Vorágine revela detalles sobre cómo se dio su ingreso a la guerrilla y los pormenores de las acusaciones que le hace la Fiscalía. Familiares de la integrante del frente de guerra Darío Ramírez Castro y ahora gestora de paz aseguran que fueron perseguidos por la Fuerza Pública. Víctimas del atentado al Andino cuestionan la decisión del gobierno Petro.
12 de diciembre de 2022
Por: Nicolás Sánchez / Ilustración: Camila Santafé

La excarcelación de Violeta Arango, el pasado 18 de noviembre, tras ser nombrada como gestora de paz por parte del presidente Gustavo Petro ha suscitado fuertes discusiones en medios de comunicación y redes sociales. Algunas personas han cuestionado su liberación señalándola de ser responsable del atentado en el centro comercial Andino, perpetrado el 17 de junio de 2017. Ese caso, tras seis años, está impune. Vorágine reconstruye varios hechos hasta ahora desconocidos de la historia de Arango: detalles de su ingreso al ELN, pormenores sobre su salida de la cárcel y denuncias por una supuesta persecución contra sus familiares de parte de agentes estatales. 

La historia de Arango en el ELN comenzó en 2017. En junio de ese año la Policía capturó a 10 personas señaladas de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y de atentar contra el Andino, hechos en los cuales fueron asesinadas tres mujeres y 10 más quedaron heridas. Desde ese momento Violeta fue prófuga, la Fiscalía la señalaba de pertenecer al MRP y de participar en el atentado.

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Vorágine habló con dos fuentes, bajo condición de anonimato, que conocieron de cerca lo que pasó en ese momento y contaron que durante unos 15 días Arango estuvo escondida en Bogotá. En ese lapso contactó a algunos militantes del ELN que conocía y se fue a Antioquia, donde se integró al frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

Una prueba de la importancia de Arango en el ELN es que tras su ingreso intercambiaba mensajes con comandantes de esa organización subversiva, como lo reveló Semana. Entre los correos que conocieron las autoridades después de un operativo contra Jacob Acuña, miembro de la dirección nacional del Eln que fue abatido en 2018, se encuentra uno que este le envió a la socióloga en el que le dio a conocer unas decisiones tomadas en una reunión con otros mandos del grupo armado: “se oficializa tu estadía como acto de solidaridad con nosotros, pero respetando tu militancia”.

Arango inició una relación sentimental con Felipe Alcocer Albarino, conocido como ‘Pirry’, que se mantuvo hasta que él murió en medio de combates con el Ejército en junio de 2022. ‘Pirry’ comandaba el frente Darío Ramírez Castro del ELN que opera en el sur de Bolívar y Antioquia. Las autoridades señalaban a este hombre de los delitos de terrorismo, reclutamiento forzado, y actividades de financiamiento ilegal. Según la Presidencia de la República, ‘Pirry’ había estado detrás del desplazamiento de 400 personas en El Bagre, Antioquia; de campos minados en el corregimiento Barro Blanco, de Tarazá; y había participado de un ataque a una subestación de policía en Simití, Bolívar, en 2018.  

La socióloga escaló posiciones al interior de la organización subversiva. Sobre su designación como gestora de paz para el proceso de diálogo que adelanta el Estado con esa guerrilla en Caracas (Venezuela), las dos fuentes citadas dijeron “se debe a su conocimiento sobre el Darío Ramírez Castro”.

Esa estructura armada que tiene influencia en municipios de Bolívar como Montecristo, Arenal, Morales y Santa Rosa del Sur ha sufrido diferentes golpes por cuenta de las acciones de la Fuerza Pública, como la muerte de ‘Pirry’. También, ha protagonizado una guerra contra disidencias del frente 37 de las Farc, como lo advirtió una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en 2021, y confrontaciones contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por eso, la orientación que tome el Darío Ramírez Castro en el proceso de paz es de gran importancia.

Arango fue capturada el 3 de junio en medio de la operación Osiris desplegada por el Ejército para capturar a ‘Pirry’. Este último murió y ella fue apresada junto con otra mujer en la vereda La Honda de Morales (Bolívar), según expuso el fiscal Miguel Olaya Cuervo en la audiencia de la legalización de su captura.

La excarcelación de Arango se dio el 18 de noviembre. Una resolución del gobierno Petro la nombró gestora de paz el 31 de octubre de 2022. La socióloga estaba detenida en la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca), hasta donde llegó una comitiva acompañada de delegados de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz con el ELN. 

