Laura Sarabia y su red de poder: los nombramientos que todavía la persiguen

«¡Ese no puede ser!». El grito de Laura Sarabia fue un estruendo que silenció de tajo el debate en la Casa de Nariño.

Era septiembre de 2024 y, alrededor de la mesa, el gobierno afinaba la terna para la Procuraduría: 25 nombres en disputa, entre ellos Héctor Carvajal y Jorge Perdomo. Pero ella empujaba, contra la corriente, por otro: Gregorio Eljach, según le dijo a VORÁGINE uno de los exfuncionarios presentes. 

Días después, el nombre de Eljach se impuso. Y, como reportó las 2 Orillas, detrás de esa decisión estuvo la mano de Sarabia, junto a la del exministro Juan Fernando Cristo. Sarabia, sin embargo, le dijo a VORÁGINE que la elección fue exclusivamente del presidente. 

No está claro si aquel grito inclinó la balanza o si fue apenas la manifestación de algo que ya estaba decidido en otra parte. Lo que sí resulta evidente es que, para entonces, Sarabia ya no orbitaba alrededor del poder: lo moldeaba. No era solo la mano derecha del presidente, en momentos clave parecía ser quien marcaba el rumbo. 

La voz del presidente 

Antes de convertirse en la canciller más joven en la historia de Colombia, con apenas 30 años, Laura Sarabia llegó al petrismo por una vía inesperada: Armando Benedetti. Su historia personal parecía ir en sentido contrario. Creció en un entorno militar, hija de un suboficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, bajo una formación cristiana evangélica de asistencia diaria al culto. Una vida, en suma, de talante conservador.

Su tránsito por el Estado fue rápido y estratégico. Hizo sus prácticas en el Ministerio de Defensa, luego fue asesora del Partido de la U y, más tarde, aterrizó en la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Benedetti, entre 2018 y 2020. Para 2022 ya estaba instalada en la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la mano de quien fue uno de sus principales estrategas. Su disciplina y discreción, como la describen quienes la rodearon, la catapultaron en agosto de ese año, a los 28, a un cargo clave: jefa de Despacho Presidencial, la llamada “guardiana de la puerta” de la Casa de Nariño.

Administraba la agenda del presidente, decidía quién podía verlo y quién no, y funcionaba como el puente directo con los ministros. “Ella manejaba el computador del Palacio donde están todos los cargos del Estado. Qué congresista tiene qué, quién pidió un cargo, qué personas eran cercanas, quién estaba en cada ministerio y debido a quién. Todo eso lo manejaba una persona y era Laura”, cuenta un exfuncionario de la Casa de Nariño.

Con el paso de los meses, ese control se expandió. Según ese mismo exfuncionario, Sarabia se convirtió en la mano derecha, y también la izquierda, de Gustavo Petro. En sus ausencias, era ella quien daba la cara, hablaba con ministros, impartía órdenes y organizaba encuentros. Pero esa eficacia comenzó a incomodar dentro del gabinete. Varios de sus integrantes empezaron a advertir un fenómeno distinto: el aislamiento del presidente.

Una de las primeras “revueltas” se dio cuando altos funcionarios acudieron directamente a Petro para decirle que Sarabia no agendaba reuniones solicitadas por ellos, relata un amigo cercano del mandatario. “Nos hacía falta el contacto directo con él para muchos temas, pero ella súper silenciosa, no contestaba”, dice. La respuesta del presidente, según esa fuente, fue que ellos tenían su número personal y podían comunicarse con él directamente.

Las críticas no se quedaron en los pasillos. El exministro Mauricio Lizcano lo dijo abiertamente en entrevista con La FM: “Laura Sarabia le hizo un gran daño al gobierno, no sólo aislando al presidente sino tomando decisiones sin la experiencia de vida para tomar decisiones de Estado. Fue una combinación exagerada entre ambición política e inexperiencia”. 

Alejandro Gaviria, también exministro, describió otra escena reveladora en entrevista con Revista Semana: aunque a todos les pedían entregar sus celulares antes de entrar a los Consejos de Ministros, Sarabia y el presidente eran los únicos que los conservaban y los usaban. Un detalle que, para él, sintetizaba la jerarquía real dentro del Gobierno. 

Con el tiempo, el control dejó de ser sólo administrativo y pasó a ser político y simbólico. No se trataba únicamente de agendas, sino de cercanía. De quién accedía al presidente y cómo. De quién viajaba con él y en qué condiciones. Según relató a VORÁGINE un amigo de Petro, Sarabia llegó a definir incluso la ubicación de los ministros en los vuelos oficiales y en las mesas de trabajo. “A los que nos quería alejar, nos empezó a mandar a sentar a otras partes”, asegura. En ese grupo estaban Gloria Ramírez, Iván Velásquez, Francia Márquez y Gustavo Bolívar. Sarabia le dijo a VORÁGINE que manejaba la agenda según las instrucciones del Presidente y lo demás se trataba de especulaciones. 

