El alto funcionario del Gobierno Petro señalado en la JEP de nexos con paramilitares

La delegada de la JEP Rocío Martínez le hizo una pregunta directa al exsenador Álvaro Ashton: si entre 1997 y 2006 los gobiernos nacionales habían impulsado alianzas entre entidades públicas y grupos paramilitares. Ashton no vaciló. “Claro”, respondió. Y agregó: “Era el gobierno (de Álvaro Uribe) quien transfería los recursos de los proyectos que presentaba el alcalde y no solamente el alcalde (Guillermo) Hoenigsberg, porque él fue suspendido a finales del 2006, sino el alcalde Juan García Estrada que lo reemplazó”. 

En la audiencia única de aporte a la verdad del 20 de octubre, Ashton mencionó una lista extensa de nombres de políticos que, según él, habrían tenido vínculos con estructuras paramilitares o facilitado su financiación usando recursos estatales. Incluso con su ayuda desde el Congreso. En los titulares sobresalieron Armando Benedetti, hoy ministro del Interior; el empresario Julio Gerlein, el exsenador David Char y el senador Efraín Cepeda. Pero hubo otros nombres, menos amplificados, de políticos y empresarios de Atlántico y Magdalena, que incluso tienen poder en el gobierno de turno. Por ejemplo, Juan García Estrada.  

García Estrada es hoy el presidente de 4-72, el operador postal oficial del país adscrito al Ministerio TIC. Fue nombrado por el ministro Mauricio Lizcano en octubre de 2023. Desde entonces, la entidad no solo amplió su papel como operador logístico y principal organizador de eventos del Gobierno, sino que multiplicó sus contratos: pasaron de cifras que rondaban los 200 a 300 millones de pesos a montos entre 500 y 88.000 millones, con un incremento de seis veces lo que se contrató en el gobierno anterior. 

El operador postal que recibe millonarios contratos 

La delegada de la JEP le formuló otra pregunta a Ashton: si conocía a personas que hubieran participado en la conformación, incursión, instalación, financiación u operación del frente José Pablo Díaz de las AUC. El exsenador no duda. Menciona al entonces alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg; al secretario de Planeación de ese momento, José Pérez Orosco; y, en tercer lugar, al exalcalde encargado, Juan García Estrada. Añade que ellos tenían vínculos con los concejales de la ciudad y que “aprobaban los proyectos que elaboraba Condesa (Consultores para el Desarrollo SAS), que era la empresa consultora de David Name Terán. Y estos proyectos se presentaban en el Gobierno Nacional”.

García Estrada había iniciado su camino en la función pública en 2001, como concejal de San Jacinto, Bolívar, por el Movimiento Ciudadano. Desde allí se proyectó como una figura clave de la oposición local. Ese año, el candidato de su movimiento a la Alcaldía de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg —respaldado por el cacique conservador Roberto Gerlein—, fue derrotado por Humberto Caiaffa, apoyado por José Name Terán, Gabriel Acosta Bendeck y Efraín Cepeda.

Tras esa campaña, García pasó a ser secretario de Gestión Social de Hoenigsberg, quien alcanzó la Alcaldía para el periodo 2004–2007. No terminó ese mandato: fue detenido por cargos de peculado, apropiación y celebración indebida de contratos. Entonces, el presidente Álvaro Uribe designó a García como alcalde encargado, según registró La Silla Vacía, precisamente en el periodo sobre el que Ashton rinde declaración.

En su testimonio, el exsenador sostiene que los recursos destinados a proyectos en Barranquilla se estructuraban, presuntamente, con un objetivo: garantizar una contraprestación económica a las AUC por su apoyo político en campaña. Ese respaldo consistía, según su versión, en asegurar votos para candidatos cercanos a ellos, como Hoenigsberg; la exalcaldesa de Soledad, Rosa Stella Ibáñez; el exalcalde de Sabanalarga, Juan Acuña; y José Osorio en Sabanagrande. “Si no había visto bueno de los paramilitares, nadie hubiera podido de ninguna manera hacer campaña y conseguir votos”, dijo Ashton. Bajo esa lógica, entre 2002 y 2006 serían contados los candidatos electos que no hubieran tenido relación con esas estructuras armadas en el Caribe.

