¿Qué arde en un país en llamas?

Estos días pasarán a la historia y se estudiarán en breve en las aulas de clase. Se trata de la mayor protesta social que Colombia haya vivido en años recientes. Ya es inevitable: mientras algunos de sus protagonistas serán exaltados como héroes, otros serán recriminados como asesinos. Un muerto —uno de entre decenas— rompe su silencio en estas líneas.

19 de mayo de 2021

Una crónica de José A. Castaño Hoyos / Ilustración: Angie Pik

Unos quince policías de la estación de La Virginia, todos reconocibles con nombres y apellidos, y cuyo comandante es el mayor Néstor Sanabria, los molieron a golpes mientras los insultaban: puñetazos, patadas, culatazos, bastonazos. La cobardía suele ser un gesto nutrido. Sucedió a orillas del río Cauca, bajo el puente Francisco Jaramillo Ochoa, que comunica la Zona Franca Internacional de Pereira con La Virginia, Risaralda. En el suelo, como peces ahogándose, chapaleaban dos hermanos: Otto y Brahian Rojas López, de veintiocho y veintiséis años. Fue a las nueve de la noche del miércoles 28 de abril, el día en que comenzaron las protestas sociales en Colombia y se desató la ira policial.

Otto logró romper el cerco de los uniformados y corrió hacia la parte superior del puente. Eso lo salvó. Su hermano no tuvo tanta suerte. Ya afuera, un policía de civil, con radio al cinto, sujetó a Otto por el cuello y lo apuntó con una pistola. Te voy a matar hijueputa, le dijo con el aliento entrecortado, los ojos enrojecidos de ira. Por qué, por qué, por qué, balbuceaba el muchacho bañado en sangre, el pómulo derecho abierto de un tajo. Una mujer policía le dijo a su compañero que guardara la pistola, que lo estaban viendo y podían filmarlo. Según varios testigos, ese hombre de civil cambió su apariencia poniéndose un chaleco antibalas, después una chaqueta, después una gorra. 

Antes de dejarlo ir, delante de la multitud que protestaba en los extremos del puente, otros policías golpearon a Otto, él indefenso, con las manos en alto, la boca con espumarajos de babas y de sangre. Perdete, le dijo el policía de civil, guardó la pistola y regresó a la oscuridad de los bajos del puente, donde Brahian. Desde ese primer día, en dos semanas de protestas sociales, se cree que la lista de muertos a manos de la Policía Nacional ya casi llega al medio centenar y no se detienen. El registro de desaparecidos suma cientos, más de quinientos. Los heridos, decenas de ellos jóvenes con ojos perdidos por balas de goma disparadas con certeza milimétrica por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, suman casi dos mil. 

¿Qué más pasó esa primera noche del miércoles 28 de abril? Otto regresó al lugar de la golpiza a buscar a su hermano Brahian. Fue un par de horas después, cuando los manifestantes y los policías se habían ido. Lo hizo escupiendo sangre, arrastrando los pies, los ojos casi cerrados por la hinchazón de los golpes, las manos temblando. Lo llamó por su nombre, le dijo hermanito, caminó de aquí para allá, siguió llamándolo, nadie contestó. Salvo por el canto de los grillos y el croar de las ranas, todo permanecía en silencio al borde del Cauca. Era una noche de luna llena. La luz flotaba corriente abajo. 

* * * 

Vicky Thalía Rojas López puso la denuncia de la desaparición de su hermano Brahian en el portal virtual de la Fiscalía y obtuvo como respuesta un consecutivo tan insólito como inútil, hasta ahora. El 2 0 2 1 6 6 4 0 0 0 1 8 9 0 3. ¿Cómo puede entenderse semejante cifra, más extensa que la nomenclatura de una cuenta bancaria, que el número ganador de un sorteo de la lotería, que las coordenadas de latitud y longitud de una isla perdida en mitad del océano? 

Un día después, Vicky Thalía recibió la llamada de un investigador de la Fiscalía que se identificó como Víctor Giraldo. Tras unas primeras preguntas sobre la apariencia de su hermano, el funcionario le dijo que el muchacho se había lanzado al agua y se había ahogado. Seguro no sabía nadar, sentenció Giraldo con voz ofuscada, impaciente. Ella, de veinte años y sin estudios de derecho ni criminalística, le preguntó si antes de suponer una conclusión semejante no debía investigar, preguntar, salir de su oficina. Y le facilitó un dato relevante, para que lo escribiera en su libreta de detective experto: mi hermano nadaba esas aguas desde niño.