Vorágine conoció un documento expedido por la jueza Lilyan Bastidas Huertas, quien impuso medida de aseguramiento contra Arango en junio. En la comunicación, la funcionaria puntualizó que la autoridad competente para ordenar la libertad era el Centro de Servicios Judiciales, el cual dispuso excarcelación el 18 de noviembre. Arango fue llevada al aeropuerto de Cali, donde se embarcó en un avión que la trasladó a Bogotá y aterrizó en el aeropuerto militar de Catam.

Arango tendrá varias funciones como gestora de paz: interlocutar con medios de comunicación, acompañar gestiones humanitarias en diferentes regiones del país y con integrantes del Eln privados de la libertad, brindar insumos a la mesa de negociaciones sobre el desarrollo del conflicto, hacer pedagogía sobre los diálogos de paz y aportar en las discusiones de las partes en la mesa.  

Entre los compromisos pactados está que Arango rinda informes mensuales sobre sus actividades como gestora y que comparezca a las audiencias judiciales del proceso que se adelanta en su contra.

Los procesos judiciales contra Violeta

Arango está señalada de concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio y rebelión. Los tres primeros cargos se basan en su supuesta participación en el atentado en el centro comercial Andino. Vorágine tiene en su poder documentos de la Fiscalía en los cuales están consignados los señalamientos.

El primero es el escrito de acusación contra los acusados de perpetrar el atentado. En este se señala a Arango de estar en “la parte ideológica y operativa del MRP”. Según la Fiscalía, compartía esa tarea con Mateo Gutiérrez León, estudiante de la Universidad Nacional.

Gutiérrez era amigo de Violeta desde cuando ambos estudiaban en el colegio Juan Ramón Jiménez. “Era de la casa”, dijo el papá de Violeta. Mateo pasó casi dos años en prisión señalado por la Fiscalía de participar en la instalación de una bomba panfletaria del MRP en un apartamento en el centro de Bogotá. Sin embargo, fue declarado inocente en 2019 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá y en 2020 por el Tribunal Superior de la misma ciudad. Ambas instancias cuestionaron la versión de un testigo presentado por la Fiscalía y no encontraron suficientes las pruebas para emitir una condena. Incluso, Gutiérrez demostró que el día de la explosión estaba en una protesta en la Universidad Nacional. Su proceso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá dar un fallo definitivo.

El MRP es un grupo armado urbano que se mostró públicamente por primera vez en 2015 con la exhibición de banderas en varias partes de Bogotá. Después de eso, perpetró atentados en Bogotá y Pereira. Algunos se dieron en apartamentos donde instalaban explosivos panfletarios de bajo poder que expulsaban comunicados de esa insurgencia, otros, tuvieron como objetivo sedes bancarias, de EPS y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El organigrama de ese grupo armado que presentaba el ente investigativo ha tenido que ser modificado por sus reveses en los tribunales con la absolución de Gutiérrez y la de Arturo Steven Buitrago, un taxista que también fue acusado de pertenecer a ese grupo armado, pero que demostró su inocencia.

En el mismo escrito de acusación contra los señalados de atentar contra el Andino, la Fiscalía acusó a Arango de descargar los planos del centro comercial junto a Alejandra Méndez el 13 de junio de 2017, cuatro días antes del atentado. En el documento se lee: “revisaron los planos e imprimieron los planos locales de la Caja Social, Nicolukas y Dolce Gabbana, que están en la ruta que accede a los baños de mujeres del segundo piso, donde ocurrió el nefasto hecho que nos ocupa”.

El 12 de agosto de 2019 un testimonio le dio un giro a la primera hipótesis de la Fiscalía. Natalia Trujillo Nova, una de las acusadas de perpetrar el atentado, hizo un preacuerdo con el ente acusador y se comprometió a entregar información sobre la actividad del MRP y del ELN. Ese día Trujillo rindió un interrogatorio y aseguró que ella fue con Violeta a un café internet. “Ella (Violeta) me dijo que la acompañara a llamar y ahí fue que me dijo que fuéramos a ese café internet. Cuando yo estaba sentada en el computador, ella me pidió el favor que le imprimiera un archivo y me pasó una usb, yo le di imprimir, ella recogió el documento, ella hizo unas llamadas y nos fuimos para el apartamento”, relató Trujillo. Según eso, Alejandra Méndez no habría ido al establecimiento comercial con ellas.

La Fiscalía asegura que los planos fueron una parte fundamental para perpetrar el atentado. La bomba fue instalada en el baño de mujeres del segundo piso del centro comercial, explotó un sábado a las 5 pm en vísperas del día del padre, por lo que en ese momento había gran afluencia de público. Incluso, en el baño había fila para entrar a los cubículos con los sanitarios. Las circunstancias en medio de las cuales se perpetró el ataque dan cuenta de un acto indiscriminado y con el objetivo de afectar a la población civil. Esa tarde fueron asesinadas Julie Thimai Huynh, Ana María Gutiérrez y Lady Paola Jaime Ovalle. 