Otro exministro afirmó que Sarabia también asumió el liderazgo del Comité Político, reuniones que se realizaban los lunes en la mañana para trazar la estrategia del Gobierno. A esos encuentros asistían ministros y consejeros cercanos al presidente, como Alejandro Gaviria o Alfonso Prada. En varias ocasiones, agrega este exjefe de cartera, Sarabia no solo marcaba el rumbo de la reunión, sino que la lideraba sin la presencia de Petro. Ella, por su parte, le dijo a VORÁGINE que estos encuentros solo eran liderados por el mandatario y su presencia se limitaba a una solicitud de él. 

Para algunos dentro del Gobierno, ese nivel de poder no era una anomalía, sino una extensión lógica del cargo. “Laura era la voz del presidente. No me aterra porque el presidente no va a ponerse a llamar a la gente. Él tiene su persona que daba instrucciones, y era Laura. Todos los que trabajamos en el Gobierno entendíamos que era la voz de Petro”, precisa un exministro.

El decreto del “superpoder” 

“No me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, ‘¡respéteme, soy la vicepresidenta!’”. La frase de Francia Márquez irrumpió sin matices en el primer Consejo de Ministros televisado, el 4 de febrero de 2025. No fue la única. En esa misma sesión, Gustavo Bolívar, entonces director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la contradijo de frente, después de que Sarabia lo señalara por un supuesto mal manejo de colombianos deportados desde Estados Unidos: “Presidente, eso no es verdad. Teníamos tres funcionarias allá, y tengo una foto acá. Laura está mintiendo”.

#LoÚltimo | La vicepresidenta Francia Márquez le hace fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro “He sido honesta, le digo de frente, no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme soy la vicepresidenta (…) no me parece y… pic.twitter.com/FopKR4v901

— La FM (@lafm) February 5, 2025

La escena no solo marcó un precedente al exponer ante la ciudadanía las tensiones internas de un Consejo de Ministros, sino que dejó al descubierto un malestar que venía creciendo dentro del gabinete. Las críticas a Sarabia, que hasta entonces circulaban en privado, quedaron sobre la mesa en tiempo real.

Ese clima se había intensificado meses antes, con su llegada en febrero de 2024 a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras un breve paso por el DPS. El movimiento no fue menor: implicó una reconfiguración formal de su poder.

Los ajustes se hicieron vía decreto. El primero, el 2647 de 2022, expedido cuando aún era jefa de despacho, le otorgaba a esa oficina la coordinación de la seguridad, el enlace con la Casa Militar y la protección del presidente y la vicepresidenta. En ese momento, el Dapre mantenía un rol principalmente administrativo y de soporte técnico.

Pero pocos días después de su nombramiento en el Dapre, el tablero cambió. Con el Decreto 0155 de 2024, se trasladaron a esa entidad funciones que hasta entonces estaban en la jefatura de despacho. En la práctica, Sarabia absorbió las competencias de seguridad: evaluación de riesgos, coordinación de protocolos con la Casa Militar y manejo de recursos para la agenda y los eventos presidenciales.

El resultado fue una concentración inédita. Desde el Dapre, Sarabia no solo era ordenadora del gasto, sino que articulaba la estrategia, administraba la operación y participaba con voz propia en el Consejo de Ministros. 

Las hojas de vida “sugeridas”

El nombre de Laura Sarabia se instaló en el centro del poder, y de la controversia, durante los primeros meses del Gobierno. No por una política pública, sino por un episodio que terminó sacudiendo los cimientos de la Casa de Nariño. En enero de 2023 se reportó el robo de un maletín de su residencia, que contenía cerca de 4.000 dólares. Cuatro meses después, Revista Semana reveló que Marelbys Meza, la niñera de su hijo, había sido llevada a un edificio frente a la Casa de Nariño para someterla a una prueba de polígrafo por parte de personal de seguridad presidencial. Luego, la Fiscalía confirmó que su teléfono fue interceptado y que miembros de la Policía la hicieron pasar como colaboradora del Clan del Golfo para habilitar esas interceptaciones.

El escándalo le costó el cargo y Sarabia salió de la Casa de Nariño en junio de 2023. Sin embargo, la caída fue breve: meses después reapareció en el DPS. Aunque es imposible repasar su historia sin mencionar ese episodio —que aún sigue inconcluso ante la justicia—, hay otro tipo de poder que se le atribuye: los nombramientos.

