Informantes asesinados y recompensas robadas: una olla podrida en la Fuerza Pública

Sicarios que se movían en dos motos interceptaron un carro en una vía rural de Riohacha, el 2 de julio del año pasado, y asesinaron a sus tres ocupantes. Una de las víctimas era Jerson Sanguino Avendaño, quien había sido jefe de finanzas del ELN y, tras desmovilizarse, se había convertido en informante del Ejército. Un par de meses después, el pasado 13 de septiembre, y no muy lejos de la escena de ese crimen, dos sicarios llegaron a una vivienda en Villanueva, La Guajira, y le propinaron seis tiros a Bernardo Molina*, quien operó en las redes del Clan del Golfo y se había convertido en un informante de la Armada. El hombre sobrevivió de milagro. 

Aunque los dos informantes, atacados en lugares y fechas cercanas, nunca se conocieron, sus casos comparten características. Los sicarios habrían sido enviados por el Clan del Golfo y, según las víctimas, se convirtieron en objetivo de esa organización criminal por la misma razón: policías y militares delataron sus roles de informantes ante el grupo delincuencial para que los asesinaran. Estas denuncias son apenas una muestra de la corrupción que se ha extendido en el sistema de pago de recompensas de la Fuerza Pública colombiana, y que salpica a decenas de militares, policías y otros funcionarios, varios de ellos de alto nivel.

VORÁGINE documentó los atentados contra los informantes y recogió decenas de testimonios, denuncias, piezas de expedientes, decisiones judiciales y documentos reservados y secretos de la Fuerza Pública que dan cuenta de hechos muy graves en el centro de este sistema. Además de la traición a los informantes, los hallazgos vinculan a decenas de uniformados y agentes con extorsiones, robos de recompensas y falsificación de información. Las irregularidades vienen ocurriendo hace varios años, y aunque la justicia ha judicializado a algunos responsables, muchos casos permanecen en la impunidad.

No se trata de eventos aislados. La política de pago por información se ha convertido en uno de los pilares de la lucha contra el crimen y la guerra contra las drogas por parte de las autoridades colombianas en las últimas dos décadas. Tanto el Ministerio de Defensa como las administraciones departamentales y municipales destinan miles de millones anuales para los informantes. Actualmente, ese sistema, desde la asignación de las cuantías a pagar hasta la verificación de la legalidad de las recompensas, se rige por una directiva ministerial, emitida en 2019, que da grandes beneficios económicos por la obtención de resultados operacionales. Se trata de un documento de uso “secreto”, es decir, su conocimiento no está permitido para la ciudadanía en general, pero que VORÁGINE hace público por su importancia para el ejercicio de la veeduría ciudadana de los recursos públicos (ver directiva).

Pese a que en ese documento se enuncian las herramientas de control para evitar la corrupción, los hallazgos de esta investigación periodística apuntan que los mecanismos no funcionan a cabalidad. Y esto se debe a los grandes incentivos económicos que atraen las prácticas corruptas, y a la dificultad de ejercer la vigilancia y el control sobre las actividades de inteligencia de la Fuerza Pública, que en muchos casos se rotulan como “secretas” o “confidenciales”, bajo el argumento del riesgo de seguridad que implican.

Delatados y perseguidos

En dos denuncias que Jerson Sanguino radicó ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, publicadas por este medio de comunicación el año pasado, quedó consignada su versión de cómo pasó de ser un guerrillero a un informante del Ejército. Según su relato, el ELN lo reclutó en Catatumbo cuando apenas era un niño, y, tras años de actividad delincuencial, llegó a manejar las finanzas del Frente de Guerra Nororiental. En 2018 se desmovilizó y fue contactado por el coronel Mario Sarmiento, un reconocido oficial de inteligencia, retirado del Ejército en 2023, quien lo convirtió en informante. 

