Las empresas israelíes más cuestionadas por espionaje y sus contratos con la Fiscalía y Policía

David Ghitis, ingeniero y activista cercano al Centro Democrático, ha hecho público su interés de que Colombia retome sus relaciones diplomáticas con Israel. Vínculos que se rompieron en mayo de 2024 por orden del presidente Gustavo Petro tras los ataques cometidos por ese país en Palestina, y que constituyeron un genocidio, según una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU. La motivación de Ghitis ha sido tal que le pidió a la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, a través de X, que si llega a la Presidencia lo primero que haga sea restablecer la diplomacia bilateral.

En otra publicación, Ghitis da por hecho que ese restablecimiento ocurrirá: “Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel se reconstruirán y se podrán traer a Colombia avances en tecnología y medicina”, escribió el pasado 23 de octubre en su cuenta personal de X. El columnista colomboisraelí, también creador de la página web “Uribe es inocente”, suele negar que Israel sea un Estado genocida. Sostiene que no existe evidencia jurídica que respalde esa afirmación y que, si hubiera una intención de exterminio, no tendría sentido que hoy existan más palestinos que en 1948.

Según documentos conocidos por VORÁGINE, Ghitis ha ejercido el rol de ingeniero en Verint, una empresa estadounidense con base tecnológica israelí, que ha hecho acuerdos con la Fiscalía colombiana para la prestación de servicios de inteligencia. Algunos de los proyectos de la empresa a nivel global han sido cuestionados por organizaciones internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos.

Verint y su sistema de inteligencia cuestionado internacionalmente 

El nombre de Ghitis se lee en una propuesta que la empresa Verint dirigió a la Fiscalía junto con la firma colombiana TE&I Consultores. Con fecha de abril de 2020, proponen hacerse cargo de la operación del proyecto Strada que hace parte del sistema de inteligencia de la entidad. El objetivo era proporcionar el mantenimiento del sistema GI2, propio de Verint, por un valor de 447 millones de pesos al año. En el documento el columnista aparece referenciado como ingeniero de soporte y el primer contacto con la compañía.

El sistema GI2 es el mismo que, según Amnistía Internacional, ha sido utilizado en países como Sudán del Sur para realizar interceptaciones ilegales por parte de gobiernos. Documentos analizados por la organización señalan que, entre 2015 y 2017, Verint Systems Ltd. habría suministrado tecnología de vigilancia al gobierno sursudanés, pese al alto riesgo de que fuera empleada para cometer violaciones de derechos humanos.

La información disponible sobre este sistema indica que es una herramienta portátil diseñada para simular una estación de telefonía móvil, atrayendo dispositivos cercanos para capturar sus datos de identificación y comunicaciones de manera encubierta. El sistema emite parámetros de red falsos para que los dispositivos se registren en él en lugar de la red real. 

Una vez enlazados, pueden identificar el número de identidad del suscriptor móvil, rastrear movimientos, interceptar llamadas y escuchar conversaciones en tiempo real. En varios países, estos equipos solo pueden adquirirse con autorización presidencial por su carácter de herramienta de seguridad nacional.

En conversación con VORÁGINE, Ghitis explicó que durante su trayectoria de 13 años como ingenierio de Verint sabía de primera mano que el sistema de la compañía que operó en Colombia no permitía escuchas ni interceptaciones. Se centraba en el rastreo de líneas telefónicas según explica: “La parte de hardware podría usarse con muchísimas funciones distintas, pero por ejemplo en el caso de la Fiscalía se adquirieron unos equipos con un software específico que solamente permite llevar a cabo las funciones que ellos necesitaban y que además fue verificado en mi presencia junto con el departamento jurídico”.

Verint Systems es una compañía especializada en software de vigilancia, análisis de datos e inteligencia, fundada por dos sujetos que fueron formados en el Ejército y los servicios de inteligencia israelíes. La empresa ha expandido su alcance ofreciendo herramientas de monitoreo, reconocimiento de voz e interceptación de comunicaciones a gobiernos y entidades privadas bajo el argumento de fortalecer la seguridad y la investigación criminal.