En efecto: justo debajo del puente donde fue atacado por los policías, allí mismo, Brahian Rojas López había trabajado como arenero del río. Ese es un oficio célebre, incluso a muchos kilómetros de distancia, donde las faenas de los pescadores de arena de La Virginia se cuentan con asombro. Ellos navegan el Cauca en barcazas con motores fuera de borda, buscando bancos donde puedan sumergirse y asirse al fondo con los pies como tentáculos. Es un trabajo azaroso. Los pescadores de arena extraen el sedimento del río con baldes que llenan a manotazos, conteniendo la respiración, evitando que la corriente los arrastre. Pocos nadan mejor que los pescadores de arena del Cauca. 

Así que Vicky Thalía no tenía ninguna duda de que su hermano, incluso en la oscuridad de la noche, habría cruzado el río con brazadas de nadador experto, sorteando sus remolinos. Por supuesto: esa hazaña era imposible tras la paliza que le dieron los policías. Si terminó en el agua, le dijo ella al investigador Víctor Giraldo, fue porque ellos, los policías, lo lanzaron después de propinarle puñetazos, patadas, culatazos, bastonazos. Una pregunta aún sigue en el aire, silenciosa y humeante. Es obvia, además:  después de golpearlo con tanta sevicia, encubierto por la oscuridad del puente, ¿alguno de los uniformados de la estación de policía de La Virginia le disparó a Brahian?

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* * * 

La noche del miércoles 28 de abril, los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios detonaron bombas aturdidoras para espantar la multitud. La orden del comandante de la Policía de Risaralda, coronel Javier Raúl Gallego Duque, fue perentoria: dispersar la multitud de los extremos del puente y restablecer el flujo de vehículos. Los agentes siguieron sus órdenes y dispararon bombas lacrimógenas en todas direcciones. Dos de ellas cayeron en la casa de los esposos Evelio de Jesús Flórez, de ochentaiséis años, y Blanca Esneda, de setentaicinco años. Ambos buscaron auxilio en la calle, sofocados por el humo tóxico. Solo ella sobrevivió. 

El componente principal de las bombas de gas lacrimógeno lanzadas por la Policía es el clorobenzilideno malononitrilo y su efecto es calculado: irritar severamente las membranas mucosas de los ojos, la nariz, la boca y los pulmones. Por eso causa estornudos, tos, llanto, inflamación de la piel, ceguera temporal y ahogamiento. Los vecinos lavaron el rostro del anciano con leche, en un intento desesperado porque volviera en sí. En las fotografías de esa noche se ve al hombre salpicado de miedo y de desconcierto, tratando de alcanzar una última bocanada de aire. Evelio de Jesús Flórez falleció a pocas cuadras de su casa, mientras intentaban transportarlo a un centro médico. Murió escupiendo sangre, recuerda uno de sus hijos.

Ni el presidente de la República ni su ministro de Hacienda, tampoco los congresistas del Centro Democrático, el partido de gobierno que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, calcularon la ola de indignación que desataría la reforma tributaria que pretendían aprobar en el Congreso con carácter de urgencia. Colombia, uno de los países con menor índice de vacunación del mundo, el mismo cuyo gobierno votó en contra de que se liberaran las patentes de las vacunas contra el Covid, resultó ser el primero en promover una reforma tributaria para salvar el déficit económico impuesto por el virus.

A comienzos de abril, los líderes de las centrales obreras se preguntaban si se podía ser más indolente, más torpe, más cínico. La respuesta a esa pregunta fue de una elocuencia lapidaria y pasará a la historia como el detonante que desató el descontento de millones de ciudadanos. Durante una entrevista en un medio de comunicación condescendiente con el gobierno y con su política económica, en un ambiente esparcido, casi juguetón, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tasó el costo de la docena de huevos en $1.800 pesos, unos cincuenta centavos de dólar, cinco veces por debajo de su precio real. 

La respuesta del encargado de definir la política económica del país y la base de tributación demostraba una ignorancia supina sobre los costos de supervivencia de la mayoría de los colombianos, casi la mitad de ellos —unos veintidós millones— en condición de pobreza. Solo una avícola le dio la razón a Alberto Carrasquilla, objeto de burlas, insultos y pedidos de renuncia. Fue Avícola Santa Rita, que en un gesto de astucia publicitaria decidió ofrecer trescientas docenas de huevos al precio equivocado del ministro. Aplicaban restricciones, por supuesto. La promoción era para huevos blancos tipo A, es decir los más pequeños que ponen sus gallinas. ¿Cómo les fue? 