“Me prometieron que todo iba a ser informado a la DEA y que iba a ser protegido por el gobierno de Estados Unidos”, aseguró Sanguino en sus denuncias. Varios registros judiciales conocidos por VORÁGINE confirman que el desmovilizado colaboró con las autoridades. La información que entregó fue utilizada para enjuiciar a un miembro de la Dirección Nacional del ELN y para interceptar líneas telefónicas de sospechosos de narcotráfico. Según su relato, el coronel Sarmiento lo relacionó con otros militares bajo sus órdenes y con agentes de la Fiscalía. Entonces empezó a entregar información sobre el narcotráfico en la zona de frontera, y llegó incluso a infiltrar a un sargento dentro de un cartel de droga. 

“La primera misión fue infiltrar a los señores mencionados en el cartel de los Soles. Localicé a alias ‘La Gocha’, quien era la mano derecha de Diosdado Cabello, miembro del gobierno de Venezuela, y ella era quien hacía los envíos de droga al cartel de Sinaloa en México, y quien coordinaba la compra de la droga al ELN en la zona de Río de Oro, en la frontera”, dijo Sanguino en su denuncia. 

En medio de su colaboración, según contó, el sargento con el que trabajaba le pidió que consiguiera 60 kilos de cocaína y le dijo que la operación ya estaba “cuadrada” con el coronel Sarmiento y una fiscal. Sanguino aseguró que obtuvo la droga “fiada” con unos contactos del EPL que tenía en Cúcuta, y que se la entregó a los militares. Agregó que los militares la vendieron al cartel de Sinaloa y nunca le entregaron el dinero para pagarla. Cuando él quiso cobrar, dijo, lo delataron ante la organización criminal.

“Cuando localicé al señor (sargento) Garnica para cobrarle la deuda, lo que hizo fue contarle la verdad a ‘La Gocha’ para que me mataran y así no pagar la deuda. La Gocha me llamó a contarme todo y me dijo que me cuidara porque yo era objetivo militar para las organizaciones de ellos”. Como el EPL y el Clan de Golfo eran socios en ese momento, en medio de una guerra sostenida con las guerrillas del Catatumbo, ambos grupos empezaron a perseguirlo. El informante se escondió y cambió de ciudad de residencia en varias ocasiones, incluso con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. 

Fue entonces que, en 2022, interpuso las denuncias conocidas por VORÁGINE, en las que contó su historia. Sin embargo, las amenazas continuaron. Recibió mensajes, panfletos y hasta lo atacaron con una granada, según un reporte policial.  El pasado 2 de julio fue interceptado por varios sicarios en la vía que de Riohacha conduce a Valledupar. Iba con un escolta de la UNP y con otro hombre. Los asesinos los amarraron de pies y manos y les dispararon. En un vidrio del carro de las víctimas dejaron pintaron las siglas del EGC (Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo). La Fiscalía le dijo a este medio que avanza en las pesquisas por las amenazas y el asesinato de Sanguino, pero los procesos apenas están en etapa de indagación.

El ataque contra Bernardo Molina, cuyas denuncias describen un patrón similar al de Sanguino, ocurrió apenas a unos 90 kilómetros, en ese mismo departamento, en jurisdicción de Villanueva. Molina le contó a VORÁGINE que el pasado 13 de septiembre estaba en una vivienda con varios de sus familiares cuando dos hombres desconocidos y armados irrumpieron. Uno de ellos amenazó a sus parientes y el otro le descargó seis tiros en el pecho, el abdomen, un brazo y las piernas. El hombre herido alcanzó a llegar a un centro médico y sobrevivió. 

Un año antes, en agosto de 2024, el hijo de Molina, de 36 años, había sido asesinado a tiros. Solo un medio de comunicación local registró someramente el crimen. Según le dijo Molina a VORÁGINE, los dos atentados fueron ejecutados por miembros del Clan del Golfo, luego de que agentes de inteligencia de la Policía delataran su trabajo como informante de las autoridades.