Su historial ha estado acompañado de señalamientos y denuncias por el uso de sus tecnologías en prácticas de espionaje y represión. En 2012, el ingeniero español Miguel Ángel Gallardo Ortiz presentó ante el Ministerio de Industria una denuncia administrativa en la que alertaba sobre la posible comercialización de dispositivos de interceptación de la marca Verint en España. Los aparatos fueron descritos como “maletines espía” capaces de interceptar comunicaciones móviles. Según la denuncia, estos equipos podían rastrear y grabar llamadas o conversaciones sin autorización judicial, lo que podría vulnerar el artículo 197 del Código Penal español.

En 2018, Reuters reveló que la compañía sostuvo conversaciones para fusionar su división de seguridad con NSO Group, creadora del software espía Pegasus (presuntamente utilizado para vigilar ilegalmente a periodistas, políticos y activistas) en una operación valorada en cerca de mil millones de dólares. Aunque el acuerdo no se concretó, el intento de unión entre ambas firmas, reconocidas por proveer herramientas de vigilancia a gobiernos, levantó alertas sobre el poder de concentración de esta industria. Ese mismo año, The Wall Street Journal y el laboratorio Citizen Lab señalaron que el auge del mercado de spyware avanzaba sin que las preocupaciones por los derechos humanos tuvieran impacto real.

En 2020, el diario israelí Haaretz citó a la activista Naomi Klein para describir a Israel como una “potencia cibernética ofensiva” sostenida por empresas como Verint Systems y NSO. De acuerdo con informes de Amnistía Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos del Norte de África y Oriente Medio, la tecnología de Verint ha sido utilizada por distintos gobiernos para facilitar la persecución de opositores y la comisión de abusos. Privacy International también ha documentado la entrega de equipos de la compañía a Kazajistán y Uzbekistán, donde fueron empleados para vigilar a la población y reprimir la disidencia.

En Europa, Verint ha colaborado con la Interpol en proyectos de reconocimiento de voz y rastreo digital destinados a identificar grabaciones en plataformas como YouTube y Facebook, una iniciativa que generó controversia por su potencial de vigilancia sin consentimiento. Mientras que en 2011, el Comité Permanente de Revisión de las Agencias de Inteligencia de Bélgica la vinculó además a una trama de espionaje a diplomáticos europeos.

Aunque la empresa sostiene que sus productos son diseñados para “mejorar la seguridad y la eficiencia institucional”, los informes de prensa, las denuncias administrativas y los reportes de organizaciones internacionales dibujan un panorama mucho más complejo. 

Cognyte y las empresas colombianas que representan a Israel 

Un exfuncionario del área de inteligencia de la Fiscalía le dijo a VORÁGINE que, en algunas ocasiones, David Ghitis actuaba como enlace entre empresas israelíes, la Embajada de Israel y la propia Fiscalía. El ingeniero y activista negó cualquier vinculación a la parte comercial de las empresas de las que hizo parte hasta 2022 así como la injerencia en acuerdos con autoridades israelíes. Le dijo a VORÁGINE que su rol era ser soporte de campo. Es decir, la persona que se encarga de dar atención ante cualquier problema con el sistema de la compañía y, además, capacitar a los funcionarios para su uso. La Fiscalía, por su parte, aseguró mediante un derecho de petición que no tiene registro de Ghitis en su planta global de funcionarios.

Sin embargo, Cognyte, la compañía para la que ha trabajado, líder israelí en software de analítica de inteligencia, también ha mantenido vínculos contractuales con la Fiscalía. Desde febrero de 2021, Cognyte se separó de Verint Systems Inc. y comenzó a cotizar en bolsa como una empresa independiente, según dio a conocer a su enlace de la Fiscalía en ese momento Herbert Mejía, actual director de la Policía Judicial, Dijin. 

Un año después, en enero de 2022, Cognyte presentó una propuesta formal a la Fiscalía para implementar un sistema avanzado de interceptación legal y análisis de comunicaciones llamado CLARIAN Advanced. Aunque la compañía no aparece registrada en Colombia, su socio local, TE&I Consultores, sí lo está: la misma firma que había participado en una propuesta anterior junto a Verint. En febrero de 2021, Cognyte certificó oficialmente que TE&I Consultores era su representante exclusivo ante la Fiscalía para los sistemas tácticos GI2-S, también de fabricación israelí.