Luego de cinco años, el caso del Andino se encuentra en total impunidad. Los señalados, que pasaron casi tres años presos, aseguran que son inocentes, a diferencia de lo que cree la Fiscalía. El juicio oral no ha empezado, debido a que todavía están en audiencias preparatorias, en las que la defensa y la Fiscalía presentan sus pruebas. No hay ninguna persona condenada ni capturada. Después del atentado, el MRP publicó un comunicado negando que hayan participado en los hechos. Las autoridades reportaron que en algunos de los allanamientos a las casas de los señalados de los hechos del Andino encontraron material alusivo a ese grupo armado como comunicados y banderas. 

Pilar Molano perdió una pierna como producto de la explosión, estuvo dos meses hospitalizada y quedó con secuelas psicológicas como temor a salir a la calle. Ella le dijo a Vorágine que “es una locura que la hayan dejado salir y sentarla en las negociaciones de paz con el Eln. Ponerla ahí quiere decir que ella sí fue, pero quieren hacerle creer al mundo que ella no tiene nada que ver”. 

Su voz de descontento se une a la de Francisco Bernate, abogado que representa a 11 familias víctimas del atentado, así se lo dijo a El País de España: “Sabíamos que esto podía pasar y, como pudimos, expresamos nuestra preocupación, pero no solamente no fuimos escuchados, sino que ahora nos enteramos por los medios que salió de la cárcel”. Bernate aseguró que la decisión del Gobierno sin tenerlos en cuenta a ellos era una burla a las víctimas del atentado al Andino y a la justicia. “Todo esto se hizo a espaldas de las víctimas, absolutamente todo. La Fiscalía debió advertirle al juez que tenían que concurrir las víctimas. Si esa audiencia existió, no se entiende cómo no informaron a las víctimas”, le dijo el jurista a El Colombiano. 

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Las denuncias de la familia de Violeta

El 24 de junio de 2017 la casa de los Arango en Chapinero fue allanada y Violeta empezó a evadir a las autoridades. El hermano, la mamá y el papá de ella aseguran que fueron perseguidos, no revelamos sus nombres por petición de ellos. “El 25 (de junio) empezaron los seguimientos. Nosotros salíamos en el carro y detrás iban las motos de Policía”, relató la mamá. “Si salíamos a pie siempre había una persona cerca a la casa, en las esquinas había personas de civil y siempre nos seguían adonde fuéramos. A mí me seguían más o menos tres personas siempre”, agregó.

Vorágine conoció una declaración extrajuicio que hizo la mamá de Violeta el 7 de junio de 2018 en una notaría de Bogotá, en la cual relató que el 4 de octubre de 2017 uniformados de la policía supuestamente abordaron a la empleada doméstica de uno de sus familiares y la llevaron a hablar con un hombre y una mujer que estaban de civil. “Nosotros sabemos que usted usa un inhalador de tal marca, si le da mucho miedo ahí lo tenemos entre el carro. Su esposo hace tal cosa, su hijo tal otra”, dijo la mamá de Arango sobre las palabras que supuestamente usaron  los agentes encubiertos. “Después de esto le ofreció un sobre para que colaborara delatando el paradero de Violeta, sobre que fue rechazado”, se lee en la declaración.

Los Arango volvieron a ser allanados el 7 de mayo de 2018. Ellos aseguran que leyeron la orden para ejecutar el procedimiento. En la declaración extrajuicio que dio la mamá de Violeta aseguró, bajo juramento, que ese día supuestamente les dieron 15 días para entregar a su hija o capturarían a su otro hijo. Es la versión que ella da. De esto dejó constancia en la notaría y, junto con su hijo y César Barrera (papá de una de las personas que estuvo detenida tras ser señalada del atentado del Andino), interpusieron una denuncia en la Fiscalía pidiendo que investigara las amenazas y el abuso de autoridad.

Casi cuatro años después, Violeta fue capturada en el sur de Bolívar. Las víctimas del atentado del Andino siguen esperando conocer quién perpetró ese acto que los ha condenado a llorar a sus familiares durante seis años y a cargar con secuelas físicas y psicológicas de las cuales, quizás, nunca se recuperen. Por su parte, las comunidades esperan que el proceso de paz con el ELN se traduzca en el alivio de la situación humanitaria de varias regiones que siguen viviendo la guerra entre esa guerrilla, el Estado y otros actores armados.

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