Según su relato, comenzó a colaborar con las autoridades en Cartagena hacia 2015. Primero intentó trabajar con miembros de las Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), pero no logró concretar operaciones ni recibir pagos por la información que suministraba. Entonces empezó a trabajar para la Armada, con la que contribuyó, según dice, a la incautación de varios cargamentos de droga que fueron presentados ante medios de comunicación como operativos exitosos.

En uno de esos, según los reportes de prensa de la época, incautaron más de mil paquetes que contenían cocaína avaluada en 32 millones de dólares, que estaba a punto de ser enviada en un barco hacia Guatemala. En otra operación en 2019, en la que Molina dice haber colaborado, se reportó el hallazgo de dos toneladas de cocaína, avaluadas en más de 100 millones de dólares, escondidas tras un muro falso en un parqueadero. Según las declaraciones que las autoridades le dieron a El Tiempo en su momento, este hallazgo se dio gracias a información entregada por la ciudadanía. 

VORÁGINE conoció una certificación de un reconocido banco que soporta la versión sobre la colaboración de Molina con la Armada. Allí se describe que, en octubre de 2016, recibió una consignación de 140 millones de pesos por parte de un alto oficial de esa fuerza. Además, hay registro de otro pago por 130 millones de pesos, efectuado en diciembre de 2019 por una empresa registrada como “Dirección Administrativa”, cuyo domicilio referido era la Base Naval de la Armada. 

Molina asegura que, finalmente, fueron agentes de inteligencia de la Policía los que lo delataron con el Clan del Golfo, y así lo ha denunciado ante distintas autoridades. Y agrega que, por su actividad dentro de ese grupo criminal, sabe que hay uniformados que trabajan para los narcos. Sobre esos vínculos, este medio conoció el expediente judicial del exjefe operativo de la Seccional de Inteligencia de la Policía en Bolívar, quien terminó condenado el año pasado por filtrar información al comandante de una subestructura del Clan del Golfo, para evitar capturas y operativos contra el grupo criminal. 

“El señor Arellano Cerda facilitó y divulgó a un líder de la citada organización criminal, conocido con el alias de ‘Cuco’, datos contenidos en archivos y bases de datos, específicamente referentes a detalles de órdenes de captura, procedimientos policiales y métodos de manejo institucional de la información sistematizada. Así mismo, en virtud de su posición privilegiada al interior de la Policía proporcionaba y aconsejaba al integrante del GAO la estrategia que debía adoptar para no dejarse capturar por parte de la administración de justicia”, dice la sentencia contra el uniformado.

Además de los testimonios directos, VORÁGINE también conoció un expediente judicial que describe las amenazas de delaciones que sufren los informantes. En octubre pasado, después de años de vueltas en los estrados, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena contra el coronel Hoover Ríos y el capitán Giovan Cruz por las presiones que ejercieron contra una colaboradora del Ejército. Pese a que el proceso cursó en su contra durante más de diez años, Ríos siguió ascendiendo en el Ejército y ocupó cargos importantes como la comandancia de la Brigada de Desminado Humanitario.

El caso se remonta a diciembre de 2008 cuando, en un combate en una zona montañosa del Tolima, el Ejército mató a Englio Gaona Ospina, alias “Bertil”, jefe del frente 25 de las Farc. En ese momento, las autoridades lo reportaron como una baja sensible para la guerrilla porque llevaba más de 20 años en el grupo ilegal y era cercano al “Mono Jojoy”. Lo que no se dijo es que ese operativo se logró gracias a la información que entregó Diana Pinto, una campesina de la región. 

Según el relato que la mujer le dio a la Fiscalía, fue retenida por un grupo de militares que la presionaron para entregar la ubicación del jefe guerrillero, a quien ella había visto en la zona. La campesina dijo que brindó la información al entonces mayor Ríos, quien luego del operativo contra “Bertil” la llamó para decirle que se había ganado una recompensa de 400 millones de pesos. De acuerdo con el expediente, Ríos y Cruz coaccionaron a la informante para que firmara unas letras de cambio con las que, finalmente, lograron que ella les entregara 278 millones de pesos del dinero que recibió por la información.

