

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Gobierno de Juan Manuel Santos

Más de 40 personas pasaron por el gabinete ministerial en los ocho años que Juan Manuel Santos ocupó la Casa de Nariño. Fue en su periodo como presidente que se expidió el Estatuto Anticorrupción y fue su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien después se encargaría del Ministerio de Vivienda y de la Vicepresidencia, el responsable de liderar la iniciativa en la Cámara de Representantes y el Senado. Incluso, para promover la propuesta y generar una sensación de que era indispensable darle trámite, no le importó señalar abiertamente al gobierno antecesor. Fue él quien con más vehemencia criticó a los tres exministros de Uribe. Todo se valía con tal de conseguir los apoyos requeridos para lograr la aprobación del Estatuto.

El país puede tener la certeza de que los instrumentos por sí solos no terminan generando resultados positivos. Pero cuando a quienes tienen el deber de aplicarlos les asiste toda la voluntad de colocar en el primer plano de la agenda nacional el combate a la corrupción, pueden arrojar muy pronto resultados, declaró Vargas luego de uno de los debates surtidos sobre la propuesta en el Congreso. Sus palabras daban a entender que sus colegas ministros del nuevo gobierno, en coherencia con lo que él para entonces abogaba, propenderían por alejarse un buen tiempo del sector privado, una vez dejaran sus funciones en el Ejecutivo. Pero todo indica que esto no se cumplió a rajatabla.

Luego de verificar qué camino tomaron los exministros designados por Santos entre 2010 y 2018, se encontraron posibles casos de puerta giratoria en al menos cuatro de las carteras (Ambiente, Transporte, Vivienda y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MinTic). Algunos son más claros que otros, pero en todos ocurrió una pirueta rápida de lo público a lo privado que permitió beneficiar a este último sector, gracias a la información que traía la persona que daba el salto.

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El 11 de septiembre de 2013 fue un día de muchos nombramientos en el salón Gobelinos del palacio presidencial. En un solo acto se posesionaron nuevos ministros de Interior, Minas y Energía, Agricultura y Ambiente. Quizá por eso el nombre de Luz Helena Sarmiento Villamizar*, la nueva jefa de la cartera de Ambiente, pasó de agache ante otros más curtidos en política como Aurelio Iragorri y Rubén Darío Lizarralde. Eso no fue obstáculo para que el primer mandatario alabara sus dotes y condiciones. “Lo hará con lujo de detalles”, aseveró Juan Manuel Santos ante las cámaras e invitados. Pero el transcurrir del tiempo mostró que terminaría de la misma forma opaca como inició. Dejó su cargo 11 meses después de aquel día y no logró concretar su principal misión: delimitar el Páramo de Santurbán.

Tan solo unos días antes de su ingreso al Ministerio de Ambiente, Sarmiento Villamizar dirigía la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este departamento administrativo se encarga de que los proyectos de infraestructura cumplan con la normativa ambiental vigente y, para tal efecto, expide licencias que habilitan el desarrollo de las diferentes obras. Este fue el motivo que llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrirle indagación preliminar a la exministra, luego de que se revelara que prestó sus servicios profesionales a la Concesionaria Ruta del Sol SAS en diciembre de 2014, cuando no se cumplían aún los dos años de inhabilidad consagrados en el Estatuto Anticorrupción.

Esta sociedad, que más tarde resultó involucrada en el escándalo de Odebrecht, había suscrito un contrato con el Estado para construir más de 500 kilómetros de carretera que conectaran al interior del país con la región Caribe. Por la naturaleza del proyecto, el accionar de la Concesionaria Ruta del Sol era objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la ANLA y, en ese orden de ideas, la exministra tendría que haberse abstenido de establecer un vínculo laboral con esta. La Procuraduría acogió este mismo razonamiento.

En una decisión proferida en septiembre de 2020, el órgano de control determinó que Sarmiento Villamizar hizo “uso de información a la que se tuvo acceso por razón de la calidad de servidor público” en provecho de intereses particulares y la condenó al pago de $118 millones de pesos.

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El ingeniero civil Jorge Rojas Giraldo arribó como cabeza del Ministerio de Transporte en mayo de 2016. Juan Manuel Santos lo presentó a la opinión pública, recordando su reciente paso por la Alcaldía de Manizales, como uno de los “mejores cinco mandatarios locales del país”. No alcanzó a cerrar el mandato del gobierno ya que su estadía en el organismo duró un poco más de un año. Fue relevado por Germán Cardona y, tras su salida, decidió dedicarse a servicios de consultoría y asesoría. Uno de sus clientes fue el Aeropuerto Internacional Matecaña (AIM), que atiende a la ciudad de Pereira y otros municipios del Eje Cafetero. El trabajo ofrecido por parte de Rojas Giraldo al terminal aéreo tuvo lugar en enero de 2018, como se puede verificar en la página de la Función Pública, y se extendió hasta el final de ese año. Según el exministro, no sufría de impedimentos para desempeñar esta labor.