Hoenigsberg recuperó la Alcaldía apenas tres meses después de su primera detención, en abril de 2006. García retornó entonces a su administración como secretario general, hasta diciembre de ese año, cuando el mandatario fue nuevamente capturado y García volvió a ser designado como alcalde encargado por 5 meses.

García niega las acusaciones de Ashton: “Nunca tuve contactos ni los conocí (a los paramilitares). Yo en ese momento militaba en los movimientos de izquierda, entonces mal hubiese sido haber tenido contacto con esos grupos”. Le explicó a VORÁGINE que en su rol de alcalde encargado no tuvo que tomar decisiones vinculadas a la presencia de las AUC, y que lo que hizo fue mantener un contacto directo con el Gobierno Nacional frente al tema. Ese del que Ashton también asegura estaba involucrado y autorizaba los recursos. A su vez, dijo desconocer cualquier vínculo entre Hoenigsberg con el actor armado. 

En 2011, el hoy líder de 4-72 aspiró a la Alcaldía de Barranquilla, pero perdió ante Elsa Noguera. Cuatro años más tarde compitió con firmas por la Gobernación del Atlántico. No ganó, pero en esa campaña lo acompañó, según la Silla Vacía, Máximo Noriega, coordinador de la campaña presidencial de Gustavo Petro en la Costa, hoy llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la financiación de campañas del Pacto Histórico. 

El nombramiento de García Estrada como presidente de 4-72, con la propia llamada de Gustavo Petro según dijo, pasó casi inadvertido. La empresa atravesaba entonces un momento financiero crítico, “prácticamente la recibimos totalmente quebrada”, le dijo a VORÁGINE. Muy distinto a los recursos que actualmente genera. “De los 120 mil millones de deuda que encontramos, hemos pagado casi 40 mil”, dijo el exconcejal. Solo en lo corrido de 2025 ha firmado 319 contratos con diferentes entidades públicas, que superan en conjunto los 700 mil millones de pesos, de acuerdo con los registros en SECOP. 

Desde octubre, cuando García asumió, el patrón contractual cambió según los consolidados del SECOP (entre el 4 de octubre de 2023 y el 7 de noviembre de 2025): la mayoría de los acuerdos se hacen por contratación directa o convenios interadministrativos. Antes se recurría a mínima cuantía o selección abreviada. En los documentos se argumenta que no existe pluralidad de oferentes. 

Los montos también se han transformado. En 2022, los contratos eran inferiores a 8 mil millones de pesos, a excepción de uno por 41 mil millones. Este año oscilan entre 10 millones y 80 mil millones. Su objeto se repite: “Prestación del servicio postal y de mensajería expresa nacional e internacional que requiera el Ministerio del Interior y sus dependencias” o “servicio de valija y correo certificado para notificaciones administrativas y judiciales”. Desde el año pasado, una gran parte se celebra por periodos cortos —entre tres y seis meses— y se prorroga varias veces, una práctica que ha sido utilizada anteriormente para evitar licitaciones públicas.

Con la llegada de García, también aumentaron las cuantías contratadas por ciertas entidades. El Ministerio del Interior firmó un solo contrato por más de 88 mil millones de pesos; la Unidad para las Víctimas suscribió tres que suman casi 200 mil millones; y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) uno por más de 13 mil millones.

Hace tres meses, en una entrevista con Revista Poder, García Estrada afirmó que su llegada a 4-72 respondió a un designio superior: dijo que Dios lo había puesto al frente de la compañía para sacarla del déficit. Relató que se reunió con el presidente Gustavo Petro para presentarle un plan de salvamento que terminó aprobado. 

Eso implicó, según le dijo el funcionario a VORÁGINE, que los contratos de entidades públicas que estaban con empresas privadas de ese mismo sector, pasaran a 4-72. “¿Por qué tenemos que contratar con los privados en lugar de fortalecer las empresas públicas? (…) Antes en 4-72 le daban el hueso y la carne se la llevaban, pero hoy no. El gobierno le está entregando los negocios rentables a 4-72”, puntualizó. 