Para quedarse con la plata, los militares engañaron a la mujer. Le dijeron que tenían que darle una parte del pago a otros informantes que realmente no existían. Y también la amenazaron con delatarla, según se lee en una de las sentencias del caso: “la habían amenazado con entregar la información a la guerrilla del informante que ayudó con la neutralización del cabecilla alias ‘Bertil’, si ella contaba algo respecto a las letras de cambio suscritas antes de que se hiciera entrega de la recompensa”. 

Pese a que los militares fueron imputados por estos hechos desde 2014, Ríos siguió su carrera en el Ejército hasta 2022. Finalmente, el año pasado, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al coronel a nueve años de prisión.

Por un puñado de billetes

La corrupción en este sistema de la Fuerza Pública no se agota en la delación de los informantes. Son incluso más comunes los casos en que militares, policías y otros funcionarios falsifican información para quedarse con los millonarios recursos de las recompensas. VORÁGINE documentó varias denuncias que han sido investigadas por la justicia. Algunas de ellas concluyeron en condenas, mientras que la mayoría de investigaciones se han quedado a medio camino. 

Entre los procesos investigados a fondo está el del mayor Luis Torres y el cabo Luis Rodríguez del Ejército. Según una sentencia proferida en 2021, cuando eran miembros del Batallón Cacique Nutibara, en Antioquia, los militares “suscribieron actas de pago de información alteradas en su contenido”. Es decir, entre 2016 y 2017, diligenciaron documentos falsos con los que soportaron el pago de recompensas. La Fiscalía demostró que al menos 19 millones de pesos de esos recursos fueron a parar a sus cuentas bancarias. 

El método que emplearon fue sencillo: en los reportes de inteligencia, los militares registraron pagos a tres informantes. Cuando los investigadores contrastaron, los hombres que figuraban como colaboradores dijeron que nunca habían trabajado con el Ejército ni mucho menos habían recibido dinero por suministrar información. Además, los militares procesados falsificaron firmas de sus compañeros para lograr el desembolso del dinero. Todo el entramado quedó al descubierto y, al final, el mayor Torres y el cabo Rodríguez aceptaron su responsabilidad y terminaron condenados a tres años y ocho meses de prisión. 

En una investigación similar, la Fiscalía se prepara para llevar a juicio al coronel Robert Muñoz Legarda, quien fue comandante del batallón de infantería 23 de Cartago; al capitán Edgar Ballesteros, quien fungía como oficial de inteligencia de esa unidad militar; y al sargento Luis Fernando Vélez, quien estaba a cargo de los trámites del pago de recompensas. Según la Fiscalía, los militares falsificaron información que le enviaron a la Tercera Brigada para cobrar una recompensa por la incautación de 170 cilindros de gas en El Cairo, Valle del Cauca, en agosto de 2020.

En los documentos que presentaron, los militares dijeron que encontraron el depósito de explosivos gracias a la información de una fuente humana, a la que se le pagaría la recompensa. Sin embargo, según relató un cabo que dirigió ese operativo, él y un grupo de 15 soldados encontraron los cilindros en un paraje rural, en medio de un patrullaje de rutina. Es decir, para la Fiscalía, fue un hallazgo casi casual, y no derivado de las indicaciones de un informante.

De acuerdo a la investigación, los mismos militares usaron información falsa para cobrarle una recompensa a la alcaldía de El Dovio, por un operativo militar que condujo a la muerte de “El Negro Antonio”, jefe del frente Ernesto Che Guevara del ELN. En los documentos presentados a la administración municipal, dicen los investigadores, consignaron información falsa sobre una fuente humana.