Todos los funcionarios y exintegrantes del Gobierno consultados por VORÁGINE coinciden en un punto: Sarabia era quien transmitía la orden sobre a quién designar en cargos clave. En teoría, esas directrices provenían del presidente. En la práctica, no siempre era así. “Hubo casos donde esa sugerencia no era del presidente. Ahí hubo unos cuantos goles”, relata un exministro, que ante esas instrucciones optaba por verificar directamente con Gustavo Petro.

El episodio más reciente lo expuso el propio presidente. En enero de este año, durante un evento público, Petro se dirigió al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal: “Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron (Laura) que era yo y eso fue un engaño”. En entrevista con Tercer Canal, Leal afirmó que recibió 15 hojas de vida enviadas por Sarabia a través de su mano derecha, Jaime Ramírez Cobo.

Este fue el momento en que el presidente Gustavo Petro regañó en pleno evento a su exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal: “Se dejó engañar”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/uMnFVsBMhP

— Revista Semana (@RevistaSemana) January 28, 2026

De ese paquete salieron tres nombramientos como interventores: Duver Vargas Rojas, en EPS Sanitas, cuestionado por el propio Presidente por falta de transparencia; Julio Alberto Rincón, en la Nueva EPS, señalado por un presunto “bloqueo” a la reforma a la salud; y el interventor de Savia Salud y Asmet Salud.

“No tuve participación alguna en la designación de interventores”, respondió Sarabia a las dudas de VORÁGINE. 

Los casos se repiten en distintas entidades. Un antiguo funcionario del Ministerio de Industria y Comercio aseguró que Sarabia envió hojas de vida para un nombramiento en el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), una entidad con patrimonio autónomo para el manejo de recursos. Según esa fuente, los perfiles no cumplían con los requisitos y no los nombró. En otra ocasión, habría entregado personalmente el currículum para un viceministerio de esa misma cartera.

Sobre el Ministerio de Interior, un alto funcionario le dijo a VORÁGINE que Sarabia habría solicitado el nombramiento de Gustavo García como viceministro General. En Hacienda, dijo, también habría dado instrucciones. Según esa misma fuente, habría influido en la designación de Juan Carlos Muñiz Pacheco como director de Findeter, a través de su hermano, Andrés Sarabia. En junio de 2024, La FM reveló que este último estuvo en oficinas de Findeter junto a su amigo y abogado Gabriel Paternina.

Poco después, la propia Sarabia fue nombrada miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, entidad adscrita al Grupo Bicentenario, que agrupa y orienta a instituciones como Findeter, el Banco Agrario y Bancóldex. Un nodo estratégico dentro del aparato financiero estatal.

Ahí vuelve a aparecer Jaime Ramírez Cobo, ese que también sale a su lado en una foto mientras ella viste de blanco y se está casando con Andrés Fernando Parra. Fue su padrino de bodas y su asesor principal en la Casa de Nariño. Y hace presencia también en señalamientos de mensajero. Para marzo de 2025, Sebastián Echeverri, asesor jurídico del Grupo Bicentenario, le dijo a La W que Sarabia y su asesor Ramírez Cobo estaban teniendo influencia en las juntas directivas de todo este conglomerado. 

En un audio revelado posteriormente, se le escucha a Echeverri decir: “Ellos han tenido absoluto control de las juntas desde el primer día y el alcance no es solo Grupo Bicentenario, sino que yo sé que en el portafolio de empresas estatales hay 60 juntas tal vez, todas las maneja la dirección de participaciones estatales. Desde que Laura (Sarabia) volvió al Dapre, pidieron un cuadrito donde estaban todos los miembros de junta. ¿Quién está? ¿A qué partido pertenece? Se pidió un archivo sobre cómo están las juntas conformadas y han ido haciendo cambios paulatinos”. 

En abril de 2025, Ángela Benedetti denunció que Sarabia y su círculo cercano habrían tejido una red de influencia en entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, la Fiduprevisora, la Sociedad de Activos Especiales y el propio Grupo Bicentenario. “El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad que pertenece al Grupo Bicentenario, cuya directora es Laura Rojas, amiga muy cercana a Andrés Sarabia, hermano de Laura. ¿Será casualidad lo hasta ahora relacionado en este X?”, escribió.

Sarabia le dijo a VORÁGINE que no le presta importancia a lo que se pública en redes sociales pues en su mayoría corresponde a contenidos no verificados. Además, precisa: “Mi única participación en ese ámbito se dio como miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, en virtud de una designación oficial. No tuve ni tengo injerencia en otras entidades del Grupo Bicentenario, el cual cuenta con su propia gerencia y una estructura administrativa, con un accionista mayoritario representado por el Ministerio de Hacienda”. 