Pareciera que casi todo en Colombia tiene relación con algo más hondo y doloroso: a comienzos de 2003, el dueño y fundador de Avícola Santa Rita, Rogelio Tenorio Sanclemente, fue secuestrado por guerrilleros de las Farc y estuvo meses encerrado en un agujero bajo tierra, incomunicado, comiendo lo que sus captores le lanzaban con violencia y desprecio. La promoción de la avícola se hizo viral y los huevos se vendieron volando. Las protestas contra la reforma tributaria también se viralizaron y, con ellas, las imágenes de la ira policial en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Caldas, Risaralda, Nariño, Huila, Tolima, Santander… Las llamas de una violencia semejante han alcanzado a los mismos policías. 

En Soacha, a veinticuatro kilómetros de Bogotá, fue asesinado a puñaladas Jesús Alberto Solano, capitán de la Policía Judicial de ese municipio, quien se enfrentó a un grupo de vándalos. Una semana después fueron capturados tres sospechosos acusados del crimen. Esa celeridad no ha sido la misma para los cientos de casos de criminalidad policial que han documentado organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Su secretario general, Luis Almagro, socio de la ofensiva diplomática del gobierno colombiano en contra del gobierno de Venezuela, lo dijo enfático: “Condenamos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”. Torturas y asesinatos.

Pero hasta ahora, ni siquiera que cincuenta senadores del Congreso de Estados Unidos solicitaran la suspensión de la ayuda económica y logística a la Policía Nacional de Colombia, y que incluso algunos líderes políticos reclamen la competencia de la Corte Penal Internacional, ha logrado reducir la violencia de los agentes del Estado. En Cali, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Buga, en Barranquilla, se ha visto a policías —y a civiles escoltados por ellos— disparando contra quienes protestan pacíficamente, armados de carteles, de tambores.

A la pérdida de ojos, a las golpizas, a las desapariciones, a las muertes, se suman las denuncias de violaciones a mujeres retenidas por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. El caso de Alison Meléndez es apenas el más conocido. La menor, de diecisiete años, se suicidó después de que, según su propio testimonio, fue abusada por los cuatro agentes antidisturbios que la retuvieron en Popayán. La furibunda explicación del coronel Ricardo Alarcón, comandante de la Policía en esa región del sur del país, solo acrecentó la indignación social y la Unidad de Reacción Inmediata donde estuvo retenida Alison Meléndez fue incendiada por una turba sin control. 

Las chispas de las protestas sociales, que le prendieron fuego al texto de la reforma tributaria y que además incineraron los cargos del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de la Canciller, Claudia Blum, casi han sepultado la denuncia por la desaparición de Brahian Rojas López a manos de la Policía de La Virginia. Hace apenas dos semanas de esa noche, pero han sucedido tantos acontecimientos, muchos transmitidos en vivo y en directo, que la desaparición del muchacho parece de hace años. En un sentido dolorosamente literal, los muertos sepultan a los muertos, los ocultan, los encubren. Los verdugos respiran aliviados, aunque esta vez quizás no.

La tozudez de Vicky Thalía ha sido más perseverante que el miedo. Y a pesar de las amenazas, las presiones y la evidente negligencia del Estado, ella no ha dejado de tocar puertas, de rasguñarlas con las uñas, siguiendo su intuición. Fue ella, no la Fiscalía, la que dio con el cuerpo de su hermano.

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* * * 

Fue el martes cuatro de mayo, seis días después de la desaparición. Vicky Thalía había llamado uno tras otro a los bomberos de los pueblos ribereños, aguas abajo del Cauca. Ella se consiguió los teléfonos y los nombres de sus comandantes. Fue un milagro, casi un milagro. Jhon Jairo Sepúlveda, comandante de los bomberos de Sabanalarga, recuerda que ella le habló con claridad y firmeza, con una presteza que no parecía la de una joven de veinte años. Sabanalarga es un municipio del departamento de Antioquia, a trescientos treinta kilómetros de distancia de La Virginia. ¿Cómo es que el cuerpo de su hermano viajó tan lejos, sorteando los incontables recodos donde la corriente suele abandonar los cadáveres de animales y personas?

