Así se viven las elecciones en uno de los departamentos más grandes y olvidados de Colombia

Vichada entró en el mapa de estas elecciones presidenciales luego de que el candidato Rodolfo Hernández —tercero en intención de voto en todas las encuestas— dijo que no sabía qué era Vichada, ni cuál era su capital. Después de las consultas del 13 de marzo, solo Gustavo Petro ha pisado este departamento y prácticamente la única propuesta concreta para la región que han hecho tanto él, como Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, es darle continuidad a la pavimentación de la vía de 650 kilómetros que promete conectar a Puerto Carreño con Puerto Gaitán, Meta. Hernández, por su parte, propuso construir una megacárcel a orillas del río Meta, para llevar allí a todos los presos del país.

En las cuentas electorales de los candidatos esta región no tiene el peso que sí tienen otras, como el Valle del Cauca o el Caribe, que suelen inclinar la balanza. Vichada, el segundo departamento más grande de Colombia, pone pocos votos. En 2018, durante la segunda vuelta, solo el 33 % de quienes podían votar lo hicieron: el departamento tenía 48.451 votantes habilitados y sufragaron apenas 16.080 personas. En contraste, Antioquia, Boyacá, Sucre y Atlántico, que juntos tendrían el mismo tamaño del territorio vichadense, aportaron 4.331.621 votos, casi una cuarta parte del electorado total en esas elecciones.

Pero la desconexión con las presidenciales no viene únicamente de quienes hacen política desde Bogotá. Los vichadenses tienen su dosis de responsabilidad porque se quedan en casa antes que salir a las urnas. La cifra de abstencionismo en Vichada fue muy alta en 2018 (67 %), si se compara con los datos a nivel nacional: de 36.783.714 personas que estaban habilitadas para votar, salieron 19.495.924. Eso significa que el 47 % de los colombianos no llegó a las urnas.

Las causas del abstencionismo en Vichada pueden encontrarse en las circunstancias geográficas de la región. Probablemente, más de la mitad de los electores viven en la zona rural, muy lejos de sus puestos de votación, y no cuentan con el transporte, los recursos ni los “motivos suficientes” para movilizarse. Algunos de esos motivos tienen que ver con las movidas locales de poder, que incluyen la compra de votos, y que suelen verse mucho más en las elecciones regionales.

El factor proximidad

“Es muy poca la población que sale a las [elecciones] presidenciales porque no se benefician directamente”, cuenta Carlos Sánchez, un joven del municipio de Cumaribo que lideró un grupo juvenil dentro de una campaña, durante las elecciones locales de 2019.

Para Marcos Pérez, exalcalde de Puerto Carreño (2016–2019) y excandidato a la Cámara por Vichada en la pasada contienda electoral, “las elecciones presidenciales son de votos de opinión”.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en las locales los ciudadanos ven “una oportunidad para que, a través de la participación política, sean tenidos en cuenta en las actividades de campaña y posteriormente en puestos de trabajo y procesos de contratación estatal”, explica Julio César Hidalgo, rector de un colegio en Puerto Carreño. “Estas expectativas hacen que los ciudadanos tengan una mayor motivación para salir a las urnas” en las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y representantes a la Cámara por el departamento.

Según Sánchez, el líder juvenil de 25 años, “la gente sabe que no tiene acceso a esos políticos (de nivel nacional)” y eso es “motivo suficiente” para no acudir a las urnas. Pero, “en las campañas locales sí salen porque saben que si el candidato les queda mal pueden acceder a él para reprocharle”. Sánchez explica que “en las elecciones locales los ‘pelaos’ tratan de vincularse para ganar ‘algo’. Son pocos los que se convencen por las propuestas”.

La asistencia a las urnas varía de manera considerable entre unas elecciones de carácter local y nacional. Mientras en las votaciones de gobernador y alcaldes de 2019, de un potencial electoral de 49.149 personas votaron 29.548 (el 60 %), en las de 2018 solo salieron 16.080 votantes (el 33 %).

Para Fabio Castillo, líder indígena de la etnia sikuani, la situación se presenta porque durante las presidenciales se “envían pocos recursos a los directorios departamentales, poco invierten en la recogida de los votantes”.

“Muchos quisieran votar por un presidente, pero el problema es la distancia. Hay comunidades a 10 horas de camino y el transporte es costoso”, explica Castillo.