El modus operandi también se repite. Según reveló W Radio, desde septiembre de 2022 las hojas de vida de recomendados de Sarabia para las juntas directivas habrían llegado a través de Jaime Ramírez Cobo. Una congresista lo define como “la sombra de Sarabia” y, para su periodo en el Dapre, el enlace directo con el Congreso. La parlamentaria le dijo a VORÁGINE que Ramírez Cobo estaba constantemente en conversaciones y negociaciones con congresistas de todos los partidos sin distinción ideológica. 

Actualmente, su nombre aparece en otra investigación. Ramírez Cobo está señalado de haber direccionado recursos en el escándalo de la UNGRD: se le acusa de condicionar la entrega de millonarios contratos, en municipios como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, por cerca de 92.000 millones de pesos, a cambio de apoyo legislativo a créditos de la Nación y reformas del Gobierno.

De hecho, EL TIEMPO reveló audios de las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia a involucrados en el caso. Allí se escucha a Ramírez Cobo hablar con una mujer cercana a la UNGRD y mencionar a ‘Laurita’: 

Mujer: Tienes que llegar tranquilo. Acuérdate, diosito, arcángel San Miguel, que sean ustedes los que pongan las palabras en mi boca. Que por allá no se me vaya a aparecer Laurita ni nada.

JR:  No, no te preocupes, cómo se te ocurre.

Mujer: No, no, no. Que ella está allá en su cuento y tú en tu cuento. Vas a ver que todo va a salir muy bien. 

Frente a este episodio, Sarabia dijo: “Respondo exclusivamente por mis actos, los cuales he documentado de manera rigurosa durante los últimos cinco años. Ninguna persona está autorizada para actuar o pronunciarse en mi nombre. Esta posición fue expresamente establecida en comunicados del Dapre en 2024”.

Su círculo cercano conecta con ese caso. Ramírez Cobo es pareja de Daniela Valencia Andrade, exvicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar recursos de varios fondos estatales, entre ellos el de Gestión del Riesgo. Documentos e investigaciones de la Procuraduría registran que fue ella quien avaló la compra de los cuestionados carrotanques para La Guajira, a través de la empresa Impoamericana, operación que permitió el flujo de recursos hacia la trama de corrupción de la UNGRD. Pese a ello, fue designada como vicepresidenta del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y, en agosto de 2024, nombrada notaria 36 de Bogotá. Sarabia niega estar involucrada en los procesos de elección de notarios. 

En la Fiduprevisora, bajo la dirección de Jhon Mauricio Marín, también denunciado por corrupción, se habrían aprobado transferencias millonarias a operadores de salud sin cumplir requisitos legales. En enero de 2024, Daniela Andrade firmó siete de los diez contratos en trámite, por un total de 1,2 billones de pesos. Según El Colombiano, las siete prestadoras de salud involucradas estaban representadas por el mismo abogado: Óscar Ibáñez Parra.

Otras notarías que estarían vinculadas a Sarabia son la 48 de Bogotá donde fue nombrada Indira Álvarez. Según W Radio, ella es amiga de Sarabia desde la universidad y fue su asesora en el Dapre. Se suma Jacobo Alejandro González, en la notaría 75 de Bogotá, quien fue el director de Operaciones Jurídicas del bufete de Mauricio Pava; abogado de Benedetti y Petro, y expareja sentimental de Sarabia. También aparece Érika Macías, en la notaría 14 de Bogotá, cercana al coronel Carlos Feria, exjefe de protección presidencial e imputado por ordenar la prueba de polígrafo a la niñera de Sarabia.

El exministro Luis Carlos Reyes confirmó otro episodio. En 2022 habría recibido hojas de vida enviadas por Sarabia para cargos en el área de fiscalización de la DIAN, entre ellas la del economista Andrés Fernando Agudelo Aguilar. “Todos esos nombramientos eran muy delicados según había dicho Petro. Por eso le escribí al presidente y me dijo que esos cargos no se nombraban sin su autorización”, explicó. Ninguno de esos perfiles fue finalmente designado.

Reyes precisó que las solicitudes de Sarabia no le parecían indebidas sino el ejercicio de las facultades del presidente a través de su jefa de gabinete. El reporte de estas solicitudes de nombramientos y sus pruebas están en manos de la Corte Suprema de Justicia que mantiene abierta indagaciones contra exfuncionarios como Roy Barreras. 

