Esta subregión, que ha sufrido la violencia del conflicto y las consecuencias de las megaobras (principalmente, hidroeléctricas), hoy no aprovecha la oportunidad de integrar la conservación ambiental a través de la restitución de tierras.
27 de junio de 2021
Por: Fundación Forjando Futuros / Ilustración: Angie Pik
Forjando Futuros

En el Oriente de Antioquia, donde hay 23 municipios, se han radicado 5.845 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales, en 791 casos se ha ordenado la restitución del predio, a junio de 2021. Todos estos tienen alguna figura de protección ambiental. Sin embargo, esta investigación evidencia que en 689 casos no se dispuso ninguna orden de tipo ambiental.

De acuerdo con la Constitución, es deber del Estado garantizar un ambiente sano compatible con la restitución de tierras, ya que esta es un mecanismo de reparación a las víctimas conforme a la Ley 1448 de 2011.

Información de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Fundación Forjando Futuros. Crédito: Fundación Forjando Futuros.
Figuras de protección ambiental del Oriente de Antioquia. Crédito: Fundación Forjando Futuros.

Este estudio demuestra que las sentencias de restitución de tierras no integran de manera suficiente la materia ambiental. De los 791 casos mencionados solamente en 102 los juzgados le ordenaron a Cornare (autoridad ambiental competente) el acompañamiento en el trámite y otorgamiento de los permisos ambientales que se requieren para el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos (o ambientales, según el decreto 1007 de 2018) —como la mitigación del cambio climático y la producción agropecuaria y de agua para consumo humano y para generar energía eléctrica— y asesorar a las personas restituidas sobre la conservación.

*Un predio puede tener una o más figuras de protección ambiental.

Predios restituidos por figura de protección ambiental en el Oriente de Antioquia. Crédito: Fundación Forjando Futuros.

Cabe mencionar que en 103 casos se decidió la compensación por un predio equivalente. Las razones fueron, en primer lugar, el deseo de no retornar del reclamante (79 casos) y, en segundo lugar, el alto riesgo por inundación, movimiento de masas y deslizamiento (34 casos). En ningún caso hubo razones de protección de ecosistemas. 

Lo anterior evidencia la falta de aplicación de un mecanismo que garantice la generación ingresos para las personas restituidas, la conservación y restauración medio ambiental.

Así, entonces, para contribuir a este fin, la Fundación Forjando Futuros está promoviendo en el Oriente antioqueño el Pago por Servicios Ambientales (PSA), que es el incentivo económico, en dinero o en especie, que se entrega a las personas propietarias de predios por las acciones de conservación que realizan en áreas y ecosistemas estratégicos.

Las anteriores consideraciones permiten señalar que los PSA van de la mano con la conservación (preservación y restauración) de los ecosistemas, generación de ingresos y la estabilidad de los campesinos, las campesinas y las comunidades en sus procesos de retorno. 

En ese sentido, la política de restitución de tierras es una oportunidad para crear un modelo de desarrollo sostenible en la región, que tanto sufrió las consecuencias del conflicto armado interno y los daños ambientales ocasionados por las megaobras que ahí están ubicadas.

Mapa 1. Áreas Protegidas y Reserva Forestal Central del Oriente de Antioquia

Áreas protegidas, Reserva Forestal Central y Páramo de Sonsón en el Oriente de Antioquia. Crédito: Fundación Forjando Futuros.

Mapa 2. Cuencas hidrográficas priorizadas por la Autoridad Ambiental

Cuencas hidrográficas abastecedoras priorizadas por la Cornare, autoridad ambiental, en el Oriente de Antioquia. Crédito: Fundación Forjando Futuros.

*Esta publicación hace parte del proyecto “Contribuir al proceso de acceso al derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado colombiano a la restitución de sus tierras, en el Departamento de Antioquia (Colombia)”. Este es ejecutado por la Fundación Forjando Futuros y la Asamblea de Cooperación por la Paz y financiado por el Gobierno de Aragón.

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