El río Cauca es una gran fosa común de casi mil kilómetros de extensión. Paramilitares, guerrilleros, bandas de sicarios y agentes del Estado han lanzado a sus aguas un número de cadáveres imposible de determinar. Según el relato de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, cientos de cuerpos fueron cercenados, incluso rellenados con piedras, para evitar que flotaran. En agosto de 2013, el jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, les dijo a los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que les había ordenado a sus hombres desenterrar cuerpos inhumados en fosas comunes y arrojarlos al Cauca. Es decir, desaparecer en el río a los ya desaparecidos. 

Jhon Jairo Sepúlveda es un bombero curtido en las corrientes del Cauca y ya perdió la cuenta de los muchos cadáveres que ha tenido que rescatar en los recovecos de sus orillas. Él se sorprendió cuando escuchó de dónde lo llamaba Vicky Thalía. ¿De La Virginia, Risaralda? Justo esa mañana del martes cuatro de mayo le habían reportado el hallazgo de un cadáver cerca de la desembocadura de la quebrada Rosa, que desciende del municipio de Buriticá, en las estribaciones de la cordillera Occidental.

Dos tatuajes permitieron su plena identificación. Unas alas en la espalda, debajo de la nuca, y un personaje de las caricaturas que los tres hermanos veían en la televisión los sábados por la mañana. Era Sam Bigotes, del programa de Bugs Bunny, el conejo de la suerte. Hacía apenas un mes Brahian se había hecho esos dibujos, con una celeridad que su familia no entendió ni compartió. Fueron los primeros trabajos de un amigo, aprendiz de tatuajes. ¿Qué tal?, le preguntó Brahian a Vicky Thalía. Ella los miró y le sonrió indulgente. Bonitos, le respondió, aunque en realidad le parecieron demasiado llamativos. Por suerte lo eran. 

El cuerpo que el comandante de los bomberos de Sabanalarga rescató del agua con ayuda de tres de sus compañeros era irreconocible, un cadáver sin facciones, desbaratado, carcomido por las inclemencias del agua y del sol. Pero los tatuajes estaban ahí, a la vista, gritando su origen. Vicky Thalía le mandó las fotografías de los dibujos en el cuerpo vivo de su hermano, y Jhon Jairo Sepúlveda las comparó con las fotografías de los dibujos en lo que quedaba de él. No hubo lugar a dudas. La joven llamó a Víctor Giraldo, investigador de la Fiscalía, para ponerlo al tanto de su hallazgo. Lo que siguió fue más dolor y más miedo.

El cadáver de Brahian Rojas López fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Medellín. Su familia contrató los servicios de la funeraria Sacrosanto para que recibiera el cuerpo, lo dispusiera y lo trasladara de regreso hasta La Virginia. Aquello les costó más de un millón de pesos, que no supieron cómo lograron conseguir. Entre todos, familia y vecinos, abrieron alcancías, pidieron prestado  dinero, vendieron enseres, empeñaron herramientas. El cuerpo llegó al pueblo en un féretro sellado el ocho de mayo, once días después de su desaparición, tras la golpiza que le dieron los policías de la estación de La Virginia. 

Tantos días después, la Fiscalía sigue en silencio, y la familia aún no recibe el informe de la necropsia. Ninguna autoridad les ha dicho nada. Y aunque saben cómo murió Brahian —lo saben con certeza—, todavía no hay quién se los confirme. Otto, el hermano testigo de la paliza, capaz de reconocer el rostro de los agresores, está escondido, lejos de los uniformados que patrullan las calles del pueblo mirando a todos lados, como buscándolo. Las imágenes se repiten a diario desde hace dos semanas: policías iracundos golpeando rostros, rompiendo brazos, atropellando personas con sus tanquetas blindadas, disparando a mansalva. 

Entre tanto, la promesa más reciente del presidente de la República es que la Copa América de Fútbol, prevista para iniciarse en cuatro semanas, se hará sin retrasos. No tendría sentido no hacerla, dijo Iván Duque en televisión. La ironía también es una forma de la protesta: como mascota del certamen, los ciudadanos indignados han propuesto un muñeco del Escuadrón Móvil Antidisturbios que, en vez de una pelota, patea una cabeza. La escena ya es icónica de los días que corren en Colombia. 

¿Qué arde en un país en llamas? Vicky Thalía Rojas López responde con la voz entrecortada, sin dudar: personas.

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Twitter del autor: @JACastanoHoyos

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