“Le pregunté al Presidente ‘¿cuál es su sueño para la compañía?’. Me dijo: ‘Ser el Amazon de América’. Le dije: ‘Vamos a ser el Amazon de América’”, dijo García a Revista Poder.  Dentro de ese propósito, aseguró que solicitó ampliar el objeto social para abarcar no solo servicios postales y de mensajería, sino también producción y logística de eventos. Así se hizo. García cuenta que ahora se encargan de gestión documental, transporte, logística, comunicaciones, entre otros. 

Sobre las acusaciones en su contra por supuestos nexos con las AUC, dice que desconoce qué motivó a Ashton a hacerlas. Le aclaró a VORÁGINE que hasta el momento no ha tenido citaciones, investigaciones o sentencias formales en su contra por este tipo de señalamientos. 

Otros políticos salpicados por Ashton 

Durante la audiencia pública, el exsenador Álvaro Ashton describió el engranaje que, según él, articularon distintas entidades públicas, desde alcaldías hasta gobernaciones, para financiar a los paramilitares y asegurar votaciones a favor de determinados aspirantes, incluyéndose. Relató, además, que operaba un sistema de amenazas para impedir la participación de ciertos candidatos. 

Entre los nombres que puso sobre la mesa se encuentra el senador José David Name, del Partido de la U, quien ocupa una curul en el Congreso desde 2006 y es heredero político de su padre, José Name Terán. Su trayectoria lo llevó a la presidencia del Senado entre 2014 y 2015.

Ashton también señaló la influencia que, según él, ejerció la Logia Masónica Colombiana liderada por David Name Terán, tío del actual senador. En ese espacio, dijo, se mezclaban rituales masónicos con intereses empresariales y políticos, e incluso la presencia de integrantes de las AUC. Allí se habrían acordado compromisos que los miembros debían mantener en secreto, lo que ellos llamaron “entre cuadra y compás”.  En ese entramado, Ashton aseguró que José David Name Cardozo fue, presuntamente, uno de los beneficiados con la gestión de votos de los paramilitares, lo que explicaría respaldos en municipios en los que los candidatos “nunca habían estado”.

Ese señalamiento conecta con hechos más recientes. VORÁGINE conoció una denuncia radicada en la Fiscalía en la que se relata que, antes de las legislativas de 2022, habrían ofrecido entre 50.000 y 80.000 pesos a cambio de votos en Soledad. Esas compras habrían beneficiado a congresistas como Name y, en ese contexto, aparece mencionado Ignacio Meriño Bolaño, a quien la Fiscalía categoriza como integrante de las AUC. Los detalles están consignados en la investigación “Los indicios de compras de votos para José David Name”.

En 2023 la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra Name Cardozo y su primo, Iván Name, por supuestos vínculos con la organización Los Rastrojos, que supuestamente les habría brindado apoyo político. No hay, hasta ahora, condenas o imputaciones en firme por los señalamientos de nexos: el senador continúa con un rol activo en el Congreso. Tras las revelaciones de Ashton, dijo a Noticias Caracol que junto a su equipo jurídico llevará las acusaciones del exsenador a instancias judiciales. 

Otro de los nombres reiterados por Ashton fue el del exrepresentante a la Cámara Eduardo Crissien Borrero, hoy rector de la Universidad de la Costa. Según su testimonio, en 2003 ambos integraban las comisiones económicas del Congreso y aprobaron una modificación al estatuto tributario que dispuso que el 50 % de las regalías destinadas a departamentos beneficiarios, como Magdalena o La Guajira, se irían a proyectos de inversión. “Con esos recursos el departamento del Magdalena, en cabeza de Trino Luna Morón, pudo tener recursos importantes para hacer la inversión de todo el plan de agua potable y saneamiento básico del Magdalena que ejecutaba en convivencia con las AUC”, afirmó.

Ashton aseguró además que Crissien, entonces representante por el Partido de la U, impulsó una propuesta legislativa para aprobar la amnistía de los paramilitares y su reinserción, una iniciativa que, según su relato, ya venían promoviendo las AUC con el propósito de participar en política. En esa propuesta habría participado también Armando Benedetti.