La Fiscalía acusó a los militares y se prepara para comenzar el juicio. Por su parte, el coronel Muñoz, quien estuvo en el Ejército hasta febrero de 2024, le dijo a VORÁGINE que solicitaron las recompensas siguiendo los trámites de ley, y que el proceso en su contra se derivó de una venganza personal de la denunciante contra uno de los militares implicados. Agregó que por el revuelo que generó su proceso, los informantes de esas operaciones fueron amenazados de muerte por grupos armados. El alto oficial, entre tanto, demandó al Ejército para pedir su reintegro a la institución y que se le permita seguir ascendiendo en la jerarquía castrense. 

Pero no todos los casos denunciados avanzan con la misma celeridad en la Fiscalía. Desde 2017, el ente investigador recibió denuncias sobre una presunta red de corrupción que se enquistó en la Sala Negro, dedicada a interceptaciones de comunicaciones para la Policía Antinarcóticos y financiada con dinero de cooperación del gobierno británico. La investigación comenzó después de que a la oficina de Transparencia de la Presidencia llegó un anónimo que informaba de una larga lista de presuntas irregularidades que luego fueron ampliadas con testimonios de policías y agentes de inteligencia. 

Las pesquisas incluían varias irregularidades delicadas, como la posible filtración de información a grupos criminales e incluso la extorsión de narcos por parte de policías. Otra de las aristas indicaba que los uniformados supuestamente fabricaron informes falsos para cobrar dinero de recompensas por incautaciones de droga. En este caso concreto, los agentes habrían conseguido la información de los cargamentos a través de las interceptaciones telefónicas, y luego la habrían reportado como resultado de trabajo con fuentes humanas. 

Varios coroneles que pasaron por la Sala Negro durante al menos cinco años fueron mencionados en los testimonios de los testigos de este caso: “Arrojaban resultados como por ejemplo la incautación de media tonelada de cocaína y después la pasaban como si fueran resultados dados por fuente humana cuando no era así (…) De ahí buscaban una fuente humana que les firmara para ellos poder reclamar la recompensa”, se lee en una declaración de un uniformado publicada por Caracol Radio. En este caso, la Fiscalía adelanta una investigación por presunto fraude procesal que apenas está en etapa de indagación, según le dijo esa entidad a VORÁGINE.

Otro caso conocido por la Fiscalía que no se ha esclarecido tiene como protagonista al informante Henry Cifuentes, quien, durante años, fue testigo en varios de procesos relevantes contra jefes de la Oficina, la confederación de bandas que controlan el crimen en Medellín. En conversación con VORÁGINE, Cifuentes aseguró que trabajó como informante entre 2013 y 2022. En ese periodo, dijo, colaboró especialmente para la Dijin de la Policía y la Dirección de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Cifuentes participó en varios juicios relevantes en Medellín, como se puede corroborar por sentencias judiciales en las que aparece citado como testigo. Su nombre quedó registrado en la condena emitida en 2020 contra Jorge Vallejo, señalado por las autoridades como uno de los jefes de la banda El Mesa. Allí, el juez reseñó el testimonio en el que Cifuentes identificó a Vallejo como miembro de ese grupo criminal, y dijo que lo vio en dos ocasiones, en una de esas “en una reunión de cabecillas”.

Cifuentes también aparece mencionado en otra condena de ese mismo año contra John Fredy Yepes, alias ‘Barrigas’, de la banda Los Pachelly, a quien la Policía presentó como el jefe máximo de la Oficina de Envigado. “La Fiscalía también trajo como testigo a Henry Yovany Cifuentes Ortiz, alias ‘Canario’, quien afirmó (…) conoció a ‘Barrigas’ en una reunión con los ya mencionados, donde se habló de unos hurtos que se estaban realizando en el sector de Hato Viejo, y que éste maneja el barrio Los Alpes, diciendo que tiene voz de mando para ordenar homicidios”, se lee en la providencia judicial.

