Cuando la violencia política digital llega a la mensajería interna

Quince días después de enterarse de que no había alcanzado la curul a la cámara de representantes por Antioquia, Camila Ospina, excandidata por el partido Creemos, recibió un mensaje directo en su cuenta de Instagram que la paralizó: “Prepárese, serás mi mujer por meses, serás la reina en mi sótano VIP (…) disfruta tu libertad mientras puedas”. (sic) 

“Yo sabía desde el momento en que decidí ser candidata que algo así podía pasar. Solo que no me imaginé que el insulto pasaría al ámbito de la vida real”, relata. 

El mensaje fue enviado por @antoniox0000, una cuenta anónima de Instagram con pocos seguidores. Horas después, insistió con un nuevo mensaje: “No me interesa hacerle daño, estoy obsesionado con vos y serás mía, punto”. Camila no le respondió. 

La situación escaló cuando el mismo usuario intento contactarla mediante llamadas y videollamadas de la plataforma. Al día siguiente, llegó una nueva amenaza: “También iré por tu hermana”. La excandidata lo bloqueó y, luego de unos días, la cuenta desapareció. 

Aunque la violencia política digital contra la mujer ocurre detrás de una pantalla, para Juliana Hernández de la Torre, cofundadora de Artemisas no se trata de algo ligero o de un juego: “Tienen efectos directos y duraderos. Nosotras, desde la organización, hemos conocido casos de candidatas y mujeres electas que, luego de estos ataques reiterativos, desarrollan cuadros muy fuertes de ansiedad y depresión. Algunas terminan medicadas y la afectación no es solo para ellas, también es para quienes las acompañan: su familia, sus hijos y su equipo de trabajo”. 

Ospina ya había recibido comentarios que combinan desprecio y deslegitimación política: “Por favor quédese haciendo pasteles (…) las tipas como vos no les da para más”, “Qué tal tener a semejante animal en la cámara”, “Tan bruta, se pasa de bruta” y “se quemó la prepago bodeguera de narcotráFICO” como una referencia al alcalde de Medellín, Federico Guitierrez, también conocido como ‘Fico’ dentro de la esfera política antioqueña. 

Pero desde que recibió amenazas a través de mensajes privados en Instagram, ha modificado su comportamiento en redes sociales. “Yo siempre he sido muy transparente con mi vida (…) pero desde que esto pasó, trato de ser más cuidadosa”, cuenta. 

Otras candidatas contactadas por esta alianza investigativa también confesaron que han recibido amenazas en contra de su vida, sobre todo a través de mensajes por privado de plataformas digitales. Sofía Araújo, excandidata a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, hizo pública una denuncia el pasado primero de febrero. A través de un mensaje a su WhatsApp personal, un hombre amenazó con violarla y asesinarla. 

Por primera vez durante su campaña, Sofía sintió lo que era el temor de perder la  vida, contó en entrevista. Minutos después de recibir aquel mensaje, el hombre la videollamó y le enseñó videos pornográficos.

Por otro lado, Carol Borda, representante electa en la misma circunscripción por el partido Salvación Nacional, también aseguró haber experimentado amenazas en su contra a través de mensajes privados, principalmente a su cuenta de Instagram. “Veremos si llega al congreso perra hp, cuando pise de nuevo mi Colombia, yo mismo me la sicareo perra”, le contestó un usuario a una de sus historias. A partir de este episodio, según relata, su equipo le recomendó comenzar a eliminar comentarios de las redes sociales. 

Denuncian las mujeres

Las amenazas que recibieron las candidatas, así como los comentarios registrados por esta alianza investigativa, son una clara muestra de violencias contra las mujeres en política, reconocidas en la Ley 2453 de 2025, que tiene como fin establecer medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar esas conductas. Sin embargo, aunque la norma reconoce la manifestación digital del problema para Ana Catalina Buitrago, oficial de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esta no es específica para atenderla. “Puede no abarcar todo el abanico de violencias que una mujer que participa en política puede enfrentar”, señala.