Yo estaba inhabilitado para trabajar con una agencia del Gobierno Nacional que tuviera que ver con infraestructura, movilidad y transporte. El AIM me contrató para asesorarlos en la concesión que es del propio aeropuerto y en la que no hay ningún recurso de la Nación”, indicó. Sin embargo, sólo cinco meses antes de esta asesoría fungía como líder del sector transporte a nivel público en el país. Y la Aeronáutica Civil, que es el organismo estatal encargado del control y regulación de la aviación civil, tiene un consejo directivo del que siempre hace parte el ministro de Transporte. Por lo tanto, pese a que Rojas Giraldo sea enfático en que no se giraron dineros desde Bogotá para el AIM, sí es cierto que una entidad que se desprende de la cartera que él dirigía tiene como principal encargo la vigilancia de los aeropuertos en Colombia. Incluido el que él asesoró.

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Camilo, usted va a hacer una labor importante. Cuente con el apoyo de todo el Gobierno”, aseguró Juan Manuel Santos el viernes 3 de noviembre de 2017. El destinatario del mensaje era Camilo Sánchez Ortega; economista, excongresista y, en ese momento, nuevo ministro de Vivienda. Fue el último jefe que tuvo esta cartera antes del cambio de gobierno y, como el resto de sus colegas de gabinete, se vio en la tarea de buscar oportunidades laborales después del 7 de agosto de 2018. La búsqueda duró solo un mes ya que en septiembre fue anunciado como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) en reemplazo de Gustavo Galvis, quien anunció su retiro de la presidencia después de 18 años.

A Andesco pertenecen cerca de 130 empresas afiliadas que, según cálculos de la propia asociación, representan el 6,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Entre las más renombradas figuran: Enel, Directv, Claro, Vanti, AES, Veolia, y la mayoría de los acueductos de Colombia.

La llegada de Sánchez Ortega a Andesco se dio mediante la gestión de un headhunter (cazador de talentos) que evaluó diferentes hojas de vida y se decantó por la del exministro. Su perfil, aparentemente el más atractivo entre los aspirantes, fue cotejado también por abogados que concluyeron que no había inconvenientes por el hecho de pertenecer hasta hacía poco al poder Ejecutivo. “Lo que se hizo, cuando me eligieron, fue revisar si se cumplía la ley. Más del 90 por ciento de las cosas que conozco aquí son de otros servicios. El tema de agua potable lo manejaba el viceministro y por eso quedó claro que yo no tenía problemas para asumir el cargo”, explicó el exministro.

Pero a pesar de que el viceministro de Agua y Saneamiento Básico —que en ese momento era Jorge Andrés Carrillo— se ocupara de lo relacionado con estos asuntos, el ministro de Vivienda, por mandato legal, tiene un asiento asegurado en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, una entidad del orden nacional que, desde su creación en 1994, se dedica a controlar la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. Su principal objetivo, que puede leerse en su página web, es fijar “las reglas que deben cumplir todas las empresas prestadoras de los servicios públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aseo”. En otras palabras, la Comisión determina la regulación a seguir de varios de los afiliados de Andesco.

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Un ministro joven para un ministerio joven. Con tan solo 33 años, el abogado Juan Sebastián Rozo Rengifo fue delegado para liderar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) que, luego de su nacimiento gracias a la reforma de 2009 al Ministerio de Comunicaciones, estaba próximo a cumplir su primera década. Fue un paso fugaz —estuvo en los últimos cuatro meses de gobierno— en el que se limitó a terminar la gestión de su predecesor y antiguo jefe, David Luna. En todo caso, significó un ascenso en la jerarquía del Ministerio para Rozo Rengifo quien, desde 2016, venía ejerciendo como viceministro de esta cartera. Además, la experiencia adquirida no pasó desapercibida ya que un “unicornio” de las aplicaciones digitales lo buscó luego para solicitar sus servicios. En menos de un año, pasó del MinTic a ser Head Policy (jefe de políticas) de Rappi para Colombia, Perú y Ecuador.

Al ser contactado por Vorágine, el exministro Rozo trasladó la inquietud sobre un posible conflicto de interés a la directora de comunicaciones y relaciones públicas de Rappi, Yuliette García. Ella fue contundente en declarar que Rozo Rengifo “en su calidad de funcionario público no supervisó, vigiló, controló, ni tampoco tomó decisiones en las que estuviera involucrada o impactada la compañía”.

La política del “Plan Vive Digital para la Gente” se implementó en los últimos cuatro años de la administración de Juan Manuel Santos. Su finalidad era dar solución a las problemáticas nacionales a través del uso estratégico de nuevas herramientas y plataformas tecnológicas. Por eso, en 2017, con el propósito de afianzar esta política, el MinTic promovió diferentes emprendimientos digitales colombianos que, en conjunto, habían logrado vender más de $71.000 millones de pesos y además acumulaban miles de usuarios en diferentes lugares del planeta. Rappi era uno de ellos y para entonces Rozo Rengifo era viceministro.

Al dar el salto al despacho ministerial que dejó vacío David Luna, él tuvo que liderar los meses finales del “Plan Vive Digital para la Gente”. También estuvo entre sus nuevas responsabilidades dirigir la Comisión Intersectorial de Economía Digital (actualmente derogada), que, como señaló el exministro al diario El Espectador, se dedicaba a “analizar todos esos debates que se están presentando de disrupción de negocios en los distintos sectores de la economía”. Ciertamente Rappi, y muchas otras plataformas, hacen parte de la disrupción a la que hace tres años hizo referencia.