Pero hoy Cifuentes dice que esos testimonios y muchos más que entregó en otros procesos judiciales son falsos y que los acordó con los investigadores. “En los testimonios yo me prestaba, o sea eran inducidos por la Fiscalía, pero yo, como mayor de edad y una persona consciente, sabía que eso estaba mal hecho. Pero como estaba con la Fiscalía y con la Dijin, pensaba: ‘estoy bien porque estoy con el Estado’. Pero ahí yo sí dije cosas falsas”, le aseguró a VORÁGINE.

Cifuentes sostiene que no tiene sentido que lo hubieran usado para señalar a miembros de organizaciones delincuenciales distintas, incluso enemigas. “Es ilógico, o sea, usted cómo va a decir que yo conocí al señor Vallejo cuando él aparece como miembro del grupo delincuencial El Mesa. Pero que también me relacionaba con alias ‘Barrigas’ del grupo Los Pachelly, pero que yo era de Los Chatas. Eso es imposible porque son tres organizaciones enemigas. Usted no puede hablar con uno y con otro, eso no se puede”.

El testigo asegura que empezó a denunciar estas irregularidades porque los agentes le robaron algunos pagos de las recompensas. Dice que durante años recibió dinero mensual para su sostenimiento personal por parte de la Dijin, y que los agentes se quedaban con una parte del dinero. “Yo me di cuenta de que me estaban robando por las consignaciones. Porque vi que en la cuenta bancaria me habían acabado de ingresar 5 millones y se retiraron los 5 millones el mismo día”.

Explica que esas irregularidades se sostuvieron durante años: “Me entregaron muchos dineros que yo no tenía conocimiento de por qué los estaban entregando. Yo solamente prestaba mi número del kárdex (identificación confidencial del informante). A mí me correspondía una parte, otra parte para otros testigos y la mayoría era para los investigadores. Del mismo modo se robó dinero de las recompensas de las alcaldías, falsificando documentos que no correspondían a la realidad”. 

El abogado Álex Morales, apoderado de Cifuentes, ha presentado sus testimonios ante la Fiscalía, que ya empezó las indagaciones, pero hasta ahora no ha habido avance. La exfiscal Claudia Carrasquilla, hoy concejal de Medellín, quien según Cifuentes es una de las involucradas en las irregularidades, ha dicho públicamente que nunca trabajó con el informante y lo señala de ser un mentiroso: “nunca le pagué un peso para que mintiera”, aseguró en una sesión del Concejo. 

La fuente de los millones

El pago de recompensas se ha convertido en una de las puntas de lanza de la política contra el crimen en el país. Anualmente, miles de millones de pesos se reparten en medio de la opacidad que, en teoría, se justifica por el riesgo de seguridad que supondría la exposición de información tan sensible. Personas consultadas por VORÁGINE, quienes conocen el funcionamiento de este sistema, coinciden en que la corrupción se facilita por la dificultad de verificar la información de inteligencia que suministran los uniformados, además de la discrecionalidad de tantos funcionarios para solicitar pagos por varias vías. 

Las distintas unidades militares y policiales pueden pedir recursos de los gastos reservados de la Fuerza Pública para pagar información. Pero también las gobernaciones y las alcaldías de todo el país entregan miles de millones en recompensas, con el fin de promover la seguridad en los territorios. VORÁGINE conoció, por ejemplo, que entre enero de 2020 y noviembre de 2025, la Alcaldía de Medellín destinó 4.698 millones de pesos al pago de recompensas, según se lee en la respuesta a un derecho de petición. Este monto se distribuyó entre 226 fuentes humanas solo en una ciudad.

El mayor presupuesto para recompensas es el que se maneja desde el Ministerio de Defensa. Este medio envió un derecho de petición para conocer los montos de los pagos, pero la cartera no lo contestó pese a que se cumplió el plazo de ley. Sin embargo, accedimos a otros documentos, varios de ellos con el rótulo de “secreto” o “restringido”, que dan cuenta de cómo opera el andamiaje de las recompensas. 