Con ese punto de vista coincide Guillermo Otálvaro, un activo líder político de Cumaribo: “A nivel presidencial no se activan las estructuras políticas en este municipio. Eso significa que no hay personas responsables de buscar los votos”.

Con 74.000 kilómetros cuadrados, Cumaribo es el municipio más grande de Colombia (es como juntar a Caldas, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca). Hay comunidades que deben desplazarse durante horas, incluso días de viaje, para acudir a las urnas.

Por eso, durante la última semana de las elecciones locales los candidatos destinan millonarias sumas de dinero para movilizar a sus electores.

La fiesta de los cambuches

Lo normal en Vichada en las elecciones locales era que unos 3.000 indígenas llegaran a Cumaribo durante los días previos al fin de semana de la votación. Los candidatos, principalmente los aspirantes a gobernación y alcaldía, emprendían una carrera con el fin de acercar a la mayor cantidad de votantes al casco urbano, y para albergarlos armaban unos cambuches con capacidad para entre 300 y 700 personas.

Pero en las pasadas elecciones de Congreso no se armaron los tradicionales cambuches “porque la mayoría de votantes lo hicieron en sus resguardos”, afirma el líder indígena Castillo, refiriéndose a las 11 comunidades indígenas en donde se habilitaron nuevos puestos de votación —en total en Vichada se habilitaron 17 nuevos puestos de votación para las elecciones del 13 de marzo—.

“Eso se había venido solicitando a la Registraduría, para que al menos en cada resguardo hubiera una mesa de votación. Algo que se logró gracias a la Mesa Permanente de Concertación Nacional”, agrega Castillo.

“La logística empezaba un mes antes, porque uno basado en los censos que daban los capitanes de las personas que estaban en la capacidad de votar, se evaluaba qué cantidad de gente podía llegar a cierto lugar”, indica Otálvaro, quien estuvo cerca a varios de esos procesos en elecciones anteriores.  “Basado en esos censos uno realizaba los cambuches: conseguir quién los hiciera, cortar la madera (algo por lo que las autoridades empezaron a molestar). También se traía de arriba (del interior del país) caucho, alambre, puntillas…”.

Durante ese mes también se organizaba la alimentación. “Se bajaban ollas, pocillos y el resto de menaje. Se traían uno o dos camiones de víveres”, explica. Y agrega que “había momentos en que se mataban hasta tres y cuatro vacas diarias para alimentar a la gente. Un promedio de 15 o 20 vacas por candidato, durante esa semana”.

Era una verdadera fiesta para los indígenas. Las comunidades quedaban vacías porque todos se trasladaban al casco urbano de Cumaribo.

“Es entendible”, dice Castillo. “Por ejemplo, en una comunidad hay 80 personas que tienen cédula, pero ellos tienen su familia, puede subir de 80 a 150 el número de personas. A ellos el político debe garantizarles el transporte, la logística, por eso los votos son costosos para un candidato”.

La recogida de los votantes se hacía en buses o en camiones y empezaba cuatro o cinco días antes de las elecciones. “Había que traerlos rápido porque el otro candidato también hacía lo mismo”, recuerda Otálvaro. “Para ellos se transformaba eso como en una fiesta, entonces se iban subiendo al primer camión que llegara, con tal de poder salir de su comunidad”.

Recoger a los indígenas con tanta anterioridad implicaba más gasto para los candidatos, pero no hacerlo significaba correr el riesgo de perder ese caudal electoral. “Pasaba que un camión iba por 100 personas y llegaba con cinco porque los otros indígenas ya se habían ido en el transporte de otro candidato que pasó primero”, dice Otálvaro.

Al final, de los 3.000 indígenas que podían llegar a albergarse en los cambuches dispuestos por los candidatos, sólo una tercera parte ejercía su derecho al voto. “Más o menos 2.000 venían de paseo. Muchas veces, a pesar de tener cédula, no estaban inscritos para votar”, asegura Otálvaro.

Con tal de entretener a los indígenas en los cambuches —ubicados al principio muy cerca del casco urbano, pero luego cada vez más lejos— se instalaba televisión satelital y se repartían balones de fútbol. Una de las principales tareas de cada grupo de campaña era evitar infiltrados de otras estructuras políticas en los albergues.

“Había compromiso con la guardia para no permitir el acceso a personas no afines a la campaña, sobre todo en la noche, para evitar que se llevaran los votos”, explica Otálvaro.