Su agenda propia: a espaldas del presidente

José Joaquín Urbano, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, contrario a las tradiciones, se negó a posesionarse ante el presidente Gustavo Petro y optó por hacerlo ante la Sala Plena en diciembre de 2024. Lo que vino después, según una exfuncionaria de la Cancillería, fue una decisión que no pasó por el mandatario: Laura Sarabia habría ordenado condecorar a la Corte Suprema.

La carta se firmó. Se otorgaba la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata. Pero cuando el documento llegó a manos del presidente, la reacción fue otra. En un Consejo de Ministros —relata la fuente— Petro expuso el caso con molestia y pidió explicaciones: quién había dado la orden. “Quedó claro que esa instrucción la dio ella (Sarabia) por autonomía propia y luego no asumió la responsabilidad de haberlo hecho”, asegura.

Sobre este episodio, Sarabia le dijo a VORÁGINE que era una decisión que no hacía parte de sus competencias y todas las condecoraciones deben contar con la aprobación del presidente. 

Para algunos dentro del Gobierno no fue un hecho aislado, sino un patrón. Un antiguo funcionario de la Cancillería lo describe sin rodeos: “Ella mantenía al presidente muy aislado pero no lo hacía para protegerlo, sino porque ella tenía una agenda propia. El poder se le subió a la cabeza y quería controlarlo todo”.

Esa “agenda propia”, dicen dos fuentes, se hacía tangible en decisiones concretas: demoras en la autorización de recursos para viajes oficiales, instrucciones para excluir a ciertos ministros de misiones diplomáticas y una participación directa en eventos sectoriales que excedían sus funciones. “Había directrices de que esta persona no participe, aunque a veces eran autoridades que tenían que estar en los espacios”, explica la fuente.

Las trabas también eran administrativas. Según varios testimonios, un decreto podía tardar hasta tres meses en ser firmado por la presidencia o incluso en que una hoja de vida fuera cargada al sistema. Esa lentitud terminó generando fricciones con el propio Petro, quien en varias ocasiones, dicen dos exfuncionarios, expresó su molestia por la ausencia de cónsules o embajadores nombrados en distintos países.

El mismo fenómeno se habría repetido en el Ministerio de Igualdad. Un exviceministro de esta cartera aseguró a VORÁGINE que Sarabia bloqueaba decretos enviados por la vicepresidenta Francia Márquez: “La irrespetaba, la trataba mal, le bloqueaba los decretos y no se los firmaba. Por ejemplo, los de nombramientos”.

Sarabia le dijo a VORÁGINE que su relación con Márquez siempre se ha desarrollado “en el marco institucional y profesional”. Además, niega haber tenido competencias para la firma de decretos o nombramientos. 

La idea de una supuesta agenda paralela también apareció en el terreno político. Según ese exviceministro, Sarabia empezó a tejer acuerdos con sectores juveniles que el presidente no tenía en su radar, incluidos algunos que previamente lo habían criticado o incluso insultado.

Pero el punto de quiebre más visible fue otro: los pasaportes.

En enero de 2025, en una decisión que sorprendió a varios sectores, Sarabia fue nombrada canciller. Su designación estuvo rodeada de cuestionamientos por su supuesta inexperiencia. El proceso de empalme, según exfuncionarios, no fue una transición convencional, sino una revisión crítica de la gestión anterior, casi una auditoría.

Sobre la mesa había una decisión clave: quién asumiría la impresión de los pasaportes. Durante años, esa tarea había estado en manos de Thomas Greg and Sons. Petro había denunciado que las licitaciones favorecían a esa empresa y había prometido trasladar esa función al Estado, a través de la Imprenta Nacional.

Sarabia, en un primer momento, aseguró que en el empalme no le habían informado sobre el estado de ese proceso. Pero tres exfuncionarios consultados por VORÁGINE contradicen esa versión: afirman que ella participó en reuniones previas donde se discutió el tema antes de asumir el cargo.

Ya como canciller, se encontró con una limitación concreta: la Imprenta Nacional no tenía la capacidad técnica ni operativa para asumir de inmediato la producción de pasaportes. La decisión fue pragmática: firmó una prórroga de once meses del contrato con Thomas Greg and Sons.

El Presidente la rechazó. Ordenó avanzar en un acuerdo con la Imprenta Nacional y un aliado internacional. La tensión escaló hasta volverse insostenible. Cinco meses después de haber asumido, Sarabia presentó su renuncia. En la carta dejó constancia de la ruptura: “En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”.

Parecía el final. Pero no lo fue.

Dos meses después de esa renuncia, la presidencia la designó en su quinto cargo dentro del Gobierno: embajadora en el Reino Unido. Un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por el acceso al poder, su ejercicio y las disputas que dejó a su paso.