En actas del comité central para pago de información del Comando General de las Fuerzas Militares quedaron consignados los trámites de varias unidades militares. Por ejemplo, documentos de 2021 y 2022 dejaron la trazabilidad de siete recompensas solicitadas por unidades militares de distintos lugares del país. En la mayoría de los casos, las solicitudes se justificaban por la entrega de información que llevó a la captura de miembros de bandas criminales como el Clan del Golfo. Sin embargo, los oficiales que componían el comité evaluador rechazaron todos los pagos. Es decir, no encontraron que las solicitudes de dinero estuvieran justificadas. 

También conocimos un acta de pago de recompensas de la Armada que da cuenta de los valores que entregaron por más de una decena de incautaciones de cocaína. Por un operativo que condujo a la interceptación de 3.891 kilos se pagó una recompensa de 210 millones de pesos. Por otro de 2.140, pagaron 180 millones.

Los pagos se decretan a partir de la directiva permanente 02 de 2019 del Ministerio de Defensa, citada líneas atrás en este reportaje. Ese documento secreto define la metodología para conceder las recompensas y la verificación de la legalidad de esos procedimientos, que pasan especialmente por los comités que establece la Fuerza Pública para evaluar los casos. Allí también se definen los montos de los pagos. 

Por ejemplo, por información que conduzca a las autoridades al jefe máximo de un Grupo Armado Organizado, como denominan en la jerga militar a los mayores grupos delincuenciales del país, como el ELN o el Clan del Golfo, pueden pagar hasta 2.560 salarios mínimos. Es decir, con las vigencias actuales, hasta 4.480 millones de pesos. La tabla va bajando dependiendo del rango del criminal: hasta 650 salarios mínimos por “cabecillas principales”, hasta 100 salarios mínimos por “cabecillas regionales”. 

La directiva también define los pagos por incautación de armas, drogas y otros tipos de infraestructuras usadas por los delincuentes. Por un misil tierra aire pueden pagar hasta 30 millones; 10 millones por un arma calibre .50 – de alta potencia-; 3 millones por un fusil francotirador y 300.000 pesos por una pistola. Por la incautación de un kilo de cocaína se pagan 156.000 pesos, una cifra que en la incautación de grandes cargamentos puede convertirse en un pago máximo de 600 millones. La lista continúa y le pone precio a todo tipo de elementos.

Lo que deja claro la directiva es que hay incentivos reales, millonarios, para que los ciudadanos entreguen información a las autoridades, pero también para que los mismos funcionarios monten esquemas corruptos para sacar provecho propio. Más aún cuando la verificación de estos gastos, asociados a labores de inteligencia reservadas en la mayoría de casos, resulta tan difícil para entidades como la Contraloría o la Procuraduría.  

VORÁGINE le preguntó al Ministerio de Defensa por los casos concretos de irregularidades mencionados en este trabajo periodístico y por el funcionamiento de los controles internos para evitar la corrupción, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, en un derecho de petición que tuvieron que contestarle al Senado de la República en 2023, la cartera señaló que la prevención se deriva de la misma directiva de 2019, que “define criterios claros sobre valores, niveles, controles, instancias, procesos y requisitos rigurosos para efectuar dichos pagos”.

El ministerio agregó en esa respuesta que “se implementan controles externos sobre los organismos de inteligencia y contrainteligencia ejercidos por diversas autoridades, incluyendo las Inspecciones Generales de las Fuerzas, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso. Asimismo, las Fuerzas Militares también deben observar lo consagrado en la directiva ministerial previamente citada para el pago de recompensas”. 

La cantidad de casos documentados sobre corrupción en las recompensas, además de los muchos que se comentan internamente por los mismos uniformados, y que nunca se denuncian, dan cuenta de que este sistema de control no está funcionando de la mejor manera. Y eso no solo afecta el erario, sino que habría derivado incluso en ataques contra algunos informantes que llegaron a colaborar en operaciones contra el crimen. 

*Nombre cambiado por razones de seguridad. 

Este trabajo periodístico hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.

Si tiene más información de este u otros temas escriba al mail: [email protected]