Castillo recuerda que “los viernes y sábados eran días complicados porque las demás personas podrían influenciar en la compra de votos. Esos días se llevaba un control de seguridad más estricto en los cambuches”.

El verdadero reto era lograr mantener a los indígenas aislados y sin contacto con otros candidatos hasta dejarlos en la puerta del puesto de votación. “Muchas veces eso no se lograba cuando había dinero de por medio”, dice el líder indígena.

Según Otálvaro, los iban sacando de los cambuches por pequeños grupos para tener un mayor control sobre los electores. Pero no siempre ese objetivo se lograba al pie de la letra.

“Muchas veces los indígenas llegaban, se alimentaban y el día de las elecciones salían y se iban, podía quedar la mitad del cambuche vacío. Los que se iban ya sabían por quién iban a votar y sólo aprovechaban la comida que ese candidato les ofrecía e iban y votaban por otro”.

Eso le ocurrió al hoy representante Gustavo Londoño en 2015, cuando fue candidato a la Gobernación de Vichada. “Tuvimos un cambuche cerquita del pueblo y de un momento a otro, que se van. ¿Bueno, pero por qué se van? Nosotros con el afán de detenerlos y ellos que no, ‘que nos vamos’. Y se fueron” y votaron por otro candidato, relata Otálvaro. Al final esos votos le hicieron falta a Londoño, quien con 3.591 papeletas a su favor, ocupó el tercer puesto en esas elecciones.

Luego de las elecciones, cuando ya se conocían los resultados, la mayoría de candidatos perdedores abandonaban a sus ‘electores’, sin garantizar el retorno a sus comunidades. Según Otálvaro, “muchos candidatos se escondían o se iban y no atendían a los indígenas que se quedaban deambulando por el pueblo, a veces hasta dos y tres días. Entonces, el que ganaba era el que muchas veces solucionaba eso”.

Aunque este año hubo un cambio frente a la instalación de los cambuches en el casco urbano, Otálvaro asegura que esa práctica, tal vez a menor escala, se trasladó a las comunidades donde se instalaron los nuevos puestos de votación.

“Puede que no lo hayamos visto nosotros, pero los cambuches se hicieron en algunas comunidades, porque entre comunidades hay muchas horas de distancia de recorrido por río o por tierra”, precisa.

Los votantes que llegan de Venezuela a Puerto Carreño

La práctica de cuidar y recoger los votos durante las elecciones locales también se vive en Puerto Carreño. Son centenares los ciudadanos con cédula colombiana que residen en Venezuela y cruzan los ríos Meta y Orinoco para ayudar a elegir gobernador, alcalde, diputados y concejales.

Como la frontera se cierra habitualmente el viernes antes de las elecciones, los candidatos a la alcaldía compiten por pasar el mayor número de electores. El exalcalde Pérez calcula que durante ese fin de semana unas 1.500 personas cruzan el río para votar. En Puerto Carreño, donde un alcalde se elige con cerca de 4.000 votos, los sufragantes que llegan del vecino país resultan determinantes.

“En algunas oportunidades llevan un grupo de personas a las afueras de Puerto Carreño, a una finca y los atienden desde dos o tres días antes de las elecciones. El día de las elecciones los sacan en grupos pequeños de 7 o 10, a los centros electorales”, le contó a El Morichal una persona que ha ayudado a transportar esos votantes, quien pidió mantener en reserva su identidad para evitarse problemas.

“Después de que la persona tiene el sticker (comprobante) de que votó, va a donde la persona que lo buscó y recibe desde 40 hasta 70 mil pesos”, aseguró la fuente. “A veces no se sabe quién engaña a quién, porque el político necesita saber si votó, pero no se sabe por quién, porque el que paga pide que le entreguen el comprobante de votación, pero la persona a la hora de votar tiene la libertad de votar por el que él crea conveniente”.

Pérez asegura que ese “ha sido un negocio de votos desde hace muchos años, aunque hay colombianos que se desplazan por voluntad propia”. De acuerdo con su experiencia, el exalcalde considera que solo un 10 % de los votantes que están en Venezuela acudirán a las elecciones de este 29 de mayo.

En Vichada, todo el mundo sabe que la verdadera fiesta de la democracia se vive en las elecciones locales, no en las presidenciales.

* Periódico con noticias de Vichada, Guainía y la Orinoquía colombiana.
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