Cinco meses después, en julio de 2022, la Dijin firmó un contrato con TE&I Consultores por más de 1.000 millones de pesos para el mantenimiento de equipos de radiolocalización. Entre los documentos del contrato figura aquella propuesta inicial, firmada por ambas compañías, y nuevamente aparece Ghitis como ingeniero y primer contacto de Cognyte.

TE&I Consultores pertenece a varios empresarios colombianos, entre ellos Javier Antonio Fernández, brigadier general retirado. Fernández fue ascendido en 2008, por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, durante el gobierno de Álvaro Uribe, tras la destitución de 30 militares implicados en casos de falsos positivos y la salida del entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya. Desde 2018, TE&I ha firmado 14 contratos con entidades del Estado por más de 46.000 millones de pesos, la mayoría en Bogotá, y dos en Antioquia, uno de ellos durante la alcaldía de Daniel Quintero.

En enero de 2019 la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín firmó un contrato de exclusividad con esta empresa para soporte y mantenimiento de los equipos GI2 por casi 5.000 millones de pesos. El contrato fue renovado hasta enero de 2024 y se hizo bajo la firma de TE&I Consultores que representa a Cognyte en Colombia. 

Es decir, TE&I Consultores se convirtió en la empresa colombiana que hace la gestión de los productos y servicios que son exclusivos de las compañías de inteligencia israelí. No solo Verint ahora llamada Cognyte, también de Cobwebs Technologies, una empresa israelí especializada en inteligencia web. La compañía se enfoca en soluciones de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para recopilar, analizar y monitorear datos de la web con el objetivo de identificar amenazas criminales, cibernéticas y terroristas.

Para diciembre de 2021, según reportó Aljazeera, Meta, la empresa matriz de Facebook, denunció a siete compañías de vigilancia privada por piratería y otros abusos, suspendiendo aproximadamente 1.500 cuentas, en su mayoría falsas, en Facebook, Instagram y WhatsApp. Reportaron que esos perfiles estaban vinculados a Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube y Bluehawk CI, todas ellas con sede o fundadas en Israel. Ese año, Meta prohibió a Cobwebs recopilar información en todas sus plataformas, la vinculó directamente a ataques contra la campaña antiracista #BlackLivesMatter en Estados Unidos. 

El portal The Intercept señaló en 2023 que la tecnología de vigilancia de Cobwebs permite a sus clientes rastrear los movimientos de particulares sin orden judicial. Los servicios de rastreo se basan en la compra masiva de pings de ubicación extraídos de smartphones, a menudo a través de aplicaciones móviles sin escrúpulos o anunciantes dentro de la aplicación, una forma de rastreo de ubicación no regulada y cada vez más extendida.

Otra de las empresas israelíes que representa TE&I Consultores tiene por nombre MerlinX. Una compañía privada especializada en soluciones de ciberinteligencia y personalizadas. En octubre de 2023, la Fiscalía de Perú solicitó una pena de 10 años y cuatro meses de prisión para el expresidente Ollanta Humala por el delito de colusión agravada relacionado con el “Proyecto Pisco”, una adquisición de un sistema de interceptación telefónica de Verint Systems Ltd. en 2012. 

Según la acusación, Humala habría intervenido para que el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Víctor Gómez Rodríguez, concertara con Shafrir Paz, representante de Verint, la compra del equipo, que nunca se implementó pese a su propósito de combatir el narcotráfico y la criminalidad.

En conjunto, estas operaciones dibujan una red de empresas israelíes que, a través de alianzas con entidades públicas, han logrado instalar sus sistemas de vigilancia e interceptación en el país pese a las denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos. Mientras que David Ghitis, quien se reconoce como activista político, asegura que los sistemas que operan en Colombia se ejecutan en el marco de la ley. El ingeniero lo explica desde el exilio pues, según cuenta, tuvo que salir del país por amenazas y hostigamientos que se dieron después de que el presidente Gustavo Petro lo llamara “neonazi” a través de Twitter en 2022.