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Gobierno de Iván Duque

El actual gobierno ya sobrepasó el 70 por ciento del periodo para el que fue elegido. Durante este tiempo, en el que se materializó además la creación de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, y del Deporte, cerca de 30 nombres han conformado el gabinete de ministros del presidente. Un caso particular llama la atención por posibles violaciones al Estatuto Anticorrupción.

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Unas semanas antes de su posesión, cuando todavía disfrutaba de su triunfo en segunda vuelta, Iván Duque anunció en su cuenta de Twitter que María Fernanda Suárez Londoño* sería su ministra de Minas y Energía. La decisión fue sumamente aplaudida debido a que se trataba de una de las mujeres más destacadas del sector. Había hecho parte de numerosas juntas directivas de compañías energéticas y su última experiencia como vicepresidenta ejecutiva de Ecopetrol fue catalogada como fundamental para que la petrolera se mantuviera a flote, a pesar de la crisis mundial de la industria de los hidrocarburos.

Pero llegó la pandemia y Suárez Londoño presentó su renuncia al presidente. Esta fue aceptada inmediatamente y su segundo al mando, Diego Mesa, fue designado como nuevo jefe de cartera. Los siguientes pasos de la exministra eran desconocidos hasta el pasado mes de mayo, cuando actualizó su perfil de LinkedIn e hizo público su ingreso a la junta directiva de Corficolombiana, una compañía con un variado portafolio de inversiones en infraestructura, agroindustria, hotelería, finanzas y energía.  Y es precisamente esta última industria la que estuvo bajo observancia de la exministra desde que asumió su cargo en agosto de 2018, hasta su dimisión en julio de 2020.

Como puede verificarse en su página web, Corficolombiana tiene participación accionaria en empresas que se ocupan de la distribución de electricidad y gas como lo son Grupo de Energía de Bogotá y Promigas, respectivamente. El Ministerio de Minas que encabezó Suárez Londoño, tal y como lo determina el Decreto 0381 de 2012, es la entidad estatal que expide los reglamentos técnicos que rigen este tipo de actividades económicas.

Pero eso no es todo. Corficolombiana también tiene un porcentaje de acciones en el Grupo Mineros, una sociedad con actividades en el departamento de Antioquia y que anunció recientemente una inversión cercana a los 20 millones de dólares para sus operaciones en Colombia. Le correspondía a la exministra, en los 24 meses que duró en funciones, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración y explotación de minerales. Justo a eso, exploración y explotación, se dedica la minera en la que Corficolombiana invirtió dinero.

Capítulo aparte

No es un tema nuevo: las industrias de bebidas azucaradas y ultraprocesados han galanteado con el poder por años. Su modus operandi, sin embargo, es diferente. Funciona casi al revés de lo expuesto en este artículo. Altos directivos salen de estas multinacionales o de las asociaciones que las reúnen para ocupar un cargo de influencia en el sector público. Una especie de puerta giratoria en dirección contraria que, si bien no está prohibida por la ley, puede dar pie a situaciones grises en las que se asoman posibles conflictos de interés cuando en la agenda nacional surgen coyunturas que involucran de una u otra forma a estas compañías. 

La Liga Contra el Silencio, en septiembre de 2019, detalló cómo varios funcionarios del gobierno de Iván Duque tenían nexos previos —recientes y claros— con empresas u organizaciones de la industria de bebidas azucaradas y comida altamente procesada. La lista no es corta, pero estos son algunos ejemplos. 

Juan Pablo Uribe, ministro de Salud entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, dirigió anteriormente la Fundación Santa Fe, una institución que recibe donaciones de la Organización Ardila Lulle, propietaria de Postobón. Ángela María Orozco, ministra de Transporte desde que inició el mandato de Iván Duque, fue desde 2008 hasta antes de asumir su cargo como jefa de esa cartera la presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Grasas y Aceites Comestibles (Asograsas). Constanza Alarcón, actual viceministra de Educación, aterrizó en su cargo luego de dirigir la Fundación Alpina entre enero de 2016 y agosto de 2018. Y Santiago Durán, quien fue asesor presidencial desde octubre de 2018 hasta marzo de 2020, llegó al Ejecutivo después de renunciar a la dirección de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Algunos de estos casos no presentan una clara relación entre el trabajo abandonado y el asumido —como el de la ministra Orozco, que pasó de conocer temas de alimentos a asuntos de transporte—, pero al no ser aislados sí siembran dudas respecto del nivel de intromisión que pueden tener estas industrias en decisiones de política pública y nueva legislación. Especialmente cuando las afectan de forma directa.  

*Luz Helena Sarmiento Villamizar, exministra de Ambiente, fue contactada para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, indicó que su condición médica le impedía atender al periodista. Por su parte, María Fernanda Suárez, exministra de Minas, no atendió mensajes ni llamadas.

*Este reportaje se realizó con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).

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