Danilo Sepúlveda, coordinador de Igualdad y Diversidad de la Misión de Observación Electoral (MOE) coincide con esta visión al señalar que, aunque la ley es un avance al reconocer la violencia digital, su implementación apenas está empezando. Según el experto, los mecanismos y rutas de atención del Estado son insuficientes; para las mujeres resulta poco claro a qué autoridad acudir, ya sea la Fiscalía, la Policía o el Consejo Nacional Electoral, lo que genera una sensación de desprotección institucional.

De las candidatas entrevistadas por esta alianza periodística, solo Araújo interpuso una denuncia en la Fiscalía, una experiencia que describe como “revictimizante”.

Por su parte, Borda ha optado por eliminar comentarios agresivos que llegan a sus redes sociales. Lo mismo hizo Ospina, quien además de borrar algunos de los ataques en su contra, también lo denunció públicamente a través de sus redes sociales. “No quería atravesar el desgaste del proceso legal”, aseguró en entrevista. 

Al consultar a través de derechos de petición a las entidades departamentales objeto de esta investigación, solo Antioquia aseguró haber recibido 10 denuncias durante la campaña electoral: un caso para Medellín y nueve para el resto del departamento. Pero, la información suministrada no permite establecer qué tipo de violencia denunciaron y si la vida de las candidatas estuvo o está en riesgo. 

En su respuesta, la Secretaría de las Mujeres del Distrito de Medellín aseguró haber brindado atención y acompañamiento al único caso reportado entre octubre y diciembre de 2025. La entidad afirma que la mujer a la que atendieron se desempeñaba como candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia y que “los hechos de violencia por ella referidos comprenden los años 2020 a 2025, identificando como presunto agresor a una persona desconocida”. Los ataques en su contra fueron clasificadoas como violencia psicológica y simbólica. 

Mientras que desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, señalaron que los nueve casos de violencia política contra las mujeres se presentaron entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, detallando que siete de las denuncias fueron presentadas por lideresas sociales y comunales, y que las dos restantes se presentaron en contra de candidatas a la Cámara de Representantes por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Para Ana Catalina Buitrago, la falta de datos no significa que no existan casos de violencia, principalmente digital. Asegura que muchas entidades suelen fallar al tipificar el delito una vez reciben la denuncia. Por su parte, Juliana Hernández asegura que “las mujeres no solo necesitamos la norma y estructuras punitivas, sino que existan medidas restaurativas. ‘¿Cómo reparar el daño psicológico y reputaciones que te hice?’. Esas acciones afirmativas al final les toca conseguirlas a las mujeres”.

Respuesta colectiva

Artemisas, junto a otras cinco organizaciones (entre ellas Fundación Karisma, El Veinte y la Red Nacional de Mujeres), formaron la coalición Libres y Conectadas con el fin de impulsar, dentro del Congreso, el debate de una ley que atienda, sancione y prevenga la violencia digital con perspectiva de género. 

Según han documentado Karisma y Artemisas, la violencia digital en general se expresa a través del acoso en línea —todos aquellos comentarios ofensivos relacionados con su imagen y capacidad—, el doxxing —entendida como la difusión de información privada sin consentimiento—, la desinformación —la difusión de rumores y tergiversación de palabras para deslegitimar a las mujeres—, además de la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso coordinado, el monitoreo o vigilancia no autorizada de sus actividades en línea, la difamación y los discursos de odio. 

La Ley asegura, sin mayor detalle, que va a formular “estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia contra la mujer en política” y que va a promover “espacios de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como campañas de conocimiento y aplicación de esta ley, teniendo en cuenta el enfoque diferencial”. 

Por eso, como señalan diversas investigadoras feministas, son las organizaciones de mujeres quienes terminan diseñando estrategias de cuidado y protección frente a estas violencias, como es el caso de la campaña en redes sociales #JuntasEnLaRedyElPoder que ofrece herramientas prácticas de cuidado y protección digital frente a las violencia política y de género en las redes sociales, además de un kit descargable que las mujeres pueden republicar e implementar en sus organizaciones y colectivas. 

Candidatas bajo ciberataque es una investigación que revela la violencia de género digital que enfrentan las mujeres que buscan una curul en el Congreso. Visita el especial completo aquí. 

Esta pieza periodística es resultado de las Becas del Taller: ‘Periodismo y elecciones en Colombia: contar lo que importa para la democracia’, otorgadas por la Fundación Gabo en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).