En 2012, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para investigar a varios excongresistas por presuntos nexos con las AUC, tras declaraciones de alias ‘El Canoso’ y alias ‘Gonzalo’. Entre los mencionados estaban Crissien, Jorge Gerlein, David Name Cardozo, David Char Navas, Jaime Cervantez, Lidio García, Alonso Rafael Acosta, Tarquino Pacheco, Mario Varón Olarte, Álvaro Ashton, Armando Benedetti y Eduardo Carlos Merlano. No se conocen condenas contra Crissien por estos hechos; su paso por el Congreso se extendió hasta 2018.

Ashton, como coincide con los salpicados en audiencias de Justicia y Paz, también mencionó al exsenador Mario Varón Olarte, exconcejal de Barranquilla durante cinco periodos, representante a la Cámara entre 1994 y 1998 y senador entre 1998 y 2010. Según su declaración, Varón, Efraín Cepeda, David Char y él, todos en la comisión cuarta del Senado, habrían respaldado iniciativas para que desde el presupuesto nacional se asignaran partidas a proyectos cuyos pliegos se diseñaban a la medida de los futuros contratistas. Esos procesos, según Ashton, terminaban en manos de empresas que “tenían la bendición del alcalde (de Barranquilla) y de las AUC”, y sus recursos iban a parar al grupo paramilitar.

No era la primera vez que Varón aparecía mencionado. En 2012, ante Justicia y Paz en Barranquilla, Sergio Córdoba, alias ‘Caracortada’, exjefe del Bloque Héroes de los Montes de María, declaró que el exsenador colaboró con la organización entre 2000 y 2002, y que les entregó carnés de ganaderos para facilitar la compra de armas y secuestros en Barranquilla. Según su versión, algunos de esos hombres hicieron parte de su esquema de seguridad. Sin embargo, la Corte Suprema archivó el proceso al no encontrar méritos para avanzar. Varón no registra imputaciones ni condenas por estos episodios.

Ashton también mencionó al excongresista Luis Eduardo Díaz Granados, senador hasta 2022 y durante dos periodos representante a la Cámara por Cambio Radical. Según su relato, hacía parte del grupo de legisladores que presuntamente apoyaba y aprobaba proyectos que fortalecían a alcaldías de la región Caribe y derivaban en recursos para las AUC. En 2012 la Corte abrió una investigación por presuntos vínculos con el frente José Pablo Díaz, pero fue archivada. En 2018 la Fiscalía compulsó copias por un asunto distinto, relacionado con presunta corrupción en el sector salud. No se conocen imputaciones ni condenas en su contra.

Durante las más de 6 horas de audiencia pública, Ashton también mencionó al abogado Edgar Riveros Rey, quien se encuentra privado de la libertad desde septiembre de 2024 por internar sobornar Sneyder Pinilla y Olmedo López para que no mencionaran al exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, en sus declaraciones ante la Fiscalía.

Ashton relata que para la época había un convenio con el Fondo Nacional de Regalías con el cual el Gobierno se hacía responsable del 90 % del costo de cada estudiante en los colegios públicos y el municipio por contrapartida el 10 %. Sin embargo, en el caso de Soledad, Atlántico, la alcaldesa Rosa Stella Ibañez se habría apropiado de ese dinero del municipio para dárselo a las AUC. “Es decir, el municipio no le dio a ningún colegio el 10 % de las becas. Muchos colegios reclamaron y el alcalde de turno les decía que no había disponibilidad presupuestal”, cuenta Ashton. En ese momento, cuenta el exsenador, Riveros era uno de los principales asesores de la alcaldesa. 

Las declaraciones de Álvaro Ashton en la JEP abrieron una rendija hacia un entramado político que, según su versión, operó durante más de una década en la Costa Caribe. Los nombres que mencionó, alcaldes, congresistas, empresarios, rectores, figuras vigentes y actores ya retirados; revelan la dimensión de un fenómeno que, pese a haber sido investigado durante años, sigue arrojando zonas grises. Algunos de los señalados fueron procesados y absueltos; otros nunca llegaron a enfrentar una acción penal; varios mantienen hoy posiciones